Febrero 19 de 2019

Corte Constitucional

Sentencia T 041 de 2019

DESPIDO EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA HACE PROCEDENTE REINTEGRO LABORAL MEDIANTE TUTELA. La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional reiteró que la acción de tutela es procedente para proteger el derecho a la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores que se encuentren en un estado de debilidad manifiesta por cuestiones de salud. En efecto, el caso analizado es el de un accionante de 58 años de edad que se desempeñó como técnico electricista para una unión temporal. En el 2014 sufrió un accidente de trabajo al caer de seis metros de altura mientras remplazaba una bombilla en un poste de energía eléctrica, por lo que presentó un trauma contundente en la región lumbar que le dejó como secuela una fractura y dolor torácico crónico.  Así, explicó que el dolor que padece como consecuencia de dicho accidente es severo e incapacitante, pues le impide permanecer de pie por más de 10 minutos, levantar peso y realizar movimientos rutinarios.  Pese a los tratamientos terapéuticos y farmacológicos durante todos estos años, no ha presentado mejoría en su estado de salud.  Desde el accidente, ha sido incapacitado varias veces con breves interrupciones de tiempo en las que ha intentado su reincorporación laboral sin obtener resultados positivos.  Por esta razón, explicó, la empresa terminó unilateralmente el vínculo laboral, por supuestamente abandonar su puesto de trabajo durante unos días de febrero del 2018, situación que, según su declaración, es alejada a la realidad porque durante esas fechas se encontraba incapacitado.  Es bueno precisar que este despido se realizó sin la autorización del Ministerio de Trabajo.

Sentencia T 008a de 2019
ACUMULACIÓN PROCESAL DE ACCIONES DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS O ABANDONADAS QUE VERSEN SOBRE EL MISMO PREDIO.  La Corte Constitucional resolvió amparar los derechos fundamentales de los accionantes, como quiera que el Tribual Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, incurrió en defecto procedimental absoluto al decretar la ruptura procesal y fallar únicamente el proceso 2015-00048, omitiendo su deber de acumular las solicitudes de restitución que versaban sobre el predio “La Esperanza”, vulnerando así el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, aunado a que abrió la puerta a la posibilidad de que en una misma jurisdicción existan fallos contradictorios, incluso, respecto del mismo predio. Revocar. M.P: Cristina Pardo Schlesinger.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 65164 de 2019

POR EL SOLO HECHO DE CONTAR CON LA CALIDAD DE AFILIADO, PODRÁ EXIGIR A LA ADMINISTRADORA LAS PRESTACIONES A LAS QUE TENGA DERECHO A PESAR DE QUE MEDIO MORA EN EL PAGO DE COTIZACIONES POR PARTE DEL EMPLEADOR.  Cuando se presenta la omisión por parte del empleador en el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social y tal circunstancia impide el acceso a las prestaciones a las que haya lugar, habiendo mediado además incumplimiento por parte de la administradora en su deber legal de cobro, es ésta última a quien le acaece la obligación del reconocimiento de tales prestaciones, ello si medió previamente la afiliación, pues de no existir tal acto por parte del empleador, no surge para las entidades la exigencia de asumir las prestaciones del sistema, toda vez que la obligación de recaudo que les corresponde se torna imposible de gestionar.  No casa. M.P: Martín Emilio Beltrán Quintero

Expediente 66774 de 2018

INMEDIATEZ EN LA TERMINACIÓN DEL VÍNCULO ATENDIENDO LA FECHA EN QUE EL EMPLEADOR TUVO CONOCIMIENTO DE LAS FALTAS GRAVES QUE HUBIERA INCURRIDO EL TRABAJADOR. La Sala de Casación Laboral en la sentencia en comento argumentó que en efecto la demandante había incurrido en una falta grave y que la decisión de dar por finalizado el vínculo laboral el 15 de marzo de 2010 no era extemporánea pues a pesar que las faltas hubieran incurrido desde el 04 de diciembre de 2009,  se logró probar que solo hasta 22 de febrero de 2010 el empleador tuvo conocimiento de ellas, luego entre esta última fecha y la terminación del contrato existió un tiempo razonable, sobre el cual se puedan predicar los hechos y faltas que motivaron la decisión.  Así mismo, la Corporación precisó sobre el cumplimiento del respectivo proceso disciplinario conforme a las reglas establecidas en el Reglamento Interno del Trabajo. Bajo ese orden de ideas, concluyó que la terminación del contrato acaecido fue por una justa causa. No casa. M.P: Jimena Isabel Godoy Fajardo

