RECOPILACION – OBLIGACIONES 2

 

 

Obligación es todo vínculo jurídico en virtud del cual una persona debe realizar una prestación a favor de otra.

 

ELEMENTOS:

·        Sujeto activo: es la persona en cuyo favor debe realizarse la prestación. Es el acreedor, tiene el derecho a la prestación. Es el titular del derecho de crédito, entendido este último como todo valor debido de manera cierta, constitutivo del objeto de una obligación. El acreedor puede ser una o varias personas, puede conocerse y estar plenamente determinado desde el nacimiento de la obligación, o mantenerse indeterminado durante la vigencia de la obligación y solo concretarse para recibir la prestación.

·        Sujeto pasivo: es el deudor, es quien debe realizar la prestación, es la persona a cuyo cargo existe el deber de dar o entregar algo, o de realizar un determinado hecho. El deudor puede ser una sola persona o varias. Puede ser persona natural o jurídica, y puede tener o no plena capacidad. El deudor siempre debe estar determinado.

·        El vínculo jurídico: por virtud de la obligación, entre los dos sujetos activo y pasivo, se establece una relación: mientras uno tiene el deber de cumplir el otro tiene la facultad de exigir el cumplimiento.  El vínculo implica la conducta del deudor encaminada a cumplir la prestación en beneficio del acreedor. Este vínculo tiene un contenido patrimonial, y significa la garantía implícita en toda obligación sobre los bienes del deudor y que protege los derechos del acreedor. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejercicio sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose los no embargables. Pueden los acreedores exigir que se vendan los bienes del deudor hasta la concurrencia de sus créditos. El vínculo jurídico se llama de garantía, por que el conjunto de los bienes del deudor actúa como prenda común de los acreedores, está garantizando al deudor su prestación.  En la obligación natural no existe el vínculo patrimonial, y no puede el acreedor exigir el cumplimiento ni menos acudir al patrimonio del deudor; solo existe una relación de buena fe, amparada por la moral y la ética del deudor.

·        El objeto: es el contenido de la obligación. Es la prestación que debe realizar el deudor a favor del acreedor, es hacia lo cual se orienta la conducta del deudor en orden a satisfacer al acreedor. La prestación puede ser avaluada en términos económicos o simplemente morales o intelectuales.

a.    Prestaciones de dar: tiene como finalidad transmitir el derecho de dominio o cualquier otro derecho real. Implica no solo la conducta del deudor encaminada a hacer posible la dación, sino además la realización de todos los actos y el cumplimiento de los requisitos que las leyes tengan establecidos para la transmisión del derecho real. Contiene la prestación de entregar la cosa cuyo dominio se trata de transmitir.

b.    Prestaciones de hacer: tienen por objeto la entrega sin transmisión de dominio o de otro derecho real, o en general la realización de un hecho positivo; se orientan a la prestación de servicios a favor del acreedor, ya sea  suministrándole cosas para su uso o disfrute, ya realizando un determinado hecho u otra actividad en su beneficio. La simple entrega es una prestación de hacer. Gozan de un régimen especial, para que el deudor se coloque en mora de cumplirlas y el acreedor puede pedir: 1. que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido; 2. que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor; 3. que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes.

c.    Prestaciones de no hacer: son todas las abstenciones, los hechos negativos, las prohibiciones. El deudor debe abstenerse de realizar ciertos actos que sin la obligación le serían permitidos, dando a entender que es por virtud del convenio por lo que debe limitar la libertad lícita de ejercer un derecho. Se incumple la obligación haciendo el hecho prohibido.

Si se trata de prestaciones de dar o entregar, la cosa debe existir; si se trata de prestaciones de hacer o de no hacer, el hecho o la abstención deben ser posibles, física y moralmente. La venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone que existe y no existe, no produce efecto alguno. La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese le contrario o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte. El hecho es físicamente imposible, cuando es contrario a la naturaleza. La imposibilidad debe ser absoluta e insuperable y no aquella derivada de la incapacidad o inhabilidad propia del deudor. La posibilidad debe ser absoluta en el sentido de que cualquier persona normal puede realizar el hecho o la abstención, pero debe consultar las capacidades y fuerzas del deudor en concreto, de modo que las suponen, pues de lo contrario se esta ante la imposibilidad. La prestación no puede contradecir las leyes positivas.

El objeto debe estar determinado, a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. El objeto debe ser determinado o determinable; es determinado cuando específicamente se conoce en el momento del nacimiento de la obligación; es determinable cuando al momento del nacimiento de la prestación no esta especificado pero llegará a estarlo al momento de cumplirla. Es lícita una prestación cuando no contraviene las normas legales, ni es contraria a la moral, las buenas costumbres o el orden publico.

La inexistencia es la carencia de ser, de entidad; la nulidad es invalidez o ilegitimidad de algo que existe. Sólo puede predicarse la nulidad de una acto cuya existencia se presupone.

 

ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN:

Puede ser voluntario o involuntario.

Las fuentes voluntarias son los actos jurídicos, cuya característica consiste en la intención de los agentes que la celebran de buscar la producción de obligaciones, es decir, la creación de vínculos por los cuales uno de tales agentes debe dar, hacer o no hacer algo en beneficio del otro. Los actos jurídicos pueden ser el producto de una sola voluntad intencionalmente dirigida a producir obligaciones. La fuente involuntaria, es el hecho jurídico. Produce obligaciones con la independencia de la voluntad de los agentes, aunque la situación jurídica de donde se deriva la obligación puede haber sido querida.

 

CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES:

·        Según los sujetos:

a.    Obligaciones de sujetos unitarios: son las que tiene en cada uno de sus extremos una sola persona. Un solo deudor frente a un solo acreedor.

b.    Obligaciones de sujetos plurales: la parte deudora, la acreedora o ambas, están formada por más de una persona. La pluralidad de sujetos será activa, si es la parte acreedora la que está formada por varias personas; es pluralidad pasiva si es la deudora la parte formada por mas de una persona.  Es mixta la pluralidad cuando ambas partes activa y pasiva  están formadas por varias personas. La pluralidad de sujetos puede ser originaria, es decir, si existe desde la formación del vínculo, o sobrevinente si habiéndose formado la obligación como de sujetos unitarios, una de las partes, o ambas, por razones diversas, pasan o tener más de una persona.

Las obligaciones de sujetos plurales pueden ser conjuntas o solidarias.

 

OBLIGACIONES CONJUNTAS O MANCOMUNADAS: son aquellas que existen a cargo de dos o más deudores, o a favor de dos o más acreedores, pero de modo que cada deudor está obligado o cada acreedor tiene derecho solamente a una parte del objeto. La mancomunidad se presume y es la regla general, salvo la declaración legal o convencional en contrario, o la pluralidad pasiva mercantil. Sus características son: A. Objeto divisible: fraccionable, la división debe hacerse de la manera como ellos han convenido, sino media convenio se hará por partes iguales. B. Pluralidad de vínculos: cada uno de los deudores tiene respecto de cada uno de los acreedores un vínculo jurídico distinto. Sistemas: a: Cada uno de los sujetos está obligado o tiene derecho a una cuota parte del objeto y que no importa que tal cuota sea pagada o exigida, por cualquiera de los que intervienen, con tal que no exceda su respectiva cuota. b. Cada uno de los sujetos tiene derecho  o está obligado sólo a su cuota parte,  puede exigirla o debe pagarla a cada uno de los que figuran en el otro extremo de la obligación según la cuota de cada uno de éstos. Cada acreedor sabe en qué medida y frente a quién hacer valer su parte del derecho, y cada deudor sabe en qué medida y frente a quién cumplir parte de deuda. Efectos  de las obligaciones conjuntas1. cada acreedor no puede exigir más que su parte y cada deudor no puede ser obligado a más de su parte. 2. la cuota del deudor insolvente no grava a los demás deudores. Si uno de los deudores no puede pagar, los otros no pueden ser obligados a atender la parte del incumplido. 3. las consecuencias de la mora de un deudor conjunto son se transmiten a los otros. La mora es una situación personalísima que se produce por un retardo debido a culpa o dolo. 4. la interrupción de la prescripción que favorece a uno de los acreedores no aprovecha a los demás, un la que obra en contra de uno de los deudores perjudica a los otros.

OBLIGACIONES SOLIDARIAS:

Son aquellas que existen a cargo de dos o más deudores  o a favor de dos o más acreedores de tal manera vinculados que cada uno de los deudores puede ser obligado a pagar y cada uno de los acreedores puede exigir la totalidad de la prestación. El objeto puede ser divisible o no, precisamente porque la prestación es asumida o debe ser pagada en un todo. La solidaridad en materia civil debe ser declarada en los casos en que no la establece la ley. Características: a. Unidad del objeto: su único objeto no será fraccionado para el pago, así sea fraccionable, que conservará su unidad.  La cosa que se debe solidariamente por muchos o a muchos, ha de ser una misma, aunque se debe a diversos modos. B. Pluralidad de vínculos.

La solidaridad activa es la existente ente acreedores. Esta ha perdido mucha importancia, existiendo el mandato, contrato por el cual se confiere un encargo a otro, y existiendo la cesión de créditos. Por la solidaridad activa cada uno de los acreedores puede exigir la totalidad de la prestación.  Efectos de la solidaridad por razón de las relaciones entre acreedores solidarios y deudor: 1. cada acreedor puede exigir la totalidad de la prestación. 2. si el deudor ha sida demandado por uno de los acreedores solidarios, sólo a este que lo demandó podrá pagar válidamente. Si no mediare demanda, el deudor podrá pagar a cualquiera de los acreedores. 3. el pago que haga el deudor a cualquiera de los acreedores extingue la deuda respecto de los demás. 4. la interrupción de la prescripción que obra a favor de uno de los acreedores obra a favor de todos.5. si hay confusión, es decir la concurrencia en una misma persona de las calidades de deudor y acreedor, entre uno de los acreedores solidarios y el deudor, será obligado el acreedor confundido a pagar a sus coacreedores la parte que a cada uno corresponda en el crédito. Se convierte la obligación en conjunta. Efectos de la solidaridad por razón de las relaciones de los acreedores solidarios entre si:  entre los acreedores solidarios se configura una relación semejante a la de un mandato recíproco para representarse. Cada uno tiene un interés y una cuota en el crédito, pero que por virtud de la solidaridad representa a los demás y está en condiciones de exigir la totalidad, reembolsando, obviamente a los otros lo que les corresponde. Lo que hay en la solidaridad activa ente acreedores es la posibilidad de actuar cada acreedor como tal frente al deudor, pero según la relación que exista entre ellos frente a los demás acreedores.

La solidaridad pasiva, es frecuentemente utilizada en la actualidad. Es la que seda en los deudores. Efectos de la solidaridad por razón de las relaciones entre deudores solidarios y acreedor: 1. cada uno de los deudores puede pagar o ser obligado al pago de la prestación total. El acreedor puede escoger libremente el deudor para el pago. El deudor escogido por el acreedor no puede excusarse del pago, ni pedir la división entre todos los deudores, pues de poder hacerlo desaparecería el derecho que tiene el acreedor, directamente emanado de la solidaridad, de escoger el deudor y hacer efectivo el pago en el escogido.  En la fianza, se da al fiador el derecho de dilatar el pago mediante el beneficio de excusión, hasta tanto el acreedor haya cobrado infructuosamente al deudor principal la deuda; además, si hubiera varios fiadores, el requerido para el pago podrá alegar el beneficio de división, de modo que la prestación se distribuya entre todos los garantes. 2. el acreedor puede dirigirse conjuntamente contra todos o algunos deudores solidarios. 3. la demanda intentada por el acreedor contra alguno de los deudores solidarios, no extingue la obligación solidaria de ninguno de ellos, sino en la parte que hubiere sido satisfecha por el demandado. 4. los medios de extinguir las obligaciones que obran sobre el objeto de la prestación extinguen la relación obligatoria para todos los deudores solidarios. 5. los medios de extinción o las modalidades que obran sobre los sujetos extinguen o modifican el vínculo individual, pero no la esencia global de la obligación. 6. si la cosa perece por culpa o durante la mora de uno de los deudores solidarios, todos ellos quedan obligados solidariamente al precio, salvo la acción de los codeudores contra el culpable moroso. Pero la acción de perjuicios a que diere lugar la culpa o mora no podrá intentarla el acreedor sino contra el deudor culpable o moroso. El acreedor pierde su derecho a la cosa sólo en el evento en que la pérdida se deba a caso fortuito no estando el deudor en mora. 7. la interrupción de la prescripción que obra en perjuicio de uno de los deudores solidarios perjudica a los demás.  Efectos de la solidaridad por razón de las relaciones de los deudores solidarios entre sí:  hecho el pago al acreedor, el deudor que lo hizo tiene derecho de repetir contra los demás por la parte que a cada uno corresponde. Ante todo la solidaridad se extingue por el pago al acreedor, y el vínculo entre los deudores será ahora conjunto, solucionable por partes. Por virtud de la subrogación, el deudor que pagó pasa a ocupar la posición de acreedor, con todos los privilegios, accesorios y garantías que tenía aquel, pero en su nueva posición sólo puede cobrar sus codeudores la parte que a cada cual corresponda. Si por insolvencia no pueda uno de los codeudores pagar, la cuota que a él corresponde se reparte entre todos los otros a prorrata de las suyas. Renuncia a la solidaridad pasiva: se renuncia expresa o tácitamente. Expresamente cuando el acreedor manifiesta su propósito, y esto lo puede hacer respecto de todos los deudores, de alguno de ellos o de uno solo. Tácitamente cuando ha exigido o reconocido el pago de la cuota de uno de los deudores solidarios, sin la reserva especial e la solidaridad o sin la reserva general de sus derechos, o cuando el acreedor consiente en la división de la deuda. En el primer caso se entiende que la renuncia a favor de un solo deudor, en el segundo a favor de todos. Cuando el acreedor consiente en la división de la deuda, bien puede caber la reserva de l solidaridad o la general de sus derechos.

La solidaridad mixta, tiene presente la doble característica de toda obligación solidaria (unidad de objeto y pluralidad de vínculos), todo lo que extinga o modifique el objeto de la obligación rige para todos los sujetos que en ella intervienen, tanto en la parte activa como en la pasiva. En cambio lo que afecte vínculos personales, debe entenderse como particular del vínculo afectado. El primero que tome la iniciativa generará el efecto de poner en movimiento las reglas de la solidaridad. Si el primero en tomar la iniciativa es uno de los acreedores solidarios, él podrá elegir a cualquiera de los deudores para la cobranza. Si es uno de los deudores, podrá elegir a cualquiera de los acreedores para el pago.

Transmisión de la solidaridad mortis causa: los herederos de cada uno de los deudores solidarios son, entre todos, obligados al total de la deuda; pero cada heredero será solamente responsable de aquella cuota de la deuda que corresponda a su porción hereditaria. La solidaridad no se transmite mortis causa entre deudores y por ellos cada uno de los herederos solo responde por su parte.

