Julio 7 del 2017

Corte Constitucional

Sentencia T 125 de 2017

DEBEN PROTEGERSE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE QUIENES NO PUEDEN MOVILIZARSE LIBREMENTE A RAÍZ DEL CERRAMIENTO DE SERVIDUMBRES DE TRÁNSITO.La Sala no puede sino reiterar la jurisprudencia constitucional que se ha referido a las servidumbres de tránsito como una expresión de la función social de la propiedad que, además, contribuye a materializar garantías iusfundamentales como la libertad de locomoción y, dadas las circunstancias del caso, los derechos a la integridad física, a la salud, al trabajo y a la dignidad humana. En este caso, a pesar que los peticionarios no han agotado todavía los procedimientos ordinarios encaminados a la imposición de dicha servidumbre de tránsito, el perjuicio irremediable al que se está viendo expuesta la comunidad de San Jerónimo, integrada por adultos mayores y menores de edad, como es el caso del padre y la hija del accionante, imponen conceder el amparo, para que, de manera transitoria, mientras se agotan los procesos administrativos u ordinarios del caso, se permita a la comunidad movilizarse hacia y desde sus viviendas a través de un camino que no signifique un riesgo para sus vidas. Revoca M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

Sentencia T 159 de 2017

SI PETICIÓN ES EXTEMPORÁNEA, NEGAR TRASLADO DE SERVIDOR EN GRAVE ESTADO DE SALUD NO VIOLA DERECHOS FUNDAMENTALES. Una magistrada que estaba incursa en una licencia por incapacidad médica presentó acción de tutela en contra de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (Unidad de Administración de Carrera Judicial) por considerar que se vulneró su derecho fundamental al debido proceso. Lo anterior, según sostuvo, porque dicho ente no publicó en debida forma una vacante creada en el Tribunal Administrativo de Santander, situación que imposibilitó su opción de traslado a dicha plaza, pese a que se encontraba en una situación de debilidad manifiesta en razón de su estado de salud. La funcionaria judicial sufrió un accidente cerebro vascular que derivó en dos cirugías de cerebro (embolización y craneotomía) y en posteriores complicaciones de su salud, lo que implicó su incapacidad laboral. Sostuvo que su médico tratante le recomendó el traslado a la ciudad de Bucaramanga, lugar en el que reside su familia, con el fin de recuperarse de manera integral, por lo cual en enero del 2016 elevó petición especial al Consejo de Estado para ser nombrada en un cargo de descongestión en la ciudad de Bucaramanga. Así, la Directora de la Unidad de Carrera Judicial emitió concepto desfavorable de traslado por salud, por la presentación extemporánea de la petición, aduciendo que la vacante, a la que aspiraba la magistrada, se publicó en el mes de noviembre del 2015, razón por la cual los interesados tuvieron como último día para presentar la solicitud de manera oportuna el 11 de noviembre del mismo año. Según la funcionaria, esta respuesta vulneró su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que la Unidad de Administración de Carrera Judicial no realizó la publicación de la vacante de magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, tal como lo ordena el reglamento, para que los interesados hubieran tenido la oportunidad de hacer sus respectivas peticiones, en tiempo, entre ellas, traslado por salud. Según la Corte Constitucional, la Unidad de Administración de Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no desconoce los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de un servidor judicial que solicita traslado por razones de salud cuando emite concepto desfavorable debido a la extemporaneidad de la petición. Para la Corte, tampoco lo hace el Consejo de Estado cuando provee una vacante, de un cargo del cual es nominador, acudiendo a la lista de candidatos conformada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en atención al Registro Nacional de Elegibles vigente. Sin embargo, reconoció que cuando una persona esté en graves condiciones de salud y por prescripción médica se recomiende su traslado a una sede específica, tendrá prioridad sobre la lista de elegibles, siempre que la solicitud sea presentada en término, por lo cual, negó la solicitud de amparo.

