21 de junio de 2017

Corte Constitucional

Sentencia C 225 de 2017.

CORTE CONSTITUCIONAL DECLARA INEXEQUIBILIDAD DE UN APARTADO DEL CÓDIGO DE POLICÍA RELACIONADO CON COMPARENDOS AMBIENTALES. En relación con la demanda interpuesta en contra del artículo 220 del Código Nacional de Policía, el cual establece la carga de la prueba en materia ambiental y de salud pública, la Corte consideró que la norma era conforme a la Constitución excepto la expresión “a quién le corresponde probar que no está incurso en el comportamiento contrario a la convivencia correspondiente”, toda vez que dicha frase lesiona el artículo 29 de la Carta al desconocer la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso que goza el presunto infractor. Declarar. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

Sentencia T 188 de 2017

LAS INDICACIONES DE LA CORTE A JUECES PARA FALLAR VULNERACIONES A ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA. Un fallo de tutela reciente de la Corte Constitucional determina que un empleador vulnera los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud de un empleado al terminarle el contrato de trabajo a término fijo o por obra o labor contratada, según sea el caso, cuando este se encuentra en situación de debilidad manifiesta en razón de su estado de salud o en condición de discapacidad. Ello, precisa la Sala, sin obtener la autorización previa del Ministerio del Trabajo y sin desvirtuar la presunción de despido discriminatorio. En este supuesto, explica el fallo, el juez constitucional deberá presumir que la causa de la desvinculación laboral fue la circunstancia de debilidad y vulnerabilidad del trabajador y, por lo tanto, conceder el amparo invocado, de acuerdo con las siguientes indicaciones: -Declarar la ineficacia del despido, de la terminación del contrato laboral o de la no renovación del mismo con la consiguiente causación del derecho del demandante a recibir todos los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir durante el tiempo que faltare por cumplirse. -Ordenar el reintegro a un cargo que ofrezca condiciones similares a las del empleo desempeñado por el trabajador hasta su desvinculación o la renovación del contrato, para que desarrolle un objeto contractual que ofrezca condiciones similares al del ejecutado anteriormente. -Decretar una indemnización de 180 días del salario, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 (modificado).

Sentencia T 227 de 2017

MEDIDAS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL PUEDE ADOPTAR CUANDO EVIDENCIA QUE SE HA DESCONOCIDO LA JUSTICIA AMBIENTAL EN TRATÁNDOSE DE PROYECTOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS. Cuando se haya desconocido la justicia distributiva, el funcionario judicial puede ordenar que la autoridad competente adopte acciones afirmativas o medidas de compensación para superar la desigualdad en las cargas públicas. Así por ejemplo, puede ordenar la inclusión de un grupo determinado de personas en programas sociales de la administración local, disponer la reubicación de los afectados con las obras o establecer medidas específicas que alivien el impacto del proyecto en su calidad de vida. Cuando se haya desconocido la justicia participativa, puede disponer que se creen espacios para que las opiniones de las comunidades sean escuchadas o incluso ordenar que se efectúe una consulta previa en el caso de grupos étnicos que gocen de dicha prerrogativa. Cuando se evidencie que no se está efectuando un correcto control ambiental a un relleno sanitario, puede disponer que se adelanten actividades específicas para superar las contingencias más graves, ordenar el inicio de investigaciones o incluso decretar el cierre del proyecto, siempre y cuando, ello no conlleve a generar una emergencia sanitaria. Confirma parcialmente. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Sentencia T 228 de 2017

RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ CUANDO LA PERSONA PADECE UNA ENFERMEDAD CRÓNICA, DEGENERATIVA O CONGÉNITA. Las administradoras de fondos pensionales (independientemente del régimen) deben verificar que con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez fijada por la autoridad médico laboral, la persona cuente con un número importante de semanas cotizadas y que los aportes fueron realizados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual, es decir que, en efecto, la persona desempeñó una labor u oficio y que la densidad de semanas aportadas permite establecer que el fin de la persona no es defraudar al sistema. Cumplidos estos dos presupuestos, debe elegir el momento en el que se estructuró de manera definitiva y permanente el estado de invalidez que podrá corresponder a la fecha en la que se realizó la última cotización, la solicitud pensional o la calificación de la invalidez y, a partir de ella, realizar el conteo hacía atrás de las 50 semanas exigidas legalmente. Revoca M.P. María Victoria Calle Correa

