17 diciembre, 2018

Diciembre 17 de 2018

Corte Constitucional

Sentencia SU 114 de 2018

RECUERDE CUÁNDO PROCEDE LA TUTELA POR EL ABUSO PALMARIO DEL DERECHO EN MATERIA PENSIONAL. La Sala Plena de la Corte Constitucional profirió una sentencia de unificación, luego de analizar nueve acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales que resolvieron procesos en los que se cuestionaba si el ingreso base de liquidación (IBL) para computar las pensiones debía tener en cuenta el 75 % de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios y con la inclusión de todos los factores devengados por el trabajador o si, por el contrario, el cálculo del IBL debía realizarse con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio e incluyendo solo aquellos factores respecto de los cuales el interesado efectuó cotizaciones al sistema de seguridad social.  En ese escenario, el alto tribunal recordó los eventos en los que el amparo constitucional es procedente ante casos de abuso palmario del derecho en materia pensional, en particular cuando existe una ventaja irrazonable, fundada en una vinculación precaria del beneficiario de la pensión, y ante el incremento excesivo de la mesada pensional derivada de la sentencia atacada.  Precisamente, resaltó que su jurisprudencia ha indicado que en aquellos casos en los que se identifica la posible configuración de un abuso del derecho o un fraude se debe evaluar la idoneidad del recurso de revisión, antes de acudir al amparo constitucional. En particular, cuando se trata de las reliquidaciones que, presumiblemente, quebrantan los principios y la sostenibilidad del sistema de seguridad social en pensiones, pues en esos casos debe acudirse al recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado (según la jurisdicción a la que corresponda dirimir el asunto). Pero si se evidencia la configuración de un “palmario abuso del derecho” la acción de tutela puede ser el mecanismo idóneo.
Sentencia T 329 de 2018
LAS SITUACIONES DE COBERTURA NO PREVISTAS POR EL SISTEMA DE SALUD NO DEBEN SIGNIFICAR LA AUSENCIA DE ATENCIÓN NECESARIA. Toda persona tiene derecho al reconocimiento del servicio de transporte para que se le brinde la asistencia médica que requiera para preservar y restablecer su estado de salud; Incluso habiendo situaciones no contempladas en la normativa vigente, se impone la necesidad de proteger la integridad del usuario eliminando todo tipo de barrera u obstáculo que impida el goce y disfrute de los derechos fundamentales a la salud y a la vida, luego es la entidad a la que se encuentra afiliado el paciente quien debe asumir los gastos que genere su traslado. Revocar. MP Cristina Pardo Schlesinger.

Sentencia T 319 de 2018
LAS VÍCTIMAS MAYORES DE 70 AÑOS DEBEN SER PRIORIZADAS EN EL TEMA DE LA INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Unidad de Atención y Rehabilitación Integral a Víctimas prioriza al actor, persona de especial protección constitucional por ser de la tercera edad; Asimismo, la entidad ordenó el pago de la indemnización administrativa a favor del actor desde el 9 de julio del presente año y se encuentra disponible para ser reclamada por parte del actor, razón por la cual no le está vulnerando sus derechos. Revocar. MP Carlos Bernal Pulido.

Sentencia T 432 de 2018

PRECISIONES SOBRE CONTABILIZACIÓN DE TÉRMINOS EN PROCESOS TRAMITADOS DURANTE UN PARO JUDICIAL. El artículo 150.2 de la Constitución contempla que al Congreso de la República le corresponda expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. Ello quiere decir que una de las facultades constitucionales del Congreso es el diseño y definición de las características, etapas, términos, recursos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial, de manera que puede válidamente limitar el tiempo con el que cuentan las personas para acudir a la jurisdicción en aras de obtener pronta y cumplida justicia. En ese sentido, la fijación de términos preclusivos, aun cuando deben ser observados de manera estricta y no permiten la atenuación de las cargas procesales en razón a la seguridad jurídica, también deben garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y constituye parámetro que permiten la realización de la igualdad entre los asociados. Respecto de la contabilización de los términos procesales en época de paro judicial, la Corte Constitucional recordó que es importante verificar el material probatorio en cada caso, a fin de determinar si para la fecha de presentación de una determinada actuación el despacho judicial tenía o no acceso al público. En el mismo sentido, la Sala reiteró que los ceses de actividades o huelgas de los funcionarios que prestan el servicio de administración de justicia no tienen fuerza vinculante, pero la interrupción de la prestación continua del servicio sí tiene efectos en Derecho.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 67527 de 2018