 

·        Según el vínculo jurídico:

a.    Obligaciones civiles:  es la que está dotada de acción para exigir su cumplimiento. La que da derecho al acreedor para acudir al poder jurisdiccional del Estado a fin de hacer valer su derecho de crédito frente al deudor, inclusive mediante la venta de los bienes de éste, que constituyen su prenda general. La obligación civil constituye una obligación verdaderamente sancionada. Son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento.

b.    Obligaciones naturales: son las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Es un vínculo de conciencia, ético, que impone al deudor el deber moral de cumplir, pero que no es coercible. Existen dos clases de obligaciones naturales, las originarias y las provenientes de civiles desvirtuadas. Las primeras son las que desde su origen carecen de coercibilidad. Las segundas tuvieron la posibilidad jurídica de ser exigibles porque nacieron como civiles, pero por diversas causas perdieron la coercibilidad. Son de esta segunda clase las obligaciones contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes; las obligaciones civiles extinguidas por prescripción, en realidad la prescripción extintiva lo que prescribe es la acción, prescrita ésta, no puede exigirse coactivamente la obligación y de ahí su conversión en natural; las obligaciones que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles.

De acuerdo con la teoría de la eficacia de los actos jurídicos, las condiciones de validez intrínsecos del acto serían la capacidad de los agentes que en él intervienen, su consentimiento sin vicios, la ausencia de lesión y la licitud del objeto. La condición de validez extrínseca o formal, sería la observancia de la plenitud de las solemnidades prescritas por la ley en consideración a la naturaleza del acto o a la calidad o estado de las personas que lo ejecutan. En este caso habría nulidad absoluta si los requisitos que hacen falta se refieren a la naturaleza del acto, o relativa si se refieren a la calidad o estado de las partes. El  derecho de las partes a ser restituidas al estado anterior al de celebración del acto, y en general, todos los efectos de la declaratoria de nulidad, solo se producen cuando se renuncia a la acción de nulidad ni hay ratificación del acto nulo; la ratificación tácita es la ejecución  voluntaria de la obligación contraída; al cumplir tal prestación no se está cumpliendo propiamente una obligación válida sino una natural, pues el hecho de ratificar tácitamente el acto y sanear la nulidad es consecuencia del cumplimiento o pago. Otras obligaciones naturales son la que no han sido reconocidas en juicio, por falta de prueba, ya que el acreedor no puede demostrar en juicio la existencia de su derecho, pero no por ello deja de tenerlo. 

Son efectos de las obligaciones naturales: 1. las obligaciones naturales no dan acción para exigir su cumplimiento, lo que indica que le pago que de ellas se haga es puramente voluntario. 2. el pago que de la obligación natural se haga no puede repetirse. 3.  pueden ser novadas, es decir, sustituidas por otras obligaciones, inclusive de carácter civil. Por novación una  obligación se extingue y en su lugar nace una nueva. Para que se produzca novación es preciso que haya cambios en la estructura de la obligación capaces de alterarla de tal modo que pierda su fisionomía y se trasforme en otra jurídicamente distinta. 4. las obligaciones naturales pueden ser caucionadas. Si la obligación principal es pagada, la accesoria civil desaparece; si la natural principal es novada, la civil accesoria se extingue, a menos que los fiadores o dueños de las cosas pignoradas o hipotecadas accedan expresamente a la nueva obligación; si la principal natural se transmite la accesoria civil va con ella.

c.    Obligaciones principales: tienen autonomía. La obligación es principal cuando subsiste por sí misma, sin necesidad de otra. El vínculo que se forma entre el deudor y el acreedor es principal cuando la prestación puede exigirse y debe cumplirse sin consideración a elementos distintos de los intrínsecos de tal vínculo.

d.    Obligaciones accesorias: acceden o dependen de otros vínculos. No son autónomas. Pueden ser accesorias de otras obligaciones, o accesorias de derechos reales (propter rem).

Obligaciones accesorias de otras obligaciones o de garantía:  son las que acceden a otros vínculos de carácter personal y dependen de ellos para la producción de sus efectos. Su procedencia usualmente es distinta. Dependen de otro vínculo personal. Son obligaciones de garantía, por las cuales una persona asume frente a otra la misma prestación asumida por el deudor, pero bajo la condición de no ser cumplida por éste. El garante deberá cumplir la prestación en caso de incumplimiento del deudor principal, con las mismas cargas y dentro de las prerrogativas asumidas por éste último. Las obligaciones de garantía son condicionales para su plena eficacia y funcionamiento, requieren de un hecho futuro e incierto cual es el incumplimiento del primer obligado. No pueden comprender en su objeto más de lo que comprende la obligación principal, aunque sí menos. El deudor accesorio que cumple con la prestación tiene derecho a que el deudor principal le rembolse lo que ha pagado por él, con intereses y gastos, y le indemnice por los perjuicios sufridos, la extinción de la obligación principal produce la de la accesoria. Dan al garante el beneficio de exclusión, por el cual éste puede exigir que ante de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal.

Obligaciones accesorias de derechos reales: son aquellas en las cuales la persona obligada debe una prestación de entregar o de hacer o ha de observar un deber negativo, dependiendo de un derecho real sobre una cosa. La obligación grava la persona no en cuanto tal, sino en cuanto titular de aquel determinado derecho, la prestación depende de un derecho real y recibe de él su razón y su medida. El titular o acreedor del derecho real es el deudor de la obligación propter rem. Son algunas de ellas: la que obliga al usufructuario a pagar las pensiones, cánones, impuestos y en general cargas con que haya sido gravada la cosa dada en usufructo; los dueños de predios vecinos tienen obligación de concurrir en conjunto a los gastos de deslinde y demarcación.

e.    Obligaciones puras y simples: son aquellas cuyo vínculo existe y produce sus efectos desde el mismo momento en que ocurren los actos o hechos de donde emanan. Ocurrido el acto o hecho que constituye la fuente de la obligación, ésta si es pura y simple, puede exigirse y debe cumplirse inmediatamente.

f.     Obligaciones a plazo: son aquellas sometidas a un termino. El plazo es un hecho futuro y cierto del cual depende la ejecución o extinción de una obligación. Dos son sus características, su ocurrencia futura y su certeza. Con lo primero se quiere significar un acontecimiento que vendrá, y no uno que ya sucedió o que está actualmente acaeciendo. Con lo segundo se indica que la fecha o el acontecimiento necesariamente habrá de llegar. Clases de plazos: a. Plazo suspensivo: es la fecha o acontecimiento futuro y cierto de que depende la ejecución de la obligación. Se supedita sólo la exigibilidad de la prestación no su existencia. La obligación existe antes de la llegada del término suspensivo, pero no es exigible. Una vez se realice el acontecimiento o llegue la fecha en que consiste el término, la obligación puede exigirse y debe cumplirse. Antes del vencimiento del plazo, sólo existe una expectativa que da nacimiento simplemente a efectos preliminares. El cumplimiento que se haga de una obligación a plazo antes de la llegada del mismo es válido. Efectos: 1. la obligación no puede exigirse antes del cumplimiento del término, la obligación existe con todas sus propiedades y elementos, es sólo su exigibilidad la que ha sido suspendida hasta la ocurrencia del hecho o fecha en que consiste el término; excepciones, quiebra del deudor, notoria insolvencia, concurso de acreedores, extinción o disminución del valor de las cauciones, y convenio sobre exigibilidad anticipada con el acreedor (cláusula aceleratoria). 2. el plazo suspensivo es en general, renunciable; se autoriza al deudor para renunciar al beneficio y por consiguiente para volver inmediatamente exigible la obligación que estuvo sometida en su ejecución al cumplimiento del hecho en que consiste el termino. Excepciones: disposición en contrario, estipulación de las partes, perjuicio para el acreedor que manifiestamente se propuso por le plazo incurrir en él, y mutuo con intereses. Si el termino suspensivo está establecido únicamente en beneficio del acreedor, éste puede renunciar a él y exigir anticipadamente la prestación. 3. el pago que se haga de la obligación antes del vencimiento del término es un pago válido. 4. la obligación sujeta a término suspensivo es imprescriptible. Como no es exigible, no puede iniciarse la cuenta de tiempo que la ley establece para la prescripción. 5. la obligación sometida a término suspensivo no puede compensarse. 6. el acreedor de la obligación a plazo puede pedir medidas conservatorias que lo protejan en sus intereses. B. Plazo extintivo:  es la fecha o acontecimiento que extingue la obligación. El extintivo debe ser futuro y debe ser cierto. El termino extintivo no produce efectos retroactivos y por ello las prestaciones cumplidas con anterioridad a su acaecimiento no puede repetirse. Sólo pone fin, entonces, a las obligaciones vigentes al momento de su ocurrencia. Mientras el termino no llegue, la obligación existe y produce sus efectos. C. Plazo determinado: se sabe que el hecho va a ocurrir y además se sabe cuando va a ocurrir. D. Plazo indeterminado: es indeterminado el plazo si necesariamente ha de llegar pero no se sabe cuando, como el día de la muerte. E. Plazo expreso: es tal cuando está explícitamente señalado. No importa que sea determinado o indeterminado. Esta previsto por las partes un acontecimiento cierto de cuya ocurrencia se desprende la ejecución o extinción de la obligación. F. Plazo tácito: es el indispensable para cumplirlo. El cumplimiento puede realizarse en cualquier instante después de nacida la obligación, en cuyo caso la obligación es pura y simple, o bien es preciso que transcurra cierto tiempo desde el nacimiento hasta el cumplimiento de la obligación. G. Plazo legal:  es el fijado por la ley. H. Plazo convencional:  es el plazo fijado libremente por las partes. I. Plazo judicial:  es el fijado por el juez.J. Plazo de derecho: se utiliza para distinguir el término de que depende en derecho la ejecución o la extinción de la obligación, estos es, el termino que confiere al deudor y al acreedor las prerrogativas jurídicas. K. Plazo de gracia:  es el que fuera del contrato y sin formar parte de él obtiene el deudor de su acreedor que no le exige el cumplimiento inmediato de su obligación teniendo derecho para ello. Solo cuando la obligación es exigible, por ser pura y simple o estar vencido el termino de que dependía, cabe hablar de plazo de gracia; si ya dispone el deudor de un plazo de derecho, el de gracia debe considerarse como una prorroga del mismo.

g.    Obligaciones condicionales: son aquellas obligaciones cuya existencia o extinción está sometida al acaecimiento de una condición. Esta es el hecho futuro e incierto del cual depende la existencia o extinción de una obligación. Son sus elementos básicos, el hecho futuro y el hecho incierto. El hecho futuro e incierto debe esta ligado de tal manera al nacimiento o extinción de la obligación que de su realización dependa la suerte de la obligación, este es si ella nace o se extingue. La condición como modalidad de obligaciones sólo puede provenir de la convención de las partes. ESTADOS DE LA CONDICIÓN: 1. condición pendiente:  la condición esta pendiente durante su periodo de espera, de incertidumbre, mientras no se pueda saber si el hecho en que consiste va a ocurrir o no. 2. condición cumplida:  la condición se cumple cuando se realiza el hecho en que ella consiste. Se considera cumplida la condición que consiste en un hecho negativo que se sabe con certeza que no  va a ocurrir. Se considera cumplida una condición cuyo acaecimiento es impedido, a través de medios ilícitos, por quien hubiera sido deudor de haberse realizado la condición. 3. condición fallida:  se considera fallida una condición cuando ha llegado a saberse, de seguro que el acontecimiento en que ella consiste no se realizará. Se consideran fallidas: la consistente en un hecho que es o se hace imposible; la que supone cierto tiempo para que el hecho se verifique y expira dicho tiempo sin que se haya verificado; aquellas cuyo sentido y modo de cumplirlas son enteramente ininteligibles, y las condiciones inductivas a hechos ilegales o inmorales. Si la condición está supeditando el nacimiento de la obligación (suspensiva), la falla hace que la obligación no pueda formarse. Si lo que se sujeta a la condición es la extinción de la obligación (resolutoria) la condición fallida hace que la obligación se consolide como pura y simple y siga produciendo sus efectos. CLASIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN:  1. positiva: consiste en la realización de un hecho. 2. negativa: es la condición que consiste en una abstención. 3. posible:  es aquella que se ajusta a las leyes de la naturaleza física. 4. imposible:  es imposible la condición que consiste en un hecho cuya realización sería contraria a las leyes de la naturaleza física. Son aquellas cuyo cumplimiento es imposible en el régimen ordinario de la vida. Como las condiciones imposibles son consideradas como fallidas, sus efectos sobre la obligación son los mismos que engendran las fallidas 5. condición lícita: consiste en un hecho ajustado a las leyes, al orden publico, a la moral y a las buenas costumbres. 6. condición ilícita:  es la que consiste en un hecho que contraría la ley, el orden publico, la moral y las buenas costumbres. 7. expresa:  es la condición que está consagrada de manera explícita por la partes.  8. tácita: es tácita la condición cuando está sobreentendida y resulta de la naturaleza de la obligación, o cuando la ley prevé su existencia y efectos para los casos específicos contemplados en ella. 9. potestativa: depende de la voluntad del acreedor o del deudor. La condición potestativa simple es un hecho que depende de la voluntad de una de las partes, supone de parte del interesado, no solo una manifestación de voluntad, sino la realización de un hecho exterior; la condición puramente potestativa, cosiste en la sola voluntad de una de las partes, son nulas las obligaciones contraídas bajo condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga. La condición potestativa pura que produce la nulidad de la obligación es la suspensiva, esto es, la que depende dela simple voluntad del deudor. La resolutoria o sea, la que produce la extinción del vinculo vale. 10. causal: es la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso. 11. mixta:  es la condición que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. 12. suspensiva: es el hecho futuro e incierto al que queda subordinado el nacimiento de la obligación. Suspende no solo el cumplimiento de la prestación sino además su propia existencia. Sus efectos son: a. Pendiente la obligación, el pago que de ella se haga por el deudor podrá repetirse. Sería un pago indebido, cuya consecuencia es dar a quien lo hizo acción para obtener su devolución. B. El acreedor condicional puede pedir todas las medidas que estime convenientes en orden a conservar y mantener en buen estado la cosa debida bajo condición. C. El acreedor condicional puede solicitar garantías al deudor, fianzas, hipotecas, prendas. D. El derecho eventual de derecho que tiene el acreedor es trasmisible a sus herederos. E. El derecho eventual del acreedor condicional puede cederse. F. Existen a cargo del deudor, deberes que tiene que cumplir, como el de cuidar la cosa que se debe bajo condición, y el de indemnizar los perjuicios que se deriven e la pérdida o deterioro de la cosa, atribuibles a su dolo o culpa. G. Como la obligación no existe, la compensación, la prescripción, la novación, y en general los medios de extinguir las obligaciones no puede tener cabida. No puede extinguirse algo que aún no ha nacido. 13. resolutoria:  es el hecho futuro e incierto de que depende la extinción de una obligación. La obligación produce todos sus efectos mientras la condición resolutoria esté pendiente. Si la condición se cumple la obligación se extingue. La resolución resolutoria tácita, es la que va envuelta en las contratos bilaterales, en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Podrá el otro contratante pedir a su arbitrio,  o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allane a cumplirlo en forma y tiempo debidos. Si la condición resolutoria se pacta expresamente en un contratos para los eventos de incumplimiento de uno de los contratantes, el pacto e llama pacto comisorio. Por el cualquiera de los contratantes o uno de ellos, puede optar por la resolución del contrato si el otro no cumple la obligación u obligaciones que contrajo.

Cumplida la condición suspensiva lo pagado durante la época de su pendencia no puede ya repetirse, pues se considera que la obligación siempre existió como pura y simple, y por ello el pago fue válido, cumplida la condición resolutoria deberá sustituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición, pues que tal fue lo querido por las partes.

