RECOPILACION – CODIGO GENERAL DEL PROCESO

 

 

SUJETOS PROCESALES

Además del juez como sujeto procesal que dirige el proceso para dirimir el conflicto, también asumen la calidad de sujetos procesales, tanto las partes como los terceros que pueden intervenir dentro del proceso.

El Código General del Proceso da absoluta claridad a que ciertos sujetos procesales son considerados partes y no terceros, puesto que en realidad la sentencia que se dicte los vincula con efectos de cosa juzgada.

Así entonces, la intervención del excluyente, llamamiento en garantía, llamamiento del verdadero poseedor o tenedor, son en realidad intervenciones de parte y no de terceros.

En tanto que la coadyuvancia y el llamamiento de oficio son terceros en el proceso, como se explicará más adelante


CAPACIDAD PARA SER PARTE.


El artículo 53 del Código General del Proceso determina quiénes pueden ser parte en el proceso, siendo ellas en sentido general todo sujeto que puede adquirir derechos y contraer obligaciones.

PERSONAS NATURALES Toda persona natural disponga o no libremente de sus derechos, puede ser parte en el proceso, bien en calidad de demandante o de demandado. Si dispone libremente de sus derechos por ser plenamente capaz,
 actúa por sí mismo 37 confiriendo poder al abogado que escoja, a menos que pueda intervenir en causa propia cuando la ley le autoriza. En caso de que no pueda disponer libremente de sus derechos por ser persona incapaz,
 intervendrá por medio de su representante

PERSONAS JURIDICAS Las personas jurídicas tanto de derecho privado como de derecho público, podrá ser parte en el proceso, y serán representadas según lo disponga la Constitución, la ley o los estatutos de la respectiva entidad.
En caso de que la persona jurídica que es demandada tenga varios representantes, podrá ser representada por cualquiera de ellos a elección de quien desee citar el accionante. Si además de los representantes la persona jurídica demandada tiene apoderados, se podrá citar a cualquiera de aquellos o de estos, como lo establece el inciso cuarto del artículo 54 del Código General del Proceso

PATRIMONIOS AUTONOMOS No hay discusión de que los patrimonios autónomos también pueden ser parte, no obstante que no tienen personería jurídica. El numeral 2 del artículo 53 CGP incluye a los patrimonios autónomos como partes
en un proceso, y actuarán a través de su representante. Si el patrimonio autónomo está constituido a través de sociedad fiduciaria, su comparecencia se hará a través del representante legal o apoderado de la respectiva sociedad fiduciaria
EL CONCEBIDO. El nasciturus también puede ser parte en un proceso, puesto que quien está por nacer tiene derecho a la vida, y por tanto podrá intervenir en el proceso para la defensa de sus derechos. Se harán parte a través de quienes ejercerían su representación si ya hubieren nacido, tal y como lo ordena el inciso final del artículo 54 del Código General del Proceso.
LITISCONSORCIOS Bien es sabido que cuando la parte, sea demandante o demandada, se compone de pluralidad de personas, se está frente a la figura del litisconsorcio, y dependiendo de su clase, los efectos y consecuencias procesales varían. Los artículos 60, 61 y 62 del Código General del Proceso, respectivamente regulan el litisconsorcio facultativo, necesario y cuasi necesario, destacando que para éste último la nueva codificación adopta un artículo que en particular lo reglamenta, situación que no aconteció bajo las reglas del Código de Procedimiento Civil, sin que ello signifique que no se haya consagrado en dicho estatuto, pues el inciso tercero del art 52 CPC desarrolla dicha figura litisconsorcial (el cuasinecesario), norma ésta que también se ocupó del tercero coadyuvante. De una manera más ordenada y comprensible, el Código General del Proceso excluye de la norma que trata de la coadyuvancia a la institución que desarrolla el litisconsorcio cuasinecesario, para destinar un artículo de manera exclusiva a tal figura litisconsorcial y otro para la coadyuvancia. Esto es lógico por cuanto el coadyuvante es un clásico tercero interviniente en el proceso, mientras que el litisconsorcio necesario es parte dentro del proceso. Hechas las precisiones anteriores, a continuación se expondrá todo lo relacionado con los distintos litisconsorcios.
LITISCONSORCIO FACULTATIVO El artículo 60 del CGP, prescribe que para esta institución litisconsorcial sus integrantes son considerados como litigantes separados, pues cada uno de ellos tiene su propia pretensión, pero se unen en una misma demanda por la comunidad de los hechos que se investigan en el proceso, lo que permite que el juez pueda en una sola sentencia resolver los pedimentos de cada uno de los litisconsortes. En asuntos de responsabilidad civil extracontractual es clásica la presencia de litisconsorcios facultativos, pero no exclusivamente en esos eventos. Puede ocurrir que dos acreedores, cada uno con su título ejecutivo, tienen un deudor común, perfectamente pueden unirse para demandar ejecutivamente a su deudor, así las razones que dieron origen a los títulos ejecutivos sean de diversa índole.
 Consecuencias procesales:
· En cuanto a los efectos de la sentencia. No existe comunidad de suerte para los integrantes del litisconsorcio, debido a que cada uno invoca su propia pretensión. No implica que la sentencia tenga que ser favorable para todos, puesto que puede beneficiar a unos pero ser adversa para otros, o siendo favorable para el grupo no lo es en los mismos términos. EJEMPLO: Enrique giró un cheque a favor de Manuel, y también giró un cheque a favor de Jorge. Los cheques fueron girados en fechas distintas y resultaron devueltos por el banco girado. Más adelante se unen los acreedores y en una misma demanda de ejecución demandan a Enrique. Este propuso excepciones de mérito en contra tanto de Manuel como de Jorge. Cuando el juez dicta sentencia declara probada la excepción con respecto a Manuel, pero no frente a Jorge. EJEMPLO: Enrique ocasionó un accidente de tránsito, estrellando dos vehículos. Los propietarios de los automóviles averiados se unen para demandar a Enrique, y cada uno de ellos pretende la condena al pago de los perjuicios que les fueron ocasionados, los cuales no son de las mismas cifras económicas. Es evidente que no hay comunidad de suertes cuando el juez dicte la sentencia que condene al pago de los perjuicios.

· En cuanto a recursos. Dice el artículo 60 CGP que “Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros,”. Esto significa que si uno de los litisconsortes interpone un recurso, el resultado y consecuencias vinculan únicamente al litisconsorte que impugnó. EJEMPLO: En el proceso del accidente de tránsito la sentencia fue favorable para el demandado quien alegó como eximente de responsabilidad la culpa de un tercero, lo cual para el juez fue comprobado. Solo uno de los demandantes interpuso la apelación, en caso de que el superior revoque la sentencia, quien se beneficia de tal decisión es el impugnante, pero si al 40 contrario el superior confirma la decisión del a quo, la condena en costas será solo para el litisconsorte que apeló.

· En cuanto a pruebas. Sobre este aspecto en particular es preciso advertir si las pruebas se dirigen a acreditar un hecho común, o por el contrario un hecho individual. En el primero caso (hechos comunes) si uno de los litisconsortes demuestra el hecho, como sería la imprudencia del conductor que causó el accidente, se benefician todos los integrantes del grupo litisconsorcial. Pero si por el contrario, un litisconsorte comprueba un hecho que se dirige a demostrar el daño que le causó el accidente, sólo se beneficia ese litisconsorte.

· En cuanto a medidas cautelares. Teniendo en cuenta que las medidas cautelares que se practiquen como consecuencia de la iniciativa de uno de los litisconsortes garantiza el cumplimiento de la sentencia favorable, es natural concluir que los bienes cautelados benefician a todos los litisconsortes. Es por ello que el numeral 1 del artículo 597 del CGP, afirma que si hay litisconsorcios el desistimiento de la medida cautelar debe emanar de todos
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· En cuanto a los actos de disposición de derecho en litigio. Como cada litisconsorte se considera un litigante separado de los demás, puede de manera individual disponer de su derecho litigioso. Es así como puede conciliar, transigir, desistir, y en general ejercer algún otro acto que le permita disponer de su pretensión, aun cuando los otros litisconsortes no lo quieran realizar, pues al fin y al cabo es su pretensión y no la de los demás las que conviene renunciar sea total o parcialmente.

LITISCONSORCIO NECESARIO Esta modalidad de litisconsorcio como su nombre lo insinúa, significa que es necesaria la presencia en el proceso, de todas las personas que intervinieron en el acto jurídico material que da origen al proceso judicial, o también cuando por 41 expresa disposición legal la demanda debe estar dirigida contra determinadas personas que la norma expresamente indica. Sin la presencia de todos quienes integran el litisconsorcio necesario el juez no podrá dictar sentencia, pues de proferirla ésta queda nula como adelante se explicará. El Código General del Proceso concentra en un mismo artículo las reglas pertinentes al litisconsorcio necesario y a la integración del contradictorio, toda vez que el artículo 61 así lo prevé. Consecuencias procesales:

· En cuanto a los efectos de la sentencia. Como en este caso existe una pretensión que está en cabeza de varias personas, para estas hay comunidad de suerte, toda vez que aunque existe pluralidad física de personas, hay unidad jurídica de parte. Por tal razón es evidente que todos quienes integran el listisconsorcio necesario corren la misma suerte EJEMPLO: Marcela, Ernesto y José prometieron la venta de un inmueble. Como el promitente comprador les ha incumplido, aquellos deciden demandar la resolución de la compraventa, caso en el cual la demanda deberá ser promovida por los tres promitentes vendedores. La sentencia que se profiera es igual para los demandantes, por cuanto existe comunidad de suerte. EJEMPLO: La demanda de pertenencia deberá dirigirse contra los titulares de derechos reales que aparezcan en el certificado de tradición del inmueble, incluidos acreedores hipotecarios, pues asó lo impone el numeral 5 del artículo 375 del CGP. Los demandados corren la misma suerte al momento de dictarse la sentencia.

· En cuanto a recursos. 42 El recurso que alguno de los litisconsortes interponga beneficia o perjudica a todos sus integrantes. Así por ejemplo, si la sentencia es adversa para los demandantes que prometieron la venta del inmueble, y uno de ellos la apeló, en caso de que el superior revoque la sentencia, se benefician todos, pero si al contrario el superior confirma la dictada por el a quo, las costas las asumen todos los litisconsortes.

 
· En cuanto a pruebas. En consideración a que los litisconsortes tienen comunidad de suerte, los hechos que uno de ellos logre probar, beneficia a todos sus integrantes, pues la pretensión es una misma de la cual son titulares los litisconsortes.

· En cuanto a medidas cautelares. Si uno de los litisconsortes necesarios logra cautelar un bien que es de propiedad de la contraparte, todos sus integrantes se benefician de la medida cautelar. Es por ello que el artículo 597.1 del Código General del Proceso exige que si se desiste de la medida cautelar, ésta solicitud debe estar coadyuvada por todos los litisconsortes.

· En cuanto a los actos de disposición del derecho en litigio. Actos que se dirigen a disponer de la pretensión o de la excepción, según si es demandante o demandado, así como la transacción, el desistimiento o la conciliación, deben provenir de todos los litisconsortes, si recordamos que la parte es una. Por ello el inciso cuarto del artículo 61 del CGP afirma: “(…) Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todo

3.2.2.1 INTEGRACION DEL CONTRADICTORIO. Como en esta modalidad de litisconsorcio el juez no podrá dictar sentencia sin la comparecencia de todas las personas que lo conforman, debe estar integrado para 43 poder resolver de mérito. El artículo 61 del nuevo ordenamiento procesal y otras disposiciones de la misma obra, prevén la integración del contradictorio que de manera cronológica se muestran a continuación
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· En la demanda. Corresponde al demandante integrar el contradictorio en el libelo demandatorio, pues es el acto procesal idóneo en donde debe estar contemplado.

· En el auto admisorio de la demanda. De no figurar integrado en la demanda, el juez cuando dicte el auto que la admita, deberá integrar el litisconsorcio necesario, como lo dispone el inciso primero del artículo 90 del CGP, en consonancia con el artículo 61. Observemos que no es motivo de inadmisión de la demanda, puesto que el juez oficiosamente hace el correctivo integrándolo directamente en el auto que admite la demanda.

· Como excepción previa. Si la omisión subsiste superadas las etapas anteriores, el demandado podrá advertir dicha falencia, dentro del término de traslado proponiendo la excepción previa prevista en el numeral 9 del artículo 100 CGP, y de prosperar el juez ordena citar al contradictorio.

· En la audiencia inicial. Como el juez debe realizar el control de legalidad en cada etapa procesal, el numeral 8 del artículo 372 del CGP le obliga a verificar si existe alguna irregularidad, y advertida la falta de vinculación al proceso de todos los litisconsortes necesarios, debe proferir el auto que ordena su integración.

· En cualquier estado antes de dictar sentencia de primera o única instancia. Dispone el inciso segundo del artículo 61 CGP que de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado la sentencia, ordenará integrar el contradictorio. De tal suerte que si el proceso está para dictar sentencia y no se ha citado al litisconsorte necesario que aún está pendiente, a cambio de proferir el fallo deberá integrar el contradictorio.

· El ad quem ordena integrarlo. Si por alguna circunstancia el juez de primera instancia dictó la sentencia sin previamente estar integrado el litisconsorcio, y dicha providencia fue apelada, el superior debe decretar la nulidad de la sentencia y ordenar integrar el contradictorio. Así los dispone el inciso final del artículo 134 del Código General del Proceso.

ACTOS PROCESALES QUE EJERCE EL LITISCONSORTE Una vez integrado el contradictorio en cualquiera de las fases atrás indicadas, puede ejercer los actos de parte, debiéndosele por tanto conceder el traslado de la demanda, pidiendo pruebas y proponiendo las excepciones que considere pertinentes, y de resultar prósperas se benefician todos los integrantes del grupo litisconsorcial.

LITISCONSORCIO CUASINECESARIO. La otra modalidad de litisconsorcio, es la que se denomina cuasinecesario, el cual fue desarrollado por la doctrina, y que el Código General del Proceso recoge en el artículo 62. Esta clase de litisconsorcio adopta reglas de los litisconsorcios ya tratados, por cuanto se acoge del necesario el que la sentencia es común para todos sus integrantes, mientras que adopta del facultativo el hecho de que no están obligados a intervenir todos, sino los que deseen llegar al proceso. Tratándose de obligaciones solidarias, en donde el artículo 1571 del C.C. faculta a que el acreedor pueda dirigir su demanda contra todos los deudores, varios de ellos o uno solo, pueden los no vinculados intervenir en el proceso, pues aún cuando no lo hagan la sentencia se extiende por igual para ellos. EJEMPLO: JUAN, JULIO y MARINA celebran un contrato de arrendamiento, y en calidad de coarrendatarios suscriben el contrato de arrendamiento. Como al arrendador le incumplen el contrato, éste desea presentar la demanda de restitución del inmueble arrendado, y decide demandar sólo a JUAN, apoyado en el artículo 7 de la ley 820 de 2.003. Como los coarrendatarios son solidarios entre sí, pueden intervenir Julio y/o Marina, pues aun cuando no lo hagan, los efectos de la sentencia se extiende para ellos. Una vez intervienen reciben el proceso en el estado en que se encuentre pudiendo ejercer los actos de parte. Es decir que si ya se habían practicado pruebas podrán exponer alegatos de conclusión e impugnar la sentencia adversa para ejercer las actuaciones en la segunda instancia, si ésta fuere procedente. Consecuencias procesales:

· En cuanto a los efectos de la sentencia. Claramente expone el inciso primero del artículo 62 CGP que los efectos jurídicos de la sentencia se extienden para los litisconsortes, de lo cual se concluye que hay comunidad de suerte. EJEMPLO: Si en el proceso de restitución de inmueble arrendado en que fue demandado JUAN, se presentó más adelante JULIO, pero no lo hizo Marina, en caso de que la sentencia decrete la restitución del inmueble, quedan vinculados todos los coarrendatarios, incluida Marina, aunque no haya intervenido.

· En cuanto a recursos. Cualquier medio de impugnación que interponga uno de los litisconsortes, beneficia a los demás, toda vez que corren con la misma suerte.

· En cuanto a pruebas. Pueden los litisconsortes cuasi necesarios solicitar pruebas siempre que intervengan antes de que ellas sean decretadas, pues si su intervención es posterior a esta etapa del proceso, ya no podrán solicitar pruebas pero sí podrán intervenir en su práctica siempre que esta etapa probatoria no se haya aún surtido. Dice el inciso segundo del artículo 62 del Código General del Proceso: “Podrán solicitar pruebas si intervienen antes de ser decretadas las pedidas por las partes; si concurren después tomarán el proceso en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención.” El inciso transcrito contempla una novedad con respecto a lo estatuido en el Código de Procedimiento Civil, puesto que conforme a la anterior normatividad, para que el litisconsorte cuasi necesario pudiera solicitar pruebas, debía intervenir en la etapa para solicitarlas, es decir, en el traslado de la demanda. En cambio con el nuevo ordenamiento procesal, puede dicho litisconsorte solicitar pruebas incluso después de vencido el traslado de la demanda, siempre que las pedidas por las partes originales no hayan sido decretadas. 46 Si uno de los litisconsortes demuestra hechos que le conviene, estas pruebas benefician a todos sus integrantes. EJEMPLO: Si el demandado en el término del traslado contestó la demanda proponiendo excepciones de mérito, y el proceso se encuentra para señalar fecha para la audiencia inicial, puede intervenir en calidad de litisconsorte cuasinecesario solicitando pruebas, pero no podrá contestar demanda debido a que esta actuación ya precluyó. Incluso si interviene ya iniciada la audiencia, mientras en la misma aún no se hayan decretado pruebas, está en tiempo para solicitar las que considere pertinentes.

· En cuanto a medidas cautelares. En tratándose de litisconsortes cuasinecesarios en calidad de demandantes, naturalmente que si uno de ellos logra cautelar bienes del demandado, la medida beneficia a todos, puesto que la misma se dirige a garantizar la efectividad de la sentencia favorable.

 
· En cuanto a los actos de disposición del derecho en litigio. Naturalmente que si no es necesaria la presencia de todas las personas que componen esta clase de litisconsorcio, puede uno de sus integrantes disponer del derecho litigioso, el cual se hará extensivo para todos. Es decir, que mal podrá un juez exigir que el acto de disposición deba también emanar de los otros litisconsortes, y mucho menos si no están vinculados en el proceso.

OTRAS PARTES. EL Código General del Proceso despeja la inquietud de si otros sujetos procesales intervienen en calidad de terceros o de partes, tales como el llamado en garantía o como verdadero poseedor, y la intervención excluyente. La discusión se genera por la forma como el Código de Procedimiento Civil contextualiza en su normatividad dichas intervenciones, puesto que dedica un capítulo a las partes, a los litisconsorcios y otro separado para la intervención de terceros (artículo 52 y siguientes CPC), lo cual instó a la confusión. 47 El nuevo ordenamiento procesal en una afortunada claridad, titula como Litisconsortes y otras partes al capítulo II del Título Unico de la Sección Segunda del Libro Primero, en donde desarrolla además de los litisconsorcios como partes que son, también a la intervención excluyente, al llamamiento en garantía, y al llamamiento del verdadero poseedor o tenedor, mientras que el capítulo III es denominado Terceros, el cual es dedicado a la coadyuvancia y al llamamiento de oficio. La figura de la denuncia del pleito se mantiene aunque desaparece su nombre, pues queda inmersa en el llamamiento en garantía, como adelante se aclara.

INTERVENCION EXCLUYENTE. Art 63 El artículo 63 del Código General del Proceso regula esta clase de intervención, manteniendo en esencia las directrices que previó el Código de Procedimiento Civil, pero se modifica la oportunidad hasta la cual podrá intervenir dicho sujeto procesal, pues precluye su intervención si ya se realizó la audiencia inicial, es decir que aun cuando no se haya proferido sentencia de primera instancia (la cual se dicta en la audiencia de instrucción y juzgamiento), la intervención es extemporánea. Recordemos que con el CPC dicha intervención era procedente hasta antes de dictarse la sentencia de primera. (Art. 53 CPC), pero en el nuevo esquema procesal la posibilidad de intervención se restringe, pues si ya se realizó la audiencia inicial, no podrá presentarse el excluyente. Esta coparte se caracteriza en lo siguiente: - Intervención voluntaria. Toda vez que ninguna de las partes originales en el proceso la cita, al contrario esta intervención por ser excluyente implica que intervenga en el proceso si así lo desea. - Oportunidad para intervenir. Como ya se dijo, hasta la audiencia inicial, lo que significa que puede intervenir antes de que se haya señalado fecha y hora para dicha audiencia, o incluso llegar a la misma cuando se está evacuando. En conclusión puede intervenir hasta antes de que finalice la audiencia inicial. 48 - Interviene formulando demanda. A través de ella invoca su propia pretensión que excluye las de las partes iniciales, de ahí su denominación. Dicha demanda debe ser dirigida contra demandante y demandado originales, quienes asumen calidad de litisconsortes necesarios, y que por tanto podrán contestar demanda con las consecuentes excepciones de mérito. - Nutre el objeto de litigio. Como ingresa al proceso en calidad de parte, al presentar demanda está llevando pretensión propia, distinta a las de las partes iniciales que ahora se convierten en sus demandados. Como se trata de una evidente acumulación de acciones, el juez cuando dicte la sentencia debe resolver primero la pretensión del excluyente (por economía procesal) pues si le es favorable, no resuelve la demanda inicial, por cuanto ha solucionado el conflicto al tener el derecho sobre la cosa demandada el accionante excluyente. Naturalmente que si se niega la pretensión de este interviniente, en la misma sentencia deberá resolver la pretensión de la demanda inicial. - Puede disponer del derecho en litigio. Es claro que si reclama para sí una pretensión, puede disponer de ella conciliando, desistiendo, transigiendo. - La sentencia lo vincula con efectos de cosa juzgada. Por cuanto en tal providencia es decidida la pretensión con efectos vinculantes. EJEMPLO: PEDRO demanda a JOSE en acción reivindicatoria, pretendiendo que se le condene a la entrega de determinado inmueble. JOSE contesta demanda proponiendo la prescripción extintiva, por cuanto lleva poseyendo más de diez años. Antes de haberse fijado fecha para audiencia inicial, o durante el transcurso de esta, se presenta al proceso ESTEBAN demandando a PEDRO y JOSE pues reclama que los derechos sobre el predio litigioso le pertenecen, y por tanto esa pretensión excluye las de la demanda original. Admitida esta demanda, podrán contestarla los demandados que en calidad de litisconsortes necesarios asumen el extremo pasivo de la misma, pudiendo proponer las excepciones que consideren prudentes. Una vez se descorra el traslado de las excepciones para que el demandante excluyente pueda solicitar pruebas adicionales con apoyo a lo prescrito en el artículo 370 CGP, el juez convocará a la audiencia inicial para proseguir con la actuación y posteriormente, se llevará a cabo la audiencia de instrucción y juzgamiento en la cual dictará la sentencia en la que decide primero la pretensión del excluyente, y si es próspera, por sustracción de materia no resuelve la demanda inicial, pero de haberse negado la pretensión del excluyente, 49 el juez en la misma providencia resolverá las pretensiones y excepciones invocadas en la demanda inicial.

LLAMAMIENTO EN GARANTIA. Arts. 64 al 66 Lo primero que se debe aclarar es que a diferencia del Código de Procedimiento Civil que consagra denuncia del pleito y llamamiento en garantía, el Código General del Proceso se limita al llamamiento en garantía, no solo cuando como consecuencia de un derecho legal o contractual se llama a la persona que deba responder por el perjuicio reclamado, sino también cuando quien tenga derecho al saneamiento por evicción llame a la persona que deba respetarle ese derecho. Acorde al CPC, para el primer supuesto se invoca el llamamiento en garantía, mientras que para el segundo se hace valer una denuncia del pleito, no obstante que el procedimiento es el mismo. Con el nuevo estatuto procesal, se hará para ambos supuestos llamamiento en garantía, y así desterrar lo que en ocasiones sucedió, de que no se aceptaba el llamamiento en garantía porque debía era denunciarse el pleito o viceversa, en un claro detrimento a la prevalencia del derecho sustancial. El llamamiento en garantía contribuye a la economía procesal, por cuanto evita otro proceso en acción de repetición. Esta coparte se caracteriza en lo siguiente: - Su intervención es forzada. Por cuanto es el demandante o el demandado quien solicita su vinculación, como expresamente lo dispone el artículo 64. - Oportunidad para pedir su vinculación. Cualquiera de las partes que tenga interés en llamar en garantía deberá solicitarlo al inicio del proceso, es decir, que el demandante lo deberá pedir en la demanda, mientras que al demandado le corresponde hacer la petición en el término que tiene para contestar la demanda, en otras palabras dentro del término del traslado. Aunque en principio se pudiere pensar que no debe allegarse alguna prueba puesto que el artículo 64 no lo prevé, (que exigió el artículo 54 CPC), es forzoso concluir que sí es necesario acreditar prueba sobre la existencia de la relación sustancial que le permite legitimarse para peticionar el llamamiento en garantía. Acompañará a la petición por ejemplo, la póliza de seguros, la 50 escritura de compraventa del inmueble y en general la relación sustancial que lo vincula con el llamado. - Nutre el objeto de litigio. Es natural que el llamado en garantía aporta al proceso pretensiones (si lo vincula el demandante) o excepciones de mérito (si lo vincula el demandado). Es evidente que pueda ejercer estos actos puesto que la sentencia que dicte el juez lo vincula, pudiendo condenarlo o absolverlo según cada caso. De tal suerte que siendo llamado por el demandado podrá ejercer derecho de defensa, solicitando como es natural las pruebas que pretenda hacer valer. - Puede disponer del derecho en litigio. Como el llamado en garantía debe asistir a la audiencia inicial, puede perfectamente conciliar en esa audiencia, o también conciliar extrajudicialmente, como igualmente podrá transigir o desistir. - La sentencia lo vincula con efectos de cosa juzgada. En la medida de que el llamado en garantía se notifique del auto que lo cita dentro del término de los seis (6) meses siguientes, la sentencia que se profiera produce efectos contra él, bien sea imponiéndole condena o absolviéndolo según como se manifiesten las pruebas. En caso de que pasado el término indicado (6 meses) no se haya notificado, el llamamiento queda ineficaz como radicalmente lo manifiesta el artículo 66, y consecuencia de esto la sentencia no lo vinculará

TRAMITE DEL LLAMAMIENTO EN GARANTIA. Si el juez admite el llamamiento el auto que lo cita deberá notificársele personalmente, para que ejerza los actos propios de parte en el proceso. Notificación al llamado. La notificación al llamado debe ser personalmente y en subsidio por aviso, bajo las directrices de los artículos 291 y 292 CGP. El artículo 66 CGP agrega que para que el llamamiento sea eficaz y el citado quede vinculado en sentencia, debe notificársele dentro de los 6 meses siguientes (entiéndase del auto que lo cita), pero en nada se manifiesta la norma si entre tanto 51 se suspende o no el proceso. Recordemos que con el CPC el término para citarlo no podía exceder de 90 días (con el CGP no podrá ser superior a 6 meses) quedando suspendido el proceso hasta cuando se le notifique y si ello no ocurrió en los 90 días, se reanuda siendo ineficaz el llamamiento. El nuevo estatuto procesal adoptó en meses el término para la notificación al llamado, lo que significa que corre calendario. ¿Debe o no suspenderse el proceso? Aunque las disposiciones que regulan el llamamiento en garantía no se manifiestan con respecto a la suspensión del proceso mientras es citado el llamado, debemos admitir que puede generarse una suspensión, puesto que no tiene sentido de que a pesar de haberse admitido el llamamiento, prosiga el trámite del proceso incluso celebrando la audiencia inicial, si con posterioridad a la misma y estando dentro de los 6 meses es notificado el llamado, quien contesta demanda pidiendo pruebas, lo que implica reversar la actuación. Lo lógico es que el proceso no tenga actuación hasta cuando se notifique al llamado, pero si pasaron 6 meses sin que ello haya ocurrido, se continuará su trámite siendo por tanto ineficaz el llamamiento. No obstante, puede el juez aplicar el numeral 1 del artículo 317 del CGP, instando al llamante a que efectúe la notificación, a riesgo de que se considere desistido tácitamente el llamamiento en garantía. Actos procesales del llamado. Una vez notificado el llamado, se le concede el término de la demanda inicial. En esto hay una clara diferencia con respecto a lo que había dispuesto el CPC, en el cual el término para contestar era de 5 días (no era por tanto el término de la demanda inicial). Resulta ser más garantista e igualitario, que al llamado se le conceda el término de la demanda inicial, pues si el proceso es verbal, tendrá 20 días para ejercer sus actos pidiendo pruebas, y si lo es en verbal sumario, el término será de 10 días. Dentro del término concedido al llamado, podrá en un solo escrito contestar la demanda y el llamamiento que le hacen. Si contesta la demanda puede proponer excepciones de mérito con la consecuente petición de pruebas, las que también podrá pedir si se opone al llamamiento. 52 Otra actuación que puede ejercer el citado y notificado en tiempo, es llamar a su vez en garantía para convocar al nuevo llamado. Como adelante se expondrá a manera de ejemplo, es posible que quien fue llamado por su parte también llame en garantía lo cual autoriza el inciso final del artículo 65 CGP. Este proceder del convocado no excluye las otras actuaciones, cuales son contestar demanda y/o contestar el llamamiento que le hicieron, pues junto con aquellas puede a su vez llamar en garantía. En este caso, si el juez admite al nuevo llamado, deberá ser notificado personalmente dentro del mismo término de los 6 meses que inicialmente se dispuso para notificar al llamado por iniciativa de la parte original, es decir que si la entidad demandada (una clínica) en el proceso declarativo oportunamente llama en garantía al médico que practicó la intervención quirúrgica, y el juez en auto notificado en estado del 10 de Marzo admite el llamamiento y dispone notificar al llamado (médico), se tendrán 6 meses para notificarlo (los 6 meses se cumplen el 10 de Septiembre). En el supuesto de que el día 15 de Abril el médico fue notificado del auto que admitió el llamamiento, podrá en el término del traslado de la demanda inicial, llamar a su vez en garantía a una aseguradora, a lo cual el juez se pronunciará, y si admite este nuevo llamamiento, será eficaz su vinculación si se notifica a la aseguradora a más tardar el 10 de Septiembre, pues en tal fecha se cumplen los 6 meses iniciales. Significa lo anterior, que no vuelven a correr 6 meses completos para notificar al nuevo llamado. EJEMPLO: RICARDO propietario de un apartamento que sufre daños como consecuencia de una construcción en el lote colindante, demanda a la constructora para que sea condenada al pago de los perjuicios causados a su inmueble. La constructora en el término de traslado no solo contesta la demanda, sino que llama en garantía a la Compañía de Seguros para que responda por los perjuicios reclamados por Ricardo. Notificada la aseguradora, puede contestar la demanda que promovió Ricardo, proponiendo excepciones de mérito (ejemplo prescripción –si demanda después de 10 años desde cuando se construyó- , o deficiencia en la construcción del inmueble del demandante) y solicitando pruebas. A la vez puede contestar el llamamiento oponiéndose a responder porque la póliza no ampara los daños pedidos en demanda. EJEMPLO: RICARDO traspasó a título de venta un lote de terreno a favor de MIGUEL, a quien no solo le suscribió la escritura pública de compraventa sino que también le hizo entrega material. Más adelante HERNANDO demanda a MIGUEL para que le restituya la posesión del lote, pues el accionante fue despojado de la 53 misma. Notificado MIGUEL como demandado llama en garantía (lo que antes se trataba como denuncia del pleito) a RICARDO, su vendedor, para que le responda pues debe garantizarle la pacífica posesión a su comprador. El llamado en garantía puede contestar la demanda oponiéndose con excepciones de mérito (inexistencia de la posesión alegada pues Hernando era un administrador que tenía en el predio y por lo mismo nunca fue un poseedor) o también podrá contestar el llamamiento, oponiéndose a responder, si por ejemplo cuando entregó el predio no habían poseedores y HERNANDO que ejerce la acción posesoria alega hechos constitutivos de posesión originados con posterioridad a la fecha en que le hizo entrega material del lote a su comprador y ahora demandado.

