Febrero 18 de 2019

Corte Constitucional

Sentencia T 011 de 2019

CORTE CONSTITUCIONAL ORDENA REALIZAR EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA ORIENTADO A DETERMINAR LA AFECTACIÓN QUE DISTINTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HAN CAUSADO SOBRE EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD MOKANÁ. La Corte Constitucional en la sentencia en comento concluyó que la comunidad Mokaná se le estaba vulnerando su derecho fundamental a la consulta previa, en tanto que no pudieron manifestar su opinión (derecho a la participación) sobre las medidas que según se advirtió constituirían un impacto a sus formas de vida. Recalcó que el derecho a la consulta previa se vulnera cuando se evidencia la existencia de una afectación directa sobre una comunidad y el proyecto que debía ser consultado ya se encuentra en fase de ejecución o ya se cumplió con su implementación total. Por tal motivo, la Corte ordenó al Ministerio del Interior, la Alcaldía Municipal de Tubará, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), y los representantes de la comunidad indígena accionante que procedan a realizar el proceso de consulta orientado a determinar la afectación que los distintos proyectos de infraestructura han causado sobre el territorio.Revoca. M.P: Cristina Pardo Schlesinger.

Sentencia T 020 de 2019

LOS ESQUEMAS DE ENSEÑANZA DEBEN ADAPTARSE A LAS TRANSFORMACIONES DE LA SOCIEDAD Y A LAS PARTICULARIDADES DE SUS MIEMBROS. Los diversos contextos culturales y sociales de los estudiantes no pueden conllevar a una barrera en el ejercicio de su derecho. La adaptabilidad busca que no sean los estudiantes quienes necesariamente se deban amoldar a un único modelo de educación, sino que el sistema educativo se adapte a las diversidades y necesidades de los estudiantes, en procura de combatir la deserción escolar. Confirmar. MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 66133 de 2019

SE DESVIRTUÓ LA MALA FE DEL EMPLEADOR AL CONSTATARSE LA VOLUNTAD LIBRE Y ESPONTÁNEA DEL TRABAJADOR DE RETIRARSE DE LA ENTIDAD PARA ACCEDER A UN BENEFICIO PENSIONAL OFRECIDO POR SU EMPLEADOR.  Al celebrar el contrato de prestación con las empresas de servicios temporales, se entiende que la demandada hacía que bajo el supuesto de que los trabajadores en misión no estarían desprotegidos, menos aún si la accionada estaba reconociendo la pensión anticipada en virtud del plan de retiro voluntario. Bajo ese entendido, la Sala advirtió que la accionada no actuó de mala fe, máxime cuando el hecho de haberse acogido al plan de retiro y participar anticipadamente al reconocimiento de la pensión de jubilación, fue una decisión libre e informada. No casa.M.P: Dolly Amparo Caguasango Villota

Expediente 70060 de 2018

LA DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS PADRES PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES PENDE EN GRAN MEDIDA EN LA CONTRIBUCIÓN QUE EL ASEGURADO REALIZABA A SUS PADRES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS. Los intereses moratorios son un reconocimiento resarcitorio y no una sanción. La Sala de Casación Laboral recordó que la subordinación económica como requisito para acceder a la pensión de sobrevivientes, no tiene que ser necesariamente total y absoluta, por manera que en cada caso en concreto se deben analizar las condiciones específicas de quienes alegan la dependencia financiera a partir de la contribución que recibían del hijo fallecido y su incidencia en la atención de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad y suficiencia. Bajo ese panorama la Corporación ha definido la dependencia económica como la subordinación de una persona respecto de otra, por necesitar de su ayuda o auxilio para llevar una vida digna, condición que desaparece cuando la persona es autosuficiente y se encuentra en capacidad de procurarse por sus propios medios los recursos indispensables para su subsistencia en condiciones de dignidad. Es por ello que resulta imprescindible que se demuestre que la contribución es determinante al momento de satisfacer las necesidades básicas, de tal suerte que resulta desatinado concluir que dicha dependencia pueda ser establecida en proporción de los ingresos propios que le destinaba el causante como ayuda a sus padres.  No casa. M.P: Dolly Amparo Caguasango Villota.