 

·        Según el objeto:

a.    Obligaciones positivas: son aquellas cuyo objeto consiste en prestaciones o actos positivos.

b.    Obligaciones negativas: tienen por objeto una abstención, un no hacer.

c.    Obligaciones de objeto simple: pueden provenir de varias obligaciones de un mismo contrato, pero no por ello el objeto de cada una se amplía hasta alcanzar el objeto de otras. Todas las obligaciones tienen un objeto y éste una sola prestación.

d.    Obligaciones con alternativa: es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución de las otras. Una de las partes, generalmente el deudor, elige una de varias prestaciones entre las que puede escoger y la cumple. Elegida una de las prestaciones o de los objetos, debe cumplir en su totalidad con ello. La fuente por excelencia de las obligaciones alternativas es el contrato. La elección de la obligación que por virtud de la alternativa convenida por los contratantes debe cumplirse corresponde al deudor, a menos que se pacte lo contrario, o a menos que requerido el deudor para que elija no lo haga dentro de los tres días siguientes al requerimiento en cuyo caso la elección corresponde al acreedor. Sus efectos son: a. Elegida una obligación alternativa, debe ser cumplida en su totalidad, sin que pueda obligarse al acreedor a que acepte parte de una y parte de otra. 2. las obligaciones potenciales no elegidas por quien tiene el derecho de hacerlo desaparecen luego de la elección. El deudor no puede ser obligado a pagar ninguna de las obligaciones no elegidas, mas aun si después de elegir llegare a pagar alguna de las no elegidas podría repetir pues habría hecho pago de la no debido. 3. la inexistencia o nulidad de una de las obligaciones alternativas no acarrea la inexistencia o nulidad de las demás. 4. a menos que la elección le corresponda, no puede el acreedor demandar específicamente una de las obligaciones. 5. si la elección corresponde al deudor, puede éste enajenar o destruir cualquiera de las obligaciones que alternativamente tiene. 6. si perecen los objetos de todas las obligaciones alternativas, sin culpa del deudor, queda éste libre. Si perecen por su culpa queda obligado a pagar el valor del objeto que elija el acreedor. Si perece uno solo de los objetos por culpa del deudor, y la elección es suya, pagará con otro; si la elección es del acreedor, puede éste escoger uno de los otros objetos o el valor del perdido junto con indemnización de perjuicios.

e.    Obligaciones facultativas: es la que tiene por objeto una cosa determinada pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa.

Se diferencia con la alternativa en que en esta son varias obligaciones con todos sus elementos, latentes hasta cuando se verifique la elección por quien tiene la facultad de hacerla, en la facultativa, ni hay sino un vínculo. En las alternativas el derecho de elegir puede tenerlo cualquiera de los sujetos de la obligación, mientras que el la facultativa sólo lo tiene el deudor. El único objeto de la obligación facultativa se distingue con la expresión in obligatione, y el objeto designado, por el cual puede ser cambiado el originario, se designa como in facultate solutionis. El primero es obligatorio, el segundo es facultativo

Efectos de la obligación facultativa: a. Como consecuencia de ser solo una obligación, la inexistencia o invalidez de ella como la perdida de su objeto, producen su extinción. 2. el acreedor no tiene derecho para pedir otras cosa que aquella a que el deudor es directamente obligado. 3. si en objeto originario perece sin culpa del deudor, la obligación se extingue. Si perece con culpa puede liberarse pagando con el que ésta como subsidiario, a menos que éste haya perecido con anterioridad, en cuyo caso queda el deudor sometido a las reglas ordinarias de incumplimiento imputable.

f.     Obligaciones de genero: son aquellas en se debe indeterminadamente un individuo de una clase o genero determinado. El acreedor no puede pedir directamente ningún individuo. La perdida de algunas cosas del género no extingue la obligación.

Obligaciones de dinero: el dinero es el medio general de cambio; es la medida común de los valores patrimoniales o las unidad de valor de los bienes y servicios que un sujeto económico requiere para la satisfacción de sus necesidades y aspiraciones.  Son propiedades del dinero: 1. poder liberatorio; es la facultad que tiene todo deudor de liberarse de su obligación mediante el pago de una suma de dinero, correspondida por el deber del acreedor de aceptar dicho pago. A menos de pacto en contrario, el deudor de la obligación en dinero se libera mediante la dación o entrega de la suma nominal debida, más sus accesorios. Quiere decir ello que el acreedor asume el riesgo de perdida de valor económico funcional, es decir, el riesgo de la depreciación o desvalorización de una unidad monetaria. 2. curso legal; puede entenderse como que sólo el dinero oficial, es decir, el constituido por billetes y monedas emitidos por la banca central conforme a las leyes que fijan la unidad monetaria y sus características, pueden tener circulación cono medio de cambio, excluyendo así la moneda extranjera y otras especies fiduciarias. También puede entenderse como la propiedad de una moneda determinada de tener circulación autorizada e un país, tener capacidad de pago y cambio; o como que sólo mediante dinero puede ser constreñido el acreedor a recibir el pago de obligaciones a su favor. El curso legal correspondería a la forzosa aceptación de parte del acreedor al pago que en dinero le ofrece el deudor, so pena de incurrir en mora creditoria. La entrega de letras, cheques, pagarés, y demás títulos valores, de contenido creditico, por una obligación anterior, valdrá como pago de esta si no se estipula otra cosa; pero llevará implícita la condición resolutoria del pagos, en caso de que el instrumento sea rechazado o no sea descargado de cualquier manera.

Los intereses se pueden considerar como precio o rédito de un capital; como indemnización por el incumplimiento de una obligación dineraria; como compensación por el uso o aprovechamiento de bienes. Son los frutos civiles. Se pueden clasificar:

1.    Según su origen: corrientes, que son los usuales en un momento determinado; los convencionales, los que fijan los particulares; y los legales los que establece la ley para ciertos casos.

2.    Según la época  del crédito a la cual se refieren: remuneratorios o de plazo son los que se refieren a la época de la obligación que va desde su nacimiento hasta su exigibilidad. Los moratorios o vencidos, son los que se deben a titulo de indemnización de perjuicios por el retardo en el pago de la obligación principal y se calculan desde el momento en que el deudor incurra en mora.

3.    Según la capacidad de producir nuevos intereses: se pueden distinguir los intereses simples, que se causan y se calculan en forma aritmética, sin generar nuevos réditos; los compuestos, que según los plazos convenidos, van agregándose al capital.

4.    Según su cálculo o medida: pueden ser nominales, que son los expresados en una unidad de tiempo se aplican al capital según las fracciones de dicha unidad de tiempo. Los efectivos, son los que aplicada con periodicidad  diferente  a uno año, de acuerdo con las fórmulas de interés compuesto producen exactamente el mimos resultado que la tasa anual. Los reales son los mismos interese nominales o efectivos pero disminuidos en una porción que se atribuye al valor de la inflación registrada en el mismo término del crédito.

5.    según la época de su pago: vencidos que se pagan al final del plazo del crédito ; anticipados que se pagan al momento de iniciarse dicho plazo.

 

Los intereses corrientes son los usuales en un mercado y en un momento determinado. La Superintendencia bancaria certifica el interés bancario corriente. En materia civil el cobre intereses corrientes sólo puede hacerse cuando la ley expresamente así lo autoriza. Los intereses convencionales son los que fijan las partes. El interés convencional que exceda de una mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, será reducido por el juez a dicho interés corriente si lo solicita el deudor. Si se trata de la fijación de intereses de mora se aplica la misma norma, sólo que si hay exceso la reducción no se hace hasta la tasa corriente, sino hasta la tasa máxima que puede pactarse sin peligro de reducción. Los particulares a quienes se aplica el Código de Comercio, pueden pactar intereses moratorios hasta el doble den interés bancario corriente, pues si en ausencia de pacto de interés de mora ese es el monto aplicable. La ley civil colombiana prohíbe el anatocismo, que es la producción de interese sobre interese o sea, el interés compuesto. La ley comercial permite en ciertos casos el cobro de intereses sobre intereses. Cuando los intereses dejan de ser frutos pendientes y se convierten, por expreso querer de las partes en capital, es decir pasan a aumentar la suma que constituye la obligación principal, pueden dar lugar a intereses. Los intereses legales son los fijados por la ley, para aquellos casos que se estipulan intereses sin expresarse la cuota, o en que presumiéndose intereses no se especifica por convenio la tasa. Se aplica el interés legal civil en los casos en que habiéndose estipulado intereses no se especifica la cuota, y en los casos de mora del deudor cuando no se ha especificado la cuota o cuando simplemente no hubo pacto de intereses. Por ser materia civil no se presumen intereses remuneratorios, pero moratorias si. Cuando el los negocios mercantiles han de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente, si las partes no han estipulado en interés moratorio, será el doble y en cuanto sobre pase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses. Si las partes no han convenido ni el interés remuneratorio, ni el moratorio, aquel será el bancario corriente y éste el doble del bancario corriente. Si las partes han convenido el remuneratorio, pero no el moratorio, aquel será el estipulada y éste el doble del bancario corriente.  Si las partes no han convenido remuneratorios, pero si moratorio, aquel será el bancario corriente, y éste el estipulado por las partes, que quedará sujeto a las reglas y limitaciones ordinarias, y a la reducción en el caso de que exceda en más de la mitad al que se probare haber sido corriente o en más del doble al bancario corriente.

MATERIA CIVIL:

Intereses remuneratorios: a. No pacto de intereses, no hay lugar a cobro de intereses, aunque si se pagan no pueden repetirse; hay pacto de intereses pero sin estipulación de tasa, se cobran los intereses legales civiles; hay pacto y estipulación de tasa, el convencional, será el que rija, pero no puede exceder en más de la mitad al corriente.

Intereses de mora: no hay pacto o habiendo no se estipula la tasa: se cobra el más alto entre el convencional, si lo hay; el corriente, si la ley lo autoriza; el legal. Hay pacto de intereses y estipulación de tasa: el convencional de mora no puede exceder a una mitad por encima del corriente.

MATERIA COMERCIAL:

Intereses remuneratorios: no hay pacto y según la materia no se presumen, no hay lugar a intereses, pero s se pagan n pueden repetirse. No hay pacto pero según la materia sep resumen, se cobran los legales comerciales, que es el bancario corriente. Hay pacto sin estipulación, se cobran los legales comerciales. Hay pacto con estipulación de tasa, se cobra el convencional, que no puede exceder de una mitad por encima del corriente.

Intereses de mora: no hay pacto y según la materia no sep resumen, se cobra el más alto entre el convencional del plazo, si lo hubo, el corriente cuando la ley lo autoriza, o el legal comercial. No hay pacto pero deben pagarse, o hay pacto pero no se especifica la tasa, se cobra el doble del legal comercial. Hay pacto y se especifica la tasa, el convencional será el que se cobra, que puede llegar al más alto entre el corriente más una mitad, o el doble del legal comercial.

g.    De especie o cuerpo cierto: la obligación de especie o cuerpo cierto se da cuando su objeto se encuentra precisamente individualizado.  El acreedor no puede exigir ni el deudor pagar cosa distinta de la constitutiva de la prestación, pues fue precisamente ella la que motivó la voluntad de las partes a celebrar el contrato.

h.    Divisibles: tiene por objeto cosa susceptible de división, sea física o intelectual o de cuota. no basta que su objeto sea fraccionable y puede el deudor dar o entregar por partes en sentido físico; se requiere además que por la división no sufra detrimento su sustancia ni menoscabo  su valor.

i.      Indivisibles: son aquellas que en razón de la naturaleza de su objeto no es susceptible de ser cumplida por partes. Debe tomarse como indivisibilidad la que proviene de una prestación que si bien puede físicamente fraccionarse, la división alteraría la esencia del objeto o su función. Lo harán los contratantes al momento de celebrar el convenio, los cuales, aún si se tratare de un objeto por naturaleza divisible, para sus propias conveniencias lo tomarán como indivisible. Efectos: Cada uno de los que han contraído la obligación debe satisfacerla en todo, así como cada uno de los acreedores tiene derecho de exigir el total. A. Cualquiera de los acreedores de prestación indivisible puede exigir la totalidad de los debido. Ninguno puede, sin el consentimiento de los otros, remitir la deuda o recibir el precio de la cosa debida. B. Cualquiera de los deudores de prestación indivisible es obligado a satisfacerla en todo. sin embargo, demandado tal deudor podrá pedir un plazo para entenderse con los demás deudores, a fin de cumplirla entre todos, a menos que la cosa sea de tal naturaleza que él solo pueda cumplirla, pues en tal caso podrá ser condenado desde luego al total cumplimiento, quedándole a salvo su acción contra los demás deudores, para la indemnización que le deban. C. Cuando la obligación es alternativa, y hay pluralidad de sujetos la elección de la prestación corresponde a todos de consumo. D. La interrupción de la prescripción que favorece a un acreedor, y la que perjudica a un deudor, afecta igualmente al os demás. E. La culpa de uno de los sujetos de prestación indivisible no afecta a los demás. F. En cuanto a las relaciones de los acreedores y deudores entre sí, se rigen por las reglas de un contrato celebrado entre ellos, o por la ley, o por el testamento, y será conforme a esos títulos como debe trasladarse o reembolsarse la cuota que a cada sujeto corresponda.

 

·        Clasificación de la doctrina:

a.    obligaciones de medio o mera diligencia y de resultado: en las primera el deudor satisface al acreedor con sólo poner su diligencia y cuidado, sin garantizar los resultados de su actividad, al paso que en las segundas es el resultado concreto el que constituye el objeto de la prestación.

b.    Obligaciones modales: son aquellas que están sujetas a un modo.

c.    Obligaciones penales: son las que se derivan de la cláusula penal, que es la forma de estimación anticipada de los perjuicios que puede sufrir el acreedor por le incumplimiento del deudor.

 

FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

 

Son fuentes de las obligaciones los actos o hechos que de ellas provienen. O todo acto es capaz de engendrar una obligación, solamente aquellos cuyos efectos regulados por el derecho, consisten en el deber de realizar o una facultad de exigir una prestación.

 

Las situaciones de hecho se tornan jurídicas cuando están reguladas por una norma de derecho, y son fuentes de obligaciones cuando la regulación se manifiesta en el deber de realizar o en la posibilidad de exigir una prestación. Las situaciones jurídicas-fuentes pueden ser actos voluntarios y reflexivo, o hechos involuntarios.

 

El carácter voluntario o involuntario de la fuente se aplica a la producción de la obligación respectiva; por ello para determinar si una fuente es o no voluntaria debe indagarse si el efecto de crear obligaciones ha sido el directamente perseguido por el agente en el momento de realizar el acto o si, por el contrario, el efecto de generar obligación se ha producido con independencia de la voluntad del agente. A la fuente voluntaria se le llama acto jurídico. A la involuntaria hecho jurídico. La primera es toda manifestación de voluntad intencionalmente dirigida a producir efectos jurídicos, crea, modifica o extingue relaciones jurídicas. El acto jurídico puede se unipersonal cuando la manifestación de la voluntad proviene de una sola persona; o pluri-personal, cuando tal manifestación proviene de dos o más personas. Este toma también el nombre de convención. Cuando el acto jurídico bilateral o convención busca la producción de obligaciones se llama contrato.