CALIFICACIÓN DE LA JUNTA DE INVALIDEZ NO INCURRIÓ EN ERROR, AL HABERSE TENIDO EN CUENTA LA CALIDAD DE FUTBOLISTA DEL ACTOR Y LA INJERENCIA DE LA ENFERMEDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD. La sala dejó en firme la decisión que negó las pretensiones del actor dirigidas a que se le reconociera y pagara la pensión de invalidez, al determinar que contrarió a lo que pretenden el actor la calificación de incapacidad emitida por la Junta Regional no incurrió en error, dado que dentro de la misma se tuvo en cuenta su calidad de futbolista para establecer el porcentaje, al igual que si bien la lesión le impide ejercer la actividad de futbolista, la misma no le afecta la ejecución de las actividades de oficina que estaba desarrollando al momento de solicitar la calificación. De igual modo, la corporación deportiva Santa Fe no es la responsable del pago de la perseguida teniendo en cuenta que, al momento de la causación de la misma estaba afiliado al sistema general de seguridad social en salud y pensiones y riesgos profesionales, por tanto la misma sería competencia de la ARL. No Casó. M.P. Dolly Amparo Caguasango Villota.

Expediente 45472018 (70847) de 2018

CARTA DE DESPIDO MOTIVADA NO ES SUFICIENTE PARA CALIFICAR COMO JUSTA UNA DESVINCULACIÓN. Para la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia las razones indicadas por el empleador en una carta de despido no son suficientes para calificar la desvinculación unilateral como justa. A su juicio, para que un despido sea así considerado el empleador debe documentar la falta atribuida al subordinado y recaudar todo el acervo probatorio que sustente debidamente su ocurrencia.  De lo contrario fallará en la labor demostrativa que le incumbe en el escenario judicial y las imputaciones en las que fundamentó la rescisión contractual quedarán como simples señalamientos sin confirmación. Efectivamente, esa corporación ha sostenido en innumerables oportunidades que una vez probado por el demandante el hecho del desahucio a la parte accionada le corresponde acreditar la ocurrencia de los motivos argüidos como justa causa para la terminación del vínculo laboral.

Expediente 63230 (5187) de 2018
NO ES APLICABLE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DEL ISS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN CUANDO LA EDAD Y EL TIEMPO DE SERVICIOS SE CUMPLIERON COMO EMPLEADO PÚBLICO. Para que existe el derecho adquirido a la pensión convencional del ISS es necesario que cuando se cumplan los requisitos tanto de edad y de tiempo de servicios el beneficiario ostente la calidad de trabajador oficial de la entidad. En el presente caso la Sala acoge la tesis jurisprudencial donde no es correcto considerarse el derecho adquirido cuando en su condición de trabajador oficial no cumplió los requisitos de causación de la pensión, pues, en el presente la edad y el tiempo de servicios los alcanzó en desarrollo del vínculo legal y reglamentario cuando ostentaba la calidad de empleado público. No casa la sentencia. M.P: Jimena Isabel Godoy Fajardo.

 

 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 49580 de 2018

PREVARICATO POR ACCIÓN NO SE CONFIGURA, DADO QUE EL JUZGADO ARCHIVÓ EL PROCESO DE CONFORMIDAD A LA NORMAS Y BAJO ARGUMENTOS RAZONABLES. Dejada en firme decisión que absolvió al investigado por los delitos de prevaricato por acción y omisión en su condición de fiscal local del Municipio de Muzo (Boyacá), al determinar que la decisión de archivar el proceso se tomó por determinación propia del mismo sin que existiera alguna contrariedad en contra de la ley, entendiendo que para que se configure el delito es necesario que exista una contradicción evidente entre lo resuelto por el funcionario y lo mandado por la norma, hecho que no se dio en el presente por que nunca se estructuró un argumento que llevará a determinar que la decisión se apartó groseramente de la Ley 906 de 2004. puesto que el archivo del proceso fue motivado, al existir un argumento racional, posible y ajustado a la situación fáctica y elemento material probatorio. Confirmó. M.P. Patricia Salazar Cuéllar
Expediente 48820 (4883) de 2018

ONDENAN AL EXALCALDE CARLOS MANUEL TINOCO COMO AUTOR DEL DELITO DE CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO. Para la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Carlos Manuel Tinoco exalcalde de Arjona, se concertó con reconocidos cabecillas de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) con los cuales de manera consciente y voluntaria interactuó como autoridad del municipio de Arjona, contribuyendo económicamente con el grupo armado ilegal a cambio de obtener apoyo ilícito para enfrentar y deshacerse de opositores políticos, así como de la promoción de campañas políticas. De la relación del implicado con las AUC es evidente que este de manera personal conocía sobre el actuar típico de este grupo y del riesgo antijurídico que implicaba para la seguridad pública, bien jurídico que fue lesionado.

