Febrero 20 de 2019

Corte Constitucional

Comunicado Sentencia Su 037 de 2019

EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ DE LA ACCIÓN, CONDUJO A LA CORTE A
DECLARAR LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO SOLICITADO POR LA AGENCIA NACIONAL DE
DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO CONTRA UNA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO QUE DECLARÓ
LA RESPONSABILIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

Comunicado Sentencia C 046 de 2019

A CORTE CONSTITUCIONAL ESTABLECIÓ QUE LA PALABRA “DEMENCIA” ES CONSTITUCIONAL POR
CUANTO SE TRATA DE UN CONCEPTO TÉCNICO JURÍDICO QUE NO PRETENDE DESCALIFICAR A LA
POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD COGNITIVA O MENTAL.

Sentencia T 023 de 2019

EL TIEMPO CON EL QUE CUENTA EL ESTADO PARA INVESTIGAR LAS PRESUNTAS INFRACCIONES PENALES COMETIDAS POR INFRACTORES JUVENILES ES DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE SU OCURRENCIA. La especial condición del infractor menor de edad, no puede extenderse a tal punto que para el momento en que se le juzgue, el infractor haya dejado de ostentar la calidad de adolescente, pues esta regla, deja sin cabida los principios que sustentan el sistema de enjuiciamiento juvenil, esencialmente el derecho que le asiste al otro adolescente de que el proceso se tramite sin demoras de ningún tipo. Confirmar. MP Carlos Bernal Pulido.

Sentencia C 119 de 2018

FUE DECLARADO EXEQUIBLE EL PARÁGRAFO 3° DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY 1819 DE 2016 EN TANTO QUE EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE PROGRESIVIDAD DE LA TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS BENEFICIARIA SOLO SE APLICA A PARTIR DEL AÑO GRAVABLE 2017. En la sentencia en comento, la Corte advirtió que a diferencia de la protección que tienen las situaciones jurídicas consolidadas en vigencia de regímenes tributarios, las garantías que se derivan del principio de confianza legítima, no impiden que el legislador, por razones de interés general, derogue, suprima o modifique un tributo o un beneficio fiscal, pues ninguna persona puede exigir la intangibilidad de las leyes tributarias, ni la subsistencia de estas indefinidamente. Lo que sí garantiza el principio de confianza legítima, en el contexto tributario, es que las expectativas generadas a partir de hechos objetivos y con ocasión de la ley, no sean defraudadas intempestivamente por el Estado, pues en estos casos, en virtud del principio de buena fe, se debe proteger al contribuyente que adecuó su conducta a lo previsto en la norma vigente para el periodo fiscal respectivo y de acuerdo con las exigencias allí impuestas. Bajo ese entendido, se declaró EXEQUIBLE el parágrafo 3° del artículo 100 de la Ley 1819 de 2016, bajo el entendido de que el régimen de transición de progresividad de la tarifa del impuesto sobre la renta para las pequeñas empresas beneficiarias de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010, solo se aplica a partir del año gravable 2017.

 

 

 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 67089 de 2019

PROCEDE LA REVOCATORIA DEL RECONOCIMIENTO DE UNA PRESTACIÓN CUANDO MEDIE DOCUMENTACIÓN FALSA CON INDEPENDENCIA DEL AUTOR. La Sala de Casación Laboral recuerda que procede la revocatoria del reconocimiento prestacional en el evento de comprobarse el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hubiera realizado con base en documentación falsa, esto es, cuando se advierta que está frente a conductas calificadas como punibles con independencia de la participación o no en el acto delictivo de la persona que termine afectada con la revocatoria. Así las cosas, basta con la tipificación de la conducta como delito para que la administración pueda revocar. No casa. M.P: Carlos Arturo Guarín Jurado.

Expediente 66163 de 2019

QUIEN DECLARA UN HECHO QUE LO FAVORECE NO PUEDE HACERLO VALER EN SU BENEFICIO. La Sala No. 1 de descongestión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que la versión creada por la parte interesada en un interrogatorio de parte no tiene el alcance de confesión judicial, lo que impide fundar en esas aseveraciones un embate en la casación laboral.  Según la corporación, para que opere la confesión se requiere de lo siguiente:               –                                 Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho confesado.                 –                           Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas a quien confiesa o que favorezcan a la parte contraria.                     –                          Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.                           –                                       Que sea expresa, consciente y libre.                 –                                        Que verse sobre los hechos personales del confesante.                        –                                   Que se encuentre debidamente probada.                 Por esa razón es que la parte que hace una declaración de un hecho que lo favorece no puede pretender en el proceso hacerlo valer en su propio beneficio.