Sentencia T 098 de 2017

LA CIRCULACIÓN RESTRINGIDA DEL DATO NEGATIVO NO PUEDE EXTENDERSE HASTA EL PUNTO DE PROHIBIR QUE LA SOCIEDAD PUEDA INFORMARSE SOBRE UN HECHO CIERTO Y OBJETIVO, COMO LO ES UNA CONDENA PENAL. Ello atentaría contra el núcleo esencial de la libertad de expresión, pues siguiendo dicha argumentación, el cumplimiento de una condena penal contemplaría no sólo la extinción de la pena, sino el hecho mismo, y en esa medida, eliminaría el dato histórico sobre la ocurrencia de un conjunto de acciones que condujeron a una condena penal, así como hacer público dicho hecho y la posibilidad de que la sociedad sea informada al respecto. Como ya lo ha reiterado la Corte en decisiones precedentes, el dato negativo de la condena penal sigue cumpliendo importantes funciones constitucionales, y en este caso, informar a la sociedad sobre un dato relevante en la discusión pública en torno a la idoneidad y aptitudes éticas para el desempeño como rector de un colegio, cuando previamente esa persona fue condenada por delitos sexuales contra menores de edad. Confirma M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

Sentencia T 118 de 2017.

SUPERACIÓN DE LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA TUTELA IMPIDEN DECIDIR DE FONDO SOBRE LA MISMA. La Corte Constitucional ha reconocido la posibilidad de que durante el trámite de tutela, los hechos que dieron origen a la misma desaparezcan debido a que el demandado adelantó las gestiones pertinentes para eliminar las circunstancias que dieron origen a la vulneración de derechos fundamentales o colectivos y del medio ambiente, en tal caso se habla de la carencia actual de objeto por hecho superado y por lo tanto el juez no puede emitir pronunciamiento de fondo, al ser inocuo emitir medidas de protección en contra de hechos que ya no existen. Declarar. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 45562 de 2017

CUANDO EN LA CASACIÓN EL RECURRENTE NO PLANTEA LOS CARGOS POR LA VÍA ADECUADA, NO HAY LUGAR A QUE SE MODIFIQUE LA DECISIÓN QUE CONSIDERA EQUIVOCADA. La Sala señala que no asiste razón a los reparos que realiza la opositora respecto al alcance de la impugnación y del único cargo formulado por la demandante, pues, en lo relativo al primero, dable es entender que lo que se busca, una vez casada la sentencia cuestionada, es que esta Corporación provea frente a la indemnización moratoria, entrando a revocar la de primer grado. Además, contrario a lo afirmado por la réplica, el cargo presentado lo fue por la vía indirecta, de allí que se hubiera enunciado el error de hecho que pretende imputársele a la sentencia cuestionada, y su desarrollo hubiera sido fáctico. Adicionalmente aun cuando se alude a la aplicación errónea, para la Sala el mismo corresponde a la aplicación indebida de la norma denunciada. No Casa M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán

Expediente 49383 de 2017

LA DEMANDA DE CASACIÓN DEBE ATENDER UNOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE PUEDA SER ESTUDIADA DE FONDO. La demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una demanda de esta naturaleza y categoría está sometida en su formulación a una técnica especial, que de no cumplirse conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable e imposibilita el estudio de fondo de los cargos. Así, el recurrente debe pedir a la Corte con la mayor claridad posible lo que se pretende de ella, y citar al menos una de las normas sustantivas de carácter nacional que se considere violada. No Casa M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Expediente 45183 de 2017

LA CONVENCIÓN COLECTIVA SUSCRITA ENTRE EL EXTINTO ISS Y EL SINDICATO SINTRAISS ES APLICABLE A LOS TRABAJADORES OFICIALES. Con fundamento en el artículo 38 del Decreto 2351 de 1965, que subrogó el artículo 471 del Código Sustantivo de Trabajo, y lo estipulado en el artículo 3 de la convención colectiva de trabajo, se acredita la extensión de los beneficios convencionales, a quien se declare tuvo la calidad de trabajador oficial, sin que fuere procedente pretender que se demostrase ser miembro del sindicato, mientras no hubiese renunciado expresamente a los beneficios de la misma. Casa M.P. Gerardo Botero Zuluaga

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 25000 22 13 000 2017 00072 01 de 2017.

ES INCONSTITUCIONAL NEGAR LA CUSTODIA A UNO DE LOS PADRES SEÑALANDO QUE NO PERTENECE AL MISMO SEXO DEL MENOR DE EDAD. Señala la Corte Suprema de Justicia que resulta procedente acceder a las pretensiones del escrito de tutela presentado por el padre de la menor de edad, ya que el juez incurrió en vulneración de derechos al establecer un trato injustificado y discriminatorio respecto de su ex esposa, debido a que en la sentencia se decidió negar la custodia al padre debido a que no compartía el mismo sexo de su hija y esta argumentación es a todas luces contraria a la Constitución, al desconocer el derecho a la igualdad, propiciar tratos discriminatorios en contra de una de las partes y desconocer la voluntad de la menor de querer vivir con su padre. Concede. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 46124 de 2017.