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 52934 de 2017

NO HAY NINGUNA CONTRADICCIÓN ENTRE LOS INCISOS 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993. El primero deja a salvo, para los beneficiarios del régimen de transición que consagra dicho precepto, la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez del régimen anterior al cual se encuentren afiliados. El inciso 3, a su turno, se refiere al ingreso base para liquidar las pensiones de los beneficiarios de dicho régimen, de manera que en el caso de los servidores públicos que aspiran a la pensión de la Ley 33 de 1985, no puede acudirse al promedio de los salarios que sirvieron de base para los aportes en el último año de servicios. No Casa M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Expediente 48452 de 2017

NO ES POSIBLE SUMAR LAS COTIZACIONES EFECTUADAS AL EXTINTO ISS CON LOS TIEMPOS DE SERVICIO PRESTADOS AL SECTOR OFICIAL SIN COTIZACIONES AL INSTITUTO. Esta Corporación en pacífica y reiterada jurisprudencia, ha señalado que para los beneficiarios del régimen de transición cuyo régimen anterior sea el del Seguro Social contenido en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, la exigencia del número de semanas debe entenderse como aquellas efectivamente cotizadas al I.S.S., puesto que en el aludido acuerdo no existe una disposición que permita adicionar a las semanas cotizadas, el tiempo servido en el sector público, como sí acontece a partir de la Ley 100 de 1993 para las pensiones que se rijan en su integridad por ella, o como también puede ocurrir respecto a la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988. No Casa. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Expediente 48376 de 2017

EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD NO SIGNIFICA QUE HAYA UNA REGLA INAMOVIBLE QUE IMPIDA LAS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS QUE INCREMENTEN REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS DERECHOS PENSIONALES. Cuando ellas sean necesarias para la satisfacción de los principios que informan la seguridad social y redunden en beneficio del mismo sistema y del conglomerado de afiliados, serán de recibo siempre y cuando estén justificadas, sean razonables y proporcionales al fin perseguido. No Casa. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 42526 de 2017.

LA SIMPLE PERTENENCIA DEL INVESTIGADO NO ES MÉRITO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR SU PARTICIPACIÓN EN LA CONDUCTA PUNIBLE DENUNCIADA. Los argumentos expuestos por la Fiscalía en el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia absolutoria no son suficientes para ser tenidos en cuenta, ya que a pesar de haberse comprobado la existencia de un hecho contrario a la ley no resulta correcto considerar que el investigado pertenecía a un grupo paramilitar como argumento suficiente para considerar que era el responsable de los asesinatos, es decir que se deben contar con las pruebas suficientes que demuestren la participación del detenido en el delito denunciado ya que la teoría del caso de la Fiscalía se basó en factores puramente subjetivos. No casar. M.P. Patricia Salazar Cuéllar.

Expediente 48381 de 2017.

LOS ARGUMENTOS DE LA CASACIÓN NO PUEDEN CONSISTIR EN UNA APRECIACIÓN PERSONAL DEL IMPUGNANTE CONTRARIA A LA SENTENCIA. Las normas procesales en materia penal son claras al exigir el cumplimiento de una serie de requisitos para poder interponer el recurso de casación, tales condiciones implican exponer ante el juez con la correspondiente carga argumentativa los errores en que pudo haber incurrido el fallador de segunda instancia al emitir la sentencia condenatoria, mas no se puede emplear el recurso como un elemento adicional para pretender subsanar falencias cuya existencia el investigado nunca intentó reparar para efectos de controvertir las acusaciones en su contra. Inadmitir. M.P. Eugenio Fernández Carlier.

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria

 

Expediente 50001110200020120023901 de 2017

SANCIONAN A LITIGANTE POR NO INFORMAR VERAZMENTE LAS ACTUACIONES A SU CLIENTE. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sentencia por medio de la cual se sancionó con censura a un abogado por la comisión de la falta la descrita en el literal c) del artículo 34 de la Ley 1123 del 2007. Este tipo disciplinario se  configura cuando se callan, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada. De ahí que este fuese sancionado, principalmente, por no informar de forma veraz de las actuaciones o implicaciones jurídicas a su cliente sobre el asunto objeto del mandato, que consistía en un proceso ejecutivo. El inconformismo que originó la investigación obedeció, principalmente, a la falta de comunicación entre el disciplinable y su cliente con lo transado con la contraparte. Igualmente, la Sala estudió el recurso de apelación de la representante del Ministerio Público, en el cual se planteaba como eje central de su inconformidad el quantum de la sanción impuesta. Al respecto, explicó que conforme con el principio de necesidad, íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, la censura no es del todo la más leve, toda vez que esta cumple con el fin de prevención particular. Ello, según reseña la providencia, para que a futuro los profesionales del Derecho se abstengan de incurrir en conductas consagradas como faltas o incumplan los deberes del ejercicio profesional. También tuvo en cuenta la decisión que el investigado no contaba con antecedentes disciplinarios y, de igual forma, la aplicación del principio de non reformatio in pejus, según el cual el superior, “en la providencia que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio, cuando se trate de apelante único, no podrá agravar la sanción impuesta”