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 53880 de 2019

BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 600 LA CALIFICACIÓN SE CONSTITUYE EN EL MARCO CONCEPTUAL, FÁCTICO Y JURÍDICO DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA DEL ESTADO. Bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000 la resolución de acusación se constituye en pieza fundamental del juicio pues los requisitos previstos en la ley deben abarcar tanto la atribución fáctica y jurídica, lo cual impone detallar la conducta con todas sus circunstancias a fin de que de esa manera se refleje en la sentencia. Por lo anterior al juez le está vedado introducir hechos nuevos, suprimir atenuantes reconocidos, adicionar agravantes, mutar la especie delictiva, cuando tales acciones hacen más gravosa la situación del sujeto pasivo de la acción penal. Casan el fallo impugnado en el sentido de marginar la circunstancia de agravación por razón de la cuantía del delito de peculado; y por razón de la exclusión prescribe la acción penal del delito.

Expediente 37462 de 2019

DOBLE INSTANCIA PARA AFORADOS NO PUEDE APLICARSE RETROACTIVAMENTE. Al determinar que la impugnación de la sentencia condenatoria contra el exministro Andrés Felipe Arias solo es posible si el Congreso de la República reforma la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente esa petición y mantuvo vigente el pedido de extradición a EE UU. La Sala Penal comunicó de esta providencia al Ministerio de Relaciones Exteriores, ante el requerimiento de razones para responder al dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) sobre el caso del exfuncionario.  De igual forma, precisó que es necesario modificar el artículo 122 (función pública) de la Carta Política para poder revisar la sanción intemporal impuesta al sentenciado, privativa de los derechos a tener acceso a la función pública y a ser elegido. “Si la decisión de Colombia es acatar la opinión de ese Comité y propiciarle al exministro el recurso de apelación contra la sentencia que lo condenó e hizo tránsito a cosa juzgada, la única posibilidad de hacerlo implica necesariamente una reforma de la Constitución Nacional que, en todo caso, no incitará la Corte”, consigna la respuesta al viceministerio de Asuntos Multilaterales. El pronunciamiento indica, además,  que el alto tribunal respeta el rol y autoridad atribuidos al CDH, pero entiende bien que si es decisión del Estado colombiano acatar su dictamen el poder para procurar que lo haga solo lo tiene el Legislativo mediante cambios constitucionales.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 63001 31 10 004 2013 00491 01 (5414) de 2019

CORTE HA AVALADO LA CADUCIDAD DE LAS ACCIONES PESE A LA EXISTENCIA DE LA PRUEBA DE ADN. La solicitud de inaplicación del artículo 248 del Código Civil en el preciso aspecto que se discute, con apego al principio de prevalencia del derecho sustancial señalado en el artículo 228 de la Carta Política, para sustentar la decisión sobre la paternidad con argumento en la prueba de ADN sin considerar la extemporaneidad de la demanda. Lo anterior implica dar alcance a una norma de carácter procesal de orden público y de imperativo cumplimiento, que no involucra un excesivo formalismo por parte del operador jurídico; al contrario refleja el cumplimiento de sus deberes de donde el fracaso de la pretensión solo es imputable a quien la impetró cuando ya había fenecido su acción.

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria

 