CASACIONISTA DEBE DEMOSTRAR LA VULNERACIÓN DE SU DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA PARA PODER ACCEDER A LAS PRETENSIONES DEL RECURSO. No basa con mencionar exclusivamente que tuvo una deficiente defensa por parte de su apoderado respecto de los cargos por los cuales era declarado responsable el ciudadano condenado, ya que para ello se requiere demostrar de manera efectiva que las actuaciones del profesional del derecho no fueron las más idóneas y que debido a las mismas se dejaron de presentar recursos en contra de las pruebas o decisiones que le fueron adversas en la etapa de investigación, por ende no es procedente acceder a la pretensión expresada en el recurso por parte del condenado. No casar. M.P: Luis Guillermo Salazar Otero.

Expediente 49486 de 2017.

DEBERES DEL ESTADO COLOMBIANO FRENTE A EXTRANJEROS QUE SON SOLICITADOS EN EXTRADICIÓN POR SU PAÍS DE ORIGEN. Inclusive en el caso de extranjeros solicitados en extradición por sus países de origen, el Gobierno colombiano tiene la obligación de supeditar la entrega de la persona a que no sea juzgada en ningún caso por hechos anteriores ni distintos a los que motivan la extradición, a no ser sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles. inhumanas o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación, también se le debe brindar un trato justo, asignación de un defensor, oportunidad para controvertir y aportar pruebas y respetar el debido proceso en su juzgamiento. M.P. Eugenio Fernández Carlier.

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

 

Expediente 11001 11 02 000 2014 00155 01 (3383) de 2017

UNO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER LA SENTENCIA SANCIONATORIA ES LA FUNDAMENTACIÓN DE LA CULPABILIDAD. En el caso objeto de estudio, dicha circunstancia se echa de menos en la misma, dado que el juez de primera instancia omitió señalar a qué título se imputaba la falta disciplinaria así como hacer el respectivo estudio del grado de culpabilidad en la comisión de la conducta que generó la incursión en ésta, conducta por la cual el togado resultó siendo sancionado con censura. El artículo 21 ibídem, establece que las modalidades de las conductas sancionables y que dan lugar a la incursión de faltas disciplinarias sólo pueden ser imputadas a título de culpa o de dolo, y si bien en la calificación provisional se determinó que la comisión de la presunta falta se había ejecutado a título de culpa, al momento de la sentencia de primera instancia se omitió referirse a dicho aspecto por lo que se genera una violación al debido proceso en punto del derecho de defensa y contradicción, que habrá ser corregido decretándose la nulidad de la sentencia por este aspecto. Declara M.P. José Ovidio Claros Polanco

Expediente 13001 11 02 000 2015 00163 01 de 2017.

ABOGADO DEBE ASUMIR UNA ACTITUD RESPONSABLE FRENTE A LOS DINEROS QUE RECIBE Y ENTREGA POR CONCEPTO DE SU GESTIÓN PROFESIONAL. De acuerdo a la Ley 1123 de 2007, es deber del profesional del derecho expedir los respectivos recibos donde consten los pagos de honorarios o gastos y en caso de negarse puede incurrir en la comisión de falta disciplinaria, ya que se constituye en una conducta contraria a la honradez del abogado, tal responsabilidad fue omitida por el investigado sin que para ello aportara pruebas de que certificó el manejo de dineros al solicitante, proporcionando datos confusos sobre los mismos y generando una incertidumbre injustificada respecto al destino de los recursos. Confirmar. M.P. Magda Victoria Acosta Walteros.

 

Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil

Expediente 11001 03 06 000 2016 00162 00 de 2017

COMPETENCIA PARA EL RECONOCIMIENTO PENSIONAL A LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Está prevista en el Decreto 813 de 1994, que en su artículo 6 establece el reparto de competencias entre el ISS y las cajas o fondos públicos de previsión. Como quiera que la Ley 100 tenía como propósito que el Instituto de Seguros Sociales fuera el administrador único del régimen de prima media con prestación definida y que las cajas y fondos públicos de previsión se fueran extinguiendo, el mismo artículo en cita estableció en su segunda parte los casos en que el ISS es responsable de reconocer las pensiones de personas que se encuentran en régimen de transición: traslado voluntario al ISS; liquidación de la respectiva caja, fondo o entidad de afiliación del empleado; y cuando al 1 de abril de 1994 el servidor público en régimen de transición no se encontraba afiliado a ninguna caja o entidad de previsión y opta por el régimen de prima media con prestación definida. Declara C.P. Oscar Darío Amaya Navas

Expediente 11001 03 06 000 2016 00188 00 de 2017.

