RECOPILACION – ACCION DE CUMPLIMIENTO

 

 

 

GENERALIDADES

¿Qué es la acción de cumplimiento?

Mediante ella toda persona a quien afecte el incumplimiento de una norma con fuerza de ley (leyes, decretos extraordinarios, decretos legislativos)  o acto administrativo puede reclamar ante la autoridad judicial su cumplimiento.

·                     Leyes: Expedidas por el congreso.

·                     Decretos extraordinarios: Expedidos por el Gobierno con autorización del congreso.

·                     Decretos legislativos: Expedidos por el Gobierno en estados de excepción.

La acción de cumplimiento se solicita porque una ley o acto administrativo no esta siendo cumplido por la autoridad encargada de hacerlo.

 

Es una acción creada por  el artículo 87 de la Constitución Política y desarrollada por la ley  393 De 1997, su fin es hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o Actos Administrativos.

La acción de cumplimiento es un mecanismo por el cual el ciudadano controla la ejecución de las normas y su viabilidad práctica. Por ello, es necesario que el legislador regule teniendo en cuenta el interés general y el ámbito real de aplicación.

Era indispensable la reglamentación del artículo 87 de la Constitución, pues siendo tan importante la acción de cumplimiento, no había podido ser ejercida por el retardo del legislador. La Corte Constitucional rechazó varias acciones presentadas por incompetencia y así lo expuso en la sentencia del 10 de diciembre de 1992: "no es posible ejercitar la acción, hasta que se reglamente, principalmente en aspectos como procedimiento y competencia." Adicionalmente señaló que la Constitución no le da esa atribución a dicha corporación dentro de las asignadas taxativamente en el artículo 241.

En la Asamblea Nacional Constituyente hubo dos posiciones encontradas en relación con la denominada acción de cumplimiento. Por un lado quienes se oponían a incluirla argumentaban razones de conveniencia, porque sería imposible hacer cumplir todas las leyes que se dictan; pero la posición contraria decía que los problemas del país eran no sólo por no dictar normas, sino también por su inejecución. Finalmente la acción de cumplimiento quedó regulada en el artículo 87 de la Constitución Política y fue desarrollada por la Ley 393 de 1997.

 

El artículo 87 de la Constitución Política expresa: " Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido." Este artículo fue reglamentado mediante la ley 393 de 1997.

Al presentarse el proyecto de ley ante el Congreso, el gobierno quería conseguir dos objetivos: lograr el cumplimiento del ordenamiento jurídico y encausar la producción legislativa de acuerdo a los anteriores criterios.

 

¿Qué se pretende con la acción de cumplimiento?

Que se le ordene a la autoridad demandada, el cumplimiento de lo que se establece en el acto administrativo, acuerdo, ley, decreto, etc. e igualmente se ordene a la autoridad de control competente, adelantar la investigación del caso, para establecer responsabilidades penales o disciplinarias.

 

 Por medio de ella se quiere hacer efectiva la garantía que tienen los ciudadanos para acceder a la justicia. Ella se constituye en un mecanismo de protección de los derechos y de lucha contra la impunidad, buscando ante todo realizar el Estado social y de Derecho consagrado en la Constitución Política.

En un Estado de Derecho el poder está sujeto al principio de legalidad y por ello es esencial que no sólo se redacten normas, sino que éstas sean ejecutadas por la autoridad competente.

 

¿Cuándo procede la acción de cumplimiento?

Antes de ejercer la acción, el interesado debe solicitar el cumplimiento de la norma a la autoridad competente con el objeto de demostrar la renuencia, esto se conoce como procedibilidad de la acción. Se entenderá que la autoridad es renuente cuando la petición fue negada o no ha sido resuelta dentro de los 15 días hábiles siguientes a su formulación. Una vez agotado lo anterior se procede a instaurar la acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo, contra la autoridad que ha incurrido en incumplimiento de lo dispuesto en una norma o en un acto administrativo.

 

ASPECTOS GENERALES DE LA LEY 393 DE 1997

A. Por medio de la Acción de cumplimiento, toda persona puede acudir ante la autoridad contencioso administrativa del domicilio del accionante para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza de ley o actos administrativos.

Por ley debe entenderse toda norma que recoja en forma general una declaración de voluntad soberana, manifestada en la forma prevista en la Constitución y que es obligatoria para toda persona que se encuentre bajo la jurisdicción colombiana. Comprende tanto a las leyes formalmente, como a los decretos legislativos. En relación a los actos administrativos, debe acogerse la noción que trae el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.

¿ QUIEN PUEDE EJERCER LA ACCION DE CUMPLIMIENTO?

B. Titular: Cualquier persona puede ejercer esta acción y se debe dirigir contra la autoridad administrativa a quien le corresponda el cumplimiento. Pero si se dirige ante una autoridad que no es la obligada, ésta debe informarle al juez que tramita la acción, quien es la autoridad a la cual corresponde el cumplimiento. Cuando se ejerza la acción en interés general, no es necesario actuar por medio de apoderado judicial.

También podrán ejercitar la Acción de Cumplimiento de normas con fuerza material de Ley o Actos Administrativos:

a) Los Servidores Públicos; en especial: el Procurador General de la Nación, los Procuradores Delegados, Regionales y Provinciales, el Defensor del Pueblo y sus delegados, los Personeros Municipales, el Contralor General dela República, los Contralores Departamentales, Distritales y Municipales.

b) Las Organizaciones Sociales.

c) Las Organizaciones No Gubernamentales.

De las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, serán interpuestas ante los Jueces Administrativos (Tribunal Contencioso Administrativo mientras entran en vigencia los jueces) con competencia en el domicilio del accionante.