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 76001 23 31 000 2010 01404 02 (4314 2014) de 2017

LAS SITUACIONES JURÍDICAS INDIVIDUALES DEFINIDAS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993, POR DISPOSICIONES MUNICIPALES Y TERRITORIALES CONTINÚAN VIGENTES. La convalidación de reconocimientos pensionales de orden territorial, consolidados antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 cobija por igual a los actos administrativos unilaterales de los entes territoriales y a los actos administrativos por medio de los cuales se da aplicación a convenciones colectivas. En efecto, según el texto del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 la vigencia de las situaciones jurídicas de carácter individual hace referencia a las que se basen en disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales a favor de empleados o servidores públicos, sin hacer distinción en torno a la fuente jurídica de tales disposiciones de naturaleza territorial. Confirma. C.P. César Palomino Cortés

Expediente 66001 23 33 000 2013 00038 01 (0168 2014) de 2017

RÉGIMEN SALARIAL DE LOS SOLDADOS VOLUNTARIOS. Los que antes del 31 de diciembre de 2000 se encontraban vinculados a las Fuerzas Militares de acuerdo con los preceptos contenidos en la Ley 131 de 1985, tendrían derecho a devengar un salario mínimo mensualmente, incrementado en un 60% del mismo salario, a partir de su incorporación como soldados profesionales a la planta de personal de las Fuerzas Militares. Confirma C.P. William Hernández Gómez.

Expediente 15001 23 31 000 2012 00276 01 ( 2922 2015 ) de 2017

PARA RECONOCER LA PENSIÓN GRACIA SE DEBE TENER EN CUENTA EL TIEMPO EN EL QUE EL DOCENTE ESTUVO VINCULADO MEDIANTE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. En el caso analizado, la Sala señala que la UGPP debe tener en cuenta el tiempo laborado por la accionante a través de órdenes de prestación de servicios, pues conforme a los precedentes que sobre la materia ha debatido recientemente esta Corporación, se han validado esos períodos para que sean computados con el ejercido en propiedad, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, dado que esa situación particular desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla, y porque los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un determinado régimen legal y reglamentario y, además, porque deben acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Revoca C.P. Carmelo Perdomo Cuéter

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 25000 23 26 000 2008 00711 01 (41724) de 2017.

LA ACEPTACIÓN DE CARGOS Y SOLICITUD DE SENTENCIA ANTICIPADA NO PUEDE CONSIDERARSE COMO DOLO O CULPA GRAVE DEL INVESTIGADO. Es necesario declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados al demandante con la medida de aseguramiento impuesta en su contra, ya que a pesar de lo expuesto por la Fiscalía en el sentido de señalar la culpa grave o dolo de la víctima no se puede considerar la existencia de tal figura jurídica, por el hecho de que el demandante aceptara los cargos en su contra y pidiera la emisión de sentencia anticipada; en la investigación penal no se pudo demostrar su participación en el delito cometido e inclusive llevó al fiscal a decretar la revocatoria de la medida de aseguramiento, de modo que la presunción de inocencia se mantuvo intacta. Declarar. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

Expediente 47001 23 31 000 2007 00414 01 (40307) de 2017.

CONSECUENCIAS DE ACCIDENTES GENERADOS POR EXCESO DE VELOCIDAD NO PUEDEN SER ASUMIDAS POR EL ESTADO. La pretensión de los demandantes de obtener la indemnización del Estado debido a la presencia de un hueco en la vía que ocasionó la muerte de un familiar de los actores, no cuenta con el suficiente respaldo legal para ser fallada favorablemente como lo hiciera en un principio el Tribunal de primera instancia, ya que se pudo comprobar que el vehículo iba una velocidad superior a la permitida por la señalización existente y el hueco podía ser esquivado a una velocidad adecuada, de manera que se configura la culpa exclusiva de la víctima en el hecho y por lo tanto se debe exonerar al Estado de cualquier responsabilidad frente a los daños generados con el accidente. Revocar. C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

Expediente 73001 23 31 000 2007 00168 01 (38893) de 2017

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. Se encuentran descritos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, a saber: el afectado debe interponer los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial; la providencia contentiva de error debe estar en firme; y debe ser contraria a derecho, bien sea porque surja de una inadecuada valoración probatoria, de la falta de aplicación de la norma correspondiente o de la indebida aplicación de la misma. Confirma. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

Expediente 20001 23 31 000 2012 00164 01 (21735) de 2017.