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 101891 de 2019

¿SE DEBE PONDERAR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA CARGO PÚBLICO CON ESTABILIDAD LABORAL POR EMBARAZO?. El incumplimiento de los requisitos para desempeñar un cargo público, como el de empleado de la Rama Judicial, constituye una causal legítima para dar por finalizada la relación laboral. Sin embargo, si esta empleada se encuentra en estado de embarazo es necesario ponderarla con la estabilidad laboral reformada por el estado de gestación.  Así lo precisó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de un fallo de tutela, al estudiar el caso de una trabajadora en provisionalidad de un juzgado, la cual dio a conocer su estado de embarazo pero fue posteriormente declarada insubsistente por la jueza, bajo el argumento que ella no cumple con los requisitos para desempeñar el cargo. Frente a ello, y citando a la Corte Constitucional, el alto tribunal indicó que la protección reforzada a la maternidad es una garantía esencial del Estado social de derecho aplicable en los sectores público y privado con independencia de la modalidad de contratación, y agregó que la medida más efectiva de protección es el reintegro o la renovación del contrato. Sin embargo, aclaró que es fácticamente imposible una orden de reintegro cuando han operado causas objetivas, generales y legítimas en la desvinculación, que ocurren cuando:                      –           El origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer embarazada ocupaba ha sido provisto por concurso de méritos o                                   –  El origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer embarazada ocupaba fue creado por la administración pública para el desempeño puntual de funciones transitorias relativas a la eficacia, celeridad y mejoramiento de la función pública, como por ejemplo los cargos denominados de descongestión.  En esos eventos, el juez debe aplicar la medida de protección sustitutiva correspondiente a continuar con los aportes al sistema de seguridad social en salud.

Expediente 54301 de 2018
DECLARAN LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR EL DELITO DE PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO ADELANTADO CONTRA EL EX REPRESENTANTE LEGAL DE FIDUPACÍFICO JORGE ALBERTO LORREDA GARCÉS. Para la Sala cuando se produjo la variación de la calificación jurídica provisional, esto es el 13 de junio de 2017 el Estado ya había perdido la potestad para continuar adelantado el ejercicio de la acción penal y, por tanto, la actuación realizada para proseguir con ella deviene ineficaz; por lo anterior se casa el fallo impugnado en el sentido de disponer la cesación del procedimiento al haberse producido la extinción de la acción penal por prescripción. Casa el fallo impugnado. M.P: José Luis Barcelo Camacho.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 68001 31 10 003 2006 00600 01  de 2019

ESTOS SON LOS REQUISITOS PARA INSTAURAR NUEVAMENTE LA ACCIÓN DE IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD.  Sobre el parágrafo del artículo 14 del Código de Infancia y Adolescencia, la Corte Suprema de Justicia precisó que la posibilidad de instaurar nuevamente la acción de impugnación de la paternidad debía extenderse a quienes acudieron a la administración de justicia y que, a la fecha de entrada en vigor de dicha ley o dentro de los 180 días siguientes, no habían obtenido pronunciamiento definitivo por causas ajenas a ellos. Sobre el particular, es importante recordar los titulares para impugnar la paternidad o maternidad:                     –        De acuerdo con el artículo 4° de la Ley 1060 del 2006, el cónyuge o compañero permanente y la madre, dentro de los 140 días siguientes a aquel en que tuvieron conocimiento de que no es el padre o madre biológico.                 –        De acuerdo con el artículo 5° de la Ley 1060, el hijo en cualquier tiempo.               –        De acuerdo con el artículo 406 del Código Civil, el hijo, y quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros, en concordancia con lo establecido por la Corte Constitucional en Sentencia C-109 de 1995, y corroborado por la Sala Civil, en la Sentencia 11001311001420050007801 del 24 de abril del 2012.                 En ese orden, esta posibilidad requiere el acatamiento de dos exigencias:              –          Que el demandante haya adelantado una acción de impugnación y             –        Que esta haya sido decidida de forma adversa a sus intereses o, en su defecto, que no esté definida mediante decisión en firme. Consulte su desarrollo en la sentencia adjunta.          De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la filiación es uno de los atributos de la personalidad jurídica, puesto que ella está indisolublemente ligada al estado civil de la persona y que, en este sentido, las personas tienen dentro del derecho constitucional colombiano un verdadero «derecho a reclamar su verdadera filiación”.

Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria

Expediente 11001 11 02 000 2016 01019 01 de 2019

PROFESIONAL DEL DERECHO FUE SANCIONADO AL OCASIONAR QUE 8 PROCESOS HUBIEREN SIDO TERMINADOS  PRODUCTO DE LA FALTA DE DILIGENCIA PROFESIONAL. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura advirtió que no es excusa para el profesional del Derecho considerar que el cobro de cartera para el cual es contratado es de difícil cobro, más aún se demuestra que la omisión y el descuido en las actuaciones fue de forma culposa. En consideración de lo anterior, la Corporación concluyó confirmar la sanción interpuesta al togado al encontrarse probado que ocho procesos fueron terminados por desistimiento tácito producto de la falta de diligencia del profesional, circunstancia que le generó a la Cooperativa de la cual era representante legal, detrimento patrimonial. Confirmar. M.P: Camilo Montoya Reyes

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Expediente 25000 23 41 000 2014 00528 01 de 2018

LA VULNERACIÓN DEL INTERÉS COLECTIVO REQUIERE DEMOSTRAR EL DAÑO AL INTERÉS GENERAL. Esto abarca el respeto del principio de la función social y ecológica de la propiedad de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución Política, la protección del espacio público, del patrimonio público y de la calidad de vida de los habitantes, el respeto de los derechos ajenos y el acatamiento a la ley de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento territorial y demás disposiciones normativas en materia de uso del suelo, alturas máximas de construcción y demás criterios y límites que determinan las autoridades para construir Confirmar. MP Hernando Sánchez Sánchez.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 68001 23 33 000 2015 00850 01 (2966-17) de 2018

SISTEMA ANUALIZADO DE CESANTÍAS SIN RETROACTIVIDAD PARA AQUELLOS DOCENTES VINCULADOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 1990. La Sección Segunda del Consejo de Estado recordó que a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1.º de enero de 1990 se les aplican las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, esto es, un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses. Para el caso en concreto, la Corporación advirtió que la demandante se había vinculado como docente el 6 de mayo de 1994 con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, luego, el reconocimiento de sus cesantías se rige por las normas vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, el régimen anualizado, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses Confirma. M.P William Hernández Gómez.

Expediente 70001 23 33 000 2014 00248 01 (0977-15) de 2018

EL IBL DEL INCISO 3 DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993 HACE PARTE DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, LUEGO SON BENEFICIOS A QUE SE PENSIONEN CON LOS REQUISITOS DE EDAD, TIEMPO Y TASA DE REEMPLAZO DEL RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES PREVISTO EN LA LEY 33 DE 1985. El IBL para quienes están en transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985. Para el caso en concreto, la Corporación alegó que el reconocimiento de la pensión del accionante, bajo el régimen de transición, se había ajustado a derecho, razón por la cual no procedía la reliquidación pensional tomando como ingreso base de liquidación la totalidad de los factores devengados en el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 30 de mayo de 1994, incluyendo aquellos sobre los que no realizó los aportes al Sistema como lo solicitó el demandante. Revoca.M.P: César Palomino Cortés.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 25000 23 26 000 2006 00422 01 (42493) de 2018

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OCUPACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE FLORA Y FAUNA DE PREDIOS. Para la Sala en el presente caso no existe certeza del daño sufrido, esto es, la afectación de la flora y la fauna del predio El Fundillo; si se aceptara que hubo un daño, no se tendría establecido dónde se produjo, es decir, si fue en las franjas del terreno que compró el Invías o si fue en la que es de propiedad de los demandantes, y a pesar de que, entre 2003 y 2005, Coviandes ocupó dicho predio, ello tuvo como propósito la construcción de obras encaminadas a controlar la inestabilidad del terreno, debido, entre otras razones, a la utilización del predio como parqueadero y botadero de materiales de construcción, esto último con la autorización de sus propietarios.