LLAMAMIENTO AL POSEEDOR O TENEDOR. Art. 67 Dispone el artículo 67 del Código General del Proceso esta modalidad de intervención de parte, que recoge en buena medida la norma que lo reguló en el Código de Procedimiento Civil (Art. 59), aunque existen algunas diferencias a las cuales se hará alusión primeramente:

· Si se demanda a una persona en calidad de poseedor sin serlo, y guarda silencio sobre quién es el verdadero poseedor, no solamente será condenado a pagar los perjuicios que tal conducta le cause al demandante, sino que también se le impondrá una multa entre 15 y 30 salarios mínimos legales mensuales. El nuevo ordenamiento procesal es más drástico cuando hay silencio del demandado, debido a que tal omisión es una conducta desleal en detrimento del accionante, lo cual permite que se le imponga condena a título de perjuicios y a título de multa, mientras que en el anterior estatuto procedimental no se impone multa, sino que la condena se limita a los perjuicios.

· No se señala un término para notificar al poseedor o tenedor que es llamado por el demandado original. Analizado el artículo 67 del CGP, cuando el juez acepta el llamamiento deberá ordenar que se notifique el poseedor, y en su caso, al tenedor designado, sin manifestarse el término que se tiene para notificarlo a fin de que no resulte ineficaz el llamamiento. Si comparamos esta disposición con el artículo 59 del CPC, se advierte que en el anterior estatuto (el CPC) cuando el juez ordena citar al poseedor designado se aplican las reglas de la denuncia del pleito (entiéndase ahora llamamiento 54 en garantía), remisión que implica que si la notificación no se hace en el término de 90 días –el que dispuso el CPC- queda ineficaz el llamamiento. ¿Qué tratamiento debe darse en el esquema del CGP? Podría derivarse en una de estas posibles soluciones: (i) Que por analogía y siendo el tratamiento que históricamente se tuvo, se tendrá 6 meses para notificar al poseedor designado, so pena de que se considere ineficaz el llamamiento; o (ii) Requerir al demandado para notificar al poseedor designado, en aplicación al numeral primero del artículo 317 del CGP, a riesgo de que se considere desistido tácitamente el llamamiento hecho. Esta coparte se caracteriza en lo siguiente: - Su intervención es forzada. Como en efecto lo dispone el inciso inicial del artículo 67 CGP, el demandado que tiene la cosa a nombre de otro, deberá llamar a quien posee para que intervenga en el proceso. - Oportunidad para hacer el llamamiento. En el término del traslado de la demanda deberá designar quien es el poseedor, o en su caso el tenedor. - Nutre el objeto de litigio. Toda vez que cuando se le notifica personalmente la citación que se le hace, podrá contestar la demanda con proposición de excepciones y petición de pruebas. - Puede disponer del derecho en litigio. Como asume la calidad de parte demandada en el proceso, es evidente que pueda conciliar, transigir, desistir o ejercer otro acto de disposición. - La sentencia lo vincula con efectos de cosa juzgada. Siempre que sea citado oportunamente, admita o no la calidad de poseedor o tenedor, quedará vinculado en la sentencia, bien condenándolo o absolviéndolo de las pretensiones de la demanda.

TRAMITE DEL LLAMAMIENTO AL POSEEDOR O TENEDOR. Una vez se notifica del auto admisorio de la demanda al presunto poseedor, éste durante el traslado deberá manifestar que ocupa el bien por cuenta de otro quien es en realidad el poseedor, caso en el cual además de expresar su nombre indicará el lugar donde pueda ser notificado. Cumplido lo anterior el juez ordena notificar personalmente y en subsidio por aviso, al poseedor designado. El Código no precisa qué término tiene el citado a 55 quien se le atribuye la calidad de poseedor, para reconocer o negar tal condición. A diferencia del CPC, el nuevo estatuto no se manifiesta sobre este punto, como sí lo trató el código anterior, cuando remitió el trámite al previsto para la denuncia del pleito (hoy llamamiento en garantía), el cual dispuso que el convocado tiene 5 días para contestar el llamamiento que le hacen. Si tenemos en cuenta que con el nuevo Código General del Proceso el llamado podrá contestar dentro del término señalado para la demanda inicial, se podría pensar que el mismo tratamiento debe darse para el llamamiento al poseedor. Lo cierto es que si el citado comparece y reconoce ser el poseedor, el juez en providencia que se le notifica por estado ordena correrle traslado de la demanda, como lo preceptúa el inciso segundo del artículo 67 del CGP. Actitudes del llamado. La persona de quien se afirma ser el poseedor de acuerdo al llamamiento que hace el demandado, una vez ha sido notificado del auto que lo cita, puede optar por una de estas conductas: - Admite ser el poseedor. En este caso asume plenamente la calidad de demandado, desplazando al que originalmente fue demandado. Como es natural, ejercerá los actos propios de parte demandada, contestando demanda. - Niega la calidad de poseedor. El proceso continúa sin que el demandado original quede excluido del proceso, y la sentencia que se dicte produce efectos en contra del demandado y del llamado que negó ser el poseedor, es decir, que de acuerdo con las pruebas el juez resuelve pudiendo condenar a cualquiera de ellos, a la entrega del bien litigioso si así lo acreditan los medios probatorios. - No comparece. Se aplican las mismas consecuencias que se acaban de exponer, produciendo efectos la sentencia contra el demandado inicial y el llamado. EJEMPLO: JOSE presenta demanda reivindicatoria en contra de JOAQUIN a quien le atribuye la posesión del predio objeto de la demanda, cuando éste se notifica del auto admisorio, durante su traslado manifiesta que el predio lo administra de acuerdo a contrato que le hizo EDGAR quien en realidad es el poseedor del mismo. 56 El juez ordena notificar a EDGAR y éste no comparece, o por el contrario, niega ser el poseedor o admite serlo. En las dos primeras eventualidades (no compareció o negó ser el poseedor) el proceso continúa y la sentencia que se dicte podrá condenar a JOAQUIN o a EDGAR (según las pruebas) a que entregue el bien y demás pronunciamientos que deba hacer. En la última hipótesis, por haber admitido ser el poseedor, queda por fuera del proceso JOAQUIN, y asume la calidad de demandado EDGAR, a quien se le ordenará mediante auto notificado por estado, que se le corra el traslado de la demanda, pudiendo como es obvio contestar la misma. 3.4 TERCEROS. Son verdaderos terceros el coadyuvante y el llamado de oficio, que como atrás se dijo, el Código General del Proceso en capítulos separados al de los litisconsorcios y otras partes, los desarrolla. En efecto los artículos 71 y 72 del nuevo ordenamiento conforman el capítulo III del título único de la sección segunda del libro primero del CGP, y ellos tratan la intervención de terceros.

COADYUVANCIA. Art. 71 El Código de Procedimiento Civil dedicó el artículo 52 a dos intervenciones, siendo ambas muy distintas, de un lado a la coadyuvancia, conocida también como intervención adhesiva, y de otro lado al litisconsorcio cuasi necesario. El nuevo estatuto procesal de manera más ordenada reglamenta esas dos intervenciones en distintas normas, y destina el artículo 71 a la coadyuvancia, manteniendo en esencia lo que para esta intervención previó el anterior ordenamiento procesal. El coadyuvante es un tercero precario, puesto que su intervención que naturalmente se limita para los procesos declarativos, consiste en colaborarle a la parte que coadyuva, ejerciendo actuaciones procesales que le puedan servir para que obtenga una sentencia favorable, pues si es vencida se puede ver perjudicado con la decisión, no obstante que los efectos de la sentencia no se extienden para dicho tercero.

Características. - Su intervención es voluntaria. Puede pedir autorización para que intervenga, precisando a cuál de las partes pretende coadyuvar (si al demandante o al demandado), las razones que lo impulsan a intervenir y acompañará las pruebas documentales pertinentes. - Oportunidad. La intervención puede solicitarse en cualquier momento mientras no se haya dictado sentencia definitiva, es decir que incluso en segunda instancia puede el tercero coadyuvar a cualquiera de las partes. Admitida la intervención recibe el proceso en el estado en que lo encuentra. - No nutre el objeto de litigio. El objeto de litigio le pertenece a la parte coadyuvada, mas no al coadyuvante, como consecuencia no podrá llevar pretensiones ni excepciones, puesto que su intervención se limita a ejercer los actos procesales que se le permite a la parte a quien le colabora, “(…) en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio.”, como lo asevera el inciso segundo del artículo 71. Acorde con la transcripción anterior, el coadyuvante podrá intervenir en la práctica de pruebas, alegar nulidades procesales, exponer alegatos de conclusión, interponer recursos, siempre que tales actuaciones sean beneficiosas para la parte coadyuvada. No obstante las actuaciones que le permite la ley, el coadyuvado podrá limitárselas, y ese es el sentido de lo preceptuado en la parte final del inciso segundo del artículo 71 CGP, cuando dice: “en cuanto no estén en oposición con los de esta…”, norma que se complementa con el inciso segundo del artículo 320 CGP que en materia de recurso de apelación autoriza al coadyuvante para impugnar teniendo en cuenta el inciso segundo del artículo 71, es decir que el coadyuvado no se oponga. Si por algún motivo el coadyuvante pide intervenir antes de que surta el traslado de la demanda, tal solicitud se resolverá una vez se efectúe dicho traslado. - No puede disponer del derecho en litigio. Naturalmente que si la pretensión no le pertenece, mal podrá conciliarla, transigirla o disponer por otro medio de ella. 58 - La sentencia que se profiera no lo vincula. Por las mismas razones de las características anteriores, la sentencia que dicte el juez no le es vinculante, la cosa juzgada que se deriva de ella no se extiende para el coadyuvante, pero el resultado del fallo le puede afectar si el coadyuvado es vencido. EJEMPLO: MANUEL presenta demanda de responsabilidad civil extracontractual en contra de ENRIQUE para que se le condene al pago de los perjuicios causados. Por su parte, Manuel en negocio independiente le suscribió un pagaré a LEONARDO que ya está exigible pero que no le ha cancelado. Como Leonardo tiene conocimiento del proceso declarativo que ha promovido Manuel (su deudor), solicita intervenir como coadyuvante del demandante (toda vez que si su deudor obtiene sentencia favorable, puede tener expectativas de pago, las cuales no se generan si al contrario, la sentencia le es adversa), petición que el juez decide de plano admitiendo la intervención. Debido a que para ese momento ya se había celebrado la audiencia inicial, y estaba pendiente de llevar a cabo las actuaciones de la audiencia de instrucción y juzgamiento, en esta última puede Leonardo (coadyuvante de Manuel) intervenir durante la práctica de la pruebas, interrogando testigos o peritos que deben declarar en esa audiencia, como igualmente podrá exponer alegatos de conclusión, y también apelar la sentencia si ella es adversa para su coadyuvado. Puede ocurrir que Manuel no le permita interrogar a los testigos, puesto que no quiere que su estrategia probatoria pueda afectarse con un mal interrogatorio que haga el coadyuvante, frente a lo cual el juez no le permitirá que interrogue. Podría acontecer, que si la sentencia es adversa para Manuel, porque el demandado acreditó un eximente de responsabilidad cuya prueba es contundente, el coadyuvado no le permita apelar para evitar que se le condene a las costas en segunda instancia ante una probable confirmación de la sentencia.

LLAMAMIENTO DE OFICIO.
 Art. 72 Esta intervención que procede por la iniciativa del juez (de allí su denominación) mantiene los parámetros que dispuso el artículo 58 del CPC, con la salvedad de que no habrá suspensión del proceso, toda vez que siendo un tercero que a pesar de ser citado por el juez, puede que comparezca o no al proceso como se verá más adelante. Si el juez intuye un fraude o colusión, por iniciativa propia ejerciendo sus poderes inquisitivos, ordenará citar a la persona que considere pueda resultar afectada con 59 la sentencia que dicte, lo cual dispondrá en cualquier etapa del proceso, a fin de que el tercero a quien convoca ejerza sus derechos, pudiendo oportunamente solicitar pruebas que permitan impedir la sentencia que buscan las partes, si en realidad es cierta la sospecha del juez. Características. - Su intervención puede ser forzada y a la vez voluntaria. Podría admitirse que es forzada debido a que el juez por medio de auto oficiosamente cita al tercero que considera pueda afectarse por el fraude o colusión con que actúan las partes. Pero igualmente es voluntaria en cuanto a que a pesar de estar citado, puede o no comparecer, y no obstante la citación que le fue hecha la sentencia no le impone condenas en el proceso. - Oportunidad para ser llamado. El tercero a quien cita el juez puede ser llamado en cualquier momento mientras no se haya dictado sentencia que le ponga fin al proceso. Significa lo anterior que si el proceso es de única instancia, el juez del conocimiento lo podrá citar antes de que dicte su sentencia, y si el proceso es de doble instancia, puede citarse antes de la sentencia de primera instancia (caso en que lo cita el a quo) o la de segunda instancia (caso en que lo cita el ad quem). Es por ello que el artículo 72 del Código General del Proceso empieza diciendo: “Llamamiento de oficio. En cualquiera de las instancias, siempre que el juez advierta colusión, fraude o cualquier otra situación similar en el proceso, ordenará la citación de las personas que pueda resultar perjudicadas, para que hagan valer sus derechos.” - No nutre el objeto de litigio. No puede enriquecer la relación jurídico procesal, por cuanto no lleva pretensiones ni excepciones, circunstancia que le da tratamiento de tercero, y mal podría en segunda instancia, cuando allí es citado, alegar una excepción de mérito, si al fin y al cabo existe ya sentencia del a quo. Aunque no pueda nutrir el objeto litigioso, ello no obsta para que haga peticiones tendientes a hacer valer sus derechos como claramente lo dispone la norma, de lo contrario su convocatoria sería inocua, sin sentido alguno. - Puede solicitar pruebas. Preceptúa el inciso final del artículo 72 del Código General del Proceso: “El citado podrá solicitar pruebas si interviene antes de 60 la audiencia de instrucción y juzgamiento”. Implica lo anterior, que si la audiencia del artículo 373 del CGP ya se ha promovido, el llamado de oficio puede presentarse en ella, pero no podrá solicitar pruebas, aunque sí ejercerá actuaciones en defensa de sus derechos. Ello no es óbice para que el juez no obstante la extemporaneidad para solicitar pruebas, las decrete de oficio, puesto que este deber del juez subsiste mientras no haya dictado sentencia, incluso para el de la segunda instancia. - No puede disponer del derecho en litigio. Como la pretensión y las excepciones le pertenecen a las partes, mal puede el tercero que interviene por haber sido llamado de oficio, conciliar, transigir, desistir, y en general ejercer actos de disposición. - La sentencia que se profiera no lo vincula. Las decisiones adoptadas en la sentencia que dicta el juez no se extienden para el llamado, por ello sus efectos no lo vinculan. EJEMPLO: GUSTAVO contrajo matrimonio con LUCILA, y en vigencia la sociedad conyugal, aquel le compra a FELIPE un inmueble. Más adelante FELIPE presenta una demanda en contra de GUSTAVO para que se declare la simulación de la venta referida. El juez civil que conoce el proceso, lo está adelantando y en el curso del mismo advierte que puede verse afectada LUCILA si acoge la pretensión, toda vez que no encuentra clara la simulación alegada. (Recordemos que al haberse adquirido el inmueble a título oneroso estando vigente la sociedad conyugal, el bien es social y no propio de Gustavo, de allí que Lucila puede resultar perjudicada). Citada Lucila queda enterada del proceso, y ella libremente decide si interviene o no lo hace. Entre tanto el proceso continúa su trámite, pero si Lucila se presenta antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento podrá solicitar las pruebas pertinentes, dirigidas a evitar el decreto de la simulación, pues está en condiciones de comprobar que le compraventa del inmueble fue real, y ejercerá en adelante los actos procesales para proteger sus derechos.

PROCESOS EN QUE NO SE PERMITEN LAS INTERVENCIONES. Con respecto a los sujetos procesales a que se refiere esta unidad, es necesario acotar que salvo los litisconsorcios en sus tres modalidades, los demás sujetos (otras partes y terceros) tienen ciertas restricciones, es decir, que de acuerdo con determinadas normas procesales no pueden intervenir en determinados procesos. 61 Para mayor claridad, se trata por separado las restricciones como a continuación se hace:
PROCESOS EJECUTIVOS. Para esta clase de procesos no son admisibles las intervenciones del excluyente, llamamiento en garantía, llamamiento al poseedor o tenedor, llamamiento de oficio ni coadyuvancia, por cuanto tales sujetos son permitidos en los procesos declarativos, dada la naturaleza de los procesos de ejecución que suponen derechos ciertos e indiscutibles reflejados en el título ejecutivo, lo cual hace incompatible estas intervenciones.
 PROCESOS DE RESTITUCION DE INMUEBLE ARRENDADO. Acorde con el numeral 6 del artículo 384 del Código General del Proceso, para el proceso declarativo de restitución de inmueble arrendado es inadmisible la intervención excluyente y la coadyuvancia, peticiones que serán rechazadas de plano.
PROCESOS MONITORIOS. El parágrafo del artículo 421 del Código General del Proceso dispone que para estos asuntos no se admite la intervención de terceros, lo cual es consecuente con la finalidad del proceso monitorio, pues este busca la constitución de un título ejecutivo cuando existen obligaciones dinerarias derivadas de un contrato, las cuales están vencidas pero no provistas de título ejecutivo. ap Actividades pedagógicas ¿Si un deudor solidario admite un hecho que causa perjuicio y el otro deudor niega el hecho, que tratamiento adopta Ud. frente a dichas declaraciones, teniendo en cuenta que son litisconsortes cuasinecesarios? ¿Si admite un llamamiento en garantía por solicitud del 62 demandado debe o no suspenderse el proceso teniendo en cuenta que la nueva disposición (art. 66 CGP) no se pronuncia sobre el particular? ¿Admitido el llamamiento en garantía, a partir de qué momento empieza a correr el año para dictar la sentencia? ¿Si en proceso de ejecución, se acumula demanda ejecutivo instaurada por otro acreedor, y el demandante inicial le pide que cita al nuevo acreedor para interrogatorio de parte, cómo debe resolverse tal petición? Ae Autoevaluación CASO: RUBEN celebró contrato de arrendamiento en el año 2.000 con MARIO, FELIPE Y MANUELA, quienes son los coarrendatarios. Dicho contrato se ha estado prorrogando hasta la fecha. La demanda fue presentada en vigencia del CGP solo contra MARIO, quien contestó la misma. El A QUO dicta sentencia que fue apelada, y se remite el expediente al superior. Pregunta, De acuerdo a la clase de litisconsorcio, debe el juez o jueza decretar la nulidad de la sentencia? CASO: DARIO presenta demanda declarativa en contra de una clínica privada, para que se condene a los perjuicios causados por negligencia médica. La entidad demandada llama en garantía al médico Dr. Iván Salgado a lo cual accede el juez del conocimiento. El llamado desea a su vez llamar en garantía a una aseguradora. Preguntas, 63 1.- ¿Debe el juez suspender el proceso mientras se cita al médico que fue llamado en garantía, no obstante la omisión de la norma sobre el particular? 2.- ¿Si no es posible la suspensión del proceso, cómo procede Ud. en calidad de juez o jueza? 3.- ¿Accede al nuevo llamamiento que hace el médico que fue citado, y en caso afirmativo cómo se procede frente a este nuevo llamamiento.


 DEMANDA Y CONTESTACION
 DEMANDA o Objetivo general • Identificar la importancia en los actos introductorios del proceso y sus efectos trascendentales, como actuaciones escritas que preceden a la oralidad, que cumplen razones importantes para el futuro del proceso.  Inspirado en el esquema dispositivo, los procesos civiles se inician con demanda de parte, para de esta manera ejercitarse el derecho de acción. Toda demanda debe contener unos requisitos formales, y cada uno de que ellos cumplen propósitos como se expondrá. Este acto procesal que da nacimiento al proceso, cumple entre otros objetivos los siguientes:

· Determina la congruencia de la sentencia, por cuanto el juez se limita a resolver las pretensiones aducidas en la demanda, sin salirse de la causa (los hechos) en que aquellas se fundamentan.

· Interrumpe los términos de prescripción en la fecha en que se presenta la demanda, siempre que el demandado o ejecutado se notifique dentro del término que señala el artículo 94 del Código General del Proceso.
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REQUISITOS DE LA DEMANDA.

La designación del juez a quien se dirija. Acorde a las reglas de competencia y los factores que la determinan, la demanda se dirige según la cuantía, al juez bien sea civil municipal o del circuito, del lugar territorial cuyos criterios se encuentran desarrollados en el artículo 28 del CGP.
Nombre y domicilio de las partes. Para determinar quiénes quedan vinculados en la sentencia, debe precisarse el nombre tanto del demandante como del demandado, como también el domicilio de ellas, agregando el número de identificación tanto del demandante como del demandado, siempre que se conozca el de éste último. La identificación que resulta novedosa con respecto al Código de Procedimiento Civil, cumple como objetivo el de evitar confusiones con personas homónimas, que puedan generar más adelante irregularidades que obliguen a repetir la actuación. En caso de que las partes o una de ellas, sea persona jurídica o un patrimonio autónomo se manifestará el número de identificación tributaria. 66 Agrega el numeral 2 del artículo 82 CGP que si una de las partes no puede comparecer por sí misma por ser una persona incapaz, deberá acudir a través de su representante legal, caso en el cual se precisará su nombre, domicilio e identificación.
3 Nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso. Salvo las excepciones previstas en el Estatuto de la Abogacía (Decreto 196 de 1.971), las partes deberán actuar por conducto de apoderado, pues intervenir sin la representación judicial además de generar la inadmisión de la demanda, propicia nulidad procesal por carencia absoluta del poder.
4 Las pretensiones. Es la petición concreta que será resuelta en la sentencia. Forma parte del objeto de litigio y limita al juez en sus decisiones, toda vez que forma parte integrante de la congruencia. Acumulación de pretensiones. Propio de economía procesal, pueden acumularse varias pretensiones en la misma demanda en contra del demandado, si concurren los 3 requisitos que impone el artículo 88 del CGP:
· Que el juez sea competente para conocer de ellas, sin tener en cuenta la cuantía. Es decir que las varias pretensiones deban ser conocidas por un juez civil, pues solo así será el mismo juez competente para conocer de ellas. No puede acumularse a una pretensión indemnizatoria por responsabilidad civil, otra que condene al pago de salarios, pues esta última es del resorte de la jurisdicción laboral. Siendo las pretensiones acumuladas de competencia de un juez civil, no importa la cuantía, pues habiendo una de mayor cuantía, éste conocerá de otra aunque la cuantía sea menor.
· Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principal y subsidiaria. No puede haber pretensiones excluyentes si ambas son principales, pero en aras de evitar otro proceso, puede acumularse otra pretensión como subsidiaria. Así por ejemplo, si con respecto a la celebración de un contrato se puede advertir que hay incumplimiento y también un vicio en el consentimiento, puede el accionante proponer como pretensión principal la resolución del contrato y como pretensión subsidiaria la nulidad del mismo, caso en el cual el juez cuando dicte la sentencia, resuelve la resolución como pretensión principal que se formuló, y si ella es reconocida, no decide la pretensión subsidiaria, pero si por el contrario, la resolución fue negada, deberá decidir la nulidad como pretensión subsidiaria, puesto que esa fue la razón de acumularla de esta forma.
· Que se tramiten por el mismo procedimiento. Para que el proceso siga el orden cronológico establecido por el legislador, es necesario que las pretensiones acumuladas se tramiten por el mismo procedimiento, es decir que no se puede acumular a una pretensión de trámite verbal sumario, otra que sea de trámite verbal, aunque ambas sean de naturaleza declarativa, puesto que el procedimiento es diferente para una y para otra. Mucho menos puede acumularse a una pretensión declarativa otra que lo sea ejecutiva, ni viceversa. Para acumular esas varias pretensiones, además de la concurrencia de los requisitos anteriores, deben ellas provenir de unos mismos hechos, o versar sobre el mismo objeto, o que se sirvan de las mismas pruebas, o finalmente que una dependa de la otra, pues de lo contrario no podrían resolverse todas en una misma sentencia.
5 Los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones. Los hechos estructuran el tema de prueba, pues son aquellos que serán investigados y sujetos a su acreditación. Ellos forman parte del principio de congruencia, puesto que el juez queda limitado a resolver sin salirse de ellos, como lo dispone el artículo 281 del Código General del Proceso. 68 Este requisito de la demanda se constituye en esencial por cuanto en la audiencia inicial, la fijación del litigo que el juez hará, se centra a la identificación de los hechos trascendentales en que hay desacuerdo entre las partes, como adelante se hará alusión. Dice el numeral 5 del artículo 82, que los hechos deben estar “debidamente determinados, clasificados y numerados”, como consecuencia el accionante los redactará en forma tal que el juez asimile las razones que lo llevan a demandar, siendo importante que además se hayan manifestado de manera cronológica.
6 Las pruebas que pretende hacer valer. De acuerdo con las reglas sobre la carga probatoria que desarrolla el artículo 167 del Código General del Proceso, naturalmente que el demandante aportará los documentos que tenga y pedirá las pruebas que resulten pertinentes y útiles, para demostrar los hechos que le corresponde probar. Agrega el numeral 6 que si el demandado tiene en su poder pruebas documentales, solicitará que las incorpore al proceso. Es importante agregar que si por algún motivo para el momento en que se presenta la demanda, se han practicado pruebas extraprocesales (anticipatorias al proceso) el demandante las deberá aportar. Art. 84.3 CGP
7 El juramento estimatorio, cuando sea necesario. Siendo este medio de prueba de carácter obligatorio cuando se reclamen perjuicios, mejoras, frutos o compensaciones, la cuantía de tales pedimentos deberá hacerse con juramento estimatorio, so pena de ser inadmitida la demanda. Desde la ley 1395 de 2.010, el juramento estimatorio se erigió como la prueba del monto pretendido por los conceptos indicados, lo cual se constituyó en exigencia para el demandante, el Código General del Proceso lo incorporó dentro de los requisitos de la demanda, como claramente lo establece el numeral 7 del artículo 82. El juramento estimatorio, cumple objetivos de lealtad y trasparencia en el reclamo de la cuantía, para evitar como acontecía en el pasado, que se cuantificaban reclamos por perjuicios en sumas exorbitantes y desproporcionadas a las que en 69 realidad se tenían derecho, sin ninguna consecuencia procesal. El juramento estimatorio ata al peticionario a las sanciones establecidas en el artículo 206 del CGP, si la suma reclamada excede la probada en el porcentaje que dicho precepto indica. En procesos de responsabilidad civil contractual o extracontractual, las cuantías de los perjuicios deberán estimarse con juramento. En procesos divisorios en que el demandante reclama las mejoras hechas, la cuantía de estas deberá estimarse con juramento. En proceso de acción reivindicatoria con condena al pago de frutos, las cuantías de estos deberán estimarse con juramento.
8 Los fundamentos de derecho. Requisito de la demanda que cumple fines necesarios para identificar la normatividad, o al menos, la más aplicable al caso en particular, es el de hacer referencia a dichas normas, en las cuales basa el actor su pretensión.
9 La cuantía, cuando sea necesaria. Si la pretensión es eminentemente extrapatrimonial, como es obvio no se cumple con este requisito. Las controversias que aparecen en los numerales del artículo 390 del Código General del Proceso, no obligan al requisito de la cuantía, y ellas por su naturaleza serán de trámite verbal sumario. Otras pretensiones extrapatrimoniales que no se encuentren enlistadas en el artículo 390 asumirán el procedimiento verbal, como acontece por ejemplo con el divorcio contencioso, o la filiación. En tratándose de pretensiones de contenido patrimonial, deberá indicarse la cuantía, pues esta implica que el trámite sea verbal o verbal sumario, y además constituye directriz para saber qué juez es el competente, si uno de rango municipal u otro de rango circuito. El artículo 26 del Código General del Proceso señala las directrices para determinar la cuantía, destacando que cuando el objeto de litigio fuere un inmueble, su cuantía se determina por el avalúo catastral, que se acompaña como anexo a la demanda.
10 La dirección donde las partes, representantes y apoderado del demandante recibe notificaciones.  Esa dirección es tanto física como electrónica, y desempeña funciones importantes como entre otras las siguientes:
· Es el lugar a donde se remite la citación y en su caso el aviso para notificar al demandado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo.
· Es el lugar a donde se notifica al poderdante con respecto a la renuncia del poder que su apoderado ha hecho.
· Es el lugar a donde el juez cita a apoderados y partes para audiencias, si así lo estima necesario.
11 La identificación completa del inmueble materia de litigio. Conforme al artículo 83 del Código General del Proceso, en aquellos procesos en que la demanda verse sobre inmueble, éste deberá identificarse por su ubicación, linderos actuales, nomenclatura y otras circunstancias que lo identifique, como la matrícula inmobiliaria. El nuevo estatuto reitera lo que dispuso la ley 794 de 2.003, en el sentido de que si en uno de los anexos acompañados a la demanda aparecen los linderos no es necesario reproducirlos en la demanda, lo que significa que si no obran en dichos anexos, habrá que manifestarlos en el libelo demandatorio. Son muchos los procesos en que la pretensión versa sobre un inmueble, tales como restitución de tenencia (arrendamiento, comodato, depósito), pertenencia, servidumbre, divisorio, expropiación, deslinde y amojonamiento, hipotecario, etc. En tales asuntos debe cumplirse con el requisito en estudio, pues debe quedar plenamente identificado el inmueble, en particular cuando se acoge la pretensión, para no confundir el predio litigioso con otro distinto.
12 Los demás que exija la ley. Suele acontecer que normas especiales exijan requisitos para el caso en particular, los cuales además de los atrás ya señaladas, deberán verse reflejados en la demanda. Podemos citar como ejemplos de este requisito los siguientes procesos:
· Restitución de inmueble arrendado.  En estas demanda debe precisarse la causal o causales en que se basa la pretensión, y si la misma es mora, debe indicarse desde qué fecha se encuentra en mora.
· Monitorio. El artículo 420 del Código General del Proceso especifica los requisitos para estas demandas.

