Junio 22 del 2017

Corte Constitucional

Sentencia T 149 de 2017

LA CORTE HA PROTEGIDO EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA, EN SU DIMENSIÓN DE HABITABILIDAD SIEMPRE QUE EXISTA UN RIESGO EXTRAORDINARIO SOBRE UNA UNIDAD FAMILIAR OCASIONADO POR UNA CAUSA EXTERNA. En estos casos, la solución adoptada por la jurisprudencia constitucional depende del nivel de la concurrencia de los elementos para determinar si el riesgo es de esos que las personas no están en la posibilidad de soportar (específicos, individualizables, concretos, presentes, importantes, serios, claros, discernibles, excepcionales y desproporcionados), pues entre mayor sea el número de características confluyentes, mayor deberá ser el nivel de protección dispensado por las autoridades a la seguridad personal del afectado. Revoca M.P. María Victoria Calle Correa

 Auto 096 de 2017

IDENTIFIQUE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL TRÁMITE DE CUMPLIMIENTO Y EL INCIDENTE DE DESACATO. Si bien el trámite de cumplimiento y el incidente de desacato buscan asegurar que la salvaguarda del derecho fundamental protegido se materialice, la jurisprudencia constitucional ha determinado los aspectos que permiten diferenciar estas figuras: – Obligatoriedad: El cumplimiento es oficioso y obligatorio, por el compromiso que adquiere el juez constitucional respecto del pronto y pleno cumplimiento de su decisión, tras proferir un fallo estimatorio. El desacato, en cambio, es secundario, lo que supone que el juez deba acudir a él subsidiariamente, cuando, en los términos de la situación específica de que se trate, las medidas adoptadas en ejercicio de la verificación del cumplimiento no hayan sido suficientes para hacer cumplir la orden de protección de los derechos fundamentales. – Naturaleza de la responsabilidad exigida: La responsabilidad del cumplimiento es objetiva. A su vez, la responsabilidad exigida para imponer una sanción por desacato es subjetiva, lo cual implica demostrar la negligencia de la autoridad o del particular concernido, esto es, que entre su comportamiento y el incumplimiento del fallo existe un nexo causal sustentado en la culpa o en el dolo. – Función del encargado de impulsarlas: Ambas figuras se diferencian en función de la persona que está a cargo de impulsarlas, pues, mientras el desacato se inicia a petición del interesado, el cumplimiento debe iniciarse de oficio cuando el interesado o el Ministerio Público lo soliciten. En suma, se ha reconocido el amplio margen de acción que el trámite de cumplimiento y el incidente de desacato les conceden a los jueces de tutela, tanto para materializar las órdenes de protección impartidas en la decisión de amparo, como para garantizar los derechos fundamentales de quienes intervienen en el trámite incidental. El alcance de los poderes con que cuentan en esa materia ha sido delimitado atendiendo a la especial responsabilidad que los vincula con la satisfacción de ambos propósitos.

Sentencia T 268 de 2017

LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL HA TUTELADO EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, EN TANTO ES UNA VIOLACIÓN AL DERECHO AL MÍNIMO VITAL. Ninguna persona puede vivir sin alimentarse, y no se puede conservar la salud ni la integridad, si la alimentación no es adecuada y suficiente. Como consecuencia de la relación de especial sujeción existente entre los internos y el Estado, este último tiene el deber constitucional y legal de proporcionarle a los reclusos la alimentación adecuada y suficiente que garantice la protección de sus derechos a la salud, a la vida y a la integridad, pudiendo incluso, autorizar el suministro de una alimentación especial, de acuerdo con los requerimientos médicos de cada interno. Revoca parcialmente. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

Sentencia T 143 de 2017

EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y ACCESIBILIDAD ES UNA OBLIGACIÓN ESTATAL DE IMPERATIVO CUMPLIMIENTO CON PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. Los Estados no pueden alegar tropiezos económicos para justificar ambientes de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en la materia y que no respeten la dignidad inherente del ser humano, pues más allá de estas consideraciones sustanciales y de los problemas estructurales, existe en la sociedad y también en la administración un deber irrenunciable en la satisfacción de unos presupuestos materiales de existencia para la población privada de la libertad. Revoca. M.P. María Victoria Calle Correa

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 44946 de 2017

EN LOS PROCESOS EN LOS QUE CÓNYUGES Y COMPAÑEROS PERMANENTES DISPUTAN LA PENSIÓN DEL CAUSANTE, LA REGLA GENERAL ES QUE EL CONTRADICTORIO SE INTEGRE CON LA FIGURA DE LOS INTERVINIENTES «AD EXCLUDENDUM». Así, tiene razón el recurrente, puesto que el juez de segunda instancia se equivocó al concluir que era necesario integrar un litis consorcio entre la cónyuge sobreviviente, demandante, y la presunta compañera del mismo, puesto que según lo tiene establecido esta Sala, ni por previsión legal, como tampoco por la naturaleza de la relación jurídico sustancial que dio origen al juicio se da la exigencia señalada por el sentenciador, ya que esa vinculación no está formada por un conjunto plural de sujetos que no pueda dividirse, sino que por el contrario cada uno de los beneficiarios puede ejercer su acción con prescindencia de los demás. No Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Expediente 48072 de 2017

LAS PENSIONES DE ORIGEN EXTRALEGAL CAUSADAS ANTES DEL 17 DE OCTUBRE DE 1985 SON COMPATIBLES CON LA DE VEJEZ RECONOCIDA POR EL ISS, A MENOS QUE SE ACUERDE LO CONTRARIO. Tal y como lo determinó el juez de segunda instancia, si bien la pensión de jubilación convencional fue reconocida al actor antes del 17 de octubre de 1985, y en principio esta sería compatible con la de vejez, lo cierto es que en el parágrafo del artículo décimo cuarto de la convención colectiva vigente del 1 de septiembre de 1983 al 31 de agosto de 1985, y que el mismo recurrente allegó junto con