 

Hecho jurídico es todo hecho físico o humano cuyos efectos jurídicos relevantes se producen por el sólo ministerio de una norma jurídica, con independencia de la voluntad reflexiva. Para que un hecho jurídicamente relevante puede llegar a tener la categoría de fuente de obligaciones es preciso que él, y las consecuencias que de él se derivan, estén contempladas en la ley, y que además tales consecuencias san precisamente la creación de un vínculo obligatorio. Dentro del hecho jurídico se distinguen dos especies, el hecho ilícito civil (imputable dañoso) y el hecho con virtualidad para obligar. El primero es todo hecho que como consecuencia del dolo, de la culpa o del riesgo asumida por una persona produce daño a otra. Es necesario que la razón de la imputabilidad y el daño que se produce tengan relación de causa a efecto. El segundo, es todo hecho que sin ser imputable, es decir, ni doloso ni culposo, ni proveniente de un riesgo, y sin producir daño, genera sin embargo obligaciones civiles por el solo ministerio de la ley, independiente del querer de la persona afectada. Tal es el caso del enriquecimiento sin causa, que se produce siempre que un patrimonio recibe incremente a expensas de otro sin fundamento jurídico, o las obligaciones alimentarias.

 

1.    Acto jurídico: contrato, manifestación unilateral de voluntad

2.    Hecho jurídico: hecho imputable dañoso, hecho con virtualidad para obligar. 

 

EL ACTO JURÍDICO

 

Es toda manifestación de voluntad intencionalmente dirigida a la producción de efectos de derecho. Es toda manifestación de voluntad intencionalmente dirigida a producir obligaciones. Es unilateral o unipersonal cuando la manifestación de voluntad proviene de una sola persona. Es bilateral cuando tal manifestación proviene del concurso de dos o más personas.

 

EFICACIA PLENA DEL ACTO JURÍDICO:

Para que el acto jurídico sea eficaz, para que se produzcan los efectos que por él se persiguen con un criterio finalista o funcional se requiere ante todo que exista, es decir, que tenga entidad jurídica. Luego es preciso que sea plenamente válido en el sentido de que no adolezca de un vicio que pueda comportarle su nulidad o un ajuste en el prestaciones generadas por él. Debe ejecutarse, cumplirse, con arreglo a las posibilidades o criterios de ejecución de los actos jurídicos. Desde luego, es ineficaz el acto que no existe, o que no produce efectos.

 

La falta de existencia es la nada y la falta de validez es la nulidad. Aquella es la ausencia de ser, ésta la existencia de un ser imperfecto. Para la existencia jurídica de un acto es indispensable que concurran las cosas que son de su esencia, es decir, aquellas sin las cuales o no produce efecto alguno, o degenera en otro acto diferente. Tres son los requisitos de existencia o esencia de un acto: voluntad, el modo idóneo de manifestarla y el objeto.

 

Las diferencias entre la inexistencia jurídica y la nulidad es que ésta siempre debe ser declarada por el juez, en tato que aquella, no; el acto inexistente no produce ningún efecto jurídico, en tanto que el acto nulo mientras su vicio no se declare judicialmente, produce todos sus efectos; el acto inexistente no es susceptible de ratificación, ya que ésta equivaldría al perfeccionamiento de un nuevo acto, mientras que el nulo puede sanearse por la voluntad de las partes, el acto nulo puede sanearse por el transcurso del tiempo, en tanto que el inexistente no.

 

REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA DEL ACTO JURÍDICO:

 

VOLUNTAD O CONSENTIMIENTO:

Es la libre determinación, sin precepto o impulso exterior que obligue. Es la intención de hacer o no hacer una cosa. Es la intención de producir efectos de derecho. Las condiciones de la voluntad se traducen en que esta debe ser seria, es decir, una real y verdadera intención de quien la emite de hacer nacer las obligaciones a que el acto jurídico de lugar. El consentimiento, esto es la voluntad aplicada al contrato o acto jurídico bilateral, requiere de la seriedad, la concordancia.  El consentimiento es el acuerdo de voluntades encaminado a la producción de determinado efecto.

 

Formación del consentimiento:

a.    Oferta y aceptación: el consentimiento, es decir, el acuerdo de voluntades, se realiza con la aceptación de la oferta. La oferta o propuesta, es el proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra, y que debe contener los elementos esenciales del negocio y debe ser comunicado al destinatario. La oferta o propuesta toma el nombre de policitación, cuando va dirigida al publico en general, sin determinación de personas. La oferta deberá contener todos los elementos esenciales del negocio y sobre éstos versará la aceptación por parte del destinatario. La propuesta será irrevocable, cuando se propone un contrato no podrá retractarse el proponente, y de hacerlo deberá indemnizar todos los perjuicios que resulten para el destinatario como consecuencia de la retractación. En esto consiste la fuerza obligatoria de la oferta. La oferta dirigida a personas determinada es obligatoria, a tiempo que la oferta dirigida a personas no determinadas, no es obligatoria, para quien la hace, a menos que vaya acompañada de la exhibición publica de la cosa ofrecida.

La obligatoriedad e irrevocabilidad solamente se predican de ofertas que han sido comunicadas, la propuesta ha sido comunicada cuando se utiliza cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La obligatoriedad de la oferta rige entre el momento en que es conocida del destinatario y el momento en que es aceptada o rechazado. La oferta puede ser aceptada expresa o tácitamente. Es expresa cuando el destinatario en forma en forma especifica comunica su decisión positiva al oferente. El tácita, cuando se manifiesta por un hecho inequívoco de ejecución del contrato propuesto. La aceptación o rechazo de la propuesta debe hacerse en el acto de oírse si se trata de una propuesta verbal. Cuando la propuesta se hace por escrito, deberá  ser aceptada o rechazada dentro de los seis días siguientes a la fecha que tenga la propuesta, si el destinatario reside en lugar distinto, a dicho termino se sumará el de la distancia. Las  partes pueden fijar los plazos diferentes a los establecidos por la ley, para la aceptación o rechazo de la propuesta. Vencido el plazo de aceptación, bien el que establece la ley o bien el establecido por las partes, la oferta caduca y queda el proponente liberado de su compromiso de mantener los términos propuestos para el negocio.

b.    promesa de celebrar actos jurídicos. La opción. La promesa de contrato que se otorga por la dos partes contratante y las obliga a ambas y la que sólo obliga a una de ellas llamada opción, son aspectos que hay que examinar. La promesa de celebrar un contrato llamada también precontrato, es un acto en virtud del cual las futuras partes contratantes se obligan a perfeccionar un determinado contrato. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna salvo: que se conste por escrito; que el contrato a que la persona se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no reunir los requisitos que establece; que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato; que se determine de tal suerte el contrato que para perfeccionarlo sólo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales.

La opción, es decir, la promesa que sólo obliga a una de las partes es la obligación que un contratante adquiere de celebrar un contrato en caso de que la otra partes se decida a ello. La opción puede concebirse como una oferta obligatoria sometida a un termino o a una condición dada. Impone al que la concede la obligación de cumplir su compromiso, si la opción no estuviere  sometida a un termino o a una condición es ineficaz. La promesa engendra una obligación de hacer, cual es la celebración del acto jurídico prometido, el acto jurídico da origen a las obligaciones propias de su naturaleza.  La no ejecución de una promesa, da derecho a las acciones propias del incumplimiento de las obligaciones de hacer, que son: pedir que se apremie a la parte que incumpla para que ejecute el acto prometido; pedir autorización para hace ejecutar al acto prometido por un tercero a expensas de la parte incumplida, y pedir la indemnización de los perjuicios.

c.    Representación. Actuación de una persona en nombre de otra, estando facultada por ésta o por la ley para hacerlo. Tal actuación produce respecto del representado iguales efectos que si hubiere contratado el mismo. Condiciones: poder de representación, el cual puede ser legal, judicial o convencional, según sea la fuente de donde dimana; voluntad de obrar por cuenta de su representada y manifestar esa voluntad, pues de no ser así quedará obligado personalmente para con el otro contratante; tener la voluntad de contratar, con lo cual se indica no sólo que su actuación no es simplemente mecánica sino además que su volunta debe existir y no estar viciada, a fin de desempeñar el encargo con suficiente iniciativa, aunque, desde luego dentro de los límites del poder.

d.    La negociación por otro: cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla, pero solo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado, y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. No es válida la estipulación o acreencia por otro, pero sólo este otro puede  reclamar el crédito, y es válida la promesa o deuda por otro, pero este solo se obliga en virtud de su ratificación.

 

Desviaciones del consentimiento:

·        La simulación. Se presenta cuando hay discrepancia intencional entre la manifestación de voluntad y el verdadero propósito del sujeto o los sujetos del acto. Hay simulación cuando las partes, habiendo celebrado una convención aparente, modifican, o suprimen sus efectos por medio de otra convención, contemporánea de la primera y distinta a permanecer secreta. Condiciones o elementos: que haya clara conciencia respecto de la divergencia entre lo aparente y lo secreto; que el acto secreto que modifica o suprime los efectos del aparente sea contemporáneo de éste. El fin esencial de la simulación es el engaño fraudulento a terceros. Existe la simulación absoluta y la relativa. La primera se presenta cuando el pacto secreto va destinado a descartar todo efecto negocial, es decir, cuando el pacto secreto tiene por objeto suprimir todos los efectos del acto publica o aparente. En la segunda el pacto secreto va orientado a celebrar un negocio jurídico, pero se lo encubre con un ropaje deferente. La acción simulatoria busca la declaración de inexistencia del acto aparente, la consiguiente declaratoria de prevalencia potencial del acto secreto, el examen de su plena eficacia y la  reparación de los de los perjuicios sufridos por las partes o los terceros. Es una acción de declaración de inexistencia. Una vez declarada la inexistencia del acto aparente, se presentan la restitución de las cosas al estado anterior y la indemnización de los perjuicios.

·        El acto fraudulento: el fraude es toda maquinación realizada con el propósito de obtener una ventaja ilícita, un perjuicio injusto a terceros o a la evasión del imperio de una norma legal.  El acto fraudulento se refiere a un solo acto, inequívoco, que causa perjuicio o que evita los efectos de una norma obligatoria. Este acto puede tener consecuencias civiles y penales. Las civiles son las de la nulidad absoluta: el acto fraudulento comporta objeto ilícito. La declaratoria de nulidad significa la restitución de las cosas al mismo estado en que se hallarían las partes si no hubiese existido el acto nulo, y la consiguiente indemnización de perjuicios. El fraude en un acto jurídico no apareja su inexistencia sino su invalidez. Son especies de este fraude: a. Pauliano, que es todo acto de disposición de bienes por parte del deudor, que perjudica a sus acreedores por implicar una reducción de la prenda general de éstos. A este fraude corresponde la acción pauliana o revocatoria, que no es más que la posibilidad de hacer revocar los actos del deudor que perjudican a los acreedores. B. El fraude a la ley consiste en la contradicción del espíritu o propósito general de la ley con actos que, no obstante guardan fidelidad al texto de la norma. Como condiciones se tiene que debe haber un perjuicio o daño; que tal acto o concatenación o vinculación de actitudes, hechos o actos individualmente intachables, se encaminen intencionalmente al resultado que se busca evitar con la norma.

OBJETO:

El objeto del acto jurídico viene a ser el mismo objeto de la obligación. Las condiciones de existencia del objeto son la posibilidad y la determinación.

 

MODO IDÓNEO DE EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD:

Formalismo: clases de forma, 1. ad subtantiam actus y ad probationem. La primera se refiere precisamente a la que es necesaria o idónea para la existencia del acto jurídico, mientras que la segunda hace relación a la demostración o prueba de la celebración o existencia del acto. La forma idónea de expresión dela voluntad o consentimiento está siempre prescrita por la ley para el determinado acto jurídico.

 

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DEL ACTO JURÍDICO:

 

CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN:

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra. Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas  que la ley declara incapaces. Se distingue la capacidad de goce y la de ejercicio. La primera es la aptitud que corresponde a toda persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. La segunda es la habilidad que la ley reconoce a una persona para intervenir en el comercio jurídico por sí misma y sin el ministerio o autorización de otra persona.

 

La legtimación es la aptitud para celebrar ciertos negocios jurídicos en los cuales, por especiales requerimientos del orden legal, se exigen determinadas calidades.

 

Clases de incapacidad:

 

a.       incapacidad absoluta: son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes, y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. La incapacidad absoluta da orogien a la nulidad absoluta del acto.

b.       Incapacidad relativa: son relativamente incapaces tan sólo los menores púberes y los disipadores interdictos. Los actos por ellos realizados estarán afectados de nulidad relativa.

c.       Inhabilidad especial o ausencia de legitimación: son las incapacidades particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos.

 

AUSENCIA DE VICIOS DE LA VOLUNTAD O CONSENTIMIENTO:

 

a.    error: es la disconformidad entre la realidad y la idea que se tienen de ella. Es la falsa representación de los elementos de un acto jurídico que lleva a una persona a manifestar su voluntad o consentimiento. El error de derecho, es el que en virtud de la conocida regla de garantía del orden jurídico según la cual la ignorancia no sirve de excusa, no vicia la voluntad o el consentimiento. Los errores de hecho, son los únicos capaces de viciar el consentimiento y se distinguen las siguientes especies:

·        errores obstáculos: impiden u obstaculizan la formación de la voluntad. Recaen sobre la especie de acto o contrato que se celebren, o sobre la identidad de la cosa especifica. Conllevan a la inexistencia del acto.

·        Errores nulidades: son propiamente los vicios. Los errores pueden darse sobre la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato; sobre otra calidad que sea determinante, y sobre la persona con quien se tiene intención de contratar, cuando la consideración de esta persona es determinante en la celebración del acto. El único error que vicia el consentimiento es el error determinante, es decir, el error móvil o propulsor de la voluntad jurídica.

·        Errores indiferentes: no vicia el consentimiento. Son errores indiferentes, el error sobre calidades o personas cuando no son determinantes, o el error sobre el cálculo, sobre los motivos internos etc. Los errores obstáculos producen la inexistencia, los errores nulidades producen la nulidad relativa, los errores indiferentes no vician el consentimiento.

b.    La fuerza: es la presión injusta, física o psicológica que obliga a una persona a manifestar su voluntad o consentimiento e la celebración de un acto jurídico. Es vicio en razón del temor experimentado por la víctima, que la impulsa o determina a celebrar el acto. La fuerza debe se injusta, determinante y grava. Es injusta la coacción cuando los actos que la constituyen no encuentran razón o causa suficiente en el orden jurídico. Es determinante la fuerza que precisamente busca atemorizar de tal modo a la víctima que la obliga a celebrar un acto jurídico. Es grave la fuerza capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. La fuerza que vicia la voluntad o consentimiento puede provenir de una de las partes que intervienen en el acto o de un tercero. El temor reverencial, es decir, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no es vicio del consentimiento. La fuerza genera nulidad relativa.

c.    El dolo: es el quebrantamiento intencional de la buena fe en una actuación jurídica. Es la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Es la maquinación fraudulenta o engañosa tendiente a inducir a otro a manifestar su voluntad o consentimiento. El dolo debe provenir de la persona que, como consecuencia del acto jurídico unilateral, ostente la calidad de deudor o acreedor.

 

AUSENCIA DE LESIÓN:

La lesión es la desproporción considerable de las prestaciones objeto de ciertos actos jurídicos onerosos.

a.    Compraventa de inmuebles: el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato.

b.    Permuta de inmuebles: cuando en el cambio de una cosa inmueble por otra se presentan diferencias con respecto al justo precio, constitutivas de lesión, procede la rescisión del acto por nulidad relativa, o la ratificación del acto por ajuste del precio y cargo de 10%.

c.    Aceptación de herencia: existe la rescisión de la aceptación de herencia en el evento de lesión grave resultante de disposiciones de que no se tenia noticia al tiempo de la aceptación.

d.    Interés en el mutuo: el interés convencional que excede de una mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, será reducido por el juez a dicho interés corriente, si lo solicitare el deudor.

e.    Anticresis: se da a la lesión el mismo tratamiento que al interés en e l mutuo.

f.     Cláusula penal: cuando se pacta como pena por incumplimiento de una obligación el pago de determinada cantidad, podrá pedirse que se rebaje de la pena todo lo que exceda al duplo de la obligación incumplida.

g.    Partición: se concede la rescisión  por causa de la lesión al que sido perjudicado en más de la mitad de su cuota.