 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 11001 02 03 000 2017 02993 00 (4102-2018) de 2018

CAUSAL DE DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO ES APLICABLE EN LAS DOS NACIONES, HACIENDO PROCEDENTE LA HOMOLOGACIÓN. Aceptada la homologación de la sentencia de divorcio emitida por el Juzgado de Primera Instancia Número 18 de Barcelona (España), respecto del matrimonio celebrado por la demandante, al determinar que el fallo extranjero es compatible con los principios y las leyes de orden público del Estado colombiano, toda vez que en la normatividad patria se admite el divorcio para el matrimonio civil por la causal invocada como lo es el mutuo consentimiento, como lo establece el numeral 9 del artículo 154 del Código Civil, modificado por el artículo 6 de la Ley 25 de 1992 y, además, no hay constancia de proceso en curso o sentencia ejecutoriada de los jueces colombianos sobre la misma materia. Concedió Exequátur. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo.

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 66001 11 02 000 2015 00252 02 (15563-35) de 2018

JUZGADOR APLICÓ DE MANERA EQUIVOCADA LA LEY QUE RIGE LAS SANCIONES PARA LOS AUXILIARES DE JUSTICIA. La Sala procedió a declarar la nulidad de lo actuado desde la expedición del pliego de cargos en contra del investigado en su calidad de auxiliar de la justicia, al determinar que las diligencias se encuentran afectadas por una irregularidad sustancial con incidencia en el debido proceso, dado que la Sala a quo al proferir el pliego de cargos no atendió lo normado en la Ley 734 de 2002 , endilgándole a los funcionarios investigados, la inobservancia de los deberes consagrados en el artículo 688 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 9 numeral 4 literal c) de la misma y el artículo 24 del Acuerdo 1518 de 2002 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, sancionándolos con exclusión de la lista de auxiliares de la justicia y multa, cuando indiscutiblemente lo que resultaba procedente era aplicar el régimen de los auxiliares de la justicia regulado en el artículo 52 y siguientes de la Ley 734 de 2002; para encuadrar las conductas presuntamente anti éticas en las faltas expresamente señaladas, así como las sanciones que le son propias. Decreto Nulidad. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 68001 23 33 000 2015 00113 01 de 2018

RECONOCIDA PENSIÓN GRACIA A LA ACTORA AL COMPROBAR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIO COMO DOCENTE TERRITORIAL O NACIONALIZADO. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, fue condenada a reconocer y pagar la pensión gracia a la accionante, en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados por la actora en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, al lograr probarse que la misma acreditó 50 años de edad, 20 años de servicio como docente territorial vinculada antes del 31 de diciembre de 1890 y ejerció su labor con buena conducta y honradez, destacando que la ley no exige un tiempo determinado para que se genere una expectativa de acceder a la prestación discutida, bastando con verificar la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980. Revocó. M.P. William Hernandez Gomez

Expediente 20001 23 33 000 2014 00313 02 de 2018

¿SE PUEDE CONDENAR AL PAGO DE INTERESES MORATORIOS MÁS LA INDEXACIÓN?. La Sección Segunda del Consejo de Estado recordó que el derecho a la indexación o ajuste de valor obedece al hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda de nuestro país, que disminuye en forma continua el poder adquisitivo del ingreso, por lo que esta es una decisión ajustada a la ley y constituye un acto de equidad. En ese orden, cuando se ordena el restablecimiento de dicho derecho se busca la obtención del valor real al momento de la condena, que es el equivalente al perjuicio recibido. Sin embargo, en razón a que tanto la indexación como el reconocimiento de intereses moratorios obedecen a la misma causa (devaluación) se puede concluir que estas son incompatibles. Por lo tanto, si se ordenan ambos rubros se estaría condenando a la entidad a un doble pago por la misma causa.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 25000 23 26 000 2007 00632 01 (48217) de 2018

ESTADO RESPONDERÁ POR UNA PRIVACIÓN INJUSTA ORIGINADA EN FALTA DE DEFENSA TÉCNICA. La Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la atribución de responsabilidad proferida por un tribunal en contra del Estado por la privación de la libertad a un ciudadano durante una investigación finalmente precluida, por el delito de homicidio preterintencional. Entre otras cosas, el alto tribunal dio por acreditado que los defensores de oficio asignados al investigado cumplieron un papel meramente formal y se caracterizaron por no tener una estrategia procesal o jurídica, la cual, en ninguna instancia del proceso penal, fue evidenciada o puesta de presente por parte del ente investigador y el judicial, los cuales solo se limitaron a dar continuación al sumario, desconociéndose así el derecho de defensa y al debido proceso por parte de las entidades demandadas. Según la Sala, esta situación dio lugar a la privación injusta de la libertad del actor y a una evidente falla en el servicio por parte de la Administración.