JUEZ NO PUEDE EMITIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE CONFLICTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS CUANDO YA SE REALIZA EL TRASLADO DEFINITIVO DEL AFILIADO A SEGURIDAD SOCIAL. En el caso objeto de estudio resulta necesario emitir fallo inhibitorio respecto del conflicto de competencias administrativas planteado por Colpensiones y Porvenir S.A., debido a que el traslado de la afiliada a la última empresa se anuló y Colpensiones decidió asumir el conocimiento sobre la solicitud de reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, de manera que se evidencia la solución del conflicto de competencias y no hay lugar a decidir sobre el mismo. Declararse inhibida. C.P. Edgar González López. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 76001 23 31 000 2004 02524 02 (1186 2012) de 2017

SANCIÓN MORATORIA POR PAGO TARDÍO DE LAS CESANTÍAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL NIVEL TERRITORIAL. La Ley 344 de 1996 fue reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, el cual en su artículo 1 estableció que dicho régimen de aquellos vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996, que se afilien a los fondos privados es el previsto en artículo 99 de la Ley 50 de 1990 (entre otras normas), que contempla en el numeral 3 una sanción moratoria al empleador por el incumplimiento de la consignación de las cesantías anualizadas antes del 15 de febrero de cada año, consistente en un día de salario por cada día de retardo. Revoca C.P. César Palomino Cortés

Expediente 52001 23 31 000 2010 00505 02 de 2017

DIFERENCIAS ENTRE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL CONTRATO REALIDAD. El contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada. Revoca. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

Expediente 63001 23 33 000 2013 00018 01(2211 2014) de 2017

ELEMENTOS QUE SE DEBEN DEMOSTRAR EN LOS CASOS DONDE SE DISCUTE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN LABORAL DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Deben acreditarse los tres elementos de la relación laboral: la prestación personal del servicio, la cual debe darse de manera permanente; la remuneración respectiva y especialmente, la subordinación y dependencia en el desarrollo de una función pública, de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor público, siempre y cuando la subordinación que se alega no se enmarque simplemente en una relación de coordinación entre las partes para el desarrollo del contrato, en virtud de las particularidades de la actividad para la cual fue suscrito. Confirma C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 08001 23 33 000 2011 00935 01 de 2017.

ACCIONES POPULARES NO PROCEDEN EN LOS EVENTOS DE HECHOS SUPERADOS O INEXISTENTES. Respecto de la acción popular interpuesta por el ciudadano en relación con la operación de la empresa CORELCA S.A. E.S.P., señala el Consejo de Estado que tal medio legal no es procedente teniendo en cuenta que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, debido a que la citada empresa dejó de operar a partir del año 2011 cuando la Presidencia de la República expidió el decreto correspondiente que ordenaba la liquidación y disolución de la sociedad, de modo que no hay pruebas acerca de la vulneración del patrimonio público o de derechos colectivos relacionados con los usuarios; tampoco es procedente reconocer el incentivo económico solicitado por la parte actora ya que a partir de 2010 el mismo fue derogado por la legislación colombiana. Confirma. C.P. Hernán Andrade Rincón.

Expediente 66001 23 31 000 2005 00453 02 (42 350) de 2017.

CARGA DE LA PRUEBA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CORRESPONDE AL DEMANDANTE. Para efectos de repetir en contra de los funcionarios que fueron los presuntos responsables de que la entidad tuviera que pagar la indemnización administrativa, la jurisprudencia ha estipulado que es necesario acreditar por parte del organismo oficial demandante el pago de la condena que tuvo que asumir, para lo cual se requiere aportar la documentación pertinente y demostrar que sus funcionarios fueron los responsables debido a dolo o culpa grave del daño que la entidad indemnizó, la ausencia de la carga probatoria impide al juez fallar de modo favorable las pretensiones de la demanda. Confirma. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 250002327000201100280-01 (20337) de 2017