 

LICITUD DEL OBJETO:

 La ilícitud es el atentado contra el orden publico, las buenas costumbres, o la moral; se refiere a cualquiera de las prestaciones derivadas del acto jurídico y también a la resultante del conjunto de las prestaciones, concedida tal resultante como una finalidad.

 

PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS:

·        Principio de la intencionalidad: conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse más a ella que a lo literal de las palabras.

·        Principio de la especialidad: por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarían a la materia sobre que se ha contratado.

·        Principio de efectividad: la manifestación de voluntad, la intención en un acto determinado, debe producir efectos, aquellos que los agentes quisieren.

·        Principio de concordancia.

·        Principio de favorabilidad: las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella.

 

CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS:

 

·        La obligatoriedad de los actos jurídicos: todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.

·        La buena fe: los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguientes obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella. L buena fe es la recta disposición de ánimo.

 

LA CAUSA DE LOS ACTOS JURÍDICOS:

 

Es el motivo que impulsa o cada contratante a celebrar su convención, motivo importante o fútil, ético o inmoral, trascendente o vano, pero perteneciente a su fuero interno.

 

La causa eficiente del acto jurídico es, sin duda, el móvil o motivo que induce a cada uno de los agentes a su celebración. Es un móvil íntimo, variable, y a menos que trascienda al fuero externo no está, ni podría estar, regulado por el derecho.  El móvil o causa puede ser lícito o ilícito. La causa final del acto jurídico-fuente es la obligación o conjunto de obligaciones que de él dimanan. La causa eficiente de la obligación, o sea, aquello de donde proviene, es el acto a el hecho jurídico que le da origen. La causa final de la obligación no es más que su cumplimiento, para el cual nació y hacia el cual deudor y acreedor orientan en últimas su función en el vínculo.

 

INEFICACIA LIMINAR DEL ACTO JURÍDICO:

 

·        Inexistencia: el acto no existe cuando simplemente carece de una o varias de las condiciones de existencia: voluntad, objeto y forma idónea de expresión de la voluntad. El objeto se refiere a las obligaciones derivadas del acto y al conjunto que resulta delas mismas. La inexistencia del acto no requiere declaración; no produce efecto jurídico alguno; no puede rectificarse ni subsanarse. Es posible que no obstante la inexistencia, advertida o inadvertida, se realicen prestaciones de dar, hacer o no hacer; su realización supone un enriquecimiento sin causa y engendra la obligación de restituir o de indemnizar los perjuicios que pueden haber sufrido terceros de buena fe.

·        Nulidad: un acto adolece de nulidad absoluta cuando se preterminen requisitos o condiciones exigidos en atención a un interés de orden publico. Adolece de nulidad relativa cuando en su celebración se omiten requisitos exigidos en razón del interés individual de las partes. La nulidad absoluta se predica para los casos de objeto o causa ilícita, de omisión de requisitos prescritos por l ley, para el valor de ciertos actos por razón de la naturaleza de los mismos, y de incapacidad absoluta, esto es, de actos que celebren los impúberes, los dementes y sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito. Esta nulidad puede ser declarada de oficio por el juez; puede pedirse su declaración por el ministerio publico o por todo aquel que tenga interés en hacerlo; no puede ratificarse si es generada por ilicitud del objeto; se sanea por prescripción de 20 años. Un acto adolece de nulidad relativa cuando se preterminen requisitos o condiciones exigidos en atención de un interés de carácter particular. Hay nulidad relativa en los casos de incapacidad relativa, en los casos de vicios del consentimiento, y en los casas de pretenmisión de requisitos exigidos por la ley en consideración a la calidad o estado de personas que realizan el acto jurídicos.  No puede ser declarada por el juez sino a petición de parte; no puede pedirse su declaración por el ministerio publico en el solo interés de la ley; no puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio las han establecido las leyes, o por sus herederos o cesionarios; siempre puede sanearse por ratificación de las partes; se sanea por prescripción de 4 años.

El efecto de la nulidad es dar a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si ni hubiese existido el acto o contrato nulo. 1. la posibilidad de reivindicación, vale decir de persecución del bien para recuperarlo, frente a terceros poseedores. 2. la necesidad de hacer las restituciones mutuas de lo que han recibido los contratantes, con ciertas excepciones: cuando la nulidad es ocasionada por objeto ilícito no puede pedirse la restitución por quien contrató a sabiendas de la ilicitud; cuando la nulidad es ocasionada por incapacidad no se puede pedir la restitución de lo dado o pagado en virtud del acto sino en cuanto se probare que el incapaz se hizo más rico. 3. la obligación de indemnizar los perjuicios causados por razón de la nulidad de un acto, cuando tal declaratoria ha sido la consecuencia de la imputabilidad por dolo o culpa. Se llama rectificación a la manifestación de voluntad unilateral o bilateral según la especie de acto jurídico, que tiene por objeto subsanar el vicio de que adolece el acto. Puede ser expresa o tácita, la primera requiere para su validez las mismas solemnidades a que debió sujetarse el acto que se ratifica; la segunda no es más que la ejecución voluntaria de las obligaciones resultantes del acto.

·        Inoponibilidad: el acto jurídico que conforme a la ley debe tener publicidad puede estar afectado en su plena eficacia por la inoponibilidad. El acto es oponible, es decir, produce sus efectos no sólo frente a los agentes sino frente a todo el mundo, cuando se le ha dado la publicidad que la ley exige. En caso contrario es inoponible. Si requiere de publicidad es porque interesa al orden jurídico el conocimiento que de él pueda tener cualquier persona; si no hay publicidad no lo pueden conocer los terceros y por tanto mal podrían sus efectos tener aplicación frente a éstos.

 

EL CONTRATO COMO ESPECIE DE ACTO JURÍDICO:

 

Es el acto jurídico bilateral intencionalmente dirigido a producir obligaciones. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. Son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial. Son accidentales a un contrato aquella que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.

 

Se pueden clasificar:

 

·        Según el modo de perfeccionarse: en consensuales, solemnes y reales. El contrato es consensual, cuando se perfecciona por el sólo consentimiento (arrendamiento, mandato, compraventa de muebles). Es solemne cuando para su perfeccionamiento  requiere una solemnidad especial prevista por la ley o acordada por los contratantes. El contrato es real cuando para perfeccionarlo se requiere la entrega de una cosa.

·        Según las partes obligadas: puede ser unilateral o bilateral. Pueden ser además perfectos o imperfectos. Es unilateral cuando solamente una de las partes contratantes asume obligaciones. Una de las dos asume obligaciones en beneficio de la otra que no sume obligación alguna (mutuo, comodato, prenda, depósito). Es bilateral el contrato que engendra obligaciones para las dos partes contratantes. También se llama sinalagmático (compraventa, arrendamiento, sociedad). El contrato bilateral puede ser perfecto, si desde su perfeccionamiento engendra obligaciones a cargo de ambas partes y cada una de estas debe cumplir la que surgió a su cargo para satisfacer a la otra. Es imperfecto el que habiendo nacido como unilateral, es decir con obligaciones a cargo de un sola persona, posterior y accidentalmente se convierte en bilateral por que surgen obligaciones a cargo de la otra parte.

La condición resolutoria tácita solo cabe en contratos bilaterales y consiste en que si una de las  partes no cumple lo pactado podrá pedir la otra, a su arbitrio, o la resolución  o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir, mientras el otro no cumpla por su parte  o no se allana a cumplirlo en forma y tiempo debido.

·        Según la equivalencia de las prestaciones: pueden ser gratuitos y onerosos, y además conmutativos y aleatorios. Es gratuito cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes sufriendo la otra el gravamen. Es oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambas partes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Se reciben ventajas equivalentes. Es oneroso conmutativo, cuando cada un de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Es aleatorio cuando el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o perdida.

·        Según el origen de las cláusulas contractuales: pueden ser de libre discusión o adhesivos. Los  primeros son aquellos cuyas cláusulas se discuten y convienen por las partes en el mismo plano de igualdad en cuanto al origen y contenido de las obligaciones que van a surgir del contrato. Los segundos son aquellos cuyas cláusulas han sido íntegramente propuestas por una de as partes, quedando a la otra la aceptación del conjunto o por supuesto su rechazo.

·        Según el momento de su ejecución: el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato a cargo de uno de los contratantes pueden ser puras y simples y pueden cumplirse en un solo acto. Son contratos de ejecución instantánea. Hay contrato cuyas obligaciones derivadas no pueden ser cumplidas en el acto mismo en que nacen a la vida jurídica y por tanto son de ejecución sucesiva.

·        Según su consagración legal: son nominados e innominados. Los primeros son los que tienen mención y sobre todo regulación básica en la ley o en una norma de carácter obligatorio. Son atípicos los contratos que no están regulados por una norma obligatoria.

 

MANIFESTACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD COMO ESPECIE DEL ACTO JURÍDICO:

 

Cuando la manifestación de voluntad proviene de una sola persona son concurso ni acuerdo con otra u otras, el acto jurídico es unilateral.

 

·        Aceptación de la herencia: todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente. Si individual o  espontáneamente el asignatario, sea heredero o legatario, acepta la herencia, cumple un acto unilateral. No requirió del concurso de otra persona.

·        Agencia oficiosa: gestión de negocios. Acto jurídico por el cual el que adminístralos bienes de otro sin mandato, se obliga para con ésta y la obliga en ciertos casos. Es un acto unilateral, es un acto de administración, es un acto generador de obligaciones. Es una manifestación unilateral de voluntad tipica o nominada. Las principales obligaciones que surgen de la agencia oficiosa son, para el gestor la de cumplir debidamente la administración que asumió, y la de rendir cuenta de su administración al dueño de los bienes o intereses. Párale dueño la de rembolsar al gestor los gastos en que haya incurrido con motivo de la gestión, la de indemnizar los perjuicios que como consecuencia  de la administración haya podido sufrir el gesto, y las demás que en su nombre frente a terceros contrajo el gestor.

·        Ratificación de actos jurídicos ineficaces: cuando la ineficacia inicial de un acto jurídico, es decir. Su posible inexistencia o nulidad, proviene de un motivo imputable a un de las partes y ésta, de manera unilateral, libre y espontánea ratifica el acto, pudiendo hacerlo, verdaderamente crea con su rectificación las obligaciones que no habían podido generarse.

·        Reconocimiento de hijos naturales: el reconocimiento es un acto unilateral, irrevocable, y solemne, por el cual una persona, libre y espontáneamente declara ser el padre o madre de otra.

·        La oferta: siendo obligatoria en la mayoría de los casos, la oferta implica el nacimiento del deber de cumplirla, así como del de indemnizar los perjuicios que puedan resultar de su eventual incumplimiento.

 

 

EL HECHO JURÍDICO

 

Constituye la fuente no voluntaria de las obligaciones. Es el hecho físico o humano cuyos efectos jurídicos relevantes se producen por el solo ministerio de una norma jurídica, con independencia de la voluntad reflexiva. Los elementos constitutivos son la tipicidad legal del hecho y del efecto, es decir, su consagración por una norma legal; el segundo es la involuntariedad del efecto. Aunque exista un interés por parte del agente en la realización de un determinado hecho, sus efectos jurídicamente relevantes se producen exclusivamente por el ministerio de la ley.

 

Las dos especies del hecho jurídico son el ilícito civil o hecho imputable dañoso, y el hecho con virtualidad para obligar. El primero es todo hecho que como consecuencia del dolo, la culpa o del riesgo asumido por una persona, produce a otra un daño. El segundo es todo hecho que sin ser imputable ni dañoso, genera obligaciones civiles por el ministerio de la ley.

 

EL HECHO ILÍCITO CIVIL, O EL HECHO IMPUTABLE DAÑOSO:

 

Es todo hecho que como consecuencia del dolo, la culpa o del riesgo asumido por una persona causa daño a otra. Es esencial que se cause daño, hasta el punto de poderse afirmar que si no hay daño no se origina obligación alguna, y tal hecho debe ser atribuible a una persona capaz de responder.

 

·        La responsabilidad: una persona es responsable cada vez que tiene que reparar un perjuicio.

La responsabilidad civil surge de los daños privados, mientras que la responsabilidad penal se origina en los denominados daños públicos. Aquellos son los que lesionan intereses individuales y éstos los que atentan contra los intereses de la comunidad. La distinción tiene un criterio formal el cual afirma la discrepancia en la forma como el orden jurídico sanciona en cada caso a la persona responsable. En el campo penal,  la responsabilidad se sanciona como un pena privativa de la libertad personal, mientras que en civil con la indemnización de los daños causados. Hay responsabilidad penal, cuando la consecuencia o sanción jurídica del hecho es eminentemente expiatoria y se traduce en la suspensión, disminución o pérdida de un derecho; hay responsabilidad civil cuando la consecuencia del hecho consiste en resarcir o reparar un perjuicio causado, en el primer caso hay castigo, en el segundo restablecimiento o compensación.

 

La responsabilidad concreta (contractual) cosiste en la necesidad de reparar los daños causados por el incumplimiento de las obligaciones nacidas de los actos jurídicos. Es concreta por que del acto en particular se deriva la responsabilidad correspondiente.   Es abstracta o extra contractual, aquella ajena al acto jurídico, es decir, ajena a la manifestación de voluntad intencionalmente dirigida a la producción de efectos jurídico. Es la responsabilidad propia del hecho jurídico y consiste en la necesidad de indemnizar los daños causados a l persona o propiedad de otro como consecuencia de una conducta imputable.

 

La imputabilidad consiste en la atribución de la responsabilidad, se es imputable cuando la responsabilidad se puede atribuir por dolo, culpa o riesgo.

 

El dolo es la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. El dolo es la intención maliciosa de causar daño, es la falta más grave del derecho civil. En la culpa no hay e la voluntad del agente la intención positiva de causar daño a otro. Se trata de una conducta negligente, descuidada, sin intención de dañar.  Los sistemas de apreciación de la culpa son:

a.    Apreciación en concreto: la culpa se establece comparando la conducta del agente en las circunstancias en que se produjo el daño con su conducta normal, es decir, con el comportamiento cotidiano en su trabajo, en sus distracciones, en su hogar. El agente es comparado consigo mismo, es la ecuación personal de cada uno.

b.    Apreciación de la culpa en abstracto: la conducta del agente es confrontada con la de un modelo ideal, con un arquetipo, el de un buen padre de familia. Este es el sistema que se aplica en nuestro sistema.

Los grados de la culpa son:

a.    La culpa grave, negligencia grave o culpa lata, consiste en una negligencia extrema, que no cometen ni aún las personas más descuidadas; consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

b.    La culpa leve, descuido ligero o leve, consiste en la falta de la diligencia que un hombre juicioso, un buen padre de familia, emplea en el manejo de sus negocios ordinarios.

c.    La culpa levísima, consiste en la inobservancia del cuidado propio de las personas más diligentes y prudentes en el manejo de sus negocios importantes.