DEMANDA CONTRA HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS
 El artículo 87 del Código General del Proceso que reemplaza al artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, adopta una posición similar tanto para procesos declarativos como para procesos ejecutivos, cuando la persona contra quien se pretende dirigir la demanda ha fallecido. En este caso la demanda habrá de dirigirse contra sus herederos, de acuerdo con las siguientes directrices:
· No se ha promovido proceso de sucesión. Si se ignoran los nombres de los herederos, la demanda deberá dirigirse contra los herederos indeterminados, caso en el cual se ordenará su emplazamiento en el auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, conforme a las reglas generales de emplazamientos que prevé el artículo 108 y que más adelante se explicará. Si se conocen algunos de los herederos, la demanda se dirigirá contra estos herederos (los conocidos) y contra los indeterminados. · Se ha promovido proceso de sucesión. La demanda se dirige contra los herederos reconocidos en el proceso de sucesión, contra los demás conocidos (aunque no estén reconocidos en el proceso sucesoral), contra los herederos indeterminados, contra el albacea con tenencia de bienes o el administrador de la herencia yacente (cuando haya lugar) y contra el cónyuge (si se trata de bienes o deudas sociales) 72 En los procesos ejecutivos (no para los declarativos) si sólo se encuentran demandados los herederos indeterminados, el juez debe designar un administrador provisional de los bienes de la herencia. Es importante acatar las directrices atrás indicadas, puesto que no hacerlo lleva a la causal de nulidad indicada en el numeral 8 del artículo 133 del CGP.

PRETENSIONES SOBRE PRESTACIONES PERIODICAS Particularmente cuando los procesos son ejecutivos, puede pretenderse el pago de prestaciones periódicas o por instalamentos, que el Código General del Proceso reglamenta en los artículos 88 y 431. En procesos por concepto del pago de alimentos, cuotas de administración, cánones de arrendamiento, cuotas por instalamentos en que no se estipuló cláusula aceleratoria, es procedente pretender no solo el pago de las cuotas que ya están vencidas, sino también el de las cuotas que se causan con posterioridad a la presentación de la demanda. El juez en el mandamiento de pago debe ordenar además del pago de las cuotas atrasadas, las que en lo sucesivo se sigan ocasionando, pero disponiendo que estas se paguen dentro de los 5 días siguientes a cada vencimiento. Constituye un claro desarrollo de economía procesal, pues con ello se evitan nuevas demandas o reformas a la misma, que implican un mayor desgaste procesal. EJEMPLO: PEDRO se obliga a cancelar a FELIPE la suma de $100.000.000.oo en veinte cuotas mensuales, iguales y sucesivas a razón de $5.000.000.oo cada una, a partir del 1 de Noviembre de 2.013. (No se estipuló cláusula aceleratoria). Para el mes de Mayo del año 2.014 el deudor sólo había cancelado la cuota del mes de Noviembre/13. En tal caso, para la fecha de presentación de la demanda hay seis (6) cuotas vencidas (entre Diciembre /13 y Mayo/14), por lo que se reclama el pago de las cuotas ya vencidas y el de las cuotas futuras, caso en que el juez ordena el pago de $30.000.000.oo (las cuotas vencidas) y en la misma providencia se ordena pagar las cuotas futuras dentro de los 5 días siguientes a cada vencimiento (la de junio en los 5 primeros días del mismo mes, la de julio en los 5 primeros días de ese mes, y así sucesivamente hasta completar la cuota número 20)

ADMISION, INADMISION Y RECHAZO DE LA DEMANDA Presentada la demanda, el juez a quien por reparto haya correspondido la misma deberá examinarla y procederá a dictar una de estas providencias: (i) la admite; (ii) la inadmite; o (iii) la rechaza.
1 ADMISION Si la demanda cumple los requisitos de ley, contiene los anexos pertinentes y el juez es el competente para conocer del asunto, deberá admitir la demanda, y allí mismo corrige las siguientes falencias:
· Dará el trámite que corresponda, aunque el demandante haya señalado uno inadecuado. · Integrará el litisconsorcio necesario, cuando no fue integrado en la demanda.
2 INADMISION Las causales de inadmisión están taxativamente señaladas en el artículo 90 del Código General del Proceso. Si el juez advierte varios motivos de inadmisión lo indicará en el mismo auto, para que en el término de 5 días el demandante corrija. Tales motivos de inadmisión son:
1 La demanda no cumple los requisitos formales. Debe la demanda cumplir los requisitos indicados en el artículo 82, y en su caso los del 83, y los especiales que para el caso indique la norma especial.
2 La demanda no contiene los anexos indicados por la ley. El artículo 84 especifica los anexos que debe contener la demanda y además debe adjuntarse la copia de la demanda para el archivo del juzgado, y tantas copias de ella y de sus anexos cuantas sean las personas a quienes deba correrse el traslado como lo enseña el artículo 89 del CGP
3 Cuando hay indebida acumulación de pretensiones. 74 Como ya se expuso, para acumular pretensiones deben concurrir los requisitos que indica el artículo 88 del Código General del Proceso.
4 Cuando el demandante es incapaz y no actúa por medio de su representante.
5 Cuando quien la formula no tiene derecho de postulación. La demanda debe estar suscrita por apoderado judicial, salvo los casos que exceptúa el estatuto de la abogacía.
6 Cuando no contiene el juramento estimatorio, siendo necesario. Dentro de los requisitos de la demanda, ya se dijo que el juramento estimatorio es imperativo hacerlo valer, como prueba de la cuantía de los perjuicios, mejoras, frutos o compensaciones que se reclaman.
7 Cuando no se acredite haber agotado la conciliación como requisito de procedibilidad. A partir de la ley 640 del año 2.001 se exigió intentar la conciliación antes de presentar la demanda para procesos declarativos de trámite ordinario o abreviado, so pena de ser rechazada de plano. Bajo las reglas del Código General del Proceso, no existen los procesos ordinarios ni abreviados, por lo que el artículo 621 reforma al artículo 38 de la ley 640 de 2.001 y la exige para los procesos declarativos. No obstante, a pesar de que el asunto sea de trámite declarativo, no se requiere en los siguientes casos:
· Procesos divisorios. (621)
· Procesos de expropiación. (621)
 
· Cuando se demande o cite a indeterminados. (621) -Demanda contra herederos indeterminados (87) -Demandas de pertenencia (375)
· Cuando se desconoce el domicilio del demandado.
· Cuando norma especial lo manifieste. -Demanda de restitución de inmueble arrendado (384.6) 75
· Cuando se autorizan medidas cautelares, y en la demanda se piden ellas. (590 Parágrafo 1)

RECHAZO El rechazo de plano de una demanda, obedece a los casos en que taxativamente señale la ley, y sobre el particular el artículo 90 del Código General del Proceso precisa los siguientes:
1 El juez carece de jurisdicción. Si la demanda en que se pretende la condena al pago de salarios y prestaciones sociales, se dirige al juez civil, éste la rechaza por ser de la jurisdicción laboral y la remite al juez laboral.
2 El juez carece de competencia. Cuando efectivamente la demanda se dirige al juez civil, pero territorialmente debe estar dirigida al juez de otra localidad, será rechazada y remitida al juez civil del territorio donde corresponda.
3 Caducidad. Si al presentarse la demanda ha vencido el término de caducidad, deberá ser rechazada, como sucede cuando se demanda la impugnación de actos de asamblea, junta directiva o de socios, y la demanda se presenta después de los 2 meses del acto impugnado. (Art. 382 CGP)
En procesos de pertenencia, cuando el bien es imprescriptible. El inciso segundo del numeral 2 del artículo 375 del Código General del Proceso, consagra esta importante novedad, que le permite al juez rechazar de plano la demanda y se advierte que el bien a usucapir es imprescriptible.

TRASLADO DE LA DEMANDA.  El artículo 91 del Código General del Proceso regula lo referente al traslado de la demanda, consistente en la manera como se le concede el término al demandado para que dentro de él ejercite su derecho de defensa. Teniendo en cuenta que el demandado se ha notificado del auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo, según el caso, el traslado de la demanda se surte en una de las siguientes formas:
 
· Si la notificación fue personal o por estado (cuando se permite), el término empieza a correr a partir del día siguiente a la notificación de la providencia, mediante entrega en medio físico o mensaje de datos, de copia de la demanda y de sus anexos.
· Si la notificación fue por conducta concluyente, por aviso o mediante comisionado, antes de que corra el término de traslado, el demandado tiene 3 días para solicitar en la secretaría del despacho que le sea suministrada la reproducción de la demanda y de sus anexos. Una vez vencidos los 3 días atrás indicados, (haya o no solicitado las reproducciones señaladas) comienzan a correr los términos tanto de ejecutoria como de traslado de la demanda, es decir, que una vez surtida la notificación por alguna de las modalidades aquí indicadas, a partir del día siguiente corren los 3 días para tramitar las reproducciones, y a continuación empiezan a correr tanto el término de ejecutoria como el del traslado. ¿A quién se concede el traslado de la demanda? Son cuatro las variables para responder este interrogante:
(i) al demandado;
 (ii) al representante legal del demandado;
 (iii) al apoderado judicial del demandado; (iv) al curador ad litem que representa al demandado.
AL DEMANDADO. Cuando se trata de una persona plenamente capaz a quien directamente se le notificó la providencia.
AL REPRESENTANTE LEGAL DEL DEMANDADO. Cuando el demandado es persona jurídica, patrimonio autónomo o persona natural pero incapaz.
AL APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDADO. Cuando el demandado ha conferido poder general o especial, y el apoderado se notifica a nombre de su poderdante. De acuerdo al artículo 77 del CGP el apoderado puede notificarse 77 aunque no haya la facultad expresa para ello, pues se trata de una facultad implícita que se deriva del poder.
AL CURADOR AD LITEM. Cuando se ignora el paradero del demandado y se le ha emplazado en la forma prescrita en el artículo 108 del CGP, el juez le designa curador ad litem a quien se le notifica la providencia respectiva.
RETIRO Y REFORMA DE LA DEMANDA El demandante tiene derecho a realizar algunas modificaciones a la demanda cuando esta ya fue presentada. La ley autoriza que la pueda retirar, sustituir o reformar, de acuerdo con las directrices señaladas en los artículos 92 y 93 del CGP
RETIRO DE LA DEMANDA Mientras no esté notificado ninguno de los demandados ni se hayan practicado medidas cautelares, puede retirarse la demanda sin necesidad de auto que lo autorice. Basta que objetivamente se observe que no se hayan cumplido con las actuaciones atrás señaladas para poderla retirar, suscribiendo como es natural el libro de radicación en señal de retiro. En caso de que ya se hubieren practicado medidas cautelares, si es necesario auto que autorice el retiro, pues se levantarán las medidas practicadas con la consecuente condena al pago de perjuicios que ellas hayan causado, salvo que las partes convengan otra cosa.
REFORMA DE LA DEMANDA EN PROCESOS DECLARATIVOS Cuando el proceso es declarativo, puede el demandante aclarar o reformar la demanda. La reforma no es admisible para los procesos verbales sumarios por expresa prohibición del artículo 392 inciso final. Para reformar la demanda se siguen las siguientes reglas:
- La reforma procede por una sola vez.  No puede el accionante cambiar los parámetros de su demanda, cuantas veces lo desee, se le permite que por única vez lleve a cabo la reforma.
 - La oportunidad es desde la presentación de la demanda hasta antes de que se señale fecha para audiencia inicial. A diferencia de lo que previó el Código de Procedimiento Civil, pues las variables en esa codificación fueron distintas (depende de si hay o no excepciones previas, como también si el proceso es declarativo o ejecutivo), el Código General del Proceso regula con más sencillez la oportunidad que se brinda para poder reformar la demanda. ¿Desde qué momento? Una vez fue presentada la demanda y no se quiere retirar, podrá ser reformada independientemente de si hay o no auto admisorio o mandamiento ejecutivo, y de haberlo no interesa si el demandado está o no notificado de dicha providencia. ¿Hasta qué momento? Hasta antes de que se dicte el auto que señale fecha para la audiencia inicial.
- Motivos para reformar la demanda. El numeral 1 del artículo 93 concreta las razones que permiten reformar la demanda, siendo todas ellas la base central de la misma, pues puede reformar por estos motivos:
- Alterar partes. Bien en el extremo activo, pasivo, o en ambos extremos. No se trata de modificar toda la parte, pues la demanda sería otra, es por ejemplo, agregar o excluir un demandante o un demandado. EJEMPLO: En responsabilidad civil extracontractual por accidente de tránsito se había demandado al conductor, y se reforma para incluir a la empresa trasportadora porque el vehículo causante del accidente es de servicio público.
- Alterar pretensiones. Puede incluirse o excluirse alguna de las pretensiones, pero no cambiar toda la pretensión por otras, puesto que se trata de una demanda distinta. EJEMPLO: Se demandó para la condena al pago de perjuicios materiales por actividad peligrosa, y se reforma la demanda para incluir la condena a perjuicios morales.
- Alterar hechos. Pueden incluirse hechos que inicialmente no se manifestaron en la demanda, para nutrir el tema de prueba sobre el cual el juez decida el conflicto. EJEMPLO: Se incluyen hechos que permiten acreditar un lucro cesante reclamado en el petitum de la demanda, que inicialmente no se habían manifestado.
- Pedir o allegar nuevas pruebas. Como en la demanda ya se habían solicitado pruebas, pudo suceder que se omitió solicitar alguna que resulta pertinente y útil, lo cual lleva a reformar la demanda para hacer la nueva prueba.
- Trámite de la reforma. A diferencia del CPC, el Código General del Proceso exige que la reforma de la demanda se presente de una vez integrada en un solo escrito. Ello significa que debe presentarse nuevamente la demanda excluyendo o incluyendo las partes, pretensiones, hechos o pruebas que le motivan reformarla. En caso de que la reforma se presente antes de que el demandado inicial se haya notificado del auto admisorio o del mandamiento ejecutivo, si el juez la encuentra viable, profiere el auto admisorio el cual será notificado al extremo pasivo de manera personal y el término del traslado será de 20 días (es proceso verbal). Si la reforma se presentó después de haberse notificado al demandado inicial, el auto que admite la reforma se le notificará por estado y el término para contestarla será la mitad del inicialmente señalado, es decir, 10 días, pero ellos correrán pasados 3 días, porque tiene derecho a retirar la copia de la demanda y sus anexos, pero si en la reforma se incluyen nuevos demandados, éstos serán notificados personalmente y el término para contestarla será el de la demanda inicial. EJEMPLO: En proceso de responsabilidad civil extracontractual en que se reclaman perjuicios causados en accidente de tránsito, se demandó inicialmente al conductor del vehículo quien ya se había notificado del auto admisorio de la demanda. Antes de señalarse fecha para la audiencia inicial, se presenta reforma de la demanda para incluir como demandada a la empresa transportadora a la cual está afiliada el vehículo que causó los daños. El auto que admite la demanda reformada se notifica por estado al demandado inicial (el conductor) quien tiene 3 días para retirar las copias del traslado y luego corren 10 días para contestarla, mientras que a la empresa 80 transportadora se le notifica personalmente y tendrá los 20 días para contestar la demanda.

REFORMA DE LA DEMANDA EN PROCESOS EJECUTIVOS Teniendo en cuenta que el artículo 93 del CGP que regula lo referente a la reforma de la demanda es una norma de carácter general, aplica no solo para procesos declarativos sino también para procesos ejecutivos. Por ello las reglas que atrás se exponen para los procesos declarativos son las mismas para los procesos ejecutivos. Debido a que la reforma de la demanda se puede efectuar hasta antes de que se dicte el auto que señala fecha para audiencia inicial, es necesario reflexionar esta oportunidad para los procesos ejecutivos, pues la audiencia inicial se celebra si el ejecutado propuso excepciones de mérito.
 - Ejecutivo con excepciones de mérito. En este caso como el juez debe señalar fecha y hora para audiencia, la reforma se pude presentar hasta antes de que se dicte tal providencia.
- Ejecutivo sin excepciones de mérito. Por no haberse propuesto excepciones de mérito, no se convocará a la audiencia, de tal suerte que la reforma a la demanda podrá presentarse hasta antes de que se dicte el auto que ordena seguir adelante con la ejecución, puesto que es el trámite subsiguiente por el silencio del ejecutado durante el traslado que se le concedió.

INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION Un efecto de vital importancia que genera la presentación de la demanda, es que con ella se interrumpen los términos de prescripción. Para interrumpir los términos de prescripción deben cronológicamente cumplirse con los siguientes requisitos:
(i) presentar la demanda, antes de que el término de prescripción que indica la norma sustancial se haya completado;
 (ii) proferir el auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo;
(iii) notificar al demandado de tal providencia.

FECHA EN QUE SE INTERRUMPE LA PRESCRIPCION  La fecha precisa en que se interrumpe el término de prescripción pudo ser la del día en que se presentó la demanda, o la de aquella en que se notificó al demandado del auto admisorio o mandamiento ejecutivo. Interrupción en la fecha en que se presenta la demanda. Si presentada la demanda, el juez la admite y el demandado se notifica del auto admisorio dentro del año contado a partir del día siguiente a la notificación de tal providencia al demandante, la interrupción de los términos de prescripción se produjo en la fecha en que fue presentada la demanda. EJEMPLO: Una letra de cambio se hizo exigible el 2 de Febrero del año 2.013. Acorde a las normas del C. de Cio., la acción cambiaria para dicho título prescribe en 3 años, esto es que prescribe el 2 de Febrero del año 2.016. El demandante presentó la demanda ejecutiva el día 15 de Mayo de 2.014, habiendo el juez librado mandamiento ejecutivo por auto de fecha Mayo 27 de 2.014, el cual se notifica por estado al demandante el 28 de Mayo. Si se quiere interrumpir el término de prescripción en la fecha en que se presentó la demanda (Mayo 15/14) debe notificarse al demandado dentro del año siguiente a la notificación por estado del auto que libró el mandamiento de pago, es decir entre el 29 de Mayo de 2.014 y el 29 de Mayo de 2.015. De haberse notificado al demandado dentro de ese año, los términos de prescripción se interrumpieron en la fecha de presentación de demanda, es decir, el 15 de Mayo de 2.014, momento al cual no habían transcurrido los tres años de prescripción de la acción instaurada. Interrupción en la fecha en que se notifica al demandado. Si presentada la demanda y ella fue admitida, en caso de que el demandado se notifique de tal providencia después del año en que el demandante se había notificado de la misma providencia, los términos de prescripción se interrumpen en la fecha en que se notificó al demandado. EJEMPLO: Una letra de cambio se hizo exigible el 2 de Febrero del año 2.013. Acorde a las normas del C. de Cio., la acción cambiaria para dicho título prescribe en 3 años, esto es que prescribe el 2 de Febrero del año 2.016. El demandante presentó la demanda ejecutiva el día 15 de Mayo de 2.014, habiendo el juez librado mandamiento ejecutivo por auto de fecha Mayo 27 de 2.014, el cual se notifica por estado al demandante el 28 de Mayo. De haberse notificado al demandado el 30 de 82 Agosto de 2.015, los términos de prescripción se interrumpen en esta fecha y no la de la presentación de la demanda, puesto que la notificación se llevó a cabo después del año en que el ejecutante había quedado notificado del mismo proveído. Para el caso planteado no alcanzó a cumplirse el término de prescripción, toda vez que entre el 2 de febrero de 2.013 (fecha de exigibilidad del título) y el 30 de Agosto de 2.015, no se completan los 3 años de prescripción.

INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION CUANDO HAY LITISCONSORCIO. Lo expuesto para lograr la interrupción a los términos de prescripción amerita otros comentarios si los demandados conforman litisconsorcio, es decir, cuando son varios los demandados. En tal caso debe distinguirse si el litisconsorcio es necesario o facultativo. Cuando el litisconsorcio es facultativo, los efectos de interrupción se surten para cada uno de manera separada, esto es, que si uno de los demandados se notificó dentro del año siguiente a la notificación al demandante del auto admisorio, para él los términos de prescripción se interrumpieron en la fecha en que se presentó la demanda, pero si el otro demandado se notificó pasado dicho año, para éste último los términos de prescripción se interrumpen en la fecha en que fue notificado. Si se tratare de litisconsorcio necesario, el término de prescripción se interrumpe teniendo en cuenta el momento en que se notificó al último de los demandados. Es decir, que en tratándose de litisconsorcio necesario, para que los términos de prescripción se interrumpan en la fecha en que fue presentada la demanda, deben notificarse a todos los demandados dentro del año siguiente a la notificación al demandante del auto admisorio, pero si uno de ellos se notifica pasado dicho año, los términos se interrumpen en la fecha de la notificación (así los otros se hayan notificado dentro del año). EJEMPLO: El promitente comprador de un inmueble demandada a los tres promitentes vendedores. La demanda se presenta el 2 de Mayo de 2.013 y se dicta auto admisorio de la misma el día 17 de Mayo/13 y que se notifica al demandante por estado el día 18 de Mayo. Si los tres demandados se notifican del auto admisorio entre el 19 de Mayo de 2.013 y el 19 de Mayo de 2.014, los términos de prescripción se interrumpieron en la fecha en que fue presentada la demanda, que para el ejemplo citado fue el 2 de Mayo de 2.013. Pero, si dos de los demandados se notificaron dentro de dicho año y el tercero de ellos se notificó el 23 de Julio de 83 2.014, los términos se interrumpen para el grupo litisconsorcial el 23 de Julio/14 y no en la fecha en que se presentó la demanda.

INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION POR REQUERIMIENTO AL DEUDOR
 Importante novedad incorpora el Código General del Proceso, en el inciso final del artículo 94 (norma que entró en vigencia el día 1 de Octubre de 2.012), que textualmente dice: “El término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Este requerimiento solo podrá hacerse por una vez.” Resulta novedoso e interesante el inciso transcrito, pues es una forma de interrumpir los términos de prescripción de manera extrajudicial y por iniciativa del acreedor, que obliga a estas precisiones: - Se aplica para procesos de ejecución, por cuanto la norma habla de acreedor y deudor. - Se hace requerimiento escrito para que pague. - Es predicable por una sola vez. EJEMPLO: La letra de cambio está vencida desde el 2 de Febrero del año 2.013 (implica que los 3 años de prescripción vencen el 2 de Febrero de 2.016). El acreedor le requiere por escrito para que cancele la obligación, el día 20 de Septiembre de 2.013, lo cual significa que en esta fecha se interrumpen los términos y empiezan a correr los 3 años, que se cumplirán el 20 de Septiembre de 2.016, en adelante aplican las reglas de interrupción judicial atrás explicadas
 INEFICACIA DE LA INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION El artículo 95 del Código General del Proceso, dispone en qué eventos habiéndose interrumpido el término de prescripción, bien en la fecha en que se presentó la demanda, o en la que no se notificó al demandado, según el caso, resulta ineficaz dicha interrupción. Tales situaciones son las siguientes:
1 Por desistimiento de la demanda. Se refiere al desistimiento expreso como acto unilateral que proviene del demandante. No solo produce los efectos de cosa juzgada, sino que genera la ineficacia de la interrupción de la prescripción.
2 Por terminación del proceso debido al éxito de ciertas excepciones previas. El numeral 2 del artículo 95 precisa que si el proceso concluye por la prosperidad de las siguientes excepciones previas, resulta ineficaz la interrupción que se había conseguido: - Inexistencia del demandante o del demandado. - Incapacidad del demandante o del demandado. - Indebida representación del demandante o del demandado. - No haberse presentado prueba de calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, y en general de la calidad en que actúa el demandante o se cita al demandado. - Pleito pendiente.
3 Cuando termina el proceso con sentencia que absuelve al demandado. No solo produce los efectos de cosa juzgada, sino que genera la ineficacia de la interrupción de la prescripción.
4 Cuando prospera la excepción previa de pacto arbitral. Si se propuso como excepción previa el compromiso o la cláusula compromisoria, pacto que queda demostrado, el proceso termina. En tal caso, si pasados 20 días después de la ejecutoria del auto que declaró probada la excepción, se presenta la correspondiente demanda ante el centro de arbitraje, la interrupción a los términos de prescripción que se había obtenido en el proceso que se presentó ante la jurisdicción civil ordinaria, resultó ineficaz, en caso contrario, es decir la demanda en el centro de arbitraje fue presentada dentro de los 20 días a dicha ejecutoria, mantiene la interrupción a los términos de prescripción que se configuró.
5 Cuando se decreta la nulidad y esta comprende la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo. Por estar mal notificado o emplazado el demandado por causa atribuible al demandante, y es decretada la nulidad, queda entonces notificado el demandado por conducta concluyente, pero resultó ineficaz la interrupción que inicialmente se había obtenido, precisamente porque tal notificación quedó nula.
 6 Cuando el proceso termina por desistimiento tácito. Cuando se aplica alguna de las modalidades que prevé el artículo 317, como desistimiento tácito, naturalmente que termina el proceso, lo cual produce el efecto de que se tornó ineficaz la interrupción de los términos de prescripción, que con la presentación de la demanda se había concretado.
7 Cuando el proceso termina por inasistencia injustificada de las partes a la audiencia inicial. Se trata de otra forma anormal de terminación del proceso, no contemplada en el anterior estatuto procedimental, pero que el CGP dispone en el artículo 372 numeral 4 inciso segundo.

CONTESTACION DE LA DEMANDA. La contestación de la demanda como acto procesal de defensa que ejerce el demandado en el término de traslado, resulta vital en el nuevo Código General del Proceso, toda vez que en particular por lo previsto en el numeral 2 del artículo 96 y el artículo 97, puede generar consecuencias de confesión presunta, como se tratará adelante.