La Acción de Cumplimiento será dirigida contra la autoridad a la que corresponda el cumplimiento de la norma con fuerza material de Ley o Acto Administrativo. La Acción de Cumplimiento procederá contra acciones u omisiones de particulares que impliquen el incumplimiento de una norma con fuerza material de Ley o Acto administrativo, cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, pero sólo para el cumplimiento de las mismas. Por regla general, la Acción de Cumplimiento podrá ejercitarse en cualquier tiempo

La Acción de Cumplimiento procederá contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir inminente incumplimiento de normas con fuerza de Ley o Actos Administrativos. También procederá contra acciones u omisiones de los particulares, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud. Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito, cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable para el accionante, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

 

C. Ejercicio de la acción: La acción puede ejercerse en cualquier tiempo si se trata de actos cuyo cumplimiento se agota en un solo momento, pero si son actos de ejecución sucesiva, el cumplimiento puede volver a intentarse sin limitación, salvo en los casos donde ya se haya decidido.

Debe reclamarse el cumplimiento, primero ante la autoridad encargada de ello y una vez ratificada su renuencia o su no contestación dentro de los 10 días siguientes de la solicitud, puede ejercerse la acción.

D. Casos en que no procede: No procede frente a derechos que puedan ser garantizados con la acción de tutela ni cuando se tenga otro medio judicial para hacerlo valer, salvo que de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el accionante.

 En estos eventos, el Juez le dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de Tutela.

El trámite de la acción de cumplimiento tiene prelación sobre cualquier otro, excepto para el caso de la acción de tutela.

E. Cumplimiento inmediato: El Juez que conozca la solicitud puede ordenar el cumplimiento inmediato del deber omitido siempre que se deduzca una grave o inminente violación de un derecho por el incumplimiento.

F. Procedimiento:

1. Presentación de la demanda.

2. Tres días para decidir la admisión. En caso de inadmisión, se cuentan dos días para subsanarla.

3. Tres días para notificar al demandado.

4. Tres días para que el demandado se haga parte y allegue pruebas.

5. Veinte días contados a partir de la admisión para decidir la demanda de cumplimiento y conforme al párrafo anterior, puede pedir el inmediato cumplimiento.

El trámite puede suspenderse anticipadamente si la persona contra quien se acciona, cumple.

Las providencias que se dicten en desarrollo del proceso, con excepción de la sentencia, carecen de recurso, pero el auto que niegue pruebas admite reposición y ésta deberá interponerse al día siguiente a la notificación por estado y debe ser resuelta al día siguiente de presentada.

La sentencia puede impugnarse dentro de los tres días siguientes a su notificación por el solicitante, la autoridad renuente o su representante y por el defensor del pueblo.

El que incumpla la orden judicial, incurre en desacato y la sanción será impuesta por el mismo Juez.

F. Remisión: La ley que desarrolla la acción de cumplimiento remite al Código Contencioso Administrativo aquellos aspectos que le sean compatibles y que no estén regulados por la ley.

 La solicitud deberá contener:

1. El nombre, identificación y lugar de residencia de la persona que instaura la acción.

2. La determinación de la norma con fuerza material de Ley o Acto Administrativo incumplido. Si la Acción recae sobre Acto Administrativo, deberá adjuntarse copia del mismo. Tratándose de Acto Administrativo verbal, deberá anexarse prueba siquiera sumaria de su existencia.

3. Una narración de los hechos constitutivos del incumplimiento.

4. Determinación de la autoridad o particular incumplido.

5. Prueba de la renuencia, salvo lo contemplado en la excepción de peligro, y que consistirá en la demostración de haberle pedido directamente su cumplimiento a la autoridad respectiva.

6. Solicitud de pruebas y enunciación de las que pretendan hacer valer.

7. La manifestación, que se entiende presentada bajo gravedad del juramento, de no haber presentado otra solicitud respecto a los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad.

La solicitud también podrá ser presentada en forma verbal cuando el solicitante no sepa leer ni escribir sea menor de edad o se encuentre en situación de extrema urgencia.

La tramitación de la Acción de Cumplimiento estará a cargo del Juez, en Trámite Preferencial, salvo la acción de tutela.

La Acción de Cumplimiento no tendrá fines indemnizatorios. Cuando del incumplimiento de la Ley o de Actos Administrativos se generen perjuicios, los afectados podrán solicitar las indemnizaciones por medio de las acciones judiciales pertinentes.

 Si estando en curso la Acción de Cumplimiento, la persona contra quien se hubiere dirigido la Acción desarrollaré la conducta requerida por la Ley o el Acto Administrativo, se dará por terminado el trámite de la acción, el funcionario puede incurrir en el pago de perjuicios.

 

CONCLUSIÓN

Luego de la reglamentación del artículo 87 de la Constitución, la primera acción de cumplimiento que se falló en el país, conminó el martes 9 de septiembre pasado al Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) a aplicar la ley y definir en 10 días hábiles una estrategia de resocialización basada, como primer presupuesto, en la clasificación de reclusos a fin de determinar la clase de tratamiento que requieren según la gravedad de los ilícitos. La decisión judicial fue adoptada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.

Jorge Leyva Valenzuela demandó por inconstitucional la ley a la cual nos referimos. Los fundamentos básicos de dicha demanda se refieren a que de acuerdo al artículo 153 de la Constitución Política cualquier reglamentación de la acción del artículo 87 ibídem debe hacerse por la vía de la ley estatutaria, procedimiento que no fue seguido por haberse desarrollado por vía ordinaria. Dicha demanda no ha sido resuelta aún.