RECOPILACION – PROCESOS DECLARATIVOS EN EL CGP

 

LOS PROCESOS DECLARATIVOS

OBJETIVO GENERAL DEL CAPITULO
Conocer los aspectos centrales –tipología, estructura, trámite- en torno de los procesos declarativos consagrados en el Código General del Proceso.
OBJETIVO ESPECIFICO
Comprender y poder explicar cada uno de los tipos de procesos declarativos regulados por el Código General del Proceso.

Ubicación .

La arquitectura del nuevo Código General del Proceso ensambla un título preliminar (arts. 1 a 14) y cinco libros, el primero de los cuales alude a los sujetos procesales (arts. 15 a 81), el segundo a los actos del proceso (arts. 82 a 367), el tercero a los procesos (arts. 368 a 587), el cuarto a medidas cautelares y cauciones (arts. 588 a 604), y el quinto a cuestiones varias (605 a 627).
El libro tercero, que se extiende desde el artículo 368 hasta el 587, regula en cuatro secciones los también cuatro tipos de procesos reconocidos por el código. La primera alude a los declarativos (del artículo 368 hasta el 421), la segunda a los ejecutivos (del artículo 422 al 472), la tercera a los de liquidación (del artículo 473 al 576) y la última a los de jurisdicción voluntaria (del artículo 577 al 587). Cada una está a su vez dividida en títulos, de modo que la referente a los asuntos declarativos cuenta con tres, destinados a reglamentar los únicos tres tipos de tales asuntos: el proceso verbal, el verbal sumario y los especiales.
De ello emerge que los conocidos en el anterior régimen como ordinarios y abreviados ya no tienen existencia en el nuevo, lo cual no puede significar que las controversias tramitadas por esos dos senderos en el Código de Procedimiento Civil expedido en 1970, se han quedado sin vía procesal, como quiera que no fue esa la intención del legislador. Se quiso, en cambio, la unificación de trámites y la implantación de la oralidad, y por ello tales conflictos se tramitan por el camino del verbal o del verbal sumario, según el caso, o en algunos
eventos, por el del novísimo monitorio que viene incluido en el título de los especiales, dadas sus particularidades.