 CONSECUENCIAS ANTE EL SILENCIO DEL DEMANDADO La falta de contestación de la demanda implica que se presumen ciertos los hechos susceptibles de confesión que contenga la demanda. Se trata de una consecuencia más drástica que la que previó el Código de Procedimiento Civil, pues mientras que en esta obra se le dio tratamiento de indicio grave en contra, en el nuevo 86 ordenamiento procesal se presumen como ciertos los hechos que se manifestaron en la demanda y admitan prueba de confesión. Dicha consecuencia a la cual se refiere el inciso primero del artículo 97 del Código General del Proceso, está en conexión con la Constitución Política que dispone el deber del ciudadano en colaborar con la administración de justicia, y el hecho de que demandado se niegue a contestar la demanda es una evidente falta de colaboración. Como se trata de una modalidad de confesión ficta, ella puede quedar desvirtuada, si durante la actividad probatoria es infirmada, tal y como lo pregona el artículo 197 del Código General del Proceso. Hay asuntos en que por norma especial, guardar silencio en el traslado implica sentencia en contra, que es diferente a presumir cierto el hecho. A manera de ejemplo podemos citar los siguientes: - Pago por consignación. 381.2 - Restitución de inmueble arrendado. 384.3 - Entrega por el tradente al adquirente. 378 - Monitorio. 421 En otros procesos el silencio durante el término del traslado implica auto (no sentencia) en que queda vencido el demandado, como sucede en los procesos ejecutivos (440), rendición de cuentas (379.2)

REQUISITOS DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA. El artículo 96 del CGP consagra cinco (5) numerales que contienen los requisitos de la contestación de la demanda, sobre los cuales es necesario detenernos en los siguientes aspectos: - Contestar los hechos de la demanda. En el nuevo código resulta más exigente el pronunciamiento con respecto a los hechos de la demanda, sobre los cuales pueden haber tres maneras para referirse a ellos:
(i) Lo admite. En tal caso si el hecho admitido es susceptible de confesión, se trata de una confesión expresa;
(ii) Lo niega. Debe exponer 87 razones serias de su respuesta, pues no hacerlo conlleva a una confesión ficta;
 (iii) No le consta. También debe motivar la razón de su respuesta, so pena de propiciar la confesión ficta.
Esta exigencia que contempla el numeral 2 del artículo 96 del CGP, conlleva a que la contestación de la demanda resulte un acto serio y leal cuando se ejerce el derecho de contradicción, que además contribuye una mejor comprensión para los interrogatorios que el juez hará en la audiencia. - Hacer valer el juramento estimatorio. Así como para el demandante se le obliga utilizar como prueba el juramento para estimar las cuantías de sus reclamos por los conceptos señalados en el artículo 206 CGP, al demandado también se le exige utilizar dicho medio de prueba cuando haga reclamos por los mismos conceptos, en su contestación de demanda. Es probable que por ejemplo en una acción reivindicatoria, el demandado poseedor reclame mejoras impuestas en el predio, motivo por el cual deberá estimar las cuantías con juramento. En caso de que el demandado no haya hecho la estimación de la cuantía con juramento, el inciso segundo del artículo 97 del Código General del Proceso, le autoriza al juez para que profiera auto a fin de requerirlo para que en el término de 5 días haga la estimación con juramento, so pena de que se considere inexistente el reclamo.
- Proponer las excepciones de mérito. Naturalmente que existiendo razones para excepcionar, es en la contestación de la demanda donde deberán ser manifestadas, siendo de carácter obligatorio alegar las de prescripción, compensación y nulidad relativa, puesto que son las únicas que no podrán reconocerse oficiosamente aun cuando estén probadas. El artículo 282 del Código General del Proceso, reiterando lo dicho en legislaciones pasadas, manifiesta que el juez reconoce oficiosamente las excepciones cuyos hechos que las estructuren resulten probados, “salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.”. Incluso el nuevo estatuto procesal es categórico con respecto a la prescripción, a fin de sentar una posición clara en el sentido de que ella debió ser alegada oportunamente para ser 88 decretada. En efecto, dice el inciso segundo del artículo 282 del Código General del Proceso: “Cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada.” 89 ap Actividades pedagógicas ¿Si no se utiliza el juramento estimatorio en la demanda cuando es requisito, y no obstante lo anterior, la demanda fue admitida, y el demandado no propuso la correspondiente excepción previa, en caso de que la suma reclamada exceda el porcentaje señalado en el artículo 206, debe imponerse multa? ¿Si antes del 12 de Julio de 2.012 reclamaron perjuicios con juramento estimatorio, y el demandado había objetado la cuantía, y con posterioridad a la fecha indicada las pruebas practicadas acreditan que la suma de los perjuicios es superior a la estimada, se puede condenar a la suma que se probó? ¿Es posible reformar demanda en procesos ejecutivos si después de vencido el término del traslado el ejecutado no propuso excepciones? ¿En caso de ser admisible hasta qué momento? ¿Si una demanda ejecutiva por concepto del pago de prestaciones periódicas, no incluye la pretensión de que se condene al pago de las cuotas futuras, cree Ud. que a pesar de esa omisión se deben ordenar tales pagos en el auto que libre el mandamiento de pago? ae Autoevaluación CASO: BERNARDO demanda a una empresa transportadora para que se le condene al pago de unos perjuicios ausadfos e accidente de tránsito, en la cantidad de $300.000.000.oo, suma que estimó con juramento. Una vez notificada la demandada, ésta objetó la cuantía estimada en el juramento, 90 y en el traslado de la contestación, BERNARDO decide reformar la demanda reclamando los perjuicios en la cantidad de $200.000.000.oo sin utilizar como prueba el juramento estimatorio y, en la reforma incluye como demandado al propietario del vehículo que causó el accidente. Preguntas,
1.- ¿Como el juez admitió la reforma a la demanda sin que los perjuicios se estimaran con juramento, hay algún correctivo para exigirlo?.
2.- ¿Si en definitiva se da curso a la reforma de demanda sin haberse reclamado la cuantía con juramento estimatorio, y las pruebas demuestran que la cuantía por los perjuicios escasamente asciende a la cantidad de $40.000.000.oo, se imponen consecuencias sancionatorias, o por el contrario la falta de juramento hace inexistente el reclamo. CASO: MANUEL giró un cheque a favor de GUSTAVO, el cual resultó devuelto por fondos insuficientes. El acreedor presenta demanda ejecutiva contra el girador y pretende el pago del capital y los intereses. Librado el mandamiento ejecutivo, el ejecutado guardó silencio durante el traslado. Pregunta, ¿Es posible presentar reforma a la demanda para incluir como pretensión el pago de la multa del 20% del importe del cheque, teniendo en cuenta que no se convoca a la audiencia inicial por cuanto no se propusieron excepciones de mérito? 91


PROVIDENCIAS JUDICIALES


Las providencias judiciales como manifestaciones del juez para resolver las peticiones hechas por las partes, mantienen su clasificación en autos y sentencias, siendo aquellos de trámite e interlocutorios, mientras que a éstas, además de las tradicionalmente conocidas, se agrega la que resuelve el incidente de regulación de perjuicios, dada la importancia de tal decisión, para permitir además de los recursos ordinarios, los extraordinarios de casación y revisión. Además de la novedad atrás referida, el Código General del Proceso introduce importantes cambios con respecto a las providencias judiciales, toda vez que en el nuevo esquema procesal habrá prevalencia de la oralidad por sobre la escritura, lo cual genera innovaciones que justifican esta unidad, como se tratan a continuación y de manera separada.

AUTO QUE SEÑALA FECHA PARA AUDIENCIA INICIAL En los procesos declarativos que siguen el trámite verbal (es el procedimiento residual), como en los ejecutivos en que la cuantía es menor o mayor, y el ejecutado propuso excepciones de mérito, en estricto sentido deberán celebrarse dos audiencias, una primera denominada audiencia inicial, y otra llamada audiencia de instrucción y juzgamiento, reguladas respectivamente en los artículos 372 y 373 del CGP. Todo lo referente a la práctica de pruebas, los alegatos y la sentencia, deben ser evacuados en la segunda audiencia, es decir, en la de instrucción y juzgamiento, no obstante, de acuerdo con las circunstancias de cada proceso, si el juez considera que dichas actuaciones –propias de la audiencia de instrucción y juzgamiento-, pueden ser evacuadas en una sola audiencia, así lo dispondrá en cuyo caso en el auto que convoca a la audiencia inicial, simultáneamente decretará las pruebas, a fin de que las partes conozcan la decisión y hagan comparecer a los testigos y/o peritos a la audiencia, pues todas las actuaciones se realizarán en dicha y única audiencia. 93 El parágrafo del artículo 372 CGP le otorga al juez la facultad de agotar todas las actuaciones en una única audiencia, siempre que las particularidades del proceso lo permitan. Si por ejemplo además de pruebas documentales solo han de practicarse testimonios, como los documentos ya están incorporados en el proceso, puede perfectamente el juez interrogar a los testigos en la misma audiencia inicial, caso en el cual deberá decretar tales pruebas en el auto que señala fecha para la referida audiencia, manifestando a la vez que deben comparecer a esa audiencia. Naturalmente que si el proceso es de trámite verbal sumario, el artículo 392 del nuevo ordenamiento procesal dispone que se realizará una sola audiencia, en la cual se llevarán a cabo todas las actuaciones previstas en los artículos 372 y 373. Igual acontece con los procesos ejecutivos de mínima cuantía y el ejecutado propuso excepciones de mérito (443.2 CGP) Se trata de una clara manifestación de celeridad del proceso, en donde no se justifica realizar dos audiencias, pues en una sola pueden perfeccionarse todas las actuaciones desde la conciliación hasta la sentencia. <br />
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FIJACION DEL LITIGIO Dentro de la audiencia inicial, y en su caso en la audiencia única, el juez cumple una labor fundamental al momento en que fija el litigio, pues una adecuada fijación evita un desgaste de pruebas que a la postre resultan innecesarias. La fijación del litigio implica que se debe dejar constancia de cuales hechos deberán ser acreditados por las partes, para enseguida decretar las pruebas en torno a esos hechos, dejando de lado aquellos que resultan irrelevantes o intrascendentes, como también los que fueron admitidos por las partes en el interrogatorio que se les formuló previamente, o son materia de una conciliación parcial. 5.2.1 Hechos irrelevantes. Cuando la demanda contiene demasiados hechos, varios de ellos pueden ser irrelevantes, que por lo mismo no ameritan ser investigados. Igual puede suceder con los hechos en que se fundamentan las excepciones de mérito. El juez debe hacer una correcta interpretación tanto de la demanda como de su contestación, para identificar los hechos esenciales que serán probados por la parte 94 en quien reside la carga de acreditarlos, desechando aquellos que no integran el núcleo esencial de la controversia.
- Interrogatorio a las partes. En la audiencia inicial el juez de oficio deberá interrogar de manera exhaustiva a las partes, en forma individual, primero al demandante y luego al demandado. Hechos los interrogatorios fijará el litigio, previo careo entre las partes si lo considera necesario. Para la fijación tendrá en cuenta que los hechos admitidos recíprocamente por las partes, quedan exentos de prueba. Por el contrario, respecto de aquellos que son negados y que resultan relevantes será fijado el litigio.
- Conciliación parcial. Puede suceder que en caso de varias pretensiones acumuladas en la demanda, se logren conciliar algunas de ellas. En este evento, el juez deberá fijar el litigio, dejando de lado aquellas pretensiones conciliadas, al igual que los hechos en que se basaban dichas pretensiones, como también las excepciones que atacaron las pretensiones conciliadas, junto con los hechos en que se apoyaban dichas excepciones.<br />
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 AUTO QUE DECIDE LA OBJECION A LA PREGUNTA FORMULADA. Tanto en el interrogatorio de parte como en el interrogatorio al testigo, en caso de objetarse preguntas, el juez las decide de plano sin tener que motivar las razones de su decisión. (202 y 220 CGP) Con el propósito de que las objeciones no constituyan dilaciones en la audiencia, el juez las decidirá de plano, es decir, que la parte que formuló la pregunta no tendrá posibilidad de replicar a la objeción, pues el juez decide inmediatamente por medio de auto que no permite recursos. En estos eventos, el juez se limita a escuchar los términos de la objeción formulada para decidirla sin tener que explicar las razones de su decisión, con el objetivo de evitar que los interrogatorios se constituyan en debates entre los apoderados de las partes, objetando y replicando a las objeciones. El juez como director del proceso resuelve por medio de auto la objeción formulada sin permitir que las partes 95 repliquen sus razones para convencer al juez sobre la viabilidad o no de la pregunta cuestionada.<br />
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SENTENCIA PARCIAL Litisconsorcio facultativo en que uno de ellos (no todos) en conjunto con la contraparte pide sentencia anticipada, el juez atendiendo a lo prescrito en el numeral 1 del artículo 278 CGP procederá a ello. Se dictará sentencia para decidir la pretensión del litisconsorte que solicita la sentencia, junto con las excepciones que atacan dicha pretensión. En procesos de ejecución en que se reclaman varias obligaciones, el demandado alega el pago de una de ellas respaldado en un documento (no tachado de falso) y con respecto a las otras obligaciones propone diferentes medios exceptivos. En este caso el juez podrá dictar sentencia parcial declarando el probado el pago, para continuar el proceso con respecto a las demás obligaciones. <br />
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SENTENCIA ANTICIPADA Para cumplir con los mandatos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en cuanto a que la justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz, al juez se le confiere el poder de dictar sentencia anticipada cuando se encuentre en condiciones de fallar. Así lo dispone el artículo 278 del CGP, y para ello prevé tres numerales así:
5.5.1 Las partes o sus apoderados de común acuerdo lo solicitan. Para este caso se requiere que la solicitud emane de las partes en conflicto, para lo cual se prevé estas eventualidades:
 
· Las partes son singulares (no hay litisconsorcio). La petición emana tanto del demandante como del demandado.
· Una de las partes integra litisconsorcio necesario. La petición debe provenir de todos los litisconsortes conjuntamente con la contraparte.
· Una de las partes integra litisconsorcio facultativo. No se requiere que la petición provenga también del otro litisconsorte. En este caso habrá sentencia parcial en la que se decide lo pretendido por el litisconsorte. 96
· Existe demanda de reconvención. Como puede suceder que en la demanda de reconvención se incluya como demandado a otra persona que no fue demandante inicial, la solicitud debe estar coadyuvada por éste.
· De existir intervención excluyente, la solicitud debe provenir de este con sus demandados. 5.5.2 No hay pruebas que practicar. Para dar aplicación al numeral 2 del artículo 278, se pueden dar estas eventualidades:
· Como toda sentencia debe basarse en pruebas, y las únicas que hacen valer las partes son los documentos que aportaron, en caso de no ser tachados de falso, el juez debe dictar sentencia anticipada, la cual se funda en dichos documentos.
· Si se practicaron pruebas anticipadas (que son extraprocesales) con citación o audiencia de las partes vinculadas en el proceso a donde se aportan esas pruebas, el juez dicta sentencia anticipada, pues no hay pruebas que practicar (ya fueron practicadas anticipadamente), toda vez que se trata de pruebas plenas y no sumarias.
· En caso de haberse anticipado testimonios de conformidad con lo prescrito en el artículo 188 del C.G.P., los cuales rinden sus declaraciones en notaría, para procesos en que la ley autoriza dicha prueba, si la parte contraria no solicita su ratificación (222 CGP), y no hay pruebas que practicar, se profiere sentencia anticipada.
 
· Si se pide el traslado de unas pruebas practicadas en proceso anterior, las cuales se harán valer en el segundo proceso, y estas se dirigen contra quien tuvo oportunidad de discutirlas en el primitivo proceso, una vez se incorporen al expediente, por ser plenas pruebas, y no hay que practicar otras adicionales, se proferirá sentencia anticipada. Igual acontece cuando la prueba trasladada es sumaria y la parte contra quien se dirige no controvierte la misma una vez se incorporó al proceso. 5.5.3 Se encuentran probadas las excepciones de cosa juzgada, transacción, caducidad, prescripción extintiva y falta de legitimación en la causa. 97 Estas cinco (5) excepciones que tradicionalmente son conocidas como “excepciones mixtas”, por tener la particularidad de que bajo las reglas del CPC se alegaban como previas o de mérito, dejan de ser mixtas, por cuanto con el nuevo estatuto procesal, solo podrán alegarse como excepciones de mérito, ya que no cuestionan vicios formales. Con respecto a este numeral, las eventualidades que podrían darse para que el juez dicte sentencia anticipada son las siguientes:
· El demandado oportunamente propone alguna de dichas excepciones y resultan probadas.
 
· Aun cuando el demandado no proponga dichas excepciones, si el juez encuentra probada la falta de legitimación en la causa, la caducidad, la transacción o la cosa juzgada, oficiosamente las declarará pudiendo manifestarse en sentencia anticipada. No ocurre lo mismo cuando se trata de la prescripción extintiva, puesto que dicha excepción obligatoriamente debe proponerse, por su carácter de renunciable.
5.6 CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. Propio del esquema dispositivo, el juez queda limitado a resolver el conflicto conforme a la voluntad de las partes. En este orden de ideas, el artículo 281 del CGP le impone al juez el deber de dictar la sentencia en consonancia con los hechos aducidos por las partes, con las pretensiones reclamadas por el demandante y con las excepciones de mérito que propuso el demandado o que se encuentren debidamente acreditadas en el proceso, con excepción de la nulidad relativa, la prescripción y la compensación. El juez se somete a resolver la controversia en armonía a lo que las partes le manifiesten, debiendo en ciertos casos adoptar decisiones oficiosas por imperativo legal, como en estos eventos:
· En asuntos de familia. Puede el juez fallar ultra y extra petita para proteger a la pareja, niño, niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad. (Parágrafo primero del artículo 281 en armonía con el artículo 389) 98
· En asuntos de naturaleza agraria. Puede el juez reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultra petita, para ser consecuente con los fines y principios del derecho agrario. (Parágrafo segundo del artículo 281)
· Ordenar las restituciones recíprocas. Decretada la nulidad de la compraventa, el juez debe ordenar las restituciones recíprocas por motivos de equidad, regresando las cosas al estado en que existían al momento de celebrarse la compraventa. (Art. 1746 C.C.)
· Decretar la nulidad absoluta del acto o contrato. Cuando la controversia recae sobre un contrato, cualquiera que fuere la pretensión invocada, si resultan comprobados hechos que apunten a la nulidad absoluta del contrato, deberá esta ser decretada, pues está de por medio el orden público, para garantizar principios de buena fe, justicia y equidad en el negocio que da lugar a la nulidad. (Art. 2 Ley 50 de 1.936)
· Salvo la prescripción, compensación y nulidad relativa, que deben imperativamente ser alegadas por el demandado de manera oportuna, el juez reconocerá oficiosamente excepciones de mérito, cuyos hechos que las estructuren lleven a su acreditación, como un evidente acatamiento de hacer prevalecer el derecho sustancial que la Constitución impone en su artículo 228. (Art. 282 CGP)
· Cuando deba utilizarse como prueba el juramento estimatorio, y la parte contra quien se dirige objeta la cuantía estimada, si las pruebas demuestran que la cuantía es mayor a la que se estimó, el juez deberá condenar ultra petita, es decir, a la suma acreditada aunque resulte superior a la que se había pretendido. Se trata de una consecuencia adversa para el objetante de la cuantía manifestada con juramento estimatorio, cuando su objeción resulta infundada y por el contrario, el reclamante de la suma pretendió una condena inferior a la que se comprobó. No sucede lo mismo cuando el juez de oficio decreta pruebas por considerar que el valor estimado es exagerado sin que la parte contra quien se dirige haya objetado la cuantía, pues en este caso el juez no podrá condenar por suma superior a la estimada aunque las pruebas así lo indicaran. El Código General del Proceso impone un fallo ultra petita cuando las pruebas demuestran que el monto del reclamo es superior al estimado en el 99 juramento y éste fue materia de objeción, pero tal fallo no es predicable cuando sin haberse objetado la cuantía, ésta resulta superior como consecuencia de la iniciativa del juez que al sospechar exagerado el reclamo decreta pruebas de oficio, las cuales arrojan una cuantía mayor a la estimada por la parte. Cualquier sujeto procesal que tenga derecho al pago de perjuicios, compensaciones, frutos o mejoras, hará su reclamación en la demanda, contestación o incidente a que haya lugar, y los montos que se estiman bajo juramento pueden ser motivo de objeción, que lleven a fallar ultra petita en el evento de que las pruebas demuestren sumas mayores a las que fueron estimadas. (206 CGP) <br />
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MOTIVACION DE LA SENTENCIA En la audiencia del proceso verbal sumario o en la audiencia de instrucción y juzgamiento cuando el proceso es verbal, al igual que para los procesos ejecutivos cuando se propusieron excepciones de mérito, una vez concedida las oportunidades para que las partes aleguen de conclusión, el juez deberá dictar sentencia, y sin realizar una síntesis de la demanda y su contestación, puede adoptar uno de estos caminos:
· En la misma audiencia, sin receso alguno, el juez profiere la sentencia en la cual decide las pretensiones junto con las excepciones de mérito de manera clara y concreta, previa motivación que se limita al examen crítico de las pruebas dando razón de las conclusiones sobre ellas, acudiendo a los criterios auxiliares para administrar justicia, cuando de manera necesaria haya de acudir a ellos, con alusión breve y concreta a los mismos.
· Oídos los alegatos de conclusión expuestos por las partes, el juez podrá hacer un receso hasta por dos horas, para dictar la sentencia en la forma indicada en el punto anterior. En este caso, en la misma audiencia el juez podrá hacer el receso manifestando a las partes el tiempo del mismo para convocarlos a fin de dictarles la sentencia que lo hará oralmente cuando reanude la audiencia con dicho propósito. Este receso se justifica cuando el juez necesita de un tiempo adicional para reflexionar sobre la valoración probatoria en aquellos casos en que la complejidad de ellas no le permiten dictar la sentencia inmediatamente se 100 pronuncien los alegatos de conclusión, sin que el receso sobrepase dos horas, lapso suficiente para acudir a los criterios auxiliares para decidir el conflicto.
· Si en la audiencia no le es posible dictar la sentencia (ni siquiera haciendo el receso de las dos horas), deberá dejar constancia de tal situación con razones concretas de ese proceder, manifestándolo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, pero en todo caso deberá anunciar el sentido del fallo con breve exposición de sus fundamentos, indicando si acoge o no las pretensiones. En este evento, la sentencia se dictará por escrito dentro de los diez días siguientes, la cual deberá ser acorde con la manifestación señalada en la audiencia, y contendrá además de una síntesis de la demanda y su contestación (por dictarse por escrito), la valoración probatoria con breve razones de sus conclusiones, acudiendo a los criterios auxiliares cuando acuda a ellos. El juez deberá prestar toda su atención a lo acontecido en la audiencia, participando directamente en la actividad probatoria para concentrar sus sentidos en dicha labor, pues solo así quedará en condiciones de dictar la sentencia con convicción de lo que decide, incluso cuando anuncie el sentido del fallo, caso en que no obstante que la sentencia la dicta por escrito en los diez días siguientes, en la audiencia tendrá clara su decisión para manifestar si prosperan o no las pretensiones. <br />
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MANIFESTACIONES OFICIOSAS EN LA SENTENCIA. Acorde con el artículo 280 del CGP, en la sentencia el juez deberá imponer a la parte vencida, la condena en costas y en perjuicios si hay lugar a estos. Cuando condene en costas, en la parte resolutiva de la sentencia, fijará el monto de las agencias en derecho (365.2), de tal suerte que si la sentencia se dicta en audiencia allí mismo hará tal manifestación. Con respecto a los perjuicios, hay lugar a dicha condena cuando la ley para el caso en particular lo manifiesta, como sucede cuando la sentencia es absolutoria para el demandado por prosperar sus excepciones de mérito y en el proceso se habían practicado medidas cautelares bien en procesos declarativos como en los ejecutivos. (597.5 y 443.3 CGP) 101 Agrega el artículo 280 que en la sentencia se hará pronunciamiento de los “demás asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código.”. Ello significa que en ocasiones decretará el levantamiento de medidas cautelares, e igualmente impondrá multa como acontece cuando se estiman bajo juramento cuantías por concepto de perjuicios, frutos, mejoras o compensaciones, y el monto reclamado excedió el 50% de lo que se probó (206), o al resolver la tacha de falsedad de un documento o la verificación de autenticidad del mismo (274) deberá imponer multa a la parte vencida, o como sucede en los procesos de restitución de inmueble arrendado cuando el arrendatario alega no estar en mora y consigna los cánones para ser oído, o desconoce al demandante como su arrendador, casos en que impondrá multa a la parte vencida (384.4 inciso 6). 102 Ap Actividades pedagógicas ¿En la audiencia inicial permite Ud. que las partes hagan interrogatorios recíprocos, a pesar de que ni en demanda ni en contestación pidieron dicho interrogatorio? ¿Si Ud. considera que va a dictar sentencia anticipada con fundamento en el numeral 3 del artículo 278 del CGP, debe previamente permitir alegar, cuando se entiende que alguna de las excepciones las encuentra probadas? ¿De escuchar los alegatos se mantiene en dictar la sentencia o puede modificar su parecer? ¿Si por algún motivo en la audiencia no dicta la sentencia pero anuncia el sentido del fallo, y luego como debe dictar sentencia por escrito, reflexiona y concluye que la que ha de proferir no es acorde al sentido del fallo, cómo procede? ae Autoevaluación CASO: RODRIGO que en juzgado civil municipal había sido demandado en proceso en el cual le cautelaron bienes, obtuvo sentencia favorable en la cual se levantan las medidas cautelares y se condena al demandante a las costas y a los perjuicios que le causaron las medidas cautelares. Como consecuencia de la sentencia, en oportunidad se promueve el incidente de perjuicios que estima en la suma de $200.000.000.oo. Preguntas:
1.- ¿Ud. como juez civil municipal que conoció del proceso que concluyó con sentencia a favor del demandado, ordena a las partes alegar de conclusión, aun cuando se trata de un trámite incidental que se resuelve por medio de sentencia?.
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2.- No obstante que el proceso en el cual se cautelaron los bienes lo tramitó el juez civil municipal en única instancia por ser de mínima cuantía, ¿Ud. como juez o jueza dicta auto para audiencia inicial o para audiencia única, o se limita en el auto a decretar pruebas a sabiendas de que se trata de trámite incidental? <br />
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 NOTIFICACIONES
 Objetivo general
• Identificar la tendencia como se notificarán las providencias judiciales, pues prevalecerán las notificaciones en estrado toda vez que el proceso se evacuará en audiencias.
 Objetivos específicos
• Verificar el momento en que se surte la notificación por conducta concluyente como consecuencia de la declaratoria de nulidad por la indebida notificación al demandado del auto que admite la demanda.
• Entender por qué razón desaparece la notificación por edicto que el CPC regla para las sentencias escritas.
• Identificar el trámite que establece el nuevo ordenamiento procesal para las diferentes modalidades de notificación.
UNOTIFICACIONES<br />
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 El Código General del Proceso introduce reformas en materia de notificaciones de las providencias judiciales, empezando por la abolición de la notificación por edicto. Las notificaciones cumplen importantes objetivos, siendo principalmente los siguientes:
(i) Permiten la contabilización de los términos tanto de ejecutoria, como del cumplimiento oportuno del acto ordenado;
(ii) Por regla general la providencia produce los efectos de su contenido. EJEMPLOS:
1. El juez inadmite la demanda precisando los defectos que deben ser corregidos, so pena de su rechazo. Se requiere la notificación del auto para cumplir lo ordenado en el término de 5 días que señala la ley, y si no se subsana en los términos exigidos, será rechazada la demanda.
2. Se admite la demanda. Una vez se notifique el demandado del auto admisorio de la demanda, podrá ejercer su derecho de defensa para contestar la demanda en el término correspondiente.
3. El juez rechaza la demanda por falta de competencia, auto en el cual ordena remitir el proceso al juez competente. Notificado el auto, podrá interponerse los recursos procedentes, y de no ser impugnado el auto, se remite el expediente al juez indicado. El nuevo ordenamiento procesal, prevé cinco modalidades de notificación de las providencias judiciales: Personal, por aviso, en estrado, por conducta concluyente y por estado. No consagra la notificación por edicto, que clásicamente ha sido la notificación de las sentencias que se dictan por escrito. <br />
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INEXISTENCIA DE NOTIFICACION POR EDICTO. 106 A diferencia del CPC en que el proceso es escrito, el Código General del Proceso acoge un esquema en que prevalece la oralidad, y por lo mismo, la tendencia es que la sentencia se dicta en audiencia, caso en el cual su notificación es en estrado. Significa lo anterior, que en escasas ocasiones la sentencia será por escrito y no justifica una notificación por edicto para esos casos restrictivos. En tales eventualidades la notificación será por estado que es la modalidad residual de notificación. EJEMPLO DE SENTENCIAS QUE SE DICTAN POR ESCRITO:
· Cuando el juez acudiendo a lo preceptuado en el penúltimo inciso del numeral 5 del artículo 373 del CGP, en la audiencia anuncia el sentido del fallo. En tal caso, dentro de los 10 días siguientes emitirá por escrito su decisión.
· En procesos en que la falta de contestación de la demanda, le impone al juez el deber de dictar sentencia de manera inmediata, como sucede con el proceso de entrega de la cosa por el tradente al adquirente (378), el de pago por consignación (381), el de restitución de inmueble arrendado (384.3). <br />
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NOTIFICACION A ENTIDADES PUBLICAS Y OTROS SUJETOS PROCESALES. Cuando se trate de notificar el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo a una entidad pública, el artículo 612 del CGP dispone que el representante legal se notifica por medio de mensaje electrónico en la dirección registrada para recibir notificaciones judiciales. El mensaje precisará la notificación que se realiza y contendrá copia de la providencia y de la demanda. Igual sistema de notificación se hará a las personas privadas que ejerzan funciones propias del Estado, al Ministerio Público, y también a los particulares inscritos en el registro mercantil, casos en los que la notificación se dirigirá a la dirección electrónica indicada para recepcionar notificaciones judiciales. Cuando la parte demandada sea una entidad pública, será notificada también la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para la defensa de los intereses patrimoniales del Estado. <br />
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EMPLAZAMIENTOS. El Código General del Proceso recoge dentro de las “reglas generales de procedimiento” una norma que se ocupa de los emplazamientos que se han de surtir en los casos a que haya lugar. El artículo 108 del CGP consagra las formalidades que se deben cumplir cuando sea decretado un emplazamiento tanto a personas determinadas como indeterminadas, las cuales son:
1.- En el auto que decreta el emplazamiento indicará si se publica por un medio escrito o por otro medio masivo de comunicación, indicado al menos dos medios.
2.- Si la publicación se ordena por un medio escrito, se hará un domingo.
3.- Si la publicación se ordena por otro medio diferente al escrito, se hará cualquier día entre las 6 A.M. y las 11 P.M.
4.- Deberá allegarse al proceso copia informal de la página donde se hizo la publicación del listado de emplazamientos, o la constancia sobre su emisión o transmisión, suscrita por el administrador o funcionario, según el caso.
5.- Una vez hecha la publicación, por cualquiera de los medios atrás indicados, el interesado debe remitir una comunicación al registro nacional de personas emplazadas, con la siguiente información: -Nombre de la persona emplazada. -Su cédula de ciudadanía, si la conoce. -Las partes del proceso. -La naturaleza del proceso. -Juzgado donde cursa.
6.- Hecha la publicación en el registro nacional de personas emplazadas, el emplazamiento se entiende surtido 15 días después.
 7.- Surtido el emplazamiento se nombra Curador Ad Lítem, cuando haya lugar a su designación. 108 El parágrafo primero del artículo 108 del Código General del Proceso aduce que la consulta de la información del registro nacional de personas emplazadas se podrá realizar durante un año contado desde la publicación del emplazamiento. Con las nuevas formalidades del emplazamiento, particularmente con la publicación en el registro nacional de personas emplazadas, se garantizan mejores condiciones a la persona emplazada para conocer el juzgado donde curse un proceso en su contra y la fecha en que se publica el emplazamiento. Si tenemos en cuenta que la información debe permanecer al menos durante un año en la página respectiva, hay tiempo suficiente para advertir el trámite del proceso en su contra, y si a bien lo tiene, intervenir en él o alegar la nulidad del indebido emplazamiento, si el accionante conocía de su paradero. <br />
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 NOTIFICACION PERSONAL.
1 Providencias que requieren notificación personal.
--  Al demandado o ejecutado, el auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo (290.1 CGP). Naturalmente que el demandado debe ser notificado personalmente del auto admisorio de la demanda, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa, pues dicha notificación garantiza que realmente haya conocido el auto admisorio de la demanda, y en su caso el mandamiento ejecutivo. No obstante lo anterior, en casos taxativamente señalados en el Código, la notificación de tal providencia al demandado o ejecutado, no será personal sino por estado. Tales eventos son los siguientes:
· Se admite la reforma de la demanda y el demandado ya estaba notificado inicialmente (93). El auto que admite la reforma de la demanda se notifica por estado al demandado que ya se encuentra vinculado en la demanda original y se encuentra notificado personalmente del auto admisorio inicial. 109 Es conveniente aclarar otras variables en torno a la reforma de la demanda, para cuyos casos la notificación al demandado del auto que la admite debe ser personal:
1. Se admite la reforma de la demanda, sin que aún se haya notificado el demandado del auto admisorio de la demanda inicial.
2. Se admite la reforma de la demanda y en ésta se vincula a un nuevo demandado, a quien se le notificará en forma personal la providencia que admite la reforma, independientemente de si el demandado original ya fue notificado del auto que admitió la demanda inicial.
· Se admite la demanda de reconvención (371). Naturalmente que si en la demanda de reconvención además de quedar demandado el demandante original se vincula a otro demandado, a éste último se le notificará personalmente el auto que admite la demanda de reconvención. EJEMPLO: Julio es propietario de un predio y promueve demanda reivindicatoria contra Ernesto quien lo posee. Ernesto formula en reconvención demanda de pertenencia para que le adjudiquen la propiedad del predio por estarlo poseyendo por el término de ley. La demanda de reconvención se dirige en contra de Julio como propietario y en contra de Gustavo que es titular de un derecho real principal sobre el predio. En tal caso, el auto que admite la demanda de reconvención se notifica por estado a Julio y personalmente a Gustavo.
· Cuando en proceso declarativo se dicta sentencia condenando al pago de dineros y la ejecución se promueve dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto de obedecimiento al superior (306). En tal caso el mandamiento ejecutivo se notifica al ejecutado por estado.
· Acumulación de demandas. Tanto para procesos declarativos como para procesos declarativos en que se acumulen demandas, si el demandado o ejecutado ya se encuentra notificado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, según el caso, (148 y 463)
 