Expediente 25000 23 36 000 2017 00413 01 (60955) de 2018
CONFIRMAN AUTO QUE RECHAZO DEMANDA QUE PRETENDÍA INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN DE BIEN INMUEBLE. Las acciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo tienen un objeto o propósito determinado, de modo que resulta indispensable identificar con claridad y precisión la causa o motivo de la demanda, pues de ello depende que se ejerza una u otra acción; escogencia o decisión que no puede ser caprichosa, arbitraria, ni discrecional del extremo demandante. Atendiendo a esto cuando la causa del daño es un hecho, una omisión, una operación o la ocupación de un inmueble, la acción procedente es la de reparación directa; si, por el contrario, la causa de los perjuicios es una decisión de la administración que crea, modifica o extingue una relación jurídica, es decir, un acto administrativo, la acción procedente es, la de nulidad si el acto es general o la de nulidad y restablecimiento del derecho si el acto es de carácter particular. En el caso concreto evidencia la Sala que lo que persigue la actora es cuestionar el valor reconocido como indemnización en los actos administrativos proferidos por el IDU y obtener un mayor valor, por tanto, el mecanismo que se debió promover es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho mas no la de reparación directa, como lo considera la parte recurrente. Confirma auto que rechazo la demanda. C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera

 

 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 11001 03 15 2018 01772 01 de 2018

LA LIQUIDACIÓN PENSIONAL DE LOS DOCENTES DEBE INCLUIR TODOS LOS FACTORES SALARIALES PERCIBIDOS DURANTE EL AÑO ANTERIOR AL ESTATUS.Para la Sala la autoridad censurada desconoció el precedente contenido en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado, por lo anterior es procedente reconocer el amparo solicitado del derecho fundamental del debido proceso. Pues en el presente caso la regulación pensional docente se da por la ley 33 de 1985 y la ley 91 de 1989, así las cosas, resulta procedente que se liquide la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores que tengan naturaleza de salarial que haya percibido el docente durante el año anterior al cumplimiento del estatus pensional. Por todo lo anterior se reitera la regla de que los docentes están excluidos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por tanto para los docentes aplican las normas antes señaladas. Confirma sentencia que concedió el amparo solicitado. C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio.

 

 Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera

Expediente 11001 33 31 620 2010 00049 03 de 2018

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA OMISIÓN EN EL DEBER DE PROTEGER A INTERVINIENTES EN PROCESOS PENALES. El Programa de Protección a Derechos Humanos está a cargo del Ministerio del Interior, y al citado programa se vinculan aquellas personas que ven amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal. En desarrollo del programa, la entidad tiene la obligación de prevenir y proteger el derecho a la vida, integridad, libertad y seguridad a las personas y grupos en condición de riesgo extraordinario, por ello, está en cabeza del mencionado Ministerio hacer seguimiento a la política de atención a la población en situación de vulnerabilidad, para la materialización de sus derechos, con un enfoque integral, diferencial y social, en coordinación con las demás entidades competentes del Estado. Por lo anterior, en el presente caso fue la omisión en el cumplimiento de las obligaciones de protección que se presentó la violación a los derechos humanos de la víctima. Confirma sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. M.P: Fernando Iregui Camelo.

 

 

 

 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – ESTA EN Dic 11 mio

 

Expediente 016 00681 01 de 2018

ASIGNACIÓN DE RETIRO RESULTA PROCEDENTE AL HABER ACUMULADO EL ACTOR MÁS DE 16 AÑOS DE SERVICIO AL MOMENTO DE SU RETIRO. Declarada la nulidad del acto administrativo que negó el reconocimiento de la asignación de retiro del actor, precisando que para acceder al reconocimiento de la misma es necesario que quienes siendo suboficiales o agentes hubieren ingresado voluntariamente al nivel ejecutivo y sean retirados de la institución después de quince años de servicio, por llamamiento a calificar servicios, por voluntad de la Dirección General o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos después de los veinte años de servicio, a partir de la fecha en que terminen los tres meses de alta. Hecho que se satisface por parte del actor, dado que al momento de su retiro alcanzó a acumular más de 16 años de servicio. Revocó. M.P. Alberto Espinosa Bolaños.

 

 

Ministerio de Salud y Protección Social – esta en 30 nov mio

 

Concepto 1237511 de 2018

¿CÓMO SE DEBE EFECTUAR EL PAGO EN SALIUD A UN TRABAJADOR REINTEGRADO MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL?. Cuando se ordena el reintegro de un trabajador mediante sentencia judicial, en lo referente a Salud se entiende que la EPS que debe recibir el aporte dejado de realizar al trabajador reintegrado es aquella a la que se encontraba afiliado en el tiempo de retiro del cargo, recuérdese, las sentencias de reintegro, lo que ordenan es reestablecer el derecho del empleado, en su caso, servidor público, sin solución de continuidad, es decir, se debe dejar el estado de cosas anterior, como si el funcionario no hubiere sido nunca separado de su empleo, en consecuencia los aportes se harán a la EPS que tuvo afiliado a ese servidor durante el periodo que se está cotizando.