Expediente 64566 de 2019
ES IMPROCEDENTE LA NULIDAD PROCESAL PRETENDIDA EN SEDE DE CASACIÓN EN UN PROCESO ORDINARIO LABORAL.  El término trienal extintivo se suspende y solo empieza a correr desde el momento que el menor cumpla la mayoría de edad. No es dable tener como causal de casación en los asuntos laborales las nulidades procesales contempladas en el ordenamiento jurídico.  Lo anterior, toda vez que el artículo 87 del Decreto 2158 de 1848 excluyó del procedimiento laboral las nulidades que contemplada el artículo 488 del C.P.C, de tal manera que solo se contemplan dos causales de casación: primera que la sentencia acusada viola la ley sustancial por infracción, aplicación indebida o interpretación; y la segunda en para aquellos casos en los cuales la sentencia contiene una decisión que hace más gravosa la situación de la parte que apeló. El anterior criterio ha sido reiterado por la Corte Suprema de Justicia en diversas oportunidades y más recientemente en la SL230-2018. Puestas así las cosas la Corporación concluyó que resultaba improcedente que el recurrente en casación pretendiera la declaratoria de nulidad por haber integrado el contradictorio.  No casa. M.P: Martín Emilio Beltŕan Quintero.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 05001 31 03 002 2009 00687 01  de 2019

INTERÉS ASEGURABLE NO SE CONFIGURA SOLO CON LA LESIÓN AL BIEN HIPOTECADO O PRENDADO. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia realizó importantes precisiones sobre el contrato de seguros, la titularidad del interés asegurable y el derecho a la indemnización por endoso de la póliza.  En efecto, indicó que el acreedor hipotecario o prendario del asegurado, a quien se haya designado en la póliza como beneficiario, como forma de garantía adicional a su crédito, solo tiene un interés directo en el pago del seguro cuando demuestra, además de la realización del riesgo asegurable, que este le produjo un detrimento patrimonial, por lo que la sola lesión al bien hipotecado o prendado que es objeto del seguro no es suficiente para la consolidación del interés.  En ese orden, si el interés directo del acreedor no se ve afectado aquel no podrá ser acreedor de la indemnización. Es decir, la sola estipulación contractual o la designación de la calidad de beneficiario no es condición suficiente para que surja el interés asegurable.  De otra parte, en relación con los intereses moratorios, la Sala aclaró que el asegurador está obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador.  Una vez vencido este plazo, el asegurador debe reconocer y pagar al asegurado o beneficiario (además de la obligación a su cargo y el importe) un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Financiera aumentado en la mitad. Por último, sobre la prueba de la cuantía de la pérdida, la Sala concluyó que esta es una carga del asegurado, por lo que si este no demuestra el rubro cuando hace la reclamación, la aseguradora no está obligada a asumir las consecuencias adversas de dicha falta de diligencia.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 51204 de 2019

ES NECESARIO QUE LA CORTE LLAME LA ATENCIÓN EN TORNO DE LA CALIFICACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA QUE ALGUNOS FISCALES CONCIBEN DE MANERA INCOMPLETA. Para la Sala es motivo de preocupación que algunos fiscales conciban de manera incompleta la calificación, defecto visible en sede de imputación, acusación y alegaciones finales, motivo por el cual puede tener efecto en el principio de congruencia y el derecho de defensa razón por la cual de manera reitera se insiste en la necesidad de que los hechos sean expuestos de manera clara precisa y suficiente. Por lo anterior en el presente caso se evidencia que en la sentencia de segunda instancia debe ser casada pues se incurrió en violación directa de la ley sustancial dado el equivocado entendimiento que se dio al contenido del artículo 376 del Código Penal. Casa la sentencia demandada. M.P: Patricia Salazar Cuéllar

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria

 