Expediente 11001 03 26 000 2018 00031 00 (61082) de 2018

CAUSALES Y LÍMITES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL. El artículo 40 de la Ley 1563 de 2012 indica los presupuestos procesales del recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral y el artículo 41 enumera las causales en que se puede fundar el recurso, de manera taxativa. Por lo anterior la aludida ley de arbitraje enmarca la labor del juez del recurso de anulación dentro de los límites precisos que ella le fija, lo cual, en el caso concreto lleva a observar que, como regla general, en el trámite procesal del recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral, la competencia del juez está acotada a dos actuaciones: la admisión del recurso y la sentencia, la cual se debe expedir de plano. Declaran infundado el recurso de anulación propuesto. C.P: Marta Nubia Velásquez Rico.

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 11001 03 28 000 2018 00008 00 de 2019

LAS FOTOGRAFÍAS QUE SE TOMAN DOS CANDIDATOS A CORPORACIONES PÚBLICAS EN ACTOS DE LA MISMA ÍNDOLE, NO DEMUESTRAN LA DOBLE MILITANCIA POR SÍ SOLAS. La demostración del presunto apoyo de un candidato a otro que pertenece a una colectividad política distinta, debe aflorar de manera evidente, revistiendo al operador judicial tantos elementos de juicio que permita superar toda duda razonable para que éste pueda interpretar que se presentó la causal de nulidad por doble militancia y así advertir que el candidato traicionó la voluntad de su electorado. Negar las pretensiones de la demanda. MP Rocío Araújo Oñate.

 

Corte Suprema de Justicia

Directiva 01 de 2019

PREVALENCIA DEL FACTOR TERRITORIAL DE COMPETENCIA EN CASOS DE DELITO DE FUGA DE PRESOS.  La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió Directiva N°1 de 2019 con el fin de dar claridad sobre aquellos jueces que son competentes para conocer delitos de fuga de presos. Al respecto, advierte la Corporación que la competencia se encuentra limitada por el factor territorial, por manera que será competente el juez del lugar donde se haya tenido conocimiento del delito. Bajo ese entendido, lo esencial en dichos casos es determinar el lugar donde el Estado asignó el cumplimiento de la sanción penal privativa de la libertad y de la cual se escapó el individuo, toda vez que será el juez de esa localidad el llamado a conocer el caso, con independencia de que la persona haya sido aprehendida en un territorio diferente. Documento disponible al público a partir de febrero de 2019

 

Consejo Técnico de la Contaduría

Concepto 1062 de 2018

¿QUÉ SON LOS BIENES COMUNES?. Estos son partes del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal que pertenecen en proindiviso a todos los propietarios de los bienes privados. Por su naturaleza permiten la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular, son indivisibles, inalienables e inembargables en forma separada de los bienes privados y no son objeto de impuesto alguno en forma separada de los últimos. Deben coincidir con lo señalado en el proyecto de construcción aprobado y el reglamento de propiedad horizontal (Ley 675 de 2001). Se clasifican en esenciales, no esenciales, de uso exclusivo y desafectados

 

 Ministerio del Trabajo

Concepto 65733 de 2018

PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS A LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS Y EN FINCAS DE RECREO. La prima de servicios es una prestación social, a la que tienen derecho todos los Trabajadores, incluidos quienes prestan el Servicio Doméstico o quienes trabajan en Fincas y se paga por el servicio prestado por los Trabajadores. También se prevé su cobertura para los Trabajadores incluyendo a quienes prestan el Servicio Doméstico o a quienes laboran en Fincas de Recreo, en atención a lo normado por la Ley 1788 de 2016.