 

El dolo no se presume, debe probarse. En materia civil, tratándose de responsabilidad contractual, la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo, se estable una especie de presunción de culpa y se dispone para desvirtuarla la probanza de la diligencia debida. Para la responsabilidad de carácter abstracto, rige la presunción de la buena fe, que impone la carga de la prueba a quien alegue el dolo o la negligencia de otro. En materia comercial, rige así mismo la presunción de la buena fe.

 

El responsable por culpa debe resarcir los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato, el responsable por dolo debe indemnizar todos los perjuicios incluso los imprevisibles que hayan sido consecuencia directa del incumplimiento.

 

El riego es causa de imputabilidad cuando debido a la realización de ciertas y determinadas actividades, calificadas como peligrosa, se produce un daño. El daño causado en esas circunstancias debe resarcirse.

 

Por el sólo ejercicio de una actividad insegura se presume la culpa del agente, exonerándose la víctima de l tarea de demostrar una conducta indebida. Al agente le corresponderá  desvirtuar la presunción a través de la prueba de la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor, de la intervención de un elemento extraño o de un hecho culposo de la propia víctima.

 

 

·        El daño: es el detrimento o demérito que sufre una persona e sus derechos o en sus sentimientos. Es por ello la medida de la responsabilidad.

 

Existen el daño material  y el daño moral, atendiendo a si la lesión recae sobre derechos patrimoniales o si afecta derechos extra patrimoniales. El daño material es la lesión o perjuicio que afecta el patrimonio de la víctima, universalidad jurídica compuesta por derechos y deberes de contenido económico que se radican en cabeza del perjudicado. Es fácilmente avaluable.

En el daño moral, la tristeza, la aflicción, el sentimiento de amargura que le produce a una persona determinado hecho no es susceptible de ser compensado, no son propiamente medibles o cuantificables.

 

El daño positivo o daño emergente, cosiste en la deficiencia patrimonial que surge del hecho dañoso. El daño negativo o lucro cesante, se presenta cuando en razón del perjuicio la víctima no puede obtener un beneficio; los beneficios que dejan de percibirse.

 

El daño actual es el que se ha producido; es el perjuicio real sufrido por la víctima. El daño futuro consiste en el daño que va a producirse, sólo es indemnizable si se sabe que va a ocurrir.

 

El daño directo es el efecto nocivo inmediato y próximo del hecho imputable; el daño indirecto es aquel, que si bien depende en últimas del hecho del agente, se produce como consecuencia del daño directo, de modo mediato o concasual.

 

Para ser indemnizable el daño tiene que ser determinado. Con el resarcimiento del daño se busca restablecer la situación patrimonial del perjudicado al estado anterior a la ocurrencia del daño.

 

La imputabilidad puede tener origen en el hecho propio, que consisten en que, el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa del delito cometido. También pude originarse en un hacho ajeno, es decir, se es responsable del cuidado y manejo de la persona que  ha causado el daño, y la responsabilidad sólo cesa si se prueba la imposibilidad de impedir el hecho dañoso. El daño puede originarse igualmente en el  hecho de las cosas.

 

EL HECHO CON VIRTUALIDAD PARA OBLIGAR:

 

Constituye una de las especies del hecho jurídico y puede definirse como todo hecho que, sin ser imputable, o sea, ni doloso, ni culposo ni proveniente de un riesgo creado, y  sin producir daño, genera sin embargo obligaciones civiles por el ministerio de la ley, independientemente de la voluntad d los afectados. Sus elementos son la tipicidad o consagración explícita en una norma jurídica, y la involuntariedad de sus efectos.

 

Son hechos con virtualidad para obligar:

·        Enriquecimiento sin causa: sus elementos son: que exista un enriquecimiento; que haya un empobrecimiento concausal o correlativo; que el desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica; que el demandante carezca de otra acción derivada d un acto o un hecho jurídico y no tenga, en consecuencia más vía para buscar el restablecimiento del equilibrio y; que no se pretenda con el ejercicio de la acción soslayar una disposición imperativa de la ley.

·        Las relaciones familiares.

·        Las servidumbres de tránsito de predios enclavados: la obligación de soportar la servidumbre, y el derecho correlativo, se producen con exclusión de la voluntad, por solos los hechos de la vecindad y de la carencia de la salida al camino publico.

·        La delimitaciones y el cerramiento.

·        La comunidad y la división. La propiedad horizontal: cada comunero debe contribuir a las obras y reparaciones de la comunidad proporcionalmente a su cuota. la voluntad sólo busca permanecer en comunidad o adquirir un bien sometido al régimen de propiedad horizontal. La obligación de pagar os gastos ya no es intencional, se produce por el sólo ministerio de la ley.

·        La obligación de pagar impuesta generada por algunas actividades.

·        La necesidad de adoptar un régimen de seguridad o de higiene, o de prevención en razón del ejercicio de ciertas tareas.

·        El deber de obtener un visado o un permiso de tener determinado horario o de emplear determinados elementos o personas.

 

EFECTO DE LAS OBLIGACIONES

 

El efecto propio de la obligación es constreñir al deudor al cumplimiento de la prestación. El efecto de constreñir eficazmente al deudor se obtiene cuando la obligación es una realidad jurídica, y lo es sólo cuando su fuente reúne las condiciones para engendrarla. El efecto de constreñir al deudor debe tener como consecuencia obvia el cumplimiento espontáneo y cabal de la prestación. Con el cumplimiento el deudor se libera, satisface al acreedor y evita perjuicios ulteriores por razón de su falta.

 

No siempre los deudores tienen el comportamiento natural y obvio, en ocasiones inejecutan totalmente la prestación, a veces la ejecutan pero sólo parcialmente  y en casos retardan su cumplimiento. Cuando se presenta el incumplimiento surge el efecto de constreñir al deudor a cumplir, con ciertas atribuciones que la ley da al acreedor, encaminadas unas a obtener del deudor, aun por la fuerza, el cumplimiento en debida forma más el resarcimiento de los perjuicios que se hubieran ocasionada, y otras a permitirle participar en la administración o en la liquidación del patrimonio del deudor, que constituye la prenda común de todos los acreedores. Las primeras se concretan en la ejecución coactiva de la obligación, al paso que las segundas en los llamados derechos auxiliares del acreedor.

 

 

LA EJECUCIÓN COACTIVA:

La ejecución coactiva o forzada es la primera y más importante atribución del acreedor frente al deudor incumplido. Es la posibilidad del acreedor de acudir al poder jurisdiccional del Estado en demanda de que su deudor sea forzado a cumplir.  Se practica a través de la acción ejecutiva. Pueden hacer uso de la acción ejecutiva sólo aquellos que disponen de un titulo ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él.

 

Tres son entonces los requisitos que debe reunir un titulo ejecutivo: que sea un documento proveniente del deudor o de su causante o de una providencia judicial; que en tal documento o providencia conste una obligación expresa, clara y exigible; y que el conjunto alcance a constituir con arreglo a las disposiciones vigentes plena prueba contra el deudor.

 

Mediante la acción ejecutiva se busca el cumplimiento de la prestación original a cargo del deudor y de la indemnización de perjuicios; busca la dación o entrega de la cosa debida, o la realización del hecho determinado originalmente a cargo del deudor. Se estipula que en ningún caso podrá haber detención, prisión o arrestos por deudas.

 

La actuación ejecutiva se cumple, entonces, mediante la coacción jurídica, que se manifiesta en primer lugar en la posibilidad de obtener que el Estado a través de la autoridad jurisdiccional correspondiente, ordene al deudor el cumplimiento; y en segundo término en el empleo de la fuerza en aquellas obligaciones que la admitan por razón de su naturaleza. El objeto propio de la ejecución coactiva no puede ser sino el patrimonio del deudor.

 

Ejecución por obligaciones de dar o entregar bienes:

El juez, ante todo, ordenará al deudor que presente y entregue la acreedor los bienes debidos. Esta orden es propiamente el mandamiento ejecutivo. Presentados los bienes, si el acreedor no comparece o se niega a recibirlos sin razón, el juez nombrará un secuestre a quien los entregara por cuenta de aquel y declarará cumplida la obligación. Igual declaración hará cuando el acreedor reciba sus bienes. Si el acreedor comparece pero objeta la calidad de los bienes, el juez los entregará a un secuestre mientras decide la objeción. Si resultan los bienes de la calidad debida, el juez ordena su entrega al acreedor, en el caso contrario el acreedor podrá insistir en que se presenten nuevos objetos de la calidad debida, o que se extienda la ejecución al valor de los bienes, que no es otra cosa que la indemnización de perjuicios por la inejecución. Si los bienes no se presentan en la cantidad debida, el acreedor podrá solicitar la entrega de los presentados y se continuará la ejecución por el resto. Si el bien o los bienes de que se trate no son presentados por el deudor, el acreedor dispone entonces de la indemnización de perjuicios por la inejecución.

 

Ejecución por obligaciones de dar o entregar bienes inmuebles:

Debe distinguirse si la ejecución busca el otorgamiento de la escritura publica, la inscripción de la escritura en la oficina de registro de instrumentos públicos o la entrega material del bien. En los dos primeros casos la ejecución se cumple en la forma prevenida para las obligaciones de suscribir documentos y de hacer; en el caso de la entrega material se emplea el procedimiento abreviado.

 

Ejecución por obligaciones de dar sumas de dinero:

El juez ordena su pago en el termino de 5 días. Si el deudor no cumple la orden del juez, y el acreedor pidió desde la presentación de la demanda el embargo y secuestro de determinados bienes del deudor, el juez los decretará si fueren procedentes. Si el acreedor no pidió desde el principio el embargo y secuestro de bienes, puede hacerlo una vez ejecutoriado el mandamiento ejecutivo. Lo anterior sin perjuicios de la posibilidad de haber solicitado las medidas en forma anticipada. Una vez practicados el embargo y secuestro el juez ordena el avalúo de los bienes y designa los correspondientes peritos. Se procede luego  a la liquidación del crédito, al remate de los bienes y a la entrega del producto del remate al acreedor, hasta la concurrencia de su crédito.

 

Ejecución por obligaciones de hacer:

El juez ordena al deudor que ejecute el hecho dentro del plazo prudencial que le señale. Ejecutado el hecho se citará a las partes para su reconocimiento. Si el acreedor acepta el hecho, o no concurre a la diligencia de reconocimiento, o no formula objeciones dentro de la diligencia, se declara cumplida la obligación. Si el acreedor propone objeciones pero resultan infundadas, se declara igualmente cumplida la obligación; si son fundadas el acreedor podrá pedir que se realice de nuevo el hecho o que se le indemnicen los perjuicios por inejecución de la prestación. Si el deudor no ejecuta el hecho dentro del termino fijado por el juez, u no se hubiere pedido en subsidio la indemnización de perjuicios por la inejecución, el acreedor podrá solicitar que se autorice la ejecución del hecho por un tercero a expensas del deudor. Si se pidió la indemnización de perjuicios se pasará a  ella pues la ejecución no cumplió su primer cometido.

 

Ejecución por obligaciones de suscribir documentos:

La prevención al demandado de que en caso de que no suscriba la escritura o documento en el término de tres días, el juez puede proceder a hacerlo en su nombre.

 

Ejecución por obligaciones de no hacer:

Si la obligación es de no hacer y se ha probado la contravención, el juez ordenará al deudor la destrucción de lo hecho dentro de un plazo prudencial. Si el deudor no destruye el hecho, el acreedor puede pedir su destrucción a expensas del deudor siempre que no haya pedido la indemnización de perjuicios por la inejecución.

 

La indemnización de perjuicios:

·        Modos y oportunidades: puede ejercerse como complemento de la ejecución de la prestación original, separadamente, o en subsidio de ella. Se ejerce como complemento cuando además de perseguir el acreedor la realización de la prestación original, busca el resarcimiento de los perjuicios que se la irrogaron con motivo del incumplimiento. Se ejerce separadamente de la ejecución por la prestación original cuando  ésta no puede intentarse. Se ejerce en subsidio cuando así se indica en la demanda para el caso de que el deudor no cumpla la obligación en la forma ordenada en el mandamiento ejecutivo. Puede pedirse por el acreedor desde un principio. I puede pedirse una vez avanzado el proceso.

·        Clases de indemnización: el incumplimiento puede consistir en la inejecución de la prestación total o parcial, o en el retardo de donde se distingue la indemnización compensatoria y la moratoria. La indemnización compensatoria, busca sustituir o remplazar la prestación inejecutada. Será una compensación total cuando la prestación se inejecutó en forma tal, y será parcial cuando la inejecución también lo fue, es decir, cuando el deudor sólo dio cumplimiento a una porción de la debido  o dio un cumplimiento defectuoso. La indemnización compensatoria es subsidiaria, en el nítido de que cabe sólo a falta de la ejecución de la prestación. La indemnización moratoria es el resarcimiento de los perjuicios que se derivan para el acreedor como consecuencia del retardo del deudor, no se busca con ella el reemplazo de la prestación original sino la reparación del daño causado por la demora. Por eso es complementario, siempre cabe la acumulación de la indemnización moratoria y la compensatoria.

·        Objeto de la indemnización: su objeto es una suma de dinero.

·        Requisitos de la indemnización:

a.    Imputabilidad del deudor: si el deudor incumple intencional y maliciosamente  la obligación, con el propósito y la advertencia de causar perjuicios al acreedor, es imputable por dolo, y debe indemnizar los daños causados, tanto los actuales (emergentes), sino los futuros consecuenciales de su incumplimiento doloso, previsible o imprevisibles. Si el incumplimiento, no es intencional, ya no hay dolo, puede llegar a configurarse la imputabilidad  por culpa, si el deudor, por su conducta imprudente o negligente se coloca en condiciones de incumplir la prestación. También origina la necesidad de resarcir los perjuicios causados al acreedor, pero en este caso solamente aquellos que se previeron o pudieron preverse al tiempo del nacimiento de la obligación. Si no puede deducirse dolo ni culpa de la conducta del deudor, éste es inimputable. Son casos de inimputabilidad del deudor, el caso fortuito, la imprevisión, la mora del acreedor y el convenio o la norma expresa. El caso fortuito es todo hecho imprevisible e inevitable, e irresistible. El deudor no responde del caso fortuito a menos que se haya constituido en mora, o que el caso fortuito haya sobrevenido  por su culpa; Excepciones: la mora del deudor y la culpa como causa del caso fortuito.  El caso fortuito no libera al deudor cuando éste lo asumió voluntariamente, en ejercicio de la autonomía de que dispone, dentro de los límites del orden publico y los derechos ajenos, tampoco se libera cuando la obligación consiste en devolver cosas robadas o hurtadas por el propio deudor.

Inimputabilidad por imprevisión: tiene por base los hechos posteriores al contrato, que no hayan podido ser previstos por las partes, cuyo acaecimiento sin hacer completamente imposible el cumplimiento de la obligación, lo dificultan en forma extrema, haciéndolo tan oneroso, que el contrato pierde para la parte obligada todo sentido y finalidad.  Requisitos: que se trate de contratos onerosos de cumplimiento futuro; que el hecho o las circunstancias sobrevinientes sean imprevisibles al tiempo de la celebración del acto y por tanto excluyan toda forma de imputabilidad; que el desequilibrio en contra del deudor sea extremo; que se invoque antes del pago.