· Acumulación de procesos. Bien en los procesos declarativos como en los de ejecución, cuando se acumulan los mismos, en caso de que el demandado o 110 el ejecutado ya se encontrare notificado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, quedará notificado por estado. (148 y 464)
· Revoca mandamiento ejecutivo y se inicia el declarativo. En el caso de que se presente demanda ejecutiva, una vez librado el mandamiento ejecutivo, el ejecutado se notifica de esta providencia e interponer recurso de reposición por ausencia de los requisitos formales del título ejecutivo, y el juez revoca el mandamiento ejecutivo, podrá el accionante ante el mismo juzgado y en cuaderno separado, presentar demanda declarativa en el término de 5 días. Admitida esta demanda el demandado (que anteriormente era el ejecutado) quedará notificado por estado (430).
2 A otras partes y a terceros, el auto que lo ordena citar. (290.2). Existen casos en que al proceso se vinculan otros sujetos procesales, bien por iniciativa de una de las partes, del juez, o por disposición legal. En tales eventos el citado debe ser notificado personalmente del auto que lo cita. Entre otros casos se encuentran los siguientes:
· Llamamiento en garantía. Cuando el demandado en el término del traslado de la demanda, llama en garantía y el juez accede a dicho llamamiento, el llamado deberá notificarse personalmente del auto que lo cita. (66).
· Llamamiento al poseedor o tenedor. Si el demandado en el término del traslado de la demanda, llama a quien es el verdadero poseedor o tenedor del predio objeto de litigio, y el juez ordena citarlo. (67).
· Llamamiento de oficio. Cuando el juez ordena citar a quien pueda resultar perjudicado en un proceso. (72).
 
· En procesos de pertenencia, cuando del certificado del registrador se advierta que el bien objeto de litigio se encuentra gravado con hipoteca o prenda, deberá citarse al acreedor hipotecario o prendario. (375.5)
· Cuando se quiere rematar un bien que soporta gravamen prendario o hipotecario, se debe citar al respectivo acreedor. (462) 6.4.1.3 Las que ordene la ley en casos especiales. 111 Existen normas en el CGP que imponen notificación personal, como la siguiente:
· Se decretan pruebas extraprocesales con citación de contraparte. Cualquier medio de prueba solicitado extraprocesalmente en que debe citarse a la contraparte, ésta se notificará personalmente. (183)
--  Procedencia para la notificación personal.  <br />
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1 La parte interesada remitirá una citación a quien deba ser notificado, su representante o su apoderado, por medio del servicio postal autorizado por el Ministerio de la rama, para que comparezca al juzgado a recibir la notificación. Dicha citación debe contener:
a).- La existencia del proceso (debe identificarse por referencia y radicación)
b).- Su naturaleza (declarativo o ejecutivo)
c).- La fecha de la providencia que debe ser notificada. <br />
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 d).- La previsión de que comparezca en el término correspondiente.
--El término para que comparezca es de 5, 10 o 30 días, según los siguientes casos:
a).- Si la comunicación debe ser entregada en el mismo municipio de la sede del juzgado, el término para comparecer es de 5 días.
b).- Si la comunicación debe ser entregada en un municipio distinto a la sede del juzgado, el término para comparecer es de 10 días.
 c).- Si la comunicación debe ser entregada en el exterior, el término para comparecer es de 30 días. 6.4.3 Lugar a donde se envía la comunicación.
a).- Si es persona jurídica de derecho privado, debe remitirse a la dirección que tenga registrada en la cámara de comercio o entidad correspondiente. 112
 b).- Si es persona natural, debe remitirse a la dirección que se hubiere informado al juez del conocimiento. (al demandado, en la dirección indicada en la demanda para recibir notificaciones; al llamado en garantía, en la dirección indicada en el escrito de llamamiento). Si la persona a notificar cambió su dirección, deberá comunicarse al juez la nueva dirección, para ser remitida la citación allí.
c).- Si se conoce la dirección electrónica, podrá dirigirse la comunicación por medio de correo electrónico.  <br />
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Documentos que se incorporan al expediente.
 a).- Si la comunicación se hizo a través del servicio postal, la empresa coteja y sella copia de la comunicación y expide constancia sobre su entrega a la dirección indicada. Ambos documentos se incorporan al expediente.
 b).- Si la comunicación se hizo por correo electrónico, se deja la constancia en el expediente y se adjunta una impresión del mensaje de datos.
-- Casos en que se entiende entregada la comunicación.
1 Cuando es recibida por una persona que se encuentra en la dirección a donde es remitida (no necesariamente el citado la debe recibir). Si la dirección se encuentra en una unidad inmobiliaria cerrada, la entrega se puede hacer a la persona que atienda la recepción.
2 Cuando en el lugar de destino rehusaren a recibir la comunicación, caso en que la empresa de servicio postal la deja en el lugar emitiendo constancia de lo acontecido.
3 Cuando es por correo electrónico y el iniciador recepciones acuso de recibo.
-- Comparecencia del citado al juzgado. Si atendiendo la comunicación, el citado comparece al juzgado, se identifica por cualquier documento idóneo (cédula de ciudadanía u otro), y se le pone en conocimiento la providencia que se le notifica, extendiendo acta de la fecha en que 113 se practica, que contendrá el nombre del notificado y la providencia que se notifica, la cual será suscrita por el notificado y el empleado que hace la notificación. Cuando el notificado no sabe, no quiere o no puede firmar, se expresa dicha circunstancia en el acta. 6.4.7 Posibilidad de que un empleado del juzgado se traslade a la dirección para hacer la notificación. El parágrafo 1 del artículo 291 CGP autoriza que un empleado del juzgado acuda a la dirección suministrada para notificaciones, a fin de realizar la notificación o dejar la comunicación, en los siguientes casos:
 1.- En el lugar no existe empresa de servicio postal.
 2.- Lo estima el juez aconsejable, incluso por sugerencia de la parte interesada.
-- Devolución de la comunicación que conlleva al emplazamiento.
1.- La dirección no existe,
 2.- La persona no reside o no trabaja en el lugar.  <br />
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 NOTIFICACION POR AVISO. De conformidad con el artículo 292 CGP, cuando la providencia que deba notificarse personalmente no se pudo realizar de esta forma, como por ejemplo la del auto admisorio de la demanda al demandado, o el auto que cita al tercero, se notificará entonces por aviso. Esto obedece a que la persona que fue citada para que se notifique personalmente, no atiende la citación después de que han transcurrido los 5, 10 o 30 días según el caso.
1 Procedimiento de la notificación por aviso.
A-  Una vez transcurrido el plazo señalado en la citación (5, 10 o 30 días), el interesado elaborará el aviso que deberá expresar:
· La fecha del aviso.
· La fecha de la providencia que se le notifica.
· El juzgado que conoce del proceso.
· La naturaleza del proceso.
· El nombre de las partes.
· La advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso.
B, Elaborado el aviso con las expresiones ya indicadas, el interesado lo remite a través del servicio postal autorizado a la dirección a que se había remitido la citación. En caso de que la providencia a notificar sea el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo, al aviso se adjunta copia informal de la providencia a notificar.
C, Si se conoce la dirección electrónica, podrá dirigirse el aviso junto con la providencia, por medio de correo electrónico.
2 Documentos que se incorporan al expediente. a).- Si el aviso se remitió a través del servicio postal, la empresa expide constancia de haberse entregado en la respectiva dirección, y ella se incorpora al expediente, junto con la copia del aviso debidamente cotejada y sellada. Ambos documentos se incorporan al expediente. b).- Si el aviso se remitió por correo electrónico, se deja la constancia en el expediente y se adjunta una impresión del mensaje de datos.
3 Casos en que se entiende entregado el aviso.
A, Cuando es recibido por una persona que se encuentra en la dirección a donde se remite (no necesariamente el notificado lo debe recibir). Si la dirección se encuentra en una unidad inmobiliaria cerrada, la entrega se puede hacer a la persona que atienda la recepción. 6.5.3.2 Cuando en el lugar de destino rehusaren a recibir el aviso, caso en que la empresa de servicio postal lo deja en el lugar emitiendo constancia de lo acontecido.
B, Cuando es por correo electrónico y el iniciador recepcione acuso de recibo.  <br />
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NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE. Acorde a lo prescrito en el artículo 301 del CGP, esta forma de notificación contiene algunas variaciones con respecto a lo previsto en el CPC. No se consagra la notificación por conducta concluyente cuando hay retiro de expediente, debido a que en el Código General del Proceso no se regula la posibilidad de su retiro. Hecha la anterior precisión, la notificación por conducta concluyente se circunscribe a estos eventos:
1.- Cuando la parte que no se ha notificado de una providencia, como por ejemplo del auto admisorio de la demanda, manifiesta que conoce dicha providencia o la menciona, bien sea en un escrito, o verbalmente durante una audiencia o diligencia. Si la parte actúa directamente, es decir, sin apoderado judicial, es indispensable que aluda inequívocamente a la providencia, no es suficiente que actúe en el proceso. Esta forma de notificación por conducta concluyente se considera surtida en la fecha en que presentó el escrito o hizo la manifestación verbal. EJEMPLO: Existe proceso bien declarativo o ejecutivo en contra del señor MARIO ACOSTA, a quien le embargan y secuestran bienes. El demandado presenta un escrito solicitando el levantamiento de las medidas cautelares. En tal caso no hay notificación por conducta concluyente del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, según el caso. Diferente sería si el demandado no se limita a pedir el levantamiento de cautelas sino que además se pronuncia con respecto al auto que admitió la demanda, lo que lleva a que se notifique de ésta providencia.
2.- Si la parte que no se ha notificado de la providencia, como por ejemplo del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, actúa en el proceso, ya no en forma directa, sino a través de apoderado judicial, queda notificada por conducta concluyente, aunque en la actuación que realice el apoderado no se haga referencia al auto admisorio de la demanda. Se considera surtida la notificación el día en que se notifique el auto que reconoce personería. EJEMPLO: El señor MARIO ACOSTA confiere poder a un abogado, y éste solicita el levantamiento de medidas cautelares. Una vez se le reconozca personería queda 116 notificado del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, no obstante que tal providencia no fue mencionada.
3.- Si la parte a través de apoderado judicial, actúa en el proceso sin haberse admitido la demanda o librado mandamiento ejecutivo, y antes de esta providencia se le reconoció personería, dicha providencia le será notificada por estado.
4.- Cuando el demandado invoque como causal de nulidad la indebida notificación de una providencia, como por ejemplo el auto admisorio de la demanda, y es decretada la nulidad alegada, se considera notificada de dicha providencia por conducta concluyente. En este caso la notificación queda surtida el día en que solicitó la nulidad y no al día siguiente a la ejecutoria del auto que decretó la nulidad, como lo establecía el Código de Procedimiento Civil, pero los términos del traslado sí corren una vez quede en firme el auto que decretó la nulidad. EJEMPLO: El demandado fue mal notificado del auto admisorio de la demanda, o fue indebidamente emplazado. El día 10 de Febrero solicita la nulidad, a la cual se le da el trámite correspondiente y por auto del 30 de Mayo se decreta la nulidad. Si este auto no fue apelado, por haber quedado ejecutoriado, se considera el demandado notificado por conducta concluyente del auto admisorio de la demanda, el día 10 de Febrero (fecha en que alegó la nulidad), pero los términos para contestar la demanda corren al día siguiente a aquel en que se ejecutorió el auto del 30 de Mayo que decretó la nulidad.  <br />
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NOTIFICACION EN ESTRADOS. Se trata de la forma de notificar providencias judiciales que se dicten en el curso de audiencias o diligencias, es decir, que esta clase de notificación se predica tanto para autos como para sentencias que se profieran en oralidad. En las audiencias inicial (372), de instrucción y juzgamiento (373), como en la prevista en el artículo 392, así como en las diligencia de inspección judicial, embargo y secuestro, entrega de bienes, entre otras, toda providencia que se profiera en el curso de ellas se entiende notificada por estrado para las partes que debían asistir a las mismas y no concurrieron, pues si las partes comparecen a ellas, 117 se notifican personalmente de las providencias que se dicten en el transcurso de las mismas.  <br />
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NOTIFICACION POR ESTADO. Resulta ser la notificación de carácter residual, puesto que corresponde a la forma de notificar aquellas providencias que se dicten por escrito y que no trate de las que deban hacerse de manera personal. Tanto autos como sentencias que se dicten por fuera de audiencia, y no se deban notificar de otra manera, serán notificados por estado de conformidad con las formalidades y constancias señaladas en el artículo 295 del Código General del Proceso. El estado se fijará en la secretaría del despacho judicial, al día siguiente de la fecha de la providencia y permanecerá durante un día, dejando constancia el secretario de dicha notificación al pie de la providencia que se notifica. Agrega el parágrafo del artículo 295 del CGP que los estados serán publicados por mensaje de datos siempre que en el despacho existan los recursos técnicos. 118 ap Actividades pedagógicas ¿Cómo deben ser notificados los demandados del interviniente excluyente que demanda conforme al artículo 63 del CGP? ¿Si el demandado propone la excepción de prescripción, por haber sido notificado por conducta concluyente debido a que había sido indebidamente notificado del auto admisorio de la demanda, qué análisis debe realizarse para decidir si es exitosa o no la prescripción alegada? ae Autoevaluación GUSTAVO presentó demanda contra MARIO y DIANA quienes son litisconsortes necesarios. Notificado Mario de manera personal contestó la demanda, mientras que Diana fue emplazada. El A Quo en la audiencia anuncia el sentido del fallo y cuando dicta sentencia resultó apelada. Diana solicita ante el AD QUEM que se decrete la nulidad por indebido emplazamiento, toda vez que el demandante conocía de su paradero, a lo cual se accede. Preguntas,
1.- ¿Como la demandada queda notificada por conducta concluyente, en qué momento se considera surtida dicha notificación? 2.- ¿De qué manera se notificó la sentencia del A Quo? <br />
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RECURSOS ORDINARIOS o Objetivos específicos
• Verificar los cambios que se introducen para el recurso de apelación contra autos y contra sentencias.
• Entender que el juez tramitará el recurso que sea procedente aun cuando el impugnante haya interpuesto un recurso equivocado.
• Determinar los efectos en que se debe conceder el recurso de apelación y las cargas que deberá cumplir el apelante. o Objetivo general
• Identificar los cambios trascendentales que el nuevo estatuto regula con respecto a los recursos ordinarios, puesto que en particular el de apelación sufre importantes modificaciones.  <br />
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RECURSOS ORDINARIOS Esta institución de los recursos, tienen como objetivos principales los siguientes: De un lado, que se corrijan los errores en que incurre el funcionario judicial, y de otro lado, impide que la providencia quede ejecutoriada y por tanto en firme, haciendo necesario estudiarla como consecuencia del recurso interpuesto. Los medios de impugnación también asumen importantes reformas, en particular los recursos ordinarios de apelación y queja, como adelante se precisará. El nuevo ordenamiento procesal mantiene los mismos recursos tanto ordinarios como extraordinarios, siendo aquellos los de reposición, apelación, queja y súplica, y los últimos la casación y revisión, caracterizándose estos en que además de dirigirse contra sentencias, deben fundarse sólo en las causales que señala la ley, que para el de casación se consagran en el artículo 336, mientras que para el de revisión se prevén en el artículo 355. Como en buena parte las providencias serán dictadas en audiencia, el recurso que proceda deberá interponerse inmediatamente se pronuncie el auto o la sentencia. Si la providencia se profiere por fuera de audiencia, el recurso se interpondrá dentro de los 3 días siguientes a su notificación.  <br />
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REQUISITOS PARA TRAMITAR Y RESOLVER RECURSOS. En el nuevo estatuto procesal, se mantienen los parámetros que tanto los apoderados de las partes como el juez o magistrado, deben analizar para tramitar y decidir el recurso que se interpone. Dichos requisitos son los siguientes, y que en cada uno de los recursos serán estudiados detenidamente.
1- Legitimación. Se refiere a que quien interpone un recurso sea parte dentro del proceso, pues de no serlo, carece de legitimación para impugnar la providencia. De conformidad con lo anterior, tanto demandante como demandado, obrando como parte singular o como integrante de un litisconsorcio, están legitimados para recurrir, como también lo está el llamado en garantía, el que interviene de manera excluyente, el poseedor o tenedor que fue llamado, el tercero que fue llamado de oficio, e incluso el coadyuvante siempre que no se lo impida el coadyuvado. La excepción a éste requisito de legitimación se encuentra consagrada en el numeral 6 del artículo 355 del Código General del Proceso, la cual permite que un tercero a quien perjudica la sentencia por haber existido colusión o maniobras fraudulentas de las partes, pueda acudir al recurso extraordinario de revisión.
2-  Interés para recurrir. Además de la legitimación que le permite impugnar, es necesario que haya interés para recurrir, es decir, que la providencia atacada le cause un perjuicio que puede ser total o parcial, puesto que si el auto o la sentencia que se impugna no le perjudica, no se tramita el recurso por carencia de interés para recurrir. EJEMPLO: Pedro demanda a Enrique para que se le condene al pago de unos perjuicios estimados en la cantidad de $100.000.000.oo. Se puede generar una de estas tres variables para efectos del perjuicio que sufren las partes:
A).- El juez condenó al demandado a los perjuicios reclamados en la cantidad de $100.000.000.oo. El demandante no sufre perjuicio alguno (no tiene interés para recurrir) pero sí se le causa al demandado, quien por tanto es la parte que puede impugnar.
B).- El juez absuelve al demandado del pago que en su contra se reclamó. En este caso, el demandado carece de interés para recurrir, pues no se perjudica en la decisión, caso en el cual la parte que puede impugnar es el demandante.
C).- El juez condenó al demandado a pagar como perjuicios la cantidad de $70.000.000.oo, por ser lo que se probó. En tal caso, ambas partes sufren perjuicio, por lo que las dos pueden recurrir la providencia.
7.1.3 Oportunidad.
 Todo recurso debe ser interpuesto en tiempo, pues de no hacerlo la providencia queda ejecutoriada. La oportunidad para recurrir se da en una de estas eventualidades:
A).- Si la providencia se dicta en el curso de una audiencia o diligencia, deberá impugnarse inmediatamente se dicte la providencia (auto o sentencia). Si la parte que debía concurrir no asiste, no podrá impugnar la providencia por no estar presente.
B).- Si la providencia se dicta por fuera de audiencia (escrita) el recurso deberá interponerse dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la providencia, excepto cuando se trate del recurso de casación que por norma especial (337) debe interponerse en el término de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia dictada por escrito. C).- Cuando se trate del recurso extraordinario de revisión, éste se promueve contra una sentencia ya ejecutoriada, pero en todo caso de manera oportuna, y es en el término de 2 años contados desde la ejecutoria de la sentencia, salvo cuando se invoque la causal 7 del artículo 355 (indebida representación, notificación o emplazamiento) que será en el término de 2 años desde cuando se tuvo conocimiento de la sentencia, con un límite máximo de 5 años desde su ejecutoria. No obstante, si la providencia que se ataca por vía de recurso, fue motivo de aclaración o de complementación, mientras no se haya resuelto la aclaración o complementación, la providencia no queda ejecutoriada, pudiéndose todavía recurrir dentro de la ejecutoria de la providencia que resuelva la aclaración y en su caso la adición. EJEMPLO: En una audiencia el juez niega una prueba oportunamente solicitada, por lo que la parte pide que aclare la razón por la cual negó la prueba, a lo que el juez se manifiesta con nuevo auto, una vez proferido este segundo auto (el que se refiere a la aclaración), la parte podrá inmediatamente impugnar aquel auto, el que le negó la prueba. EJEMPLO: Se pide como pruebas que decreten un testimonio y una inspección judicial, cuando el juez abre a pruebas, decreta la prueba testimonial y no se manifiesta con respecto a la inspección solicitada, la parte interesada inmediatamente solicita que se complemente el auto con respecto a la inspección que se había pedido (pues no se pronunció), una vez resuelta la complementación, podrá impugnarse el auto, incluso el que había decretado el testimonio. 124
-  Sustentación. Todo medio de impugnación requiere que el recurrente lo sustente, es decir, que exponga cuál(es) es(son) el(los) motivo(s) de su inconformidad. Algunos recursos deben sustentarse en el término de ejecutoria de la providencia que se censura, y si la misma se dicta en el curso de una audiencia o diligencia, la sustentación será al tiempo de interponerse puesto que de no hacerlo la providencia queda ejecutoriada. Recursos como los de reposición, queja, súplica deben sustentarse al momento de ser alegado, igual acontece con el recurso de apelación contra autos, aunque como luego se dirá, puede el apelante reservarse el término de tres días para sustentarlo. Otros recursos como el de apelación contra sentencias y el de casación, se sustentan en el transcurso de su trámite. En el estudio de cada uno de los recursos se hará alusión a este requisito.
-  Cumplir con ciertas cargas procesales. Dependiendo del recurso que se va a tramitar, debe examinarse si el recurrente ha de cumplir o no con ciertas cargas, como por ejemplo el pago oportuno de copias para poderlo tramitar. Al analizar cada uno de los recursos, se hará precisión a éste requisito.
-  Procedencia.
Este requisito significa que el recurso que se dirija sea el autorizado por la ley, y para ello deben observarse los siguientes criterios:
(i) la clase de providencia que se impugna;
(ii) el contenido de la providencia;
(iii) la instancia en que se profiere, y (iv) la clase de autoridad judicial que pronuncio la providencia atacada.
A).- Clase de providencia. 125 Dependiendo de su se trata de auto o de sentencia, se concluye el recurso que se pude interponer, pues si es sentencia será procedente apelación, casación y revisión. Si es auto, permite reposición, apelación, queja o súplica.
B).- Contenido de la providencia. En ocasiones debe examinarse el contenido de la providencia que se quiere impugnar. Por ejemplo, si se niega el decreto de una prueba oportunamente solicitada, es procedente la apelación más no la reposición, igual sucede con el auto que rechaza la demanda no con el que la admita. Igual ocurre con el auto que no concede apelación o casación, pues el recurso que procede es el de queja.
C).- Instancia en que se profiere la providencia. Otro criterio que se analiza para verificar la procedencia del recurso, es el de la instancia en que se dicta la providencia, es decir, si el proceso es de única o de doble instancia y en este caso si se encuentra en primera o en segunda instancia. En caso de ser de única instancia, no es procedente la apelación ni la casación. Si el proceso cursa en primera instancia no procede recurso de súplica, pero si lo está en segunda instancia no es permitido el de apelación.
 D).- Autoridad judicial que profiere la providencia. Según si la providencia a ser impugnada fue dictada por un juez o por cuerpo colegiado (tribunal o corte) debe también examinarse la procedencia del recurso, ya que si la providencia es dictada por un juez no procede súplica como tampoco casación.  <br />
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INTERPOSICION DE UN RECURSO IMPROCEDENTE El parágrafo del artículo 318 del Código General del Proceso dispone textualmente: “Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente.” El parágrafo citado merece especiales comentarios, siendo uno de ellos el que se encuentra en el artículo 318 del Código General del Proceso que se ocupa de regular la procedencia y oportunidad del recurso de reposición, lo que pareciera 126 implicar que la improcedencia está entre el recurso de reposición con otro medio de impugnación, pero haciendo una interpretación literal al parágrafo citado se podría concluir que es una regla general, al preceptuar: “(…) mediante un recurso improcedente,” tesis esta que resulta ser la aplicable. Si la parte oportunamente interpone un recurso contra la providencia que lo afecta, pero no es el procedente, el funcionario judicial (juez o magistrado) deberá tramitar el recurso que debió ser interpuesto, a fin de respetarle el derecho a la impugnación que en tiempo se hizo, aun cuando no haya dirigido el medio de impugnación que resultaba procedente, lo cual será corregido por el operador de justicia para darle curso al medio que es el aplicable para el caso concreto. Con el propósito de que el juez o magistrado dé trámite el recurso adecuado es importante que el impugnante además de haber interpuesto recurso en el término de ejecutoria, lo haya sustentado cuando se exige este requisito también en la ejecutoria. EJEMPLO: El magistrado sustanciador en el curso de la segunda instancia profiere un auto que perjudica a una de las partes, y ésta interpone recurso de súplica debidamente sustentado, pero el recurso que procede no es el de súplica sino el de reposición, no cabe duda de que se tramitará es el de reposición que también exige sustentación, requisito que sí se ha cumplido. Igual acontece en el caso inverso, es decir, que interpuso reposición cuando el medio de impugnación que procedía es el de súplica. EJEMPLO: En el curso de la primera instancia un juez niega el decretó de una prueba, cuyo auto es recurrido en súplica, como éste no es el procedente, deberá el juez tramitar el de apelación.  <br />
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RECURSO DE REPOSICION. Es el medio de impugnación que se dirige contra autos en cualquiera de las instancias, para que lo resuelva el mismo funcionario judicial que lo dictó, a fin de revocarlo o reformarlo.
-   Características:
1 Procede contra autos, dictados en única, primera o segunda instancia, como también contra los que dicte la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, existen autos que no tienen reposición, siendo ellos los siguientes:
· Los prohibidos por la ley. Cuando de manera taxativa y en norma especial no se autoriza el recurso. Podemos citar los siguientes ejemplos: - El que inadmite la demanda. (Art. 90 inciso tercero) - El que manifiesta el impedimento o lo decide. (Art. 140 inciso quinto) - Los que se dicten en el trámite de la recusación. (Art. 143 inciso final) - El que decreta una prueba de oficio. (Art. 169 inciso final) - El que limita la recepción de los testigos. (Art. 212 inciso final)
· El que es susceptible de recurso de súplica. Tanto la reposición como la súplica son recursos principales, es decir, no se requiere haber previamente agotado otro recurso, de tal suerte que si el auto es de aquellos en que procede recurso de súplica (en este recurso se explicará su procedencia), naturalmente no procede el de reposición. Por ejemplo, si en el curso de la segunda instancia el magistrado sustanciador niega el decreto de una prueba, este auto tiene recurso de súplica y no reposición, por tratarse de un auto por naturaleza apelable, pero si el magistrado hubiere decretado la prueba, el recurso que procede es el de reposición y no el de súplica, debido a que tal auto no es de aquellos en que la ley permite apelación.
· El que decide la apelación, queja o súplica. Es natural pues se haría demasiado dispendioso el cuestionamiento del auto objeto de censura.
· El que decide una reposición, salvo que dicho auto contenga puntos no decididos en el anterior, es decir que se trate de puntos nuevos, como sucede por ejemplo cuando fue atacado en reposición el auto que decreta una prueba de petición de parte y, simultáneamente se pide una medida cautelar. Si en la misma providencia en que se resuelve la reposición es decidida la solicitud de medida cautelar, con respecto a este último aspecto, procede recurso por tratarse de punto nuevo. Aunque el inciso cuarto del artículo 318 del Código General del Proceso manifiesta que el auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, el inciso primero del numeral 2 del artículo 322 de la misma obra, 128 aduce que si se accede al recurso de reposición, este auto podrá ser impugnado en apelación siempre que la nueva decisión permita el recurso de alzada. Si por ejemplo, fue decretada una prueba y la parte contraria de quien la solicitó interpuso reposición, en caso de que se acceda al recurso, podrá el peticionario de la prueba interponer apelación toda vez que éste nuevo auto es de aquellos que permiten apelación, en el entendido de que por haber prosperado la reposición el juez negó la prueba. No ocurre lo mismo si al contrario, la prueba había sido negada y tal providencia fue impugnada en reposición, pues si se accedió a éste recurso (la prueba se decretó), no habrá apelación, pues esta nueva decisión no posibilita el recurso de alzada.
 