AUTORIDADES MUNICIPALES NO PUEDEN ESTABLECER CATEGORÍAS ADICIONALES A LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY EN MATERIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Para el Consejo de Estado resulta inaceptable la actuación de la entidad pública demandada al haber efectuado la clasificación del contribuyente como “empresa de actividades especiales”, imponiendo una tarifa diferencial respecto de otros contribuyentes que pudieran estar posiblemente en la misma situación respecto del impuesto de industria y comercio, tal actuación implica una lesión a los principios constitucionales de equidad y justicia tributaria y además supone una extralimitación de funciones de la demandada, al imponer clasificaciones que no están contempladas ni autorizadas en la ley del orden nacional. Revoca. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

Expediente 18001 23 33 000 2013 00046 01 (20884) de 2017.

LA ACTITUD DE COLABORACIÓN DEL CONTRIBUYENTE REQUERIDO OBLIGA A LA ENTIDAD TRIBUTARIA A REDUCIR EL MONTO DE LA SANCIÓN A IMPONER. Tal como se pudo demostrar en el litigio la demandante se encontraba obligada a efectuar el envío de información tributaria a la DIAN, acción que no realizó y que constituía mérito suficiente para que la entidad demandada iniciara el correspondiente procedimiento sancionatorio, pero se debe tener en cuenta que la sanción no podía ser impuesta en el monto máximo permitido por la ley ya que el requerido posteriormente allegó la información solicitada luego de la expedición del pliego de cargos, lo cual es una causal para reducir el valor de la sanción mas no su eliminación como lo pretende el contribuyente. Modifica. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

 

Superintendencia de Servicios

Concepto 107 de 2017

EN PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS NO EXISTE SOLIDARIDAD ENTRE PROPIETARIOS Y LA COPROPIEDAD. La Ley 142 de 1994 no establece como causal para suspender los servicios públicos domiciliarios a los copropietarios de un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal que estén al día en sus pagos individuales el hecho de que la propiedad horizontal esté en mora en el pago de las facturas a su cargo, explicó la Superintendencia de Servicios Públicos. La persona jurídica que surge al constituirse la propiedad horizontal es distinta de los propietarios de las unidades habitacionales que la conforman. Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en la Ley 675 del 2001, los servicios públicos domiciliarios de las zonas comunes serán facturados a la copropiedad, que actúa como usuaria única frente a los prestadores. Así las cosas, precisó la superintendencia, no se puede predicar solidaridad para el pago de los servicios públicos domiciliarios entre los copropietarios y la propiedad horizontal. En su pronunciamiento, la superintendencia recuerda que la propiedad horizontal como persona jurídica se constituye con el objetivo de administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los copropietarios y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de la propiedad

 

Ministerio de transporte

Concepto 20171340105751 de 2017

SIN EXCEPCIONES, NO PORTAR LLANTA DE REPUESTO DA LUGAR A MULTA. Un ciudadano preguntó al Ministerio de Transporte (Mintransporte) qué hacer en caso de que una autoridad le requiera el neumático de repuesto y el gato hidráulico para su vehículo de marca BMW el cual, por sus características técnicas, posee en sus llantas un sistema llamado run flat, que no permite el uso de gatos hidráulicos para el desmonte de las mismas. Mintransporte precisó que el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 del 2002) estableció frente al tema del equipo de prevención y seguridad de los vehículos que ninguno de estos, sin excepción alguna, puede transitar por las vías nacionales sin portar el equipo de carretera, el cual comprende como mínimo un gato con capacidad para elevarlo, una cruceta, señales de tránsito triangulares y de material reflectivo, botiquín de primeros auxilios, extintor, linterna y llanta de repuesto, entre otros elementos. Así mismo, la Resolución 3027 del 2010, por la cual se actualizó la codificación de las infracciones de tránsito, indica que el conductor y/o propietario que no porta el equipo mínimo de carretera incurre en infracción que da lugar a la imposición de multa por 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Así las cosas, teniendo en cuenta la consulta hecha al Ministerio de Transporte, el no porte de la llanta de repuesto o cualquier otro elemento que haga parte del equipo de carretera vulnera las normas de tránsito y da lugar a la respectiva sanción.