Expediente 11001 11 02 000 2016 04172 01 de 2019

SUSPENDEN A LITIGANTE POR ACEPTAR UN PROCESO SIN SABER QUIÉNES ERAN SUS CLIENTES. a Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión a una abogada por dos meses, tras hallarla responsable, principalmente, de las faltas previstas en el numeral 5° del artículo 30 y en el numeral 2° del artículo 37 de la Ley 1123 del 2007. Esa primera disposición consagra, como falta contra la dignidad de la profesión, la utilización de intermediarios para obtener poderes o participar honorarios con quienes lo han recomendado, mientras que la segunda, por su parte, dispone que en todos y cada uno de los eventos que puedan presentarse el abogado debe rendir, por escrito, el informe una vez culmine la gestión encomendada. Según reseña el proceso, el día en que dos ciudadanos acudieron al Ministerio del Trabajo (Mintrabajo) con la finalidad de buscar ayuda frente a un presunto acoso laboral, un funcionario de esa entidad les sugirió iniciar la correspondiente acción legal, para lo cual les recomendó a la abogada posteriormente disciplinada. Si bien nunca se vieron personalmente, la mediación del funcionario propició la suscripción de un contrato de prestación de servicios, la entrega de la documentación necesaria para iniciar una acción constitucional y la entrega de un poder en favor de la encartada, quien, tiempo después, comenzó a hacerles exigencias económicas adicionales y amenazas de iniciar cobros coactivos por el incumplimiento de lo pactado, todo esto a través del mismo funcionario del ministerio referido y de correos electrónicos. Para la Sala, la disciplinada no se vio nunca relevada de responsabilidad disciplinaria por el hecho que los quejosos no se preocuparon por contactarla, pues, en su criterio, los abogados son los que deben procurar cumplir con todos los deberes dispuestos por el legislador en el Estatuto del Abogado. Precisamente, recordó que este tipo de conductas afectan de manera grave a la administración de justicia y a los profesionales del Derecho que escogen como medio de subsistencia el ejercicio de la abogacía de forma independiente, pues deben ser individuos de sanas convicciones éticas que entiendan cabalmente cuáles son los fines primordiales de la justicia.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Expediente 11001 03 24 000 2011 00116 00 de 2018

ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA CONEXIÓN COMPETITIVA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. Para la Sala en el presente caso existe una conexión competitiva, pues los signos confrontados se encuentran en una misma clase internacional, presentan similares canales de comercialización y se promueven por los mismos medios de publicidad. El anterior examen, se efectuó con la rigurosidad necesaria, para concluir que entre los signos cotejados, que amparan productos con la misma naturaleza y finalidad, tienen similitudes sustanciales que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación que determina la imposibilidad de la coexistencia pacífica. Niegan las pretensiones de la demanda. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 44001 23 33 000 2013 00182 01 (0809-16) de 2018

QUIEN PRETENDE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL EN MATERIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA LE CORRESPONDE DEMOSTRAR LA CONCURRENCIA DE LOS TRES ELEMENTOS; PRESTACIÓN PERSONAL, SUBORDINACIÓN Y REMUNERACIÓN.  Respecto de la carga de la prueba para la declaratoria de una relación laboral en materia contenciosa administrativa, le corresponde a quien pretende demostrar la existencia el vínculo de naturaleza laboral. No obstante, en el presente caso, la Sección Segunda del Consejo de Estado advirtió que la parte demandante no logró acreditar el elemento del contrato realidad como es la subordinación y dependencia continuada, dado que consideró que no obraba un medio de convicción que permitiera llegar a un grado de convencimiento acerca de la vinculación continua, sucesiva e ininterrumpida con la entidad demandada, directamente o a través de empresas de intermediación laboral, mucho menos alguna prueba que permitiera determinar fehacientemente que la demandante recibía órdenes, tales como oficios, comunicados, correos electrónicos, memorandos o llamados de atención por su inobservancia, entre otros. Bajo ese entendido se confirmó la decisión. Confirma. C.P: William Hernández Gómez.

Expediente 25000 23 42 000 2013 06148 01 de 2019

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA SE CUENTA DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRINCIPAL. La Sección Segunda del Consejo de Estado explicó que el acto administrativo que impone la sanción y que, en consecuencia, interrumpe el término de la prescripción es el principal. Es decir, el fallo de primera o única instancia es el que define la situación jurídica del disciplinado al considerarlo responsable de la comisión de la conducta investigada como falta disciplinaria. En ese orden, los actos que resuelven los recursos corresponden a una etapa posterior, cuyo propósito no es emitir pronunciamiento de fondo, sino permitir a la administración revisar su decisión, por lo que no es procedente hacer el cómputo con la fecha de expedición de estos actos.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 25000 23 36 000 2015 00860 01 de 2019