· Los que dicten las salas de decisión. Si el auto lo dicta el magistrado sustanciador y no es de aquellos que permiten súplica, sí tiene reposición, pero no los que dicte la sala de decisión. De conformidad con el artículo 35 del Código General del Proceso, los autos que dicta la sala de decisión son los siguientes:
 (i) el que decide la apelación contra la providencia que rechaza el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto;
(ii) el que decide la apelación contra el auto que rechaza la oposición a la diligencia de entrega;
(iii) el que decide la apelación del auto que resuelve la oposición a la diligencia de entrega.
2 Es principal. Significa que no se exige agotar previamente otro recurso para interponer el de reposición.
3 Debe sustentarse en el término de la ejecutoria, por lo que el recurrente expondrá las razones de inconformidad en la ejecutoria del auto materia de censura. Si la providencia se dictó en el curso de una audiencia o diligencia, deberá recurrirse inmediatamente fue dictada y por ser ese momento, el de su ejecutoria, habrá al tiempo que sustentarlo. En caso de que el auto se haya dictado por fuera de audiencia, la sustentación se hará dentro de los 3 días siguientes al de su notificación.
4.- No tiene cargas procesales. No se exige pagar copias para poderlo tramitar.
5.- Se dirige al mismo funcionario judicial que dictó el auto (juez o magistrado sustanciador) para que lo decida.
--- Fines 129 El recurso de reposición tiene como finalidades las de revocar o reformar el auto impugnado. Si por ejemplo el juez libra mandamiento ejecutivo y el ejecutado interpone reposición a dicho auto para que se revoque, pretende que el juez niegue la ejecución. Diferente es que el juez haya librado mandamiento de pago ordenando cancelar intereses legales, y el ejecutante interponga reposición en que solicita reformar la condena a los intereses para que no sean los legales sino los moratorios.
--- Trámite Si el recurso de reposición se interpone en audiencia, escuchados los argumentos del recurrente que no podrá exceder de 20 minutos, se concede traslado a la parte contraria para que replique sin exceder de 20 minutos, e inmediatamente el juez o magistrado lo decide dentro de la misma audiencia. En caso de que el recurso haya sido interpuesto a un auto proferido por fuera de audiencia, se concede traslado por medio de la secretaría para que en el término de 3 días replique, y luego el funcionario judicial lo resuelve.  <br />
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RECURSO DE APELACION. Es el medio de impugnación que se dirige contra providencias dictadas en primera instancia, para que el superior jerárquico del juez que la profirió lo resuelva, a fin de revocarlo o reformarlo.
7.4.1 Características
1 Procede contra providencias (sentencias o autos) dictadas en el curso de la primera instancia, teniendo en cuenta las siguientes limitaciones:
· Sentencias. Las sentencias de primera instancia son susceptibles de recurso de apelación, excepto: a).- Las que se dicten en equidad. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 43 del Código General del Proceso, deben cumplirse estos requisitos para 130 dictar sentencias en equidad:
(i)Que versen sobre derechos disponibles;
(ii) que las partes lo soliciten de común acuerdo;
(iii) que las partes sean capaces.
b).- Las que prohíbe la ley. En normas especiales y taxativas se prohíbe apelar la sentencia. Podemos citar estos ejemplos: - En procesos de sucesión, la sentencia que aprueba el trabajo de partición que no fue objetado. (509.2) - En procesos de restitución de inmueble arrendado, cuando la causal invocada en la demanda es exclusivamente la mora en el pago de la renta. (384.9)
· Autos. Los autos frente a los cuales procede el recurso de apelación, son aquellos que la ley taxativamente autoriza, como lo manifiesta el artículo 321 del CGP en especial su numeral 10. 2 Es un recurso principal si la providencia que se recurre es una sentencia, pero si la apelación se dirige contra autos, el recurrente decide si interpone directamente la apelación, o lo hace en subsidio de la reposición. 3 Debe sustentarse ante el inferior si la providencia atacada es un auto, pero tratándose de sentencia, se sustenta ante el superior acorde a los reparos planteados ante el inferior. 4 Si la apelación es concedida en el efecto suspensivo, no existen cargas procesales, puesto que no se pagan copias, pero si lo fue en el efecto devolutivo o diferido, hay carga de pagar las copias. 5 Se dirige al mismo funcionario judicial que dictó la providencia, para que el superior lo decida. 7.4.2 Efectos en que se puede conceder. (323) 131 Los efectos en que el A QUO ha de conceder el recurso de apelación son tres a saber: suspensivo, devolutivo o diferido.
 
· SUSPENSIVO. En este caso la providencia apelada no se cumple, por lo cual se suspende la competencia del inferior en toda actuación desde el momento en que queda ejecutoriada la providencia que concede la apelación, hasta cuando se notifique el auto de obedecimiento al superior.
 
· DEVOLUTIVO. En este caso se cumple la providencia apelada, por lo que esta no se suspende, manteniendo competencia el inferior en todo el proceso, inclusive en la providencia atacada.
· DIFERIDO. En este caso la providencia apelada no se cumple, pero el inferior mantiene competencia en todo aquello que no dependa de la providencia impugnada. 7.4.2.1 Efecto en que ha de concederse la apelación de autos. Para que la apelación del auto se conceda en el efecto suspensivo o diferido, la ley misma lo manifiesta, pero si la norma no indica el efecto en que se debe conceder la apelación, deberá serlo en el efecto devolutivo. EJEMPLOS DE AUTOS EN EL EFECTO SUSPENSIVO.
· Art. 90. El auto que rechaza la demanda. · Art. 317. El auto que decreta el desistimiento tácito.
 
· Art. 312. El auto que resuelva sobre la transacción total. EJEMPLO DE AUTOS EN EL EFECTO DIFERIDO. · Art. 312. El auto que resuelva sobre la transacción parcial.
· Art. 446. El auto que en el proceso ejecutivo decida la objeción a la liquidación del crédito. EJEMPLO DE AUTOS EN EL EFECTO DEVOLUTIVO.
· Art. 321.3. El auto que niegue el decreto de una prueba.
· Art. 321.6. El auto que resuelve sobre nulidad procesal.
· Art. 321.8. El auto que resuelve sobre medidas cautelares.
--- Carga procesal cuando se concede la apelación de un auto. No existe carga de pagar copias cuando la apelación de un auto se concede en el efecto suspensivo, pues en este caso se remite al superior todo el expediente. Hay carga de pagar las copias, cuando la apelación del auto se concede en los efectos diferido o devolutivo, debiendo el apelante suministrar las expensas necesarias en el término de 5 días, y se remitirán al superior dichas copias, pues el expediente lo conserva el inferior.
7.4.2.3 Efecto en que ha de concederse la apelación de sentencias. La regla general es que la apelación de la sentencia debe ser concedida en el efecto devolutivo, en cuyo caso el apelante debe suministrar las expensas necesarias en el término de 5 días, remitiéndose al superior el expediente (no las copias), pues las copias se quedan en poder del juez de primera instancia, para con ellas ir adelantando el cumplimiento de las decisiones adoptadas, sin que haya lugar a la entrega de dineros o de bienes, pues para tales entregas se requiere que el superior confirme la sentencia. Hay cuatro (4) eventos en que la apelación de la sentencia será concedida en el efecto suspensivo:
1. Cuando versa sobre el estado civil de las personas. Ejemplo: Decreta divorcio.
2. Cuando ambas partes la impugnan. Ejemplo: Se pide condena en perjuicios en la suma de $200.000.000.oo y el juez en la sentencia condena a pagar en la cantidad de $120.000.000.oo y ambas partes apelan. (Si tan solo apeló una de ellas, se
concede en el efecto devolutivo)
3. Cuando niega todas las pretensiones. Ejemplo: Se pide la entrega de un bien arrendado y en sentencia el juez niega la entrega, caso en que solo puede apelar el demandante. 133
4. Cuando es meramente declarativa. Ejemplo: El juez reconoce la calidad de hijo en proceso de filiación.
7-    Fines El recurso de apelación tiene como finalidades las de revocar o reformar la providencia impugnada.
7-- Trámite El trámite del recurso de apelación es diferente cuando la impugnación se dirige contra auto o sentencia.  <br />
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7--- Trámite de apelación de auto.
· Trámite en primera instancia. Si el auto se dictó por fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito dirigido al mismo funcionario, en el término de 3 días debidamente sustentado, del cual por secretaría se dará traslado por el término de 3 días, para que la parte contraria replique. Una vez transcurrido lo anterior, se concederá en el efecto que corresponda, y si lo es en el devolutivo o diferido, el apelante debe pagar las copias en el término de 5 días. Si el auto se dictó en el curso de una audiencia o diligencia, deberá interponerse de manera verbal inmediatamente después de que se haya proferido, pudiendo sustentarse en ese mismo momento, cuya intervención será hasta de 20 minutos, en cuyo caso la parte contraria replicará oralmente hasta por 20 minutos. Si la apelación no se sustenta al tiempo de ser interpuesta, podrá hacerlo por escrito dentro de los 3 días siguientes, ante el mismo juez que dictó el auto, en cuyo caso y por secretaría, se concede el término de 3 días para que la parte contraria lo replique, para ser concedido en el efecto que corresponda, y si lo es en el devolutivo o diferido, el apelante debe pagar las copias en el término de 5 días. Ocurrido lo anterior, debe enviarse al superior el expediente (si se concede en el efecto suspensivo) o las copias (si se concede en el efecto devolutivo o diferido) 134 Eventos en que el A QUO declara desierta la apelación del auto.
1.- Cuando no se sustenta el recurso.
2.- Cuando no se pagan las copias, en caso de haberse concedido en el efecto devolutivo o diferido.
 
· Trámite en segunda instancia. Una vez el AD QUEM reciba el expediente o las copias, según el caso, profiere una de estas dos providencias:
1.- Declara inadmisible el recurso. Si no se cumplen sus presupuestos para su trámite y decisión. Por ejemplo: El apelante no es parte en el proceso, o carece de interés para recurrir debido a que el auto impugnado no le causa perjuicio, o el recurso se interpuso por fuera del término de ejecutoria, o no está sustentado.
2.- Lo decide, bien revocando o confirmando el auto atacado, caso este último en que condena en costas al apelante, señalando el monto de las agencias en la misma providencia que decide la apelación. Debe destacarse que cuando se apela un auto, no habrá providencia que admite la apelación (como sí acontece bajo las reglas del Código de Procedimiento Civil), y la razón obedece a dos aspectos:
(i) En el trámite de la apelación de un auto no puede solicitarse pruebas;
(ii) El recurso se sustenta ante el inferior. Recordemos que el esquema que adoptó el Código de Procedimiento Civil, es que la sustentación de la apelación se realiza ante el superior, quien por tanto admite el recurso para que en los 3 días siguientes el apelante sustente y la contraparte luego replique.
7--- Concentración de apelaciones Cuando en el curso de la audiencia inicial o la de instrucción y juzgamiento, se interpongan varias apelaciones, al finalizar la misma el juez resuelve sobre la procedencia de ellas, no obstante que no se hayan sustentado los recursos. Es necesario para resolver sobre tales procedencias, que se haya también apelado la sentencia, si esta se dictó en la misma audiencia, pues de no haber sido impugnada la sentencia, las partes aceptan la decisión y por sustracción de materia no se resolverán las apelaciones que se hubieren interpuesto. 135 EJEMPLO: En la audiencia inicial, se niega una prueba solicitada por el demandante, quien inmediatamente apela dicho auto, y más adelante el juez decreta una nulidad procesal que también fue apelada. Al finalizar la audiencia resolverá sobre la procedencia de las apelaciones interpuestas, pero si además de lo anterior, el juez dicta sentencia anticipada y esta decisión no es impugnada, deberá abstenerse de tramitar las apelaciones de los autos, en caso contrario, serán tramitadas.
7.--- Trámite de la apelación de sentencia.
· Trámite en primera instancia. Si la sentencia se dicta por escrito (por fuera de audiencia) en el término de 3 días la parte interesada la podrá apelar mediante escrito dirigido al funcionario que la dictó precisando de manera concisa y breve, los reparos concretos que generan su inconformidad. Si la sentencia se dictó en audiencia, inmediatamente se pronuncia debe ser apelada, pudiendo allí mismo o dentro de los 3 días siguientes por escrito, manifestar los reparos concretos de inconformidad. Concedido el recurso de apelación, y si lo es en el efecto devolutivo, debe el apelante pagar las copias en el término de 5 días. Ocurrido lo anterior, se envía al superior el expediente (si se concede en el efecto suspensivo) o las copias (si se concede en el efecto devolutivo) Eventos en que el A QUO declara desierta la apelación de la sentencia. <br />
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 1.- Cuando no se precisan los reparos de inconformidad.
2.- Cuando no se pagan las copias, en caso de haberse concedido en el efecto devolutivo.
· Trámite en segunda instancia. Una vez el AD QUEM reciba el expediente o las copias, según el caso, profiere una de estas dos providencias: 136
1.- Declara inadmisible el recurso, cuando no se han cumplido los requisitos para la concesión. Por ejemplo: El apelante no es parte en el proceso, o carece de interés para recurrir debido a que la sentencia no le causa perjuicio, o el recurso se interpuso por fuera del término de ejecutoria, o no se manifiestan los reparos de inconformidad.
2.- Admite el recurso. Como la apelación recae sobre una sentencia, se dicta el auto que admite el recurso siempre que se cumplan los requisitos para su concesión, toda vez que se mantiene la posibilidad de pedir pruebas en la segunda instancia.
7--- Pruebas en segunda instancia. 327 Oportunidad. Se pueden solicitar las pruebas en segunda instancia, dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, es decir, dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto que admite la apelación. Causales: Las pruebas en segunda instancia son posibles únicamente en los casos taxativos que señala el artículo 327, y que son:
1.- Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En todo caso el AD QUEM verifica si se cumplen los principios de pertinencia, conducencia y utilidad.
2.- Cuando decretadas en la primera instancia, no se pudieron practicar sin culpa de la parte que las solicitó. Ejemplo: El demandado o demandante pidió un testimonio, que el A QUO decretó, pero el testigo no se localizó para su comparecencia motivo por el que no se practicó. Puede nuevamente solicitarse esta prueba en la segunda instancia, pero el peticionario debe acreditar los motivos por los que no se pudo practicar, toda vez que son razones ajenas a él.
 3.- Cuando versen sobre hechos ocurridos después de la oportunidad para pedir pruebas en la primera instancia. Se trata de hechos sobrevivientes que acaecieron después de la oportunidad de pedir pruebas ante el A Quo, y que por lo mismo no se pidieron en la primera instancia.
4.- Cuando se trate de documentos que no se pudieron aportar en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la contraparte. Debe la parte interesada en aducir el documento, acreditar las razones por las que no lo pudo aportarlo ante el A Quo. 137
7-- Auto que señala fecha para audiencia de sustentación y fallo. Una vez en firme el auto que admitió la apelación, si se pidieron pruebas, las niega (si no se ajustan a las causales referidas) o las decreta, para que se practiquen en la audiencia de sustentación y fallo, que para el efecto es fijada. De no haberse solicitado pruebas, simplemente se fija fecha y hora para la referida audiencia.
 --- Audiencia de sustentación y fallo. Llegada la fecha y hora de la audiencia, se practican las pruebas si hay lugar a ellas, y luego el impugnante sustenta su apelación, permitiéndole el uso de la palabra hasta por 20 minutos, cuyos argumentos deberán ceñirse a los reparos planteados ante el A Quo, acto seguido la parte contraria podrá replicar hasta por 20 minutos, e inmediatamente el Ad Quem decide la apelación pero únicamente sobre los argumentos que expuso el apelante que a su vez deben ser coherentes con los reparos que había formulado. Evento en que el Ad Quem declara desierta la apelación de la sentencia:
1.- Cuando el apelante no sustenta su apelación, o lo hace pero no es concordante con los reparos de inconformidad que expuso ante el juez de primera instancia. Deben exaltarse dos aspectos:
1.- La sustentación debe ser consonante con los reparos que se manifestaron en la primera instancia, y se realiza oralmente, pues no pueden entregarse escritos por así prohibirlo el art. 107.6 del Código General del Proceso.
2.- El Ad Quem no puede pronunciarse sobre aspectos diferentes a los que expuso el apelante en sus reparos y que desarrolló en la sustentación.
7--- Apelación adhesiva. 322 Parágrafo En caso de que la sentencia que dicte el juez de primera instancia, cause perjuicio a las dos partes, y tan solo una de ellas oportunamente interpuso la apelación, la otra parte puede adherirse a dicho recurso, en lo que le hubiere sido desfavorable. En tal caso, la adhesión debe presentarse bien ante el A Quo, si la actuación aún se 138 encuentra allí, o ante el superior pero en todo caso antes de que quede ejecutoriado el auto que admite la apelación de la sentencia. Al igual que el apelante principal, el adhesivo debe exponer los reparos de inconformidad para en la audiencia de sustentación y fallo, sustentar la apelación en concordancia con los reparos planteados. Casos en que no se resuelve la apelación adhesiva:
1.- Cuando no se sustenta dicha apelación, o la sustentación no se relaciona con los reparos planteados.
2.- Cuando se declara desierta la apelación principal. 3.- Cuando el apelante principal desiste de su recurso.  <br />
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7.RECURSO DE QUEJA. Es el medio de impugnación que se dirige contra el auto que no concede el recurso de apelación o el de casación, a fin de que el superior jerárquico lo conceda si es procedente. Este medio de impugnación atempera las cargas que el CPC le exige al recurrente para tramitar este recurso, pues mientras en el estatuto anterior, el impugnante debe en subsidio a la reposición solicitar copias para con ellas interponer la queja ante el superior si no prospera el recurso de reposición, caso en que debe en primer lugar pagar las copias en el término de 5 días, en segundo lugar retirar las copias en el término de 3 días una vez la secretaria las fije en traslado, y en tercer lugar, retiradas las copias llevarlas en el término de 5 días al superior con el recurso de queja que se dirige a ese funcionario judicial. Si el impugnante no es diligente en cumplir con alguna de las tres cargas indicadas, sufre las consecuencias de que no le tramiten el recurso de queja. El CGP adopta un régimen menos drástico y formalista al previsto en el estatuto anterior, pues de las tres cargas indicadas, se reducen a una sola, y es el de pagar las copias en el término de 5 días si no le prosperó la reposición, pues en subsidio de este recurso el de reposición, no se piden copias sino se interpone queja.
71 Características: 139
1.- Procede exclusivamente contra el auto que no concede los recursos de apelación o casación.
2.- Es un recurso subsidiario, toda vez que se requiere agotar primero el recurso de reposición. 3.- Debe sustentarse ante el inferior y en el momento en que se interpone.
 4.- Existe la carga de pagar oportunamente las copias.
 5.- Se dirige al mismo funcionario judicial que dictó el auto para que el superior lo decida.
7.2 Trámite Proferido un auto que no concede apelación, deberá sobre ese auto interponerse reposición y en subsidio queja. El juez resuelve la reposición y si no prospera, se ordena que se paguen las copias pertinentes en el término de 5 días, de no ser canceladas no se tramita la queja, pero si fueron canceladas el secretario del despacho judicial las remite al superior, en donde se mantendrán en secretaría por 3 días para que la parte contraria replique y luego se resolverá el recurso. Si prospera, es el superior el que concede el recurso indicando el efecto correspondiente cuando se concede el de apelación, e informará al inferior. EJEMPLO: En la audiencia inicial el juez niega una prueba solicitada por el demandado por considerarla impertinente, dicho auto es impugnado en apelación, y el juez no concede dicho recurso, por lo que acto seguido a este nuevo auto se le interpone reposición y en subsidio queja. Como la reposición sigue el trámite que le corresponde, la parte contraria pudo replicarle. El juez decide la reposición y si confirma el auto, ordena que el recurrente pague las copias pertinentes en el término de 5 días, y si fueron canceladas, estas se remiten al superior, en donde permanecerá en secretaría por 3 días para que la parte contraria replique, si así lo desea, y finalmente se decide el recurso de queja.  <br />
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7.RECURSO DE SUPLICA Es el medio de impugnación que se dirige contra ciertos autos que dicta el magistrado sustanciador en el curso de la segunda o única instancia, para que los otros magistrados que integran la sala lo decidan.
7.1 Características
1.- Procede contra los siguientes autos que dicte el magistrado sustanciador:
· El que resuelve sobre la admisión del recurso de apelación o el de casación.
· Los que se dicten en el trámite de los recursos de casación o revisión y que por naturaleza serían susceptibles de apelación.
 