Expediente 17001 11 02 000 2013 00212 01 de 2018

SANCIONAN A JUEZ QUE JUGABA BILLAR EN HORARIO LABORAL. El Consejo Superior confirmó la sentencia que sanciona a un juez con inhabilidad y suspensión de dos meses en el ejercicio del cargo por cometer la falta descrita en los numerales 1° y 2° del artículo 154 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 196 de la Ley 734 del 2002, a título de dolo, la decisión de instancia fue proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas.  La acción disciplinaria inició por varios correos electrónicos enviados por el presidente de una veeduría ciudadana, en los cuales señalaba que el juez promiscuo municipal de su localidad se ausentaba del sitio de trabajo para dedicarse a jugar billar en horas laborales.  La Sala confirmó que el togado desatendía sus labores y suspendía la prestación del servicio para una actividad lúdica, varios ciudadanos inconformes testificaron sobre la actitud del representante de la administración de justicia.  Incluso, la personera municipal del municipio declaró que en una oportunidad fue al despacho por una diligencia y que los colaboradores del togado le dijeron que no se encontraba. Horas después, observó que estaba en el billar del municipio.  El funcionario se defendió sosteniendo que solamente frecuentaba  el sitio en tres oportunidades al día para tomarse un medicamento, sin señalar cuál ni presentar su prescripción médica. Según el concepto del alto tribunal, “es admisible que un servidor judicial momentáneamente tome un café o ingiera algún alimento, incluso que adelante una tertulia con su equipo de trabajo, pero definitivamente no es de recibo el proceder del investigado, pues, con o sin ingesta de licor y más allá de la aceptación social de este juego, debe dedicarse, sin excusa alguna, a su horario de trabajo y a las labores que le son propias, esto es, administrar justicia”.

 Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil

Expediente 11001 03 06 000 2018 00182 00 de 2018

EL AUXILIO FUNERARIO NO PROCEDE POR MUERTE DE UN FAMILIAR O BENEFICIARIO DE UN AFILIADO O PENSIONADO, SINO SOLAMENTE POR ÉSTE ÚLTIMO. Asimismo, este auxilio debe estar entre 5 y 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Para que proceda este pago, esto es para el caso de los afiliados y de los pensionados, se entiende por los dos, las personas a favor de quien se hicieron las cotizaciones que originaron el derecho a la pensión. Cuando se produce una sustitución pensional, a favor por ejemplo del cónyuge supérstite de un pensionado, y después de un tiempo ese cónyuge muere, no se reconoce auxilio funerario por la muerte del cónyuge supérstite, como quiera que cuando murió el causante de la pensión inicial se reconoció el pago del auxilio funerario y porque las cotizaciones que dan derecho al reconocimiento de la prestación las efectuó el causante inicial de la pensión y no su cónyuge supérstite. La UGPP es la competente para su reconocimiento, en el caso de fallecimiento de los pensionados. Absuelve consulta. MP Édgar González López.

 

 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Tutela 11001 03 15 000 2018 04657 00 de 2019

DENIEGAN TUTELA EN CONTRA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN OCASIÓN A LA CONVOCATORIA 27 QUE ADELANTÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONVOCÓ AL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE CARGOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL. La acción de tutela no procede para controvertir actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos, toda vez que debe acudirse a las acciones que para tales fines existe en la jurisdicción contencioso administrativa. Bajo ese contexto, la sección Segunda del Consejo de Estado denegó la acción de tutela interpuesta en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial , toda vez que los accionantes contaban con otro medio de defensa judicial idóneo, como es en efecto, el recurso de reposición, que según lo dispuesto en el numeral 5.3 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 reglamentó el concurso de méritos para la provisión de cargos de jueces y magistrados de la Rama Judicial, la persona interesada tiene la posibilidad de impugnar las pruebas cuestionadas, permitiéndole a su vez a la Administración, antes de continuar con las demás etapas del concurso, un pronunciamiento al respecto.Rechazar la acción de tutela. M.P: William Hernández Gómez.
Expediente 25000 23 25 000 2012 01509 01 de 2018

PARA AQUELLAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EL CÁLCULO DEL IBL SE REALIZA CONFORME A LO PREVISTO EN EL INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 36 O EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 100 DE 1993. La Sección Segunda del Consejo de Estado advirtió que es precedente obligatorio que el ingreso base de cotización para las personas que se encuentran en el régimen de transición, sea calculado conforme a lo previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, toda vez que esta personas beneficiarias se pensionan solo con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985, luego el IBL se rige por la Ley 100 de 1993. En el caso en concreto, la Corporación concluyó que el demandante no tenía derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación en el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, con la inclusión de la totalidad de factores salariales devengados durante dicho periodo, como quiera que al estar cobijado por el régimen de transición, su prestación debía liquidarse según lo dispuesto por el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta los factores salariales que devengó y sobre los cuales cotizó, previstos en el Decreto 1158 de 1994. Revoca. M.P: William Hernández Gómez.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 25000 23 26 000 2010 000117 01 (50753) de 2018

REQUISITOS PARA ACREDITAR EL PAGO REALIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN DENTRO DE UN PROCESO DE REPETICIÓN. De conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, por lo anterior y considerando que la entidad demandante pretendió acreditar el pago de la condena con documentos que no dan cuenta de que la beneficiaria lo hubiera recibido; se logra concluir que no se demostró el pago de la condena judicial que generó el ejercicio de la acción de repetición. La verificación de esa circunstancia que constituye requisito indispensable para que ésta tuviera éxito, da como resultado el no analizar si se acreditó o no el elemento subjetivo necesario para la prosperidad de la acción. Confirma sentencia que negó las pretensiones de la demanda. C.P: María Adriana Marín.