POSTURA QUE INHABILITA UNA PROPUESTA EN UN ARGUMENTO QUE NO ERA CONSISTENTE EN EL PLIEGO DE CONDICIONES CONSTITUYE FALSA MOTIVACIÓN. Para la Sala en el presente caso el acto de adjudicación de la licitación pública adelantada para contratar el servicio de transporte especial para pacientes a cargo del departamento de Cundinamarca, Secretaría de Salud, se configuró con la causal de nulidad por falsa motivación, teniendo en cuenta que la apreciación de las pólizas de seguros de responsabilidad civil no fue completa y se desconocieron los montos amparados y el alcance de las certificaciones allegadas oportunamente para subsanar el respectivo requisito habilitante. Del acervo probatorio no se permite dar la razón al departamento de Cundinamarca, dado que la propuesta de Transportes Nuevo Rumbo ha debido ser reconocida como hábil y, por tanto, resulta probado que se configuró la falsa motivación en la resolución.

Expediente 11001 03 26 000 2018 00021 00 (60855) de 2019

NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES. Mediante el recurso extraordinario de anulación no es posible atacar el laudo por cuestiones de mérito o de fondo, errores por violación de leyes sustantivas, es decir, si el Tribunal obró o no conforme al derecho sustancial, ni plantear o revivir un nuevo debate probatorio o considerar si hubo o no un yerro en la valoración de las pruebas o en las conclusiones a las cuales arribó el correspondiente Tribunal, puesto que el juez de anulación no es superior jerárquico del Tribunal de Arbitramento y, en consecuencia, no podrá intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar sus decisiones, por no compartir sus razonamientos o criterio.

 

 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

Expediente 66001 23 31 000 2010 00028 01 (22239) de 2019

EN EL PROCESO DE COBRO COACTIVO NO HAY LUGAR DISCUTIR LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS BASE DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS. Las razones de ilegalidad de los actos que constituyen título ejecutivo no pueden aducirse válidamente en el proceso de cobro coactivo, toda vez que para tal fin el ordenamiento jurídico permite su controversia a través de los recursos en la vía gubernativa y, posteriormente, los medios de control dispuestos ante esta jurisdicción. El proceso de determinación oficial del impuesto, bien por liquidación oficial de aforo o de revisión, es independiente del procedimiento de cobro coactivo; el cual no permite un cuestionamiento diferente pues no tiene por finalidad declarar o constituir obligaciones o derechos, sino hacer efectivas, mediante su ejecución, las obligaciones, claras, expresas y exigibles, previamente definidas a favor de la Nación y a cargo de los contribuyentes. Confirmar. MP Stella Jeannette Carvajal Basto

 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Concepto 042 de 2018

¿Qué hacer con todas las solicitudes de restablecimiento de derechos, creadas antes de la Ley 1878 de 2018 y que aún no se ha realizado verificación de derechos?. La Ley 1878 de 2018, estableció un régimen de transición para la entrada en vigencia de las disposiciones que modificaron los procedimientos en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, el cual se aplica para los procesos que fueron iniciados con anterioridad al 9 de marzo de 2018 y que no cuenten con fallo. En caso de que para la fecha ya exista el fallo que declare la vulneración de derechos, se aplicarán las disposiciones respecto del seguimiento de las medidas establecidas en el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018. Por su parte, los procesos que iniciaron con posterioridad al 9 de marzo de 2018, se deben tramitar de acuerdo con lo establecido en la Ley 1878 de 2018, puesto que no están sujetos a régimen de transición

 

Departamento Administrativo de la Función Pública – esta en 12 feb mio

Concepto 00131 de 2019

¿Existe algún tipo de inhabilidad o incompatibilidad para que dos o más parientes presten sus servicios como empleados públicos en la misma u otra entidad pública?. Debe precisarse que la prohibición contenida en el artículo 126 Constitucional se encamina a restringir que el empleado que ejerza la función nominadora, nombre en la entidad que dirige, a personas con las cuales estén ligados por matrimonio o unión permanente o tenga relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. Ahora bien, atendiendo que se trata de la prestación de servicios por parte de dos parientes, en diferentes entidades u organismos públicos, se deduce que en el caso que ninguno de ellos tenga la función nominadora del otro, no existe inhabilidad alguna para que presten sus servicios en la misma u otra entidad pública.