· Los autos que se dicten en el curso de la segunda o única instancia y que por naturaleza serían apelables. EJEMPLO: El juez civil del circuito dicta sentencia en primera instancia que es apelada, el magistrado sustanciador del Tribunal Superior del Distrito, admite el recurso de apelación y dentro del término de ejecutoria de ese auto, es solicitada una prueba, la cual no decreta el magistrado por las razones que considere. Como este auto es apelable por así disponerlo la ley (321.3), el recurso que procede es el de súplica. Si la prueba hubiese sido decretada, no cabe recurso de súplica (pues tal auto no es apelable por su contenido) pero sí el de reposición.
2.- Es un recurso principal, pues no se exige agotar previamente otro recurso.
3.- Debe sustentarse en el momento en que se interpone.
 4.- No existen la carga de pagar las copias.
5.- Se dirige al magistrado sustanciador que dictó el auto para que los otros magistrados de la sala lo decidan, haciendo de ponente el magistrado que sigue en turno. 141
72 Trámite Dictado el auto por el magistrado sustanciador, en el término de ejecutoria la parte afectada interpone el recurso de súplica debidamente sustentado, concediéndose por secretaría traslado a la parte contraria por 3 días para que replique. Una vez vence este traslado, el secretario pasa el expediente al magistrado que sigue en turno, quien actúa como ponente, y lo decide junto con el otro magistrado de la sala. 142 ap Actividades pedagógicas ¿Si la parte afectada con una providencia interpone un recurso inadecuado, Ud. lo tramita por el que es procedente, no obstante que la norma que lo autoriza está consagrada en el parágrafo del artículo 318 que se ocupa del recurso de reposición? ¿En el evento de que el apelante de una sentencia dictada en audiencia, formule al tiempo del recurso sus reparos, y después en los 3 días siguientes por escrito formula nuevos reparos, deben resolverse estos últimos? ¿Si la sentencia afecta a ambas partes, pero tan solo una de ellas interpuso en tiempo la apelación, caso en el cual se concede en el efecto devolutivo, se debe continuar cumpliendo con la providencia apelada si la parte contraria se adhiere en tiempo al recurso de apelación? ae Autoevaluación CASO: GERARDO presentó demanda en contra de JAVIER y en la audiencia inicial decretó una inspección judicial solicitada por el demandante, auto que fue recurrido en reposición por parte de Javier. El juez decide la reposición revocando el auto, el que a su vez fue atacado por Gerardo mediante reposición, que el juez se abstiene de tramitar por tratarse de auto que decide una reposición anterior. Preguntas:
1.- ¿Procedió de manera correcta el juez cuando no tramitó la última reposición? (la que interpuso Gerardo)
2.-¿Puede Gerardo interponer algún recurso con respecto a la última decisión del juez? 143 CASO: En proceso declarativo se pretende la reivindicación de un inmueble con la condena al pago de frutos, y en el mismo el juez de primera instancia decretó de oficio la declaración de un testigo, cuya diligencia no se pudo practicar. Dictada por el A QUO la correspondiente sentencia, condenó a la reivindicación y negó el pago de los frutos. La sentencia fue apelada por el demandante, mientras que el demandado no lo hizo, motivo por el cual se concede la apelación. Dentro de la oportunidad prevista en la ley, el demandado se adhiere a la apelación. Preguntas:
1.- ¿Es posible solicitar en la segunda instancia la prueba testimonial que no se pudo practicar en la primera instancia, sin culpa del apelante?
2.- ¿Teniendo en cuenta que en oportunidad la sentencia fue apelada sólo por el demandante, se cumple la decisión impuesta en la parte resolutiva, a pesar de que la contraparte se adhirió?  <br />
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144 Unidad 9 NULIDADES PROCESALES o Objetivos específicos
 • Diferenciar las nuevas causales de nulidad que rigen en el CGP, así como aquellas que resultan insaneables.
 • Comprender por qué algunas causales de nulidad que estableció el CPC no se consagran en el Código General del Proceso.
 • Verificar las diversas razones que llevan a sanear nulidades procesales empezando por el control de legalidad que se adopta en cada etapa procesal. o Objetivo general
 • Identificar las reformas que en el régimen de nulidades adopta el Código General del Proceso, siguiendo el régimen de taxatividad que ha aplicado y cuyas causales se encuentran en el artículo 133 de la nueva normatividad y en otras normas procesales.
1NULIDADES PROCESALES <br />
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Tal y como ha sido constante en nuestro sistema procesal, el régimen de nulidades es taxativo, en cuanto a que es el legislador quien señala las irregularidades que se elevan a causal de nulidad. Esto significa que no toda irregularidad se puede alegar como nulidad, pues aquellas que no tienen este tratamiento, deberán ser discutidas por medio de recursos, como en efecto lo dispone el parágrafo del artículo 133. Es preciso aclarar que con las reglas del Código General del Proceso, en caso de no haberse seguido el procedimiento que corresponde, no genera motivo de nulidad, como sí lo dispuso el Código de Procedimiento Civil. La razón obedece a que con el nuevo estatuto procesal, se minimiza el riesgo de adelantar el asunto por el procedimiento equivocado, puesto que en tratándose de proceso declarativo, se regulan dos tipos de procedimiento, el del verbal, y el del verbal sumario, a menos de que se trate de alguno de los especiales (expropiación, divisorio, monitorio, y deslinde y amojonamiento), y si el proceso es ejecutivo, se establece un único tipo de procedimiento. No obstante, si por alguna circunstancia a un determinado asunto se le diese un trámite equivocado, como es motivo de excepción previa, el instrumento procesal que debe hacerse valer es dicho medio exceptivo, y si no se propuso, se convalida lo anterior, conforme a lo señalado en el artículo 102 del Código General del Proceso.  <br />
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1.- CAUSALES DE NULIDAD PROCESAL QUE NO PREVE EL ART. 133 CGP Las causales de nulidad no son exclusivamente las contempladas en el artículo 133, pues otras normas consagran nulidades procesales, como a continuación se exponen:
1. Artículo 14 CGP. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. En armonía con el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política, la sentencia no puede fundarse en pruebas ilegales, irregulares o ilícitas, pues de 146 basarse en ellas, resulta nula dicha providencia, por no respetarse esta garantía que hace parte integrante del debido proceso. Son pruebas ilegales aquellas que transgreden las normas sustanciales, como por ejemplo cuando el juez encuentra probada la promesa de compraventa de un inmueble, por medio de los testigos. (Recordemos que dicho contrato es solemne, y por tanto no puede acreditar con testigos). Son pruebas irregulares aquellas que vulneran normas procesales, como por ejemplo que el juez impida a una de las partes controvertir o debatir pruebas que en su contra se han aportado, y funda su sentencia en tales pruebas. Son pruebas ilícitas aquellas que se obtienen violando derechos fundamentales, como por ejemplo las grabaciones que se realizan sin orden judicial y además sin la autorización del interlocutor, pues infringe el derecho a la intimidad.
2.- Arts. 16 y 138. Cuando la sentencia la dicta el juez que carece de jurisdicción. A sabiendas de que la jurisdicción civil es residual, no puede resolver conflictos que estén atribuidos a otra jurisdicción, bien porque pertenezca a la ordinaria o a una especial. Así por tanto, el juez civil no puede proferir sentencia para imponer condenas de pagos por concepto de salarios, pues el juez natural para este asunto es el juez laboral, o dirimir controversias originadas en contratación estatal, pues es la jurisdicción contencioso administrativa la indicada para su solución. En los casos señalados la sentencia será nula, mas no la actuación que previamente se realizó.
3.- Arts. 16 y 138. Cuando la sentencia la dicta el juez que carece de competencia por los factores subjetivo o funcional. Si el juez civil dicta una sentencia para dirimir un conflicto en que una de las partes es agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República, o el juez dicta la sentencia que resuelve el recurso de revisión. En dichos casos la sentencia es nula, por cuanto el juez no es el competente para esos asuntos, pues en el primer caso y dado el favor subjetivo, debía conocer la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mientras que en el segundo caso, le corresponde bien al Tribunal Superior de Distrito o a la Corte Suprema de Justicia, resolver la revisión, por el factor funcional de la competencia. 147 4.- Art. 38. Cuando el comisionado carece de competencia territorial. En los casos en que se autoriza la comisión, como por ejemplo para practicar pruebas que se surten por fuera de la sede del juzgado, o para realizar la diligencia de remate de un inmueble que está fuera de la sede del juzgado, o para practicar diligencia de secuestro o entrega de bienes, el comisionado debe tener competencia territorial. En caso de que carezca de dicha competencia, debe devolver el despacho al comitente, y si no lo hace la nulidad solo puede alegarse hasta el momento en que se inicia la práctica de la diligencia.
5.- Art. 40. Cuando el comisionado excede las facultades con respecto a la diligencia que se le delega. El comisionado se debe limitar a cumplir la delegación que se le ha otorgado con las mismas facultades del comitente. Si excede tales facultades, genera nulidad que deberá ser alegada dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto dictado por el comitente en virtud del cual se ordena agregar el despacho diligenciado al expediente. Son ejemplos de exceder las facultades cuando no solo se limita a practicar la prueba que el comitente decretó, sino a practicar otra prueba que no fue autorizada, o cuando el comisionado profiere auto que aprueba remate, o decide el incidente de levantamiento de medida cautelar que él practicó.
6.- Art. 107.1. Cuando el juez, jueza, o los magistrados están ausentes en las audiencias o diligencias. La presencia del juez en las audiencias y diligencias es esencial en garantía del principio de inmediación. El juez como director del proceso, debe estar presente en la audiencia inicial, de instrucción y juzgamiento, de sustentación y fallo (cuando se tramita la segunda instancia por haberse apelado la sentencia), como también en la diligencia de inspección judicial, y en general en cualquier clase de audiencia o diligencia. La inasistencia del juez o de los magistrados provoca la nulidad de las actuaciones que se lleven a cabo.
7.- Art. 121. Cuando el juez o magistrado no dicta la sentencia en el término señalado en la ley. 148 Acorde con la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el juez tiene términos perentorios para dictar la sentencia, tanto en primera como en segunda instancia. Dicho término es de un año para la primera o única instancia y de seis meses para la segunda instancia. Término para dictar sentencia de primera o única instancia. Dependiendo de si el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo se profiere en el término de los 30 días siguientes a la fecha en que se presentó, el año que tiene el juez para dictar sentencia de primera o única instancia, empieza a correr desde el siguiente momento:
1.- Si el juez admite la demanda o libra mandamiento ejecutivo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que fue presentada, el término de un año para dictar sentencia empieza a correr a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo al último de los demandados.
2.- Si el juez admite la demanda o libra el mandamiento ejecutivo después de los 30 días siguientes a la fecha en que fue presentada, el término de un año para dictar sentencia empezó a correr a partir de la fecha en que se presentó la demanda. Como el accionante aspira a un proceso pronto y eficaz, debe el juez pronunciarse con respecto a si admite o rechaza la demanda en un término razonable, que es de 30 días contados a partir de la presentación de la demanda, de tal suerte que si fue necesario inadmitirla, alcanza a proferir este auto para que se corrijan los defectos y luego admitir la demanda, al punto que si excede el término de los 30 días indicados, el plazo del año para dictar sentencia ya le está corriendo, pues su conteo empezó con la fecha de la presentación de la demanda. Término para dictar la sentencia de segunda instancia. El Ad Quem tiene seis meses contados a partir del recibo del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal, para resolver la segunda instancia, so pena de que las actuaciones posteriores a ese término, resulten nulas por pérdida de competencia. Prórroga del término. 149 El inciso quinto del artículo 121 del Código General del Proceso, permite que el juez o el magistrado, por motivos plenamente justificables y por única vez prorrogue el término para resolver la instancia, hasta por seis (6) meses, mediante auto no susceptible de recurso. Si el juez o magistrado se acoge a este inciso, es necesario que se cumplan estas condiciones:
· Que motive las razones por las que decide prorrogar el término.
 
· Que se manifieste a través de auto, que no tiene ni siquiera reposición.
· Que el auto mediante el cual decide prorrogar el término, se profiera antes de que haya vencido el mismo, es decir antes del año, si es en la primera o única instancia, o antes de los seis meses para el caso de la sentencia de segunda instancia. Transcurrido el plazo señalado, con o sin la prórroga, son nulas las actuaciones posteriores que se lleven a cabo, puesto que el funcionario pierde la competencia para seguir conociendo del proceso.
8.- Art. 134. Cuando se dicte sentencia y no se encuentra integrado el litisconsorcio necesario. Es forzosa la vinculación al proceso de todas las personas que conforman un litisconsorcio necesario, pues sin la presencia de todos sus integrantes, el juez no puede dictar la sentencia. El artículo 61 del CGP así lo prevé, por lo que si el juez advierte que un integrante del litisconsorcio necesario no se ha citado al proceso, no podrá dictar la sentencia y a cambio dicta el auto que ordena su vinculación. Si profiere la sentencia omitiendo lo anterior, ésta quedará nula y se ordena integrar el contradictorio.
9.- Arts. 452 y 455. Cuando no se cumplen las formalidades para llevar a cabo el remate de bienes. En los procesos en que se realiza el remate de bienes, si no se cumplen las formalidades que exige la ley para iniciar y adelantar la audiencia de remate, puede cualquier interesado alegar la nulidad respectiva, siempre que la formule antes de que se adjudiquen los bienes. 150 De haberse proferido el auto que adjudica el bien al mejor postor, no habrá lugar a alegar nulidades en torno al remate, aunque todavía no se haya dictado el auto que aprueba el remate, el cual naturalmente es posterior a la audiencia por cuanto se requiere que el postor a quien se le adjudicó el bien consigne el excedente y el impuesto de remate, dentro de los cinco (5) días siguientes a la diligencia. Las irregularidades que se alegan como nulidad de la audiencia de remate, cuya oportunidad es antes de la adjudicación, pueden ser las siguientes:
· El remate no se incluye en el listado del periódico respectivo, con la antelación señalada en la ley. (no inferior a 10 días a la fecha señalada para el remate).
· En el listado de publicación, no se cumple el contenido a que se refiere el artículo 450 del CGP.
· No se allega el certificado de tradición y libertad (si el bien a rematar es inmueble) expedido dentro del mes anterior a la fecha del remate.
· No se realiza la publicación del remate en un periódico que circule en el lugar donde esté el bien, cuando éste se encuentra ubicado fuera del territorio del circuito a que corresponde el juzgado que adelanta el proceso.
· No se anuncia le número de sobres que se recibieron con anterioridad a la audiencia de remate. (dentro de los 5 días anteriores al remate se pueden hacer las ofertas en sobre cerrado)
· No se respeta la hora en que se pueden presentar postores para que realicen su oferta.
· Se tiene por admitida una oferta a la cual no se acompaña el depósito que previamente ha debido consignarse (el 40% del avalúo), a menos que provenga del acreedor que licita por cuenta del crédito, siempre que su crédito equivalga por lo menos al 40% del avalúo.
· Se admite la oferta que proviene del acreedor que licita por cuenta del crédito, cuando éste no alcanza el 40% del avalúo del bien, y no consigna la diferencia.
· Se pretende adjudicar a quien no es el mejor postor. 151
· Si las mejores ofertas son iguales, el juez no los invita (si están presentes) para que incrementen la oferta, o en su caso no lo va a adjudicar a quien primero la hizo, puesto que este tendrá la prelación. 9.2 CAUSALES DE NULIDAD CONSAGRADAS EN EL ART. 133 CGP Estudiados los motivos de nulidad ya referidos y que no están consagrados en el artículo 133 del Código General del Proceso, debe ahora analizarse las causales de nulidad que se encuentran enlistadas en el referido artículo:
1.- Art. 133.1 Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. El numeral 1 del artículo 133 del CGP reitera lo dicho en el artículo 16 de la misma obra, y que constituye un claro avance con respecto a la regla que adoptó el Código de Procedimiento Civil. A fin de respetar el acceso a la justicia, el cual se ha manifestado con la presentación de la demanda, si el juez civil carece de jurisdicción o de competencia por los factores subjetivo o funcional, y no rechazó la demanda, sino que la admite, y más adelante advierte que el asunto le pertenece a la jurisdicción laboral, o a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (por ser una parte agente diplomático) o por tratarse de un recurso de revisión que debe conocer el Tribunal o la Corte, no se decreta la nulidad de todo lo actuado – como lo dispuso el CPC-, sino que dicta el auto que declara la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores aludidos y ordena remitir el expediente al despacho judicial correspondiente, pero lo actuado hasta ese momento conserva validez. La nulidad se predica cuando a pesar del auto que ordena la remisión del expediente, continúa actuando en el proceso, en cuyo caso la actuación posterior será nula. EJEMPLO: Para resolver el conflicto ocasionado dentro de un contrato de prestación de servicios profesionales, el juez civil admitió la demanda y notificado el demandado (pudo haber propuesto la excepción previa), el juez civil sigue adelantando el proceso, pero en la audiencia inicial declara la falta de jurisdicción y ordena remitir el expediente al juez laboral, y no obstante lo anterior, sigue 152 adelantando el proceso. Lo actuado después del auto en que declaró la falta de jurisdicción será nulo.
2.- Art. 133.2 Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior. Una vez regresa del Ad Quem la decisión adoptada al resolver un recurso de apelación, o incluso el de queja, el A Quo emite auto que ordena obedecer y cumplir lo resuelto por el superior, pero no obstante procede en contra de dicha decisión, generando la nulidad aludida. EJEMPLO: En un proceso fue decretado el embargo y secuestro de un inmueble, cuyo auto fue apelado. El superior revoca el auto y no obstante el inferior, no levanta las cautelas sino que ordena su avalúo y posterior remate, propiciando la nulidad señalada.
3.- Art. 133.2 Cuando el juez revive un proceso legalmente concluido. Si el proceso terminó de manera normal (con la sentencia) o en forma anormal (por desistimiento tácito, o por conciliación, entre otros motivos), no puede renovarse para continuar su trámite, pues de acontecer esto genera la nulidad en estudio. EJEMPLO: Aplicando lo establecido en el numeral 1 del artículo 317 del CGP, el juez decreta el desistimiento tácito, cuyo auto queda ejecutoriado, no obstante después de tal providencia, en el mismo expediente se continúa la actuación, lo cual arroja la nulidad indicada. EJEMPLO: El proceso termina por una conciliación, y con posterioridad el demandante realiza actuaciones (porque no se cumplió el acuerdo conciliatorio) que el juez atiende, continuando como consecuencia el trámite del proceso.
4.- Art. 133.2 Cuando el juez pretermite íntegramente la respectiva instancia. Es natural que si habiéndose apelado oportunamente una sentencia en el curso de la primera instancia, dentro de la oportunidad y con los requisitos exigidos para este recurso, el juez deba conceder la apelación en el efecto correspondiente. Pero si al contrario, el juez omite tramitar la segunda instancia, impone el que se decrete la nulidad referida.
5.- Art. 133. 3 Cuando se adelanta el proceso estando en causal de interrupción. 153 Para garantizar la defensa de las partes, con respecto a las actuaciones que en el curso del proceso se van generando, es necesario que no ocurra alguna de las causales taxativas de interrupción que prevé el artículo 159 del Código General del Proceso, y que son las siguientes:
· Muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no se encuentre representada por apoderado judicial, representante o curador ad litem. En caso de que la parte, sea demandante, demandado, llamado en garantía, y en general intervinientes en el proceso que trata el capítulo II, del título único, sección segunda del Código General del Proceso, se encuentra en alguna de las tres situaciones que prevé el numeral 1 del artículo 159, y en el proceso no tiene apoderado judicial (bien porque no confirió poder, o está actuando en causa propia), representante legal (es persona natural con capacidad para comparecer por sí mismo), o Curador Ad Litem, se ocasiona la nulidad planteada, a partir del momento en que sucede el hecho que provoca la interrupción del proceso. Naturalmente, que si la parte se ve avocada a alguna de las situaciones planteadas en la norma, pero tiene apoderado judicial, representante o Curador Ad Litem, no se configura la interrupción que se analiza, pues su derecho de defensa no se ve afectado, toda vez que ese representante judicial o legal, puede ejercer las actuaciones pertinentes. EJEMPLO: Pedro presentó demanda en contra de Gustavo y éste se notificó correctamente del auto admisorio de la demanda, quien en causa propia y oportunamente contestó la demanda proponiendo excepciones de mérito. Descorrido el traslado para que el demandante solicite pruebas con respecto a las excepciones, el juez señaló fecha y hora para la audiencia inicial, pero antes de llevarse a cabo esta audiencia, el demandado tuvo un accidente serio que implicó ser intervenido en un hospital en donde estuvo recluido durante un mes, espacio dentro del cual se llevó a cabo la audiencia inicial. Como la enfermedad que sufrió el demandado (no representado por apoderado judicial) generó causal de interrupción del proceso, todas las actuaciones surtidas en la audiencia quedarán nulas, siempre que se alegue dicha nulidad. 154
· Muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del apoderado judicial, como también del representante o Curador Ad Litem que actúan en el proceso y carecen de apoderado judicial. Las eventualidades que llevan a interrumpir el proceso, son las mismas expuestas en el punto anterior, pero en este caso recae sobre el apoderado judicial de una de las partes, como también respecto del representante legal o del Curador Ad Litem, que no están actuando a través de apoderado judicial. Significa entonces, que si la parte está representada por apoderado judicial, y la muerte, enfermedad grave o privación de la libertad, se predica de aquella, no se genera la interrupción aludida, puesto que el derecho de defensa no se menoscaba, toda vez que el apoderado judicial tiene plenas facultades para seguir actuando. EJEMPLO: En un proceso en que se encuentra vinculado como parte un menor de edad, actuando este por medio de su representante legal (la madre o el padre), quien sin haber conferido poder a un abogado fallece, los actos procesales que se ocasionen después del deceso serán nulos por generarse motivo de interrupción del proceso. Igual acontecerá si en armonía con el artículo 55 del Código General del Proceso, el menor que debe comparecer al proceso carece de representante legal, por lo que el juez le designa curador ad litem. quién ejerce su representación, y fallece sin haber otorgado poder a un abogado.
· Estar el apoderado judicial inhabilitado, excluido o suspendido en el ejercicio de la profesión de abogado. Conforme al Estatuto de la Abogacía y al Código Disciplinario del Abogado, el abogado no puede ejercer la profesión cuando se encuentra en causales de inhabilidad (se posesiona en un cargo público), o ha sido suspendido o excluido de la profesión en sentencia dictada en proceso disciplinario. De actuar estando incurso en tales eventos, se configura la nulidad por cuanto el proceso se interrumpió. EJEMPLO: En proceso (declarativo o ejecutivo) se presenta demanda a través de apoderado judicial, y éste se posesiona en un cargo público, pero sigue actuando en el proceso. Esta situación provocó la interrupción del proceso, pues el apoderado se inhabilitó para ejercer la profesión, generando la consecuencia de nulidad de las actuaciones realizadas a partir de la inhabilidad. 155
 6.- Art. 133.3 Cuando se adelanta el proceso estando en causal de suspensión, o se reanuda antes de la oportunidad debida. Las causales de suspensión de un proceso son taxativas y se encuentran en el artículo 161 del Código General del Proceso, por lo que entre tanto no puede haber actuaciones, pues de haberlas se atenta a la defensa y controversias de las que se susciten si ocurrieron estando suspendido el proceso. Los motivos de suspensión son los siguientes:
· Prejudicialidad. Cuando para dirimir el conflicto, se requiere conocer una decisión previa, la cual incidirá en la resolución a adoptar, el juez por medio de auto suspende la sentencia en espera de conocer la determinación adoptada en el otro proceso. Para aplicar esta institución procesal, es indispensable que la decisión del otro proceso (penal, administrativo, civil) tenga una verdadera incidencia en la sentencia que se vaya a dictar, de allí que debamos precisar las siguientes reglas:
1.- Que no se trate exactamente del mismo proceso (identidad de partes, objeto y causa) pues en este caso se constituye un pleito pendiente y no motivo de prejudicialidad.
2.- Que la decisión que se adopte en el otro proceso, tenga incidencia clara y precisa en la sentencia que se profiera.
3.- Que en caso de acogerla (prejudicialidad) se suspende concretamente es la sentencia y no el proceso.
4.- Que el tiempo de suspensión para dictar la sentencia, no puede exceder de 2 años. (Bajo las reglas del CPC son 3 años) EJEMPLO: Se inicia ante el juez civil del circuito el proceso de expropiación con fundamento en la resolución que ordena la expropiación, pero dicho acto administrativo se ha demandado como nulo ante la jurisdicción contencioso administrativa, naturalmente que el juez civil debe suspender el proferimiento de la sentencia, pues es fundamental conocer la decisión que adopte la jurisdicción donde cursa el proceso de nulidad del acto 156 administrativo. En este caso hay prejudicialidad de proceso administrativo a proceso civil. EJEMPLO: En proceso de restitución de inmueble arrendado se aporta como prueba la declaración de testigos rendida de manera anticipada. Se formula denuncia penal por falsas declaraciones de los testigos que fueron recepcionados, caso en el cual el juez civil debe suspender la sentencia, por cuanto necesita conocer el fallo penal, pues dependiendo de esto decreta o no la restitución pretendida. En este caso hay prejudicialidad de proceso penal a proceso civil. Prejudicialidad de proceso civil a otro civil. Cuando se quiera adoptar la prejudicialidad de proceso civil a otro civil, es imperioso examinar si la cuestión debatida se hubiera podido tramitar como excepción de mérito o mediante demanda de reconvención, pues si no fuere procedente acudir a uno de estos eventos es viable la prejudicialidad, y en caso contrario (se hubiera podido alegar como excepción o en demanda de reconvención) el juez dicta sentencia sin aplicar prejudicialidad. Caso especial que la norma trata es cuando existe proceso ejecutivo y se adelanta un proceso declarativo (iniciado el declarativo antes o después del ejecutivo) que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo y en éste -el proceso de ejecución- procede la excepción por los mismos hechos, caso en el cual no es predicable suspender la sentencia que se dictará en el proceso ejecutivo, ya que el escenario para dirimir la controversia en torno a la validez del título ejecutivo es el proceso de ejecución por ser procedente la proposición de la excepción. EJEMPLO: Se promueve acción reivindicatoria y el demandado poseedor ha completado el tiempo para usucapir. En tal caso, deberá alegar la prescripción bien como excepción, si la alega como extintiva, o mediante demanda de reconvención si opta por la adquisitiva. En este evento, no aplica la prejudicialidad, por cuanto es viable la excepción o la demanda de reconvención. EJEMPLO: El acreedor del poseedor inicia proceso de pertenencia a nombre del poseedor, con fundamento en el art. 375.2 del Código General del Proceso, aportando como prueba el título ejecutivo que le legitima accionar. En proceso aparte el deudor (poseedor del predio materia de la pertenencia) 157 adelanta proceso declarativo en que se pretende declarar la nulidad del contrato del cual se origina el título ejecutivo que sirvió de base para que el acreedor adelante el proceso de pertenencia. Como los hechos de una demanda no corresponden con los hechos que se debaten en el otro proceso, es viable suspender la sentencia mientras se decide si hay o no nulidad del contrato del que se deriva el título ejecutivo, pues de serlo, el accionante no tiene legitimación para accionar la pertenencia a nombre del poseedor. EJEMPLO: El acreedor demanda en proceso ejecutivo a su deudor, y éste decide presentar demanda declarativa para que se decrete nulo el contrato que dio origen al título ejecutivo. En este caso no es predicable la prejudicialidad, puesto que los hechos que originan el proceso declarativo han debido plantearse como excepción dentro del proceso ejecutivo, pues dependiendo de la nulidad es válido o no el título ejecutivo.
· Las partes de común acuerdo solicitan la suspensión del proceso por un tiempo determinado. Consecuencia de la autonomía de la voluntad de las partes, es el que puedan solicitar al juez que decrete la suspensión del proceso (seguramente porque están en diálogos que busquen acercamientos para solucionar el conflicto). De conformidad con el numeral 2 del artículo 161 del CGP, deben cumplirse estos requisitos:
1.- Que la solicitud bien escrita u oral formulada en audiencia, provenga por todas las partes que intervienen en el proceso, es decir por los sujetos procesales de que trata el capítulo II, del título único, sección segunda del Código General del Proceso. Como consecuencia no se exige que un coadyuvante se una a la petición de suspensión, toda vez que se trata de un tercero subordinado.
2.- Que si se encuentra embargado el remanente, la petición de suspensión debe también estar formulada por el acreedor que consumó dicho embargo (art. 466 CGP). 3.- Que en la solicitud se precise hasta qué fecha queda suspendido el proceso, por cuanto es por tiempo determinado.
· Por disposición expresa de la ley en casos especiales. 158 El inciso final del artículo 161 dispone que también ha de suspenderse el proceso, cuando la ley lo manifieste en casos especiales, como en los siguientes:
1.- Art. 57. Cuando se demanda o contesta la demanda a través de agente oficioso.
2.- Arts. 150 y 464. Cuando se tramita la acumulación de procesos declarativos o ejecutivos. Para los casos de suspensión atrás indicados debe haberse proferido auto que así lo disponga, y no pueden generarse actuaciones mientras se mantengan las razones de la suspensión puesto que están afectadas de nulidad. De tal suerte que si como consecuencia de la prejudicialidad el juez decreta la suspensión de la sentencia, no puede reanudar la actuación antes de los 2 años, a menos que dentro dese lapso, se haya proferido sentencia ejecutoriada en el otro proceso que generó la suspensión. Igual acontece para el caso en que se suspende el proceso por la petición conjunta de las partes, en que si por ejemplo se suspende el proceso por 6 meses o precisando la fecha exacta hasta cuando quedará suspendido, no pueden surgir actuaciones dentro de ese plazo en que se encuentra en suspenso. En los casos de suspensión por ministerio de ley, como sucede en la agencia oficiosa o en la acumulación de procesos, no se requiere pronunciamiento expreso del juez.
7.- Art. 133.4 Cuando es indebida la representación de una de las partes. Si una de las partes es persona jurídica, ella debe actuar a través de su representante legal, y es este quien en realidad debe representarla. Por tanto, si la entidad va a demandar o es demandada, es requisito que en el respectivo proceso intervenga a través de quien en realidad es el representante legal, representación que se refleja del certificado que emana de la autoridad respectiva (superintendencia vigilante, cámara de comercio, etc), pues si interviene por conducto de otra persona que no es el representante legal –nunca lo ha sido o pudo serlo- genera la nulidad que estamos estudiando. Igual sucede con la persona natural que es incapaz, bien por ser menor de edad, o porque ha sido declarada interdicta, casos en que el incapaz actuará en el proceso por intermedio de quien es su representante legal. 159 EJEMPLO: Se celebra un negocio jurídico con una determinada entidad de derecho privado, representada para la época del contrato por Felipe Aguilar. Como consecuencias de diferencias en el contrato es demandada la sociedad y se allega el certificado que corresponde a la misma expedido un mes antes de ser presentada a demanda y en el mismo aparece Felipe Aguilar como el gerente, pero cuando se notifica el auto admisorio de la demanda, se notifica del mismo a Felipe Aguilar cuando en realidad para ese momento el gerente es Gonzalo Marín, lo cual lleva a la nulidad por indebida representación.
8.- Art. 133.4 Cuando una de las partes actúa a través de apoderado judicial, pero éste carece íntegramente de poder. Consecuencia del ius postulandi es el que los sujetos procesales intervengan a través de apoderado judicial, con las salvedades previstas en el estatuto de la abogacía. El poder debe constar en documento, incluso cuando se confiere de manera oral en una audiencia o diligencia, toda vez que en la videograbación consta el otorgamiento del poder. Para estructurar la causal de nulidad se requiere la carencia total del poder, pues de existir el mismo pero resulta ser insuficiente, naturalmente que se estructura una irregularidad que se habrá de corregir a través de recursos, como sería el caso de que un apoderado judicial celebre una transacción sin tener la facultad expresa para hacerlo, que por tratarse de un acto de disposición del derecho litigioso es menester que el poderdante le haya autorizado. La nulidad en estudio se predica porque a nombre de una de las partes actúa un apoderado judicial sin que medie poder para intervenir, como será el caso en que después de haberse revocado el poder que se confirió por medio de escritura pública, se interviene con copia de la misma en donde no aparece constancia de la revocatoria hecha, o porque el apoderado renunció al poder y el juez por auto debidamente notificado al poderdante le aceptó la renuncia, y no obstante aquel continúa actuando en el proceso.
9.- 133.5 Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas. Acorde al artículo 29 de la Constitución Política, las partes tienen derecho a pedir pruebas y controvertir las pruebas de su contraparte, de allí que cuando el juez o magistrado impida que las partes acudan a ese derecho constitucional se genera la nulidad en estudio. 160 Las pruebas generalmente se piden en los actos iniciales del proceso, esto es en la demanda y en la contestación de la misma. Pero de acuerdo con las circunstancias del proceso, pueden ocasionarse nuevas oportunidades probatorias, como sería el caso en que el demandado propone excepciones de mérito, o cuando el juez atribuye la carga de la prueba a quien esté en mejores condiciones, entre otros eventos. EJEMPLO: En proceso monitorio es notificado el demandado del auto que requiere pagar, y éste contesta la demanda negando la deuda. El juez convoca a audiencia, sin permitir al demandante que pida pruebas, incurriendo en la causal de nulidad. EJEMPLO: En proceso verbal, verbal sumario, o ejecutivo, cuando el demandado propone excepciones de mérito, si el juez omite al demandante o ejecutante que pida pruebas con respecto a los hechos en que se basan las excepciones, se genera la nulidad. EJEMPLO: Si en el trámite del recurso de apelación de sentencia, el superior no admite el recurso, sino que directamente convoca a audiencia de sustentación y fallo, propicia la nulidad por cuanto omitió la oportunidad de pedir pruebas en segunda instancia.
10.- Art. 133. 5 Cuando se omite la práctica de pruebas que de acuerdo con la ley sean obligatorias. Motivo de nulidad que novedosamente se consagra en nuestro sistema procesal, es el que el juez no practique una prueba que por ministerio legal ha debido llevarse a cabo. No se trata de pruebas de oficio, pues estas sí quedan en la discrecionalidad en el juez de decretarla o no, sino de prueba por disposición legal, en que es el legislador quien la exige en determinados casos. Se requiere que en un precepto legal y en forma imperativa, deba ser practicada una prueba, que naturalmente de manera previa tuvo que ser decretada, como en los siguientes casos:
 
· Procesos de pertenencia. Art. 375.9 En estos procesos es imperiosa la inspección judicial sobre el inmueble materia del proceso, pues debe el juez llevarla a cabo de manera obligatoria para verificar los hechos constitutivos 161 de la posesión alegada y constatar que la valla o el aviso, según el inmueble, se hayan instalado.
· Procesos de servidumbre. Art. 376 Es obligatoria la inspección judicial, pues sin ella, el juez no puede dictar la sentencia que decrete la variación, extinción o imposición de la servidumbre, tal y como lo dispone el inciso segundo del artículo 376 del Código General del Proceso.
 