Inimputabilidad por mora del acreedor: la actitud culposa del acreedor, que tiene como consecuencia el incumplimiento de la obligación, hace inimputable al deudor porque sale de su control y su voluntad la realización de la prestación.  Es la situación en que se coloca el acreedor que rechaza injustamente el pago válido que le ofrece su deudor. Debe haber una oferta de pago válido y un rechazo injusto. El deudor, estando el acreedor en mora, no puede ser obligado a indemnizar supuestos perjuicios que alegue el acreedor. Es el acreedor el que está obligado a indemnizar los perjuicios que puedan derivarse para el deudor como consecuencia de la situación de mora de aquel. La mora del acreedor modifica la responsabilidad del deudor. Sólo se extenderá a la culpa grave o dolo. El deudor adquiere la facultad de pagar mediante consignación, que es el depósito de la cosa debida.

Imputabilidad por convenio o disposición expresa: en las obligaciones nacidas del acto jurídico el deudor no es responsable si un incumplimiento es debido a caso fortuito o a eventos independientes de su conducta; siempre sin excepciones, responde si el incumplimiento es el producto de su dolo o de su culpa grave.; responde de su culpa leve si el acto jurídico significa beneficios recíprocos  para quienes intervienen; responde de su culpa levísima si el acto tan sólo le ha reportado beneficios a él. En las obligaciones nacidas del hecho jurídico, el deudor debe responder de los perjuicios o daños causados por su dolo o culpa, o de los daño que se produzcan en desarrollo de una actividad peligrosa.  Si las partes conviene, o la ley dispone, una responsabilidad diferente de la prescrita generalmente, y del convenio o la disposición resulta una responsabilidad inferior, habrá inimputabilidad para el deudor si el cumplimiento se debe a una de las causales que lo hacen irresponsable. En las obligaciones nacidas del acto jurídico se puede convenir la exoneración de la culpa leve y de la levísima, nunca de la grave o dolo. En las obligaciones nacidas del hecho jurídico se puede presentar, la exoneración de la culpa o del riesgo que comporta una actividad peligrosa. El convenio puede agravar la responsabilidad.

b.    perjuicios para el acreedor: si no hay perjuicios o daño, o si habiéndolo no es posible demostrarlo, carecería el acreedor de interés jurídico para tutelar. La carga de la prueba del daño o perjuicio sufrido corresponde al acreedor. La estimación de los perjuicios corresponde a las partes, las cuales dentro de la diligencia que a todos concierne, deben poder evaluar adecuadamente el daño nacido del incumplimiento de una de ellas y así determinado, procederá a su reparación; las partes pueden estimar anticipadamente el valor de los perjuicios pro razón del eventual incumplimiento de una de ellas. En ocasiones es la ley la que estima la indemnización por incumplimiento. Si las partes no logran un acuerdo para la indemnización del daño producido, si no hay cláusula penal, o habiéndola se desconoce por una de las partes, corresponde al juez estimar los perjuicios que se derivan. Son indemnizables tanto el daño emergente como el lucro cesante sufridos por el deudor por el incumplimiento del deudor. El daño emergente es el detrimento directo del patrimonio del acreedor por razón del incumplimiento del deudor. Es lucro cesante la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente o retardando su cumplimiento. Son indemnizables los perjuicios materiales, los morales y los morales objetivados, los criterios para su estimación son muy diferentes: en los daños materiales, prima la consideración de la reparación o compensación del daño; en los morales  la reparación o se realiza completamente, es imposible, porque la estimación social, sentimental no hace parte del comercio.   En general sólo son indemnizables los perjuicios directos; estos constituyen la consecuencia natural e inmediata del incumplimiento, son aquellos que no se habrían producido si no es porque hay incumplimiento de la obligación. Los indirectos, son los que no tiene como causa inmediata el incumplimiento, sino hecho independientes a la inejecución o retardo. La causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios es la que da a los directos su nota distintiva y característica.  Son indemnizables tanto los perjuicios previsibles como los imprevisibles al momento de nacer la obligación. Son indemnizables los daños actuales y los daños futuros. En cuanto al momento de resarcir el perjuicio futuro, se puede hacer una indemnización actual del daño futuro, o la indemnización decretada a raíz del incumplimiento pero pagadero al momento de presentarse el perjuicio, y la indemnización decretada y pagadera al momento de presentarse el daño. No es indemnizable el daño eventual, no es posible determinar, pero será indemnizable si se realiza. Las partes en un contrato pueden establecer o estimar anticipadamente el monto de los perjuicios que para ellas pueden derivarse del incumplimiento de las obligaciones nacidas del propio contrato. No habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le ha producido beneficio. La cláusula penal es accesoria y condicional; accesoria por que depende de una obligación principal, por cuyo cumplimiento precisamente existe, y si ella se extingue lo propio le ocurrirá a la pena;  si la obligación desaparece por nulidad del acto jurídico que le dio origen, desaparecerá igualmente la obligación nacida de la pena.  Es condicional en cuanto depende su exigibilidad de un hecho futuro  incierto cal es el incumplimiento del deudor, bien sea por inejecución total, bien por inejecución parcial o bien por retardo. Es siempre suspensiva porque a su acaecimiento queda subordinada la existencia misma de la obligación accesoria. Cuando la cláusula penal se pacta para los eventos de la inejecución, total o parcial, no puede pedirse al tiempo por el acreedor la ejecución de la obligación y la pena, a menos de estipulación en contrario. Tampoco puede pedirse simultáneamente la indemnización de los perjuicios deducida según las reglas generales y el pago de la cláusula penal compensatoria, a menos también que se pacte por las partes. Cuando la cláusula penal se pacta para el evento del retardo o de la mora puede siempre pedirse simultáneamente la pena y la ejecución de la obligación.

Por dos causas se puede reducir el monto de la pena convenida para los eventos de incumplimiento del deudor: el cumplimiento parcial de la prestación y la lesión. Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimento de la obligación principal. En materia comercial, el juez pede reducir equitativamente la pena cuando el cumplimiento de la obligación principal haya sido parcial. Cuando por el pacto principal, una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada, como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse, y  la pena consiste así mismo, en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que exceda al duplo de la primera, incluyéndose este en él. La pena no puede ser más que el equivalente a una sola vez la prestación principal.

c.    constitución del deudor en mora: se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora o, si la obligación es de no hacer, desde en momento de la contravención; si la obligación es de hacer, y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de las tres cosas para las cuales está facultado. La mora requiere una obligación exigible, circunstancia que  su turno depende de las modalidades de la obligación.

Es preciso que el retardo no tenga justificación en el caso fortuito o en las causas de inimputabilidad del deudor; y que en los casos en que sea necesaria, se haya hecho la reconvención al deudor. Mora, es la situación jurídica en que se coloca el deudor que, previa reconvención del acreedor cuando ésta es necesaria, retarda injustificadamente el cumplimiento de su obligación. Sus elementos son, el retardo injustificado y la reconvención cuando es necesaria. Para que haya mora es preciso que el retardo del deudor sea consecuencia de su dolo o de su culpa. La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a indemnización de perjuicios. La reconvención es el requerimiento que le formula el acreedor al deudor. Esta debe ser judicial, formulada y cursada por intermedio del juez. Son dos las principales consecuencias de la mora, la primera, es que la mora del deudor abre la posibilidad de la ejecución coactiva, tanto a través de la ejecución de la prestación original como a través de la indemnización de perjuicios; la segunda es que el deudor en mora agrava su responsabilidad frente a la pérdida de las cosas debidas, responden entonces hasta por el caso fortuito. El requerimiento judicial tiene también la ventaja de evitar que el deudor considere que ha recibido de su acreedor un plazo de gracia para el cumplimiento de la prestación.  La reconvención no es necesaria cuando las partes han convenido plazos o términos. Se supone que el deudor está suficientemente prevenido y no hay necesidad de recordarle su obligación. La  reconvención no es necesaria tampoco cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla   ejecutarla, es lo que se llama preclusión, pues una vez pasa la oportunidad de ejecutar la prestación ya no será posible cumplir. Por regla general el deudor no queda constituido en mora sino a partir de la reconvención judicial hecha por el acreedor; excepciones: termino estipulado para el pago y que la obligación no haya podido ser ejecutada sino dentro de  cierto tiempo útil.       

 

LOS DERECHOS AUXILIARES DEL ACREEDOR

 

a.    derechos de protección patrimonial:

·        Embargo y secuestro: por virtud del embargo los bienes salen del comercio. Por virtud del secuestro salen del poder físicos del deudor. El embargo inmoviliza jurídicamente el bien, por lo que significa una protección frente a posibles enajenaciones del deudor. El secuestro garantiza la existencia e identidad del bien lo que protege frente a los descuidos o indebidos manejos por parte del deudor. Pueden solicitarse desde que se presente la demanda ejecutiva, y en tal caso el juez, si fueren procedentes los decretará simultáneamente con el mandamiento ejecutivo pero serán practicados antes de la notificación de dicho mandamiento al deudor. Podrán decretarse las medidas antes de librarse el mandamiento ejecutivo de pago, cuando falte únicamente reconocimiento del titulo, o la notificación al deudor de la cesión del crédito o la de éste a los herederos de aquel o el requerimiento para constituir en mora al deudor, y en la demanda se pide que previamente se ordene la práctica de dichas diligencias. En este caso se llaman embargo y secuestro previos. Dentro del proceso, una vez ejecutoriado el mandamiento de pago el juez deberá decretar el embargo y secuestro de bienes que denuncien las partes. El juez debe limitar los embargos y secuestro a lo necesario. Es decir el valor de los bienes embargados y secuestrados no puede exceder del doble del valor de la obligación, intereses y costas, salvo que se trate de un solo bien afectado por hipoteca o prenda que garantiza aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor. Tratándose de dinero, las sumas embargadas no podrán exceder del valor del crédito que se cobra más un 50%. Si se decretan las medidas en exceso, puede el demandado solicitar su reducción más la indemnización de los perjuicios  que se hubieren causado por razón del exceso. El embargo de bienes inmuebles, así como el de mubles sujetos a registro, se cumple mediante comunicación del juez al respectivo registrador de instrumentos públicos. El de bienes muebles no sujetos a registro se practica mediante su secuestro. El embargo de créditos se perfecciona con la notificación al deudor mediante entrega del correspondiente oficio, en el que se le prevendrá que debe hacer el pago a órdenes del juzgado en la cuenta de depósitos judiciales. El de derechos que el demandado persiga en otro proceso se cumple mediante la comunicación del juez que lo decreta al juez que conoce del otro proceso. El secuestro supone la entrega de los bienes a un tercero designado por el juez para que los conserve, los administre y los entregue a quien se disponga al término el proceso o al momento de levantar la medida. El secuestro de vehículos, máquinas, mercancías, enseres y bienes muebles en general, se hará mediante su depósito en la bodega que disponga el secuestre y a falta de ella en un almacén general de depósito.  los almacenes o establecimientos quedarán bajo la administración del secuestre, y el propietario podrá ejercer funciones de asesoría y vigilancia bajo la dependencia del secuestre.

Son inembargables: los bienes de uso publico, y los destinados a la prestación de un servicio publico; las dos terceras partes de las rentas de los departamentos y municipios; las sumas anticipadas a contratistas para construcción de obras públicas; los salarios o las prestaciones sociales en las proporciones establecidas en la ley; las condecoraciones, los uniformes y equipos militares; los utensilios de cocina, muebles de alcoba, la ropa indispensable del deudor y su familia, los alimentos y combustibles necesarios para el consumo de un mes, los utensilios, enseres, instrumentos, equipos, libros y en general elementos necesarios para el trabajo o profesión del deudor; los bienes destinados a cultos religiosos; los lugares y edificaciones destinados a cementerios; los elementos que se poseen fiduciariamente, y los derechos personalísimos como los de uso y habitación.

·        Medidas conservatorias: útiles para los acreedores de obligaciones aún no exigibles, las medidas conservatorias son aquellas de carácter preventivo que pueden solicitarse al juez con el propósito de proteger o salvaguardar la acreencia y en general, el patrimonio del deudor. Podrán consistir en garantías o cauciones, en la postura de sellos, cerraduras, y seguridades, en la designación de guardianes y custodios especiales, en el traslado de cuerpos a lugares que ofrezcan adecuada seguridad. Se da este derecho a los acreedores de obligaciones condicionales.

·        Retención: es el derecho de retardar la entrega de la cosa debida, como medio de obligar a la persona a quien pertenece a pagar al detentador de la cosa la deuda nacida con ocasión de la misma cosa. Sólo puede ejercitarse por el retinente mientras éste tenga la cosa en su poder y sólo en aquellos casos expresamente previstos por la ley.  No busca este derecho la protección del patrimonio del deudor e beneficios de los acreedores, sino en forma particular y especifica en beneficio de quien retiene. No es un verdadero derecho real, porque carece de algunas características de estos como la preferencia y la persecución.  El usufructuario puede retener la cosa fructuaria hasta el pago de los reembolsos e indemnizaciones a que el obligado el propietario;  en todos los caso en que se debe indemnización al arrendatario, no podrá ser éste expelido o privado de la cosa arrendada, sin que previamente se le pague o se le asegure el importe por el arrendador. El mandatario puede retener los efectos que se le hayan entregado por cuenta del mandante para la seguridad de las prestaciones a que éste fuere obligado por su parte; el comodatario puede retener la cosa prestada mientras no se le reembolsen ciertas expensas o se le indemnicen los daños sufridos a causa de la mala condición de la cosa; el depositario puede retener el deposito mientras no se le paguen las expensas hechas para la conservación de la cosa y los perjuicios que la haya ocasionado el deposito. El derecho de retención se extingue por el pago que del crédito que origina la retención haga el deudor, por el otorgamiento de una garantía diferente o por la renuncia que se haga de su ejercicio.

·        Subrogación de las acreedores o acción oblicua:  la intenta el acreedor contra el deudor de su deudor. Es propiamente hablando la sustitución del deudor por su acreedor para efectos de ejercitar los derechos que a aquel corresponden y que por descuido de su parte, por desinterés o por malicia o deseo de causar daño, no los hace valer con diligencia y en el tiempo debidos. Los acreedores del que repudia una herencia en perjuicios de los derechos de ellos, podrán hacerse autorizar por el juez para aceptar por el deudor. Los acreedores tienen la posibilidad de ser autorizados por el juez para sustituirse a un deudor que repudia una herencia, legado o donación, o deja de cumplir la condición de que depende la existencia de un derecho eventual, aunque lo haga con el fin de beneficiar a un tercero. En este caso la subrogación se hace hasta la concurrencia de los créditos de los acreedores. Pueden exigir que se les cedan los derechos o acciones que tenga el deudor contra aquellos por cuyo hecho o culpa hay perecido la cosa debida por el deudor, aún en el caso de que por haber perecido la cosa se haya extinguido la obligación del deudor. Si el acreedor del arrendador embarga la cosa arrendada subsiste el arriendo, pero se sustituye el acreedor en los derechos del arrendador. A los acreedores del arrendatario insolvente se les autoriza para sustituirse en sus derechos frente al arrendador y terceros.