PRECISAN CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO QUE PRESTA MERITO EJECUTIVO PARA INICIAR COBRO COACTIVO. El inicio de un proceso ejecutivo de cobro coactivo implica necesariamente la preexistencia de un título que preste mérito ejecutivo, esto es, que contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible, así lo aseguró la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al decidir varios recursos de apelación impetrados. Así mismo, explicó que esta obligación debe ser clara, porque los elementos de la obligación (sujeto activo, sujeto pasivo, vínculo jurídico y la prestación u objeto) están determinados o, por lo menos, pueden inferirse de la simple revisión del título ejecutivo. También debe ser expresa, porque se encuentra especificada en el título ejecutivo en cuanto impone una conducta de dar, hacer o no hacer, y finalmente, debe ser exigible, porque no está sujeta al cumplimiento de un plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido. Igualmente, el artículo 828 del Estatuto Tributario precisa los documentos que prestan mérito ejecutivo para el cobro coactivo y que sirven de soporte jurídico para que la administración proceda a iniciar el proceso mediante la emisión del correspondiente mandamiento de pago, en el cual se le ordena al deudor solucionar las obligaciones pendientes a favor de la entidad fiscal.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 25000 23 41 000 2016 01737 01 de 2017.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EXIGIR LA EJECUCIÓN DE DECISIONES JUDICIALES EN FIRME. La sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la acción de cumplimiento se encuentra conforme con las normas legales, toda vez que ese no es el medio para obtener la realización o el acatamiento de los efectos de una decisión judicial debidamente ejecutoriada, ya que si esa es la intención del demandante cuenta con el proceso ejecutivo regulado por los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, para efectos de obligar al responsable a acatar la citada decisión judicial. Confirmar. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

 

Colombia Compra Eficiente

Concepto 769 de 2017

PROCEDIMIENTO EN CASO DE IRREGULARIDADES EN EL COBRO DE UNA GARANTÍA. La Entidad Estatal puede adelantar los procesos correspondientes ante los órganos de control con el fin de determinar las posibles responsabilidades derivadas de un eventual detrimento patrimonial por la caducidad de la acción, y para ejercer vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas. Así mismo, puede acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa por el eventual incumplimiento del intermediario de seguros en su obligación de adelantar todos los trámites correspondientes para obtener el reconocimiento del pago del siniestro.

Concepto 4932 de 2017

CORRESPONDE A CADA ENTIDAD ESTATAL DECIDIR QUÉ MODALIDAD DE SELECCIÓN SE VA A ADELANTAR PARA LA ADQUISICIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS. La selección del contratista se efectúa por regla general a través de licitación pública, no obstante, la Ley 1150 de 2007 establece otras modalidades de selección de contratistas según la naturaleza, cuantía y características de los bienes o servicios a adquirir. De acuerdo con la normativa legal y reglamentaria vigente que regula la actividad contractual del Estado, la Entidad Estatal contratante es autónoma para adelantar los procesos de contratación, así como de elegir la modalidad de selección a utilizar, las condiciones que deben acreditar el contratista y el tipo de contrato a celebrar.

 

Departamento Administrativo de la Función Pública

 

Concepto 102421 de 2017

NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE EMPLEADOS PÚBLICOS. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 160 del 5 de febrero de 2014, por el que se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos, el cual es de aplicación a los empleados públicos de todas las entidades y organismos del sector público, con excepción de: los empleados públicos que desempeñen empleos de alto nivel político, jerárquico o directivo, cuyas funciones comporten atribuciones de gobierno, representación, autoridad o de conducción institucional, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas públicas; los trabajadores oficiales; los servidores de elección popular o los directivos elegidos por el Congreso o corporaciones territoriales, y, el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Concepto 108771 de 2017

A LOS TRABAJADORES OFICIALES NO LES SON APLICABLES LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS DECRETOS 2400 DE 1968, 1083 DE 2015, NI EN LA LEY 909 DE 2004.Se debe acudir entonces al contrato individual de trabajo, la convención colectiva y el reglamento interno de trabajo, en los cuales deben estar definidas las condiciones para autorizar o conceder situaciones administrativas para proveer vacancias temporales de los trabajadores oficiales por motivo de vacaciones de sus titulares.

 

Superintendencia de Industria y Comercio

 

Concepto 59323 de 2017

DIFERENCIAS ENTRE AGENCIAS Y SUCURSALES. Las agencias como las sucursales están clasificadas por la regulación mercantil como establecimientos de comercio y se diferencian por el alcance de su administración, una con poder de representación y la otra (agencia comercial) sin representación donde su administrador es un simple dependiente. Sin embargo, se asemejan en cuanto a que ninguna de las dos son sociedades distintas a la sociedad principal.