Declarativos especiales.
Los procesos declarativos especiales, regulados en el título tercero son el de expropiación, el divisorio, el de deslinde y amojonamiento, y el anunciado monitorio. Ya no se cuenta entre ellos, como antes sí lo hacía el Código de Procedimiento Civil, con el divisorio de grandes comunidades, que se extinguió por varias razones entre las cuales se halla la infrecuencia de su uso. Cual se advierte, se les ha sumado ahora uno que antes no existía en la legislación vernácula y que había sido reconocido como muy útil en otras latitudes; frente a él se tienen, por tanto, fundadas expectativas. Se trata del monitorio.
Etapas de los procesos declarativos.
La estructura de los procesos declarativos supone dos etapas bien diferenciadas: una inicial escrita destinada al trabamiento de la litis o, lo que en síntesis viene a ser lo mismo, al planteamiento de las posturas de las partes frente al conflicto, compuesta, en términos generales, por la demanda y su contestación; y luego una oral en que se intenta conciliar, se decretan y practican pruebas, se oyen los alegatos de conclusión y se emite la sentencia. De esta forma se garantiza que el medio comunicacional de la escritura preste su mejor servicio en la fase introductoria procesal y permita tener claridad y precisión en torno de las pretensiones del actor así como frente a las excepciones y otras respuestas del demandado; pero también se logra
que el medio de la oralidad colabore decididamente, mediante la audiencia o la diligencia, en la discusión eventualmente conciliatoria, en el debate de las pruebas y en la confección de la sentencia.
Esta organización permite, como fluye fácil, la efectividad del principio de concentración procesal, en cuanto logra que en una sola audiencia o, cuando más en dos, se produzca todo el debate y se concluya con la sentencia; y explica por qué se suprimieron el ordinario y el abreviado, pues apoyados en la escritura como medio normal de comunicación entre los sujetos procesales, terminaban dilatándose innecesariamente, gracias a la dispersión que ella implica y a las enormes posibilidades de entorpecimiento que acarrea. Igualmente, según se sabe, en la praxis y debido a esos factores, fueron perdiendo nitidez las diferencias entre el uno y el otro, al punto que en no pocas ocasiones el que se suponía más veloz se mostró en la realidad lento y accidentado.
Procedimiento verbal y verbal sumario. Distinciones.
Entre el trámite verbal y el verbal sumario no existen diferencias esenciales, pues la distribución antes indicada mantiene su vigencia en ambos casos. No obstante, emergen algunas obvias distinciones que implican alteración o supresión de etapas o de posibilidades, dado el reconocimiento de ciertas evidentes disimilitudes no sustanciales pero exigentes de distinto tratamiento.
Por ello, en el verbal sumario no obra el principio de las dos instancias y, por tanto, se tramita en única; la demanda y su contestación pueden ser presentadas también verbalmente ante el
secretario del despacho, siempre que se deje constancia expresa en un acta levantada al efecto; los hechos que configuran excepciones previas se alegan a través de reposición; los términos de contestación de la demanda y de las excepciones de fondo son de diez y tres días respectivamente; todas las actividades una vez trabada la litis se practican en una sola audiencia; el número de testigos admisibles por cada hecho es de dos y el de preguntas a la contraparte en el interrogatorio, de diez; la exhibición de documentos se reemplaza con solicitud de copias de ellos y la inspección judicial fuera del despacho con dictamen pericial de parte.
Asimismo, resultan en esta tramitación prohibidos algunos comportamientos que son frecuentes y naturales en el verbal, como “…la reforma de la demanda, la acumulación de procesos, los incidentes, el trámite de terminación del amparo de pobreza y la suspensión del proceso por causa diferente al común acuerdo…”, al igual que queda limitada en el tiempo la formulación del amparo de pobreza y la recusación, pues solo pueden “…proponerse antes de que venza el término para contestar la demanda…”, todo lo cual fincado en la necesidad de hacer procesos más eficientes, rápidos y cortos, pero bajo el entendido que las reducciones anotadas no suponen limitación a los derechos de las partes sino racional disposición de conformidad con la índole de asuntos que por esa vía se ventilan.
Particularidades de algunos declarativos.
Dentro de este tipo de procesos algunos presentan significativas modificaciones si se les compara con la anterior normatividad. A modo
de muestra bueno es advertir cómo el de pertenencia, regulado ahora por el artículo 375, admite el rechazo de plano de la demanda o la terminación en cualquier etapa del proceso mediante sentencia anticipada, cuando recae sobre bienes imprescriptibles. En ese mismo trámite, la publicidad de la existencia del proceso se debe hacer por medio de las formas ya conocidas y, además, con instalación de una valla en lugar visible del predio o un aviso cuando esté sometido al régimen de propiedad horizontal, y la inclusión en el registro nacional de procesos de pertenencia que debe llevar en su página web el Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente, si el Juez lo estima pertinente, se puede adelantar en una sola audiencia “…en el inmueble…”, junto con la inspección judicial que es obligatoria, toda la actividad procesal a que aluden los artículos 372 y 373, huelga decir, todas las actuaciones desde la resolución de las excepciones previas pendientes hasta la conclusión total del proceso, y proferir, allí mismo, la sentencia oral e inmediata.
En los litigios sobre servidumbres se presenta con la demanda el dictamen pericial acerca de la constitución, variación o extinción que se exore, así como, aunque la norma no lo diga expresamente, sobre la suma que deba pagarse a modo de indemnización o de restitución y, al igual que en el de pertenencia, como la inspección judicial es forzosa, durante ella en el bien materia de litis se puede adelantar todo el trámite hasta, inclusive, la sentencia.
La impugnación de actos de asambleas, juntas directivas o de socios, ya no está limitada a las decisiones de tales juntas directivas o asambleas de socios o de accionistas, como hacía imperar el artículo
421 del Código de Procedimiento Civil, sino que se extiende a las de “…cualquier otro órgano directivo…”, así como se aplica también a todas las personas jurídicas de derecho privado y no únicamente a las sociedades civiles o comerciales a que aludía el mencionado código, con lo cual se ha ganado en eficiencia y unidad, puesto que bajo la anterior legislación algunos de estos temas debían ser debatidos por el sendero del procedimiento ordinario y otros por el del abreviado, circunstancia que causaba no pocas dificultades y sorpresas.
La cancelación, reposición y reivindicación de títulos valores se adelanta ante la jurisdicción si el interesado así lo quiere; mas, si lo estima, puede comunicar directamente al emisor, aceptante o girador la pérdida, hurto, deterioro o destrucción del bien, publicar un aviso que informe sobre el hecho y esperar durante los diez días con que cuentan los opositores para ejercer su derecho. Si en ese plazo se presenta oposición o si el mencionado emisor, aceptante o girador se niega a cancelar o reponer el documento el peticionario debe, ahora sí, presentar la correspondiente demanda. Si tal cosa no ocurre y aquél emite el instrumento de reemplazo se evita el proceso judicial, como se advierte.