·        Revocación de actos del deudor: todo acreedor tiene el derecho de solicitar que ciertos actos del deudor por los cuales se haya visto o se puede ver reducido o deteriorado el conjunto de sus activos patrimoniales sean revisados y eventualmente revocados o declarados nulos con el fin de proteger o reconstruir  la integridad patrimonial del deudor. Cuando los actos del deudor se encaminan a extraer indebidamente de su patrimonio ciertos bienes, a crear cargas ratifícales, a afectar su patrimonio con necesarias garantías, o en general a crear fraudulentamente condiciones o circunstancias perjudiciales para los acreedores, se configura propiamente el fraude pauliano, contra el cual cabe la llamada acción pauliana, que busca la revocatoria del acto correspondiente. Son  condiciones de esta acción: que haya perjuicios para los acreedores y que haya fraude. Se deben distinguir dos clases de contratos, los contratos a titulo oneroso y los contratos a titulo gratuito. En los primeros dicha acción está condicionada por dos circunstancias esenciales, el eventus damni o sea, que el acto ejecutado haya causado o cause perjuicio a los acreedores, y el consilium fraudis, que es el entendimientos del deudor y el tercero con el fin de defraudar a los acreedores. En los segundos basta la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores. La acción pauliana es un derecho de todos los acreedores, sin distingos. La institución busca proteger o reconstruir el patrimonio del deudor por ser éste prenda general y común de los acreedores. Son nulos los actos ejecutados por el deudor relativamente a los bienes de que ha hecho cesión o de que ha abierto concurso a los acreedores; porque en primer lugar está implícito el fraude en el deudor que realiza un acto sobre bienes que por virtud de la cesión o del concurso no están bajo su arbitrio decisorio, y luego porque el efecto de la nulidad consiste en dar a las partes el derecho de ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo. Los acreedores del usufructuario pueden pedir que se embargue el usufructo y se les pague con él hasta concurrencia de sus créditos, pudiendo oponerse, por consiguiente a toda renuncia o cesión del usufructo hecha con fraude a sus derechos. Se autoriza la rescisión de las enajenaciones de bienes del difunto hechas por el heredero dentro de los seis meses siguientes a la muerte del causante y que no hayan tenido por objeto el pago de créditos hereditarios o testamentarios. En el concordato cabe la acción revocatoria si dentro de los 18 meses anteriores a la solicitud del trámite se han realizado injustificadamente en perjuicio de los acreedores uno o más de los siguientes actos: actos de disposición a titulo gratuito; el pago de deudas no vencidas; la constitución de patrimonios autónomos; la enajenación de bienes no destinados l giro normal de los negocios; la liquidación de bienes de la sociedad conyugal hecha por mutuo acuerdo o pedida por una de los cónyuges con aceptación del otro.

Para la liquidación obligatoria (quiebra) s podrá pedir la revocación de los siguientes actos o negocios: la extinción de las obligaciones, las daciones en pago y en general, todo acto que implique disposición, constitución o cancelación de gravamen, limitación o desmembración del dominio de bienes del deudor, realizados en detrimento de los intereses o derechos de los acreedores, durante los doce meses anteriores a la apertura del trámite concursal; todo acto a titulo gratuito que se hubiere celebrado dentro de los 24 meses anteriores a la apertura del trámite concursal.

 

b.    Derechos de participación en la administración o en la liquidación patrimonial:

Es el derecho del acreedor a ser tomado en cuenta, según sus circunstancias y características especiales, en toda actuación que implique administración de los bienes del deudor, por haber hechos éste cesión de ellos, o por haber sido celebrado u concordato, así como en todo proceso que tenga por objeto la liquidación del patrimonio del deudor, como el concurso de acreedores, el liquidatorio obligatorio (quiebra), el de sucesión por causa de muerte, la liquidación de la sociedad conyugal y la disolución, nulidad o liquidación de corporaciones y sociedades.

 

·        Participación en la administración patrimonial:

a.    administración de los bienes cedidos: la cesión de bienes es el abandono voluntario que el deudor hace de todos los suyos a su acreedor o acreedores, cuando a consecuencia de  accidentes inevitables no se halla en estado de pagar sus deudas. Los acreedores no reciben la propiedad de los bienes del deudor sino sólo la facultad de disponer de ellos o de sus frutos hasta pagarse de sus créditos.

b.    Administración concordataria: su finalidad es la de buscar, como paso preventivo del concurso liquidatorio (quiebra), la administración de los bienes del deudor, con miras a satisfacer las obligaciones pendientes, a buscar arreglos de pago en todo o en parte, y en general a regular las relaciones del deudor con sus acreedores.

·        Participación en la liquidación patrimonial:

a.    Liquidación por concurso de acreedores: la participación de los acreedores en este evento no buscará tanto la administración de bienes como su venta, con lo cual se ejercerá su derecho fundamental de exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta concurrencia de sus créditos, para que con el producto se les satisfagan íntegramente.

b.    Liquidación por quiebra (concurso liquidatorio): esta institución, exclusiva para deudores que tengan la calidad de comerciantes, busca la liquidación del patrimonio del deudor fallido, en el pago de sus deudas y la decisión de las controversias suscitadas con motivo del incumplimiento.

c.    Liquidación por sucesión: los acreedores pueden pedir la guarda y aposición de sellos para los bienes del difunto, pueden solicitar el secuestro provisional de bienes, pueden participar en la declaratoria de yacencia de la herencia y la consiguiente designación del curador, así como en la declaración de vacancia de la misma, pueden intervenir en las diligencias de inventario y avalúo de bienes de la herencia, y en general en todos los actos en que acrediten interés. Todo acreedor tiene la posibilidad de solicitar el beneficio de separación, que no es más que la posibilidad de pedir que no se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero.

d.    Liquidación de sociedades conyugales: por muerte de uno de los cónyuges se liquida la sociedad conyugal y se da paso a la sucesión; cuando la liquidación de esta no obedece a la muerte los acreedores pueden intervenir en el proceso respectivo. Cualquiera de los cónyuges puede pedir la liquidación de la sociedad conyugal siempre que haya sentencia que declare la nulidad del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes. Debe haber emplazamiento de los acreedores de la sociedad conyugal para que hagan valer sus créditos.

e.    Liquidación por nulidad o disolución de sociedades: por las causales previstas en la ley o en el contrato de sociedad, a petición de cualquiera de los socios se puede declarar la disolución y decretar la liquidación de un sociedad civil, comercial o de hecho. Se procede a la designación de un apoderado común y de un interventor por parte de los acreedores, el primero para que los represente en el proceso; el segundo para que fiscalice las operaciones del liquidador.

·        Prelación de créditos: cuando concurren dos o más acreedores a un proceso de liquidación de bienes del deudor, o en ocasiones a uno de simple administración pero con proyección de pago de deudas, es preciso observar un orden de prelación de los créditos. La ley establece cinco clases de créditos. Los créditos de la primera, segunda y cuarta clase gozan de privilegio. Los créditos de l tercera clase son hipotecarios. Los créditos de quinta clase son los demás.

a. créditos de primera clase:

-          Pago de ahorradores en entidades financieras intervenidas.

-          Costas judiciales que se causen en interés general del os acreedores.

-          Expensas funerales necesarias del deudor difunto.

-          Salarios, sueldos y todas loas prestaciones provenientes del contrato de trabajo.

-          Artículos necesarios de subsistencia, suministrados al deudor y su familia durante los últimos tres meses, así como los alimentos señalados judicialmente a favor de terceros.

-          Los créditos del fisco y los de las municipalidades por impuestos fiscales o municipales devengados.

La preferencia de los créditos de la primera clase es general, es decir, se puede hacer valer frente a cualquiera de los bienes del deudor. Estos prefieren uno a otros en el orden de su numeración, previsión ésta importante si no pudieren satisfacerse todos íntegramente.

b. Créditos de segunda clase: son los nacidos de actos o contratos que suponen la tenencia material de cosas. La preferencia sólo puede hacerse valer respecto de la coso especifica cuya tenencia tiene el acreedor.

-          Créditos garantizados con prenda agraria.

-          Créditos del posadero sobre los efectos del deudor, introducidos por este en la posada, mientras permanezcan en ella, y hasta concurrencia de los que deba por alojamiento, expensas y daños.

-          Créditos del acarreador o empresario de transportes sobre los efectos acarreados que tenga en su poder o en el de sus agentes hasta la concurrencia de lo que se deba por el acarreo, expensas y daños.

-          Los del acreedor prendario sobre lo prenda.

Respecto de la cosa sobre que versan los créditos de la segunda cosa se excluyen a los de la primera. Pero si fueren insuficientes los demás bienes del deudor para cubrir los créditos de la primera clase, se preferirán estos en cuanto al déficit.

c. créditos de tercera clase: comprende los créditos hipotecarios, prefieren según el orden de las fechas de sus hipotecas. Las hipotecas de un misma fecha que gravan una misma finca, preferirán una a otras en el orden de su inscripción. Los créditos de la primera clase, no se extenderán a las fincas hipotecadas, sino en el caso de no poderse cubrir en su totalidad.

d. Créditos de cuarta clase: resultan a cargo de administradores, guardadores, padres y en general gestores o mandatarios respecto de los bienes por ellos administrados.

 

-          los del fisco contra los recaudadores, administradores y rematadores de rentas y bienes fiscales.

-          Los de establecimientos de caridad o de educación, costeados con fondos públicos.

-          Los de los hijos de familia por los bienes de su propiedad que administra en padre, sobre los bienes de éste.

-          Los de las personas que están bajo tutela o curatela, contra sus guardadores.

Afectan todos los bienes del deudor, y sólo pueden hacerse valer después de cubiertos los créditos de las tres primeras clases.

e. créditos de quinta clase: no gozan de preferencia. Se cubren a prorrata sobre el sobrante de los bienes del deudor.

 

EXCUSAS FRENTE A LA PRETENSIÓN DE CUMPLIMIENTO

 

Puede ocurrir que el acreedor pretenda el cumplimiento sin que se configure real y verdaderamente el deber de pagar, bien por que no existe vínculo jurídico, bien porque éste existiendo, no es exigible. Frente a tal pretensión del acreedor el deudor puede hacer valer excusas o excepciones, las que de modo general se basan en la inexistencia de la obligación o en su inexigibilidad actual o permanente.

 

·        Inexistencia de la obligación: si la obligación no existe mal puede haber deudor, como mal puede el presunto acreedor aspirar al cumplimiento. Se dispone entonces de la excusa de la inexistencia del vínculo.

a.    Ausencia de un elemento esencial: si falta uno de los sujetos, o el objeto no es posible, o no está determinado ni es determinable, o si no puede deducirse de la relación que une a los sujetos de modo tal que el sujeto activo pueda exigir la prestación y el pasivo deba cumplirla, no hay obligación civil.

b.    Inexistencia del acto o hecho jurídico que se alega como fuente: respecto del primero, la excusa del deudor supone que el acto carece de alguno de los elementos esenciales de existencia, cuales son la voluntad, el objeto y la forma idónea de expresar la voluntad. En caso del hecho imputable dañoso la excusa se basa en la inimputabilidad o en la no existencia del daño o en no poder deducirse la relación de causalidad entre aquella y éste, pues simplemente no hay hecho ilícito civil y por tanto no ha nacido obligación alguna. Si el acreedor alega un hecho con virtualidad para obligar, pero tal hecho no está consagrado en la ley como generador de obligaciones, o no produce efectos jurídicos, no existirá obligación alguna.

c.    Extinción de la obligación: no habrá deudor, ni acreedor, ni objeto, ni vínculo. Si el acreedor pretende un nuevo cumplimiento el deudor tendrá la obvia excepción de haber cumplido.

d.    Condición suspensiva pendiente o fallida: con anterioridad a que se realice el hecho al cual las partes han supeditado el nacimiento de la obligación civil no puede el acreedor condicional exigir al deudor condicional la prestación porque aún no existe el vínculo. Podrá a lo sumo solicitar algunas medidas conservatorias. Lo mismo se aplica para la condición fallida, si el hecho no va a tener existencia no se realizará la condición y por tanto no habrá obligación alguna.

e.    Error común: debe llevar a la convicción de que no existe el vínculo para proponerse como excusa. Sus  condiciones son: que se trate de un error en se incurriría cualquier persona que estuviere en las mismas circunstancias del pretendido deudor, y que sea invencible.

·        Inexigibilidad de la obligación:

a.    Nulidad del acto jurídico que se alega como fuente: si al acto jurídico le falta alguna condición de validez, como la capacidad de los agentes o la ausencia de lesión o la licitud del objeto, el deudor puede buscar la nulidad del acto, cumpliendo al efecto los tramites y solemnidades que la ley exige. Durante el tiempo del debate procesal de la nulidad el deudor dispondrá dela excusa de la inexistencia actual. Declarada la nulidad, la excusa del deudor, es la inexistencia de la obligación.

b.    Eventos o convenios de exoneración de responsabilidad: el deudor no responde si su incumplimiento  se debe a caso fortuito, ni si, tratándose de determinados contratos que benefician solamente al acreedor, el incumplimiento obedece a su culpa leve o levísima. Cuando el incumplimiento se debe a hecho que conforme a los reglas de responsabilidad, exoneran al deudor, queda este dotado de la excusa o excepción frente a la pretensión del acreedor. Sólo en los casos de dolo y de culpa grave no cabe convenio alguno para variar la responsabilidad del deudor. Si dentro de las circunstancia previstas en el convenio ocurre una causal de exoneración de responsabilidad, el deudor puede oponer al acreedor que pretende el pago la excepción de haber convenido la exoneración.

c.    Transmisión del crédito o de la cosa: tanto el derecho del acreedor como el deber del deudor pueden transmitirse. Si se transmite el crédito sin el lleno de los requisitos, el presunto acreedor cesionario no puede exigir del deudor el pago; éste podrá alegar como excusa la falta de los requisitos de transmisión. Si alguien reemplaza al deudor con la aquiescencia del acreedor, éste no puede pretender que el primitivo deudor le pague la obligación.

d.    Obligación natural: es de la esencia de la obligación natural el no tener acción el acreedor para exigir su cumplimiento.

e.    Termino o plazo suspensivo: la obligación existe pero su cumplimiento se halla diferido hasta cuando ocurra la fecha o el acontecimiento.

f.     Impedimento para el pago: a veces el deudor no puede dar cumplimiento a la pretensión por causas legales ajenas a su voluntad, como el embargo y el secuestro del crédito, la prohibición puede recaer sobre le acreedor para administrar sus bienes, los procesos concursales del propio acreedor. Si uno de estos eventos ocurre se puede proponer como excusa.

g.    Beneficio de competencia: es el que se concede a ciertos deudores para no ser obligados a pagar más de lo que buenamente pueden, dejándoseles lo indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias con cargo de devolución, cuando mejoren de fortuna.

h.    Nulidades procesales: si la existencia de la obligación es discutida en juicio o si proviene de una sentencia y uno u otra están afectados de alguna nulidad procesal, como la falta de competencia o de notificación, la ineptitud de demanda, el trámite inadecuado; el deudor luego de haber propuesto la nulidad correspondiente puede excusarse del cumplimiento mientras se sanea el vicio.

i.      Pleito pendiente: en casos en que se debate procesalmente la existencia de la obligación o su exigibilidad, el deudor dispone durante el tiempo del proceso, de excepción frente a la pretensión del cumplimiento del acreedor.

j.      Beneficio de excusión: da a ciertos deudores la posibilidad de excusarse frente al pago del acreedor; se predica especialmente frente al fiador reconvenido, el cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal, o en las hipotecas o prendas por éste para la seguridad de la misma deuda.

k.    Compromiso: cuando los particulares celebran un pacto arbitral, en virtud del cual se obligan a someter las diferencias que surjan entre ellos en relación con un determinado contrato a la decisión de árbitros, renuncian por ese sólo hecho a la jurisdicción ordinaria.

l.      Contrato no cumplido: en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora de cumplir mientras el otro por su parte no lo haga.

m.   Moratoria: es posible que las autoridades se vean en la necesidad de decretar una moratoria en los pagos, es decir, de conferir a los deudores la atribución genérica de demorar el pago o satisfacción de sus deudas, lo que se puede proponer como una inexigibilidad actual.