· Procesos de deslinde y amojonamiento. Art. 403. Aunque la disposición se refiere a diligencia de deslinde, se trata de una inspección judicial en que el juez verifica que los predios en donde se encuentra el problema de linderos, sean colindantes y de serlo, proferirá allí mismo la sentencia en que señala los linderos.
· Procesos de investigación o impugnación de la paternidad o la maternidad. Art. 386. En los que es imperiosa la prueba con marcadores genéticos de ADN, a menos que el demandado no se oponga a las pretensiones, como lo establece el numeral 3 del artículo 386 del Código General del Proceso.
· Cuando el documento aportado al proceso fue tachado de falso. Art. 270. Caso en que es obligatoria la prueba pericial para cotejar la firma o el manuscrito, o las posibles adulteraciones.
· En la audiencia inicial (proceso verbal) o en la audiencia única (proceso verbal sumario), para los procesos declarativos, o para los ejecutivos en que se propusieron excepciones de mérito, en que es obligatorio practicar los interrogatorios de parte, siempre que estas se encuentren presentes, o basta con que una de ellas lo esté, como lo preceptúan los artículos 372.7, 392 y 443 del Código General del Proceso.
11.- Art. 133. 6 Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. Las partes en litigio tienen derecho a exponer sus argumentos antes de que el juez o magistrado dicte la sentencia tanto de única, como de primera o segunda instancia. No puede el funcionario judicial proferir su fallo de única o primera instancia, sin que previamente se haya dado la oportunidad a las partes de que expongan sus 162 alegatos de conclusión, derecho que primero hace valer el demandante y luego lo hará el demandado. Si las partes no están presentes, o estándolo no exponen sus alegatos, es asunto distinto, pues es una carga para ellos de asistir a la audiencia y de alegar en la misma. Esta oportunidad de alegar de conclusión debe ser garantizada inclusive cuando el juez va a dictar sentencia anticipada, pues no obstante esta facultad que la ley le otorga, el juez no puede privar a las partes para que previamente expongan sus alegatos de conclusión. También se incurre en este motivo de nulidad, cuando el Ad Quem omite la oportunidad para sustentar el recurso de apelación de la sentencia, sustentación que debe ser coherente con los reparos planteados cuando se interpuso dicho recurso. De esta manera, el superior no puede tener proyectada la sentencia de segunda instancia, puesto que es obligatorio que escuche al apelante los argumentos que a plenitud hará en la audiencia respectiva. En la misma forma, debe permitirse a la parte que no recurre la providencia, que replique a los argumentos expuestos por el impugnante, cualquiera que fuere el recurso que se tramita. Por tanto, si se trata de reposición, la parte contraria tiene derecho a replicar, en este caso para que se confirme el auto. Igual acontece con la apelación del auto, que con el nuevo esquema procesal se sustenta ante el A Quo y se replica allí mismo. En tratándose de queja o súplica, también en su trámite el no recurrente tiene la oportunidad para replicar en el momento en que se descorre el traslado una vez sustenta el recurrente.
12.- Art. 133. 7 Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación. Es novedosa esta causal de nulidad, que no fue prevista en el Código de Procedimiento Civil, pero sí en el numeral 7 del artículo 133 del nuevo estatuto procesal. El juez que dicta la sentencia debe ser el mismo que escuchó los alegatos de conclusión, cuando dicha providencia es de única o de primera instancia, pero si la sentencia es proferida en la segunda instancia, el funcionario que la dicte debe haber oído la sustentación del recurso de apelación. De esta forma, los alegatos, y en su caso, la sustentación de la apelación que se han de exponer oralmente y no a través de escritos, como lo dispone el numeral 6 del artículo 107 del Código 163 General del Proceso, tienen un alcance fundamental debido a que obliga al juzgador a escuchar previamente los argumentos de las partes, para luego dictar la sentencia respectiva. Teniendo en cuenta que por regla general en la misma audiencia, bien por ser única, o porque es la de instrucción y juzgamiento, una vez las partes alegan de conclusión el juez procede a dictar la sentencia, lo que implica que el riesgo de la nulidad en estudio se minimiza. Igual acontece con la audiencia de sustentación y fallo, cuando el objetivo es el de dictar la sentencia de segunda instancia. Es factible que de manera restrictiva, la sentencia no se profiera en la misma audiencia en que se alega de conclusión, puesto que el juez anunciando el sentido del fallo en la respectiva audiencia (que será por razones válidas, previo informe a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura), proferirá la sentencia por escrito dentro de los 10 días siguientes. Puede suceder que haya habido un cambio de juez entre la audiencia y la sentencia escrita, debiendo entonces el nuevo juez, convocar a audiencia con el propósito de que se expongan los alegatos en su presencia para dictar la sentencia, la cual no queda supeditada al sentido del fallo que su antecesor manifestó. No se trata de que por cambio de juez deban repetirse las pruebas, pues si estas fueron correctamente practicadas, no se justifica volverlas a practicar pues podría suceder que alguna de ellas no se pueda repetir. Lo que sí deberá repetirse es la fase de alegar de conclusión o la de sustentar la apelación de sentencia, puesto que es vital que el funcionario judicial que proferirá el fallo sea el mismo ante quien se alegó o sustentó la apelación.
13.- Art. 133.8 Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas. Aunque el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso se limita a la indebida notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, debe entenderse que se incluye también el auto que libra mandamiento ejecutivo, pues es el equivalente al admisorio de la demanda, solo que se profiere en los procesos de ejecución
–como sí lo manifestó el numeral 8 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil-. Los demandados o ejecutados como personas determinadas que son, deben ser notificados personalmente y en subsidio por aviso, del auto que admite la 164 demanda o libra el mandamiento ejecutivo, con las excepciones en que tal notificación es por estado, a las cuales se hizo referencia en la unidad de notificaciones de que se ocupa este trabajo. De tal suerte que si la notificación al demandado no se lleva a cabo bajo las formalidades indicadas en el artículo 290 del CGP, para la notificación personal, o las señaladas en el artículo 291 del mismo estatuto, para cuando en subsidio de la personal la notificación es por estado, genera la nulidad en estudio. Mencionaremos algunas hipótesis que pueden conducir a esta causal de nulidad, agregando que no obstante las irregularidades a que haremos alusión, si el demandado o ejecutado comparece al juzgado y se notifica personalmente, no hay motivos para alegar la nulidad puesto que ya está notificado de manera correcta. Razones que pueden llevar a la nulidad son estas:
 a.- Que la citación y en su caso el aviso, se remiten a una dirección diferente a la que se reportó en la demanda, o en escrito posterior. Esto significa que si por alguna circunstancia el demandado cambió su dirección, debe el accionante mediante memorial suministrar la nueva dirección, para luego proceder a remitir por correo, primero la citación y luego el aviso, si el citado no compareció al juzgado para notificarse. (Art. 291.3 inciso segundo CGP)
b.- Que la citación no contenga la información señalada en el inciso primero del numeral 3 del artículo 291.
c.- Que sin haber respetado el término para que el citado comparezca al juzgado (5, 10 o 30 días), se remita el aviso para notificarlo por este medio subsidiario al personal.
d.- Que cuando se remita el aviso, en él no se incluye toda la información que exige el inciso primero del artículo 292.
e.- Que al aviso no se haya acompañado copia del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, que corresponde a la providencia que se notifica. f.- Que el demandado haya sido adecuadamente emplazado, pero el demandante no lo notifica personalmente o en subsidio por aviso, debiendo hacerlo por cuanto conocía de su paradero.
14.- Art. 133. 8 Cuando no se realiza en legal forma el emplazamiento de personas determinadas e incluso indeterminadas que deban ser citadas como partes. 165 Para garantizar la defensa de sus derechos, el código establece las formalidades que deben cumplir los emplazamientos, tanto para personas determinadas como también para indeterminadas que quieran concurrir al proceso. En la unidad dedicada a las notificaciones, se expone el nuevo régimen de emplazamientos, siendo el artículo 108 del Código General del Proceso el que consagra la regla general para emplazar tanto a personas determinadas como a las indeterminadas. Esta norma de contenido general debe integrarse con otras de carácter especial, que señalan las pautas y contenidos del emplazamiento para el caso en particular, como la prevista en el numeral 7 del artículo 375 que se ocupa del emplazamiento a personas indeterminadas en procesos de pertenencia. En los procesos de pertenencia debe el juez en el auto admisorio de la demanda, ordenar el emplazamiento de las personas que se consideren tener derechos sobre el bien litigioso. El numeral 7 del artículo 375 del Código General del Proceso, prevé las formalidades para dicho emplazamiento, siendo ellas las siguientes: - Si el predio litigioso lo permite, debe en un lugar visible dentro del mismo, instalarse una valla cuya dimensión no sea inferior a un metro cuadrado. Dicha valla debe estar junto a la vía pública más importante del predio, de tal suerte que resulte visible para todo aquel que transite por ese lugar. De no ser posible la valla dadas las características del predio litigioso, como aquellos que están sometidos a propiedad horizontal, se fijará entonces un aviso en un lugar visible de la entrada del inmueble.
 - La valla o el aviso, en su caso, deberá contener la información señalada en los siete literales del numeral 7 del artículo 375, escritos en letra de tamaño no inferior a siete (7) centímetros de alto por cinco (5) centímetros de ancho. - Instalada la valla o el aviso, deberá el interesado aportar al expediente fotografías del inmueble en que se observe el contenido de ellos.
- Hecho lo anterior, el juez ordena que se incluya la valla o el aviso en el registro nacional de procesos de pertenencia que llevará el Consejo Superior de la Judicatura, por el término de un mes, para que dentro de 166 ese término puedan contestar la demanda los interesados que crean tener derechos sobre el predio.
- La valla o el aviso permanecerán instalados en el predio hasta la audiencia de instrucción y juzgamiento. En caso de que no se cumplan cabalmente las formalidades para los emplazamientos, a las cuales se refiere el artículo 108 del Código General del proceso, en concordancia con las formalidades de carácter especial como la prevista para los procesos de pertenencia (375.7), se configura la nulidad en estudio.
15.- Art. 133.8 Cuando no se practica en legal forma la notificación a los sucesores de una de las partes, en el curso del proceso. Como consecuencia de que una de las partes fallezca durante el curso del proceso, provocando la interrupción del mismo, debe notificarse por aviso al cónyuge o compañero permanente, a los herederos, al albacea con tenencia de bienes, al curador de la herencia yacente, e incluso a la parte cuyo apoderado falleció, o fue excluido o suspendido del ejercicio de la profesión, o fue privado de la libertad, o quedó inhabilitado. El artículo 160 del Código General del Proceso preceptúa que dicha notificación se hará por aviso, lo cual significa que si el auto que ordena su vinculación no cumple con dicha modalidad de notificación, ocasiona la nulidad indicada.
16.- Art. 133. 8 Cuando no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citada. La circunstancia de haberse citado en forma incorrecta al Ministerio Público en aquellos asuntos en que la ley exige que se debe citar, propicia la nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, como también cuando dicha anomalía se predica respecto de personas o entidades que en norma especial se exija su citación. A fin de garantizar los derechos de incapaces que son parte en el proceso, como también los del Estado, cuando una entidad de derecho público lo es, y en general cumplir con las funciones que señala el artículo 46 del Código General del Proceso, debe citarse a la correspondiente entidad, como sería el Ministerio Público o 167 también la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tal y como lo prevé para esta última el artículo 610. Son varias las situaciones en que debe citarse a determinadas personas por disposición expresa de la ley, destacando entre otras las siguientes:
· Procesos de Pertenencia. (375.5) Tradicionalmente en estos procesos son vinculados en calidad de sujetos determinados, quienes de acuerdo con el certificado de libertad y tradición del inmueble a usucapir son titulares de derechos reales principales. El nuevo estatuto procedimental, modifica lo anterior por cuanto el artículo 375 señala que la demanda se dirigirá contra titulares de derechos reales (principales o accesorios), y precisa que si del certificado de libertad y tradición aparecen acreedores hipotecarios, éstos deberán ser citados, lo cual será ordenado desde el auto admisorio de la demanda, con el objetivo de que plenamente notificados intervengan en el proceso si a bien lo tienen.
· Procesos ejecutivos. (462) La ley dispone que cuando en los procesos de ejecución fuere embargado un bien que soporta gravamen real (hipoteca o prenda), debe citarse al acreedor, a fin de enterarlo que el bien que soporta el gravamen real y que por tanto le garantiza el pago, se encuentra cautelado por cuenta del proceso ejecutivo, y así protegerle sus derechos de persecución y prelación, puesto que podrá adelantar la ejecución persiguiendo el bien.
· Procesos de servidumbre. (376) Preceptúa el artículo 376 del Código General del Proceso que si de los certificados de libertad y tradición tanto del predio dominante como del predio sirviente aparecen titulares de derechos reales (principales o accesorios), deberán ser citados. En estos casos como en otros cuando la ley ordene citar a determinados sujetos, el auto que ordena la citación se hará conforme a las reglas 291 y 292 del Código General del Proceso, y si se desconoce su paradero, deberá ser emplazado bajo las reglas del artículo 108 ibídem. De ser indebida o irregular la notificación, hay lugar a la nulidad prevista en el artículo 133 numeral 8. 168
9.3 SANEAMIENTO DE LA NULIDAD. Las causales de nulidad, bien sea que estén previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso, o que no aparezcan en dicha norma pero sí en otras disposiciones, como atrás se estudiaron, pueden ser o no saneadas, de acuerdo a la voluntad del legislador.
9.3.1 NULIDADES INSANEABLES Para verificar si una nulidad es insaneable debe el legislador taxativamente manifestarlo, es decir, que mientras no se dé alcance de insaneable, la nulidad puede ser convalidada. El parágrafo del artículo 136 del Código General del Proceso dispone cuáles nulidades son de carácter insaneable, y consagra de manera expresa las siguientes:
· Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior.
· Cuando se revive un proceso legalmente concluido.
· Cuando se pretermite íntegramente la respectiva instancia. Acorde al referido parágrafo, las causales de nulidad indicadas en el numeral 2 del artículo 133 del CGP son las únicas de carácter insaneable. Cuando es insaneable la nulidad, puede ser decretada de oficio y naturalmente por iniciativa de cualquiera de las partes. Esto implica que si el juez advierte que se ha incurrido en alguna de nulidades a que se refiere el parágrafo del artículo 136, inmediatamente por medio de auto decreta la nulidad, ya que no se requiere petición de parte.
9.3.2 SANEAMIENTO DE LA NULIDAD Cualquier causal de nulidad diferente de las previstas en el numeral 2 del art. 133 del CGP son saneables, y los numerales que prevé el artículo 136 indican la manera como ellas se sanean y que a continuación se exponen:
1.- Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente. 169 Habiendo causales de nulidad que también son motivos de excepción previa, el camino para advertirla al juez es precisamente el de la excepción previa, lo que implica que si no se propuso este medio exceptivo, queda saneada la nulidad, como lo imponen los artículos 102 y 135 del CGP. En efecto, el artículo 102 del Código General del Proceso dispone: “Inoponibilidad posterior de los mismos hechos. Los hechos que configuran excepciones previas no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandante, ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones.” Como hay procesos en que no son admisibles las excepciones previas (ejecutivos, verbales sumarios, monitorio, expropiación, divisorio, deslinde y amojonamiento), será el recurso de reposición el instrumento indicado para alegar las irregularidades cuyos hechos serían motivo de excepción previa, y de no haberse interpuesto dicho recurso, se convalida la irregularidad. Otra hipótesis en que se sanea la nulidad por no haberse alegado oportunamente, corresponde al exceso de las facultades por parte del comisionado, por cuanto el inciso final del artículo 40 de la nueva codificación dispone que dicha nulidad debe ser alegada dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto que ordena agregar el despacho diligenciado al expediente. De tal suerte que si han vencido los 5 días a que se refiere la norma y no se alegan nulidades por exceso de facultades del comisionado, quedan saneadas las mismas.
2.- Cuando la parte que podía alegarla actuó sin proponerla. Una de las variables en que la nulidad se convalida, es cuando la parte que podía alegarla (no la ha provocado y sufre el perjuicio), actúa sin alegarla. Es decir, que si ejerce actos procesales sin alegar la nulidad ésta queda saneada. ¿En qué momento debe alegarse?. En la primera intervención que realice la parte que está legitimada para hacerlo. EJEMPLO: El demandado se encuentra indebidamente notificado o emplazado del auto admisorio de la demanda. Cuando el proceso está en curso, el demandado (mal notificado o emplazado) interviene en el proceso dentro de la audiencia inicial o en la audiencia de instrucción y juzgamiento, y su primera gestión es diferente a alegar la nulidad. Debido a que actuó en el proceso sin haber alegado la nulidad, esta se saneó. 170 EJEMPLO: El demandado propuso excepciones de mérito y el juez sin darle aplicación al artículo 370 (para el proceso verbal), 391 inciso sexto (para el proceso verbal sumario), o 443.1 (para el proceso ejecutivo) procede a convocar a audiencia. El demandante o ejecutante interviene sin alegar la nulidad, por cuanto se omitió el término para pedir pruebas, la cual queda saneada.
3.- Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada. Esta que es la única modalidad expresa de saneamiento de la nulidad, de rara aplicación, se predica cuando fue decretada una nulidad, y sin haberse renovado la actuación, la parte que tiene legitimación para alegarla se manifiesta y en forma expresa convalida la actuación, por lo que no habrá de repetirse debido al saneamiento.
 4.- Cuando se origine en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa. Este motivo de saneamiento es concordante con el previsto en el numeral 1 del mismo artículo 136, en el sentido de que la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente. Las causales de interrupción y suspensión del proceso fueron explicadas atrás, y una vez cese la causa que origina la parálisis correspondiente, empiezan a correr 5 días para alegar la nulidad de las actuaciones que se hayan realizado durante el tiempo en que dure la interrupción o la suspensión, según el caso. Pasado el término indicado sin haberse alegado la nulidad, esta queda saneada. EJEMPLO: El apoderado de una de las partes sufre un accidente que le ocasiona serias lesiones que ameritan su intervención quirúrgica, por lo cual permanece 20 días en el hospital. Una vez le dan de alta, tiene 5 días para alegar la nulidad de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso durante el tiempo en que padeció la enfermedad causada, de lo contrario se convalidan las actuaciones que entre tanto se hayan surtido.
5.- Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa. 171 Consecuente con la economía procesal, se considera saneada una nulidad, cuando no obstante la irregularidad que ella ocasiona, sin afectarse el derecho de defensa, la actuación cumplió sus objetivos. EJEMPLO: El demandado propuso excepciones de mérito, sin que el juez conceda traslado de ellas al demandante para que pida pruebas. A pesar de tal omisión, el demandante pide pruebas relacionadas con las excepciones, que el juez decreta en la oportunidad procesal. EJEMPLO: El demandado fue notificado por aviso del auto admisorio de la demanda, pero es irregular dicha notificación. A pesar de la indebida notificación, oportunamente contesta la demanda proponiendo las excepciones mérito. 6.- Cuando la nulidad que no ha sido saneada, es puesta en conocimiento por el juez a la parte afectada y ésta no la alega. Otra razón de saneamiento de la nulidad distinta a las previstas en los numerales del artículo 136 del CGP, es la reglada en el artículo 137 ibídem, que establece que si el juez se percata de que existe una nulidad de aquellas que es saneable y la parte afectada no la ha saneado, deberá ponérsela en conocimiento, para que si lo desea alegue la nulidad. En caso de que la nulidad se origine en las causales 4 y 8 del artículo 133 del CGP, es decir, por indebida representación de una de las partes, o por no estar correctamente notificado el demandado del auto admisorio de la demanda, el afectado será notificado de dicha irregularidad, de manera personal o por aviso, a fin de que la alegue si así lo considera. Una vez el juez pone en conocimiento la nulidad, la parte tiene 3 días para alegarla, y sí la alega el juez la declara, en caso contrario, queda saneada. Igualmente, si es el ad quem quien advierte la ocurrencia de una nulidad que no se ha saneado, deberá, cuando realice el examen preliminar de la apelación, proceder en la forma indicada en el artículo 137 del CGP. Así lo exige el inciso quinto del artículo 325 del Código General del Proceso.
9.3.3 REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD Cuando la nulidad es de carácter insaneable (133.2 CGP) no hay rigurosidad para cumplir requisitos, toda vez que incluso de oficio deberá ser decretada, es decir, que no se requiere petición de parte. Situación diferente es cuando la nulidad es de 172 aquellas que es convalidable, pues es menester que se reúnan ciertos requisitos para ser alegada, y como consecuencia surtirle su trámite. Dichos requisitos son: 9.3.3.1 LEGITIMACION. Es necesario que la parte que la alegue no haya propiciado el hecho que la origina, es decir, que quien la alega no la haya provocado, pues de serlo carece de legitimación para manifestarla. La nulidad puede ser ocasionada por una de las partes, en cuyo caso será la contraparte quien la alegue, como también puede la nulidad provocarla el juez, caso en el cual cualquiera de las partes la podrá alegar. EJEMPLO: Para notificar el auto admisorio de la demanda al demandado, el demandante no cumple con las formalidades de la citación (Art. 291) y procede a notificarlo por aviso (Art. 292). Como en este caso el demandante provoca la nulidad, quien deberá alegarla es el demandado. EJEMPLO: El Ad Quem una vez recibe el expediente para tramitar la apelación de la sentencia no admite el recurso sino que directamente convoca a audiencia de sustentación y fallo. En este caso se omite la oportunidad para que las partes puedan pedir pruebas en segunda instancia, cuya irregularidad es provocada por el funcionario judicial, evento en que cualquiera de las partes puede alegar la nulidad.
9.3.3.2 TRASCENDENCIA. Significa que la parte sufra un perjuicio que surge como consecuencia de la nulidad, pues si a pesar de ello no hay agravio alguno, la falta de trascendencia impide que se tramite y resuelva. Por regla general las causales de nulidad generan perjuicios para la parte que está legitimada para alegarla.
9.3.3.3 OPORTUNIDAD. Según la causal de nulidad que se quiera invocar, esta debe ser alegada en oportunidad. Generalmente se reclama en la primera intervención que se realice 173 toda vez que si la parte actúa sin proponerla, con ello convalida la actuación resultando por ende extemporánea la petición de nulidad. Por motivos de lealtad, tan pronto la parte advierta que se ha ocasionado una nulidad procesal, debe alegarla inmediatamente o al menos en su primera actuación, pero si no obstante la irregularidad acaecida actúa en el proceso sin manifestarla, no podrá aducirla más adelante. Existen normas especiales que indican la oportunidad precisa en que cierta causal de nulidad debe ser alegada:
 
· Las irregularidades del remate. Antes de que se profiera el auto que adjudica el bien.
 
· El comisionado excede las facultades. Dentro de los 5 días siguientes al auto que profiere el comitente, en virtud del cual ordena agregar el despacho diligenciado al expediente.
 
· Motivos de nulidad que también son casuales de excepción previa. Dentro del término del traslado de la demanda, alegándose como excepción previa. Si el proceso no permite excepciones previas, dentro del término de ejecutoria mediante recurso de reposición.
· Por encontrarse el proceso en causales de interrupción o suspensión. Dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que cese la causa.
· Indebida representación, notificación o emplazamiento. Esta causal de nulidad tiene diversas oportunidades para ser alegada, las cuales cronológicamente son las siguientes: (i) en el curso del proceso, siempre que la alegue en su primera intervención y aún no se haya dictado sentencia; (ii) durante el cumplimiento de la sentencia, sea como oposición a la entrega de un bien, o mediante excepción en el proceso ejecutivo; (iii) mediante recurso de revisión, en este caso en el término de dos años contados desde cuando se tuvo conocimiento de la sentencia con límite máximo de 5 años desde su ejecutoria, y en caso de que la sentencia sea inscrita en un registro público los dos años corren desde la inscripción.
 9.3.4 CONTROL DE LEGALIDAD. 174 En las audiencias, bien en la inicial o en la de instrucción y juzgamiento, como en la audiencia única cuando el asunto es de trámite verbal sumario, deben las partes alegar la nulidad procesal que adviertan en el proceso, so pena de no poderlas alegar más adelante, salvo que se base en hechos posteriores a la respectiva audiencia. Para ello se evacúa la fase de saneamiento, en cuyo numeral 8 del artículo 372 del CGP se expresa: “Control de legalidad. El juez ejercerá el control de legalidad para asegurar la sentencia de fondo y sanear los vicios que puedan acarrear nulidades u otras irregularidades del proceso, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes. Además deberá verificar la integración del litisconsorcio necesario.” La norma transcrita cumple con los propósitos del artículo 132 del CGP que arraiga en el estatuto procesal el control de legalidad cuando se agote cada etapa procesal, que con fines de lealtad las partes no pueden reservarse para etapas posteriores el plantear nulidades que oportunamente omitió. El control de legalidad erradica insanas actitudes de las partes que se utilizaban, en el sentido de que no obstante conocer la irregularidad procesal, por conveniencia no se alegaba para reservarse su planteamiento más adelante. Esta actitud que riñe con lealtad y buena fe, no es posible utilizarla en el nuevo esquema procesal, puesto que la actuación queda convalidada, como consecuencia del control de legalidad.
9.3.5 TRAMITE
9.3.5.1 Solicitud. La nulidad debe alegarse por la parte que se encuentre legitimada, y deberá cumplir con los siguientes requisitos:
 
· Expresar la causal que invoca.
 
· Aducir los hechos en que se fundamenta.
 
· Aportar los documentos que considere y pedir las pruebas pertinentes.
 9.3.5.2 Traslado. 175 Si la nulidad es alegada en el curso de la audiencia, se le concede traslado a la parte contraria para que se manifieste y si es de caso solicite pruebas. (Art. 134 inciso cuarto) Si la nulidad es alegada por fuera de audiencia, de ella se dará traslado en secretaría por el término de 3 días, para que la parte contraria se pronuncie y solicite pruebas. (Art. 110 inciso segundo)
9.3.5.3 Pruebas y decisión. El juez decretará las pruebas pertinentes y que considere necesarias, para ser practicadas con reglas de contradicción, y decide la nulidad por auto susceptible de recurso de reposición y también de apelación, si se está tramitando la primera instancia.
9.3.6 RECHAZO DE PLANO La solicitud de nulidad deberá ser rechazada de plano en los siguientes casos:
· Cuando se fundamenta en causal que no está consagrada como nulidad.
· Cuando se basa en hechos que se habían podido plantear como excepción previa. · Cuando se ha saneado.
· Cuando quien la alega carece de legitimación. 9.3.7 EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD Acorde a lo señalado en el inciso segundo del artículo 138 del Código General del Proceso, decretada la nulidad procesal debe reconstruirse el acto procesal que genera el vicio y toda la actuación posterior que sea consecuencia del mismo, es decir, que dependa de él. Pero las pruebas que ya estén practicadas conservan validez siempre que el motivo de nulidad no afecte la contradicción probatoria y serán válidas para quienes gozaron de esa oportunidad. EJEMPLO: JULIO demanda a FELIPE y éste se encuentra mal notificado del auto admisorio de la demanda. Consecuencia de la indebida notificación, FELIPE no contesta la demanda, son decretadas y practicadas las pruebas postuladas por el demandante, pero posteriormente el demandado alega la nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 133 CGP. Naturalmente que dicha causal de nulidad afectó 176 la contradicción probatoria, lo que implica que la actuación se reconstruye desde el traslado de la demanda y las pruebas que fueron practicadas deberán de nuevo recepcionarse. EJEMPLO: El demandado propuso excepciones de mérito dentro de un proceso verbal, de las cuales al demandante no se le concedió el traslado señalado en el artículo 370 CGP, para pedir pruebas adicionales, si se han practicado pruebas y por algún motivo es decretada la nulidad con fundamento en el numeral 5 del artículo 133, las pruebas que se practicaron conservan validez, pues los hechos en que se fundó la nulidad no inciden en el debate de las pruebas que se realizaron. 177 ¿ Ap Actividades pedagógicas ¿Debido a que seguir un procedimiento diferente al que corresponde, no es causal de nulidad, podrá el juez adecuar el procedimiento conservando validez lo actuado entre tanto? ¿Si el juez llegase a dictar sentencia después de vencido el año para ser proferida, y la parte afectada apela la misma planteando reparos de inconformidad, pero no discute la nulidad por pérdida de competencia, el superior deberá en todo caso decretar la nulidad? ¿Si se interpone apelación contra el auto que rechaza de plano la nulidad, por ejemplo porque está saneada, es procedente dar trámite a la apelación interpuesta?. ¿Si un juez dicta sentencia anticipada sin haber concedido la posibilidad de que las partes aleguen, puede alguna de las partes alegar la nulidad con posterioridad a dicha decisión judicial? Ae Autoevaluación FELIPE y EDUARDO son demandados en proceso verbal, el primero de ellos se encuentra correctamente notificado del auto admisorio de la demanda, mientras que EDUARDO fue irregularmente emplazado. En dichas circunstancias se practican pruebas y con posterioridad EDUARDO alega la nulidad que el juez decreta.
Preguntas, 1.- ¿Las pruebas que se habían practicado antes de ser decretada la nulidad deben repetirse, o conservan validez? 178
2.- Si Eduardo no actúa directamente en el proceso por estar emplazado, y es dictada sentencia en contra de los demandados la cual no fue impugnada, en caso de que Eduardo se oponga a la entrega del inmueble (pues esta fue la condena impuesta en la sentencia) ¿debe el juez o jueza atender la oposición, o por el contrario negarla,<br />