Expediente 11001 03 26 000 2018 00059 00 de 2018
CUANDO EL JUEZ DECLARA PROBADA UNA EXCEPCIÓN DE FONDO JAMÁS SU DECISIÓN PODRÁ SER TACHADA DE INCONGRUENTE POR DECIDIR EXTRA PETITA, Y MUCHO MENOS SI FUE PROPUESTA POR EL DEMANDADO. El hecho de haber acogido el Tribunal de Arbitramento la excepción que el demandado denominó ineptitud sustancial de la demanda, no implicó una decisión extra petita porque lo que hizo el juzgador fue tener como probados unos hechos que perseguían enervar o contrarrestar de manera total y definitiva lo pretendido por el demandante, hechos esos que, según el Tribunal, demostraban que los pedimentos de la demanda no eran de recibo porque lo impedía lo que en contrario disponían unos actos administrativos que estaban en firme e incuestionados.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

Expediente 25000 23 37 000 2014 00224 01 (22913) de 2018

LAS CUOTAS PARTES PENSIONALES CAUSADAS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1066 DE 2006, PRESCRIBEN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS GENERALES DEL CÓDIGO CIVIL. Los aportes a la seguridad social constituyen recursos parafiscales; para su cobro debe recurrirse a las normas que regulan el procedimiento tributario y no a las normas laborales; particularmente en lo relacionado con el término de prescripción de la acción de cobro, 5 años (art. 817 E.T., modificado por el artículo 86 de la Ley 788 de 2002) y la competencia para decretar la prescripción (art. 817 E.T., modificado por el artículo 8º de la Ley 1066 de 2006). Declarada la nulidad parcial. MP Julio Roberto Piza Rodríguez

 

Departamento Administrativo de la Función Pública

 

Concepto 51 de 2019

EMPLEADOS NOMBRADOS EN PERIODO DE PRUEBA PUEDEN SER BENEFICIARIOS DE LICENCIAS NO REMUNERADAS. El artículo 2.2.5.5.5 del Decreto 1083 del 2015 (DUR de la Función Pública), sobre licencia ordinaria, no restringe su otorgamiento a la calidad de la vinculación, por lo que los empleados con derechos de carrera administrativa, en provisionalidad o de libre nombramiento y remoción pueden ser beneficiarios de la licencia no remunerada.  En este sentido, indicó el Departamento Administrativo de la Función Pública, no existe limitante para que un empleado nombrado en periodo de prueba sea beneficiario de la mencionada licencia.  Por lo tanto, la respectiva entidad puede estudiar la posibilidad de otorgar licencia no remunerada a un empleado nombrado en periodo de prueba, siempre y cuando no se vean afectados los servicios a su cargo. Es bueno recordar que la licencia ordinaria no remunerada se encuentra dentro de las situaciones administrativas concernientes a los empleados públicos y contempla la posibilidad de solicitar 60 días al año, que pueden ser continuos o discontinuos y puede ser prorrogada a criterio de la Administración hasta por 30 días más, si concurre justa causa.  Cuando la solicitud de licencia no obedezca a razones de fuerza mayor o caso fortuito, la autoridad nominadora decidirá sobre la oportunidad de concederla, teniendo en cuenta las necesidades del servicio. Por último, es bueno recordar que el empleado que se encuentra en licencia no pierde su calidad de servidor público.

 

Colombia Compra Eficiente

Concepto 5473 de 2018

¿PUEDE UN SERVIDOR PÚBLICO PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DE UN CONTRATO ESTATAL?. El funcionario que participe en la ejecución de un contrato estatal estaría incurso en la inhabilidad contemplada por el literal f del artículo 8 de la ley 80 de 1993, y se estaría violando el artículo 127 de la Constitución Política, el cual señala que los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen recursos públicos

Concepto 5613 de 2018

¿CÓMO APLICAN LOS INCENTIVOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?. La norma exige una experiencia mínima, por lo tanto, para efectos de la asignación del puntaje al proponente plural, es necesario que uno de los integrantes del proponente plural aporte como mínimo el cuarenta por ciento de la experiencia requerida para la respectiva contratación; de modo que la sumatoria del porcentaje de la experiencia entre los integrantes para acreditar el 40% no podrá ser tenida en cuenta por la Entidad Estatal para otorgar el puntaje adicional sobre la planta de personal con personas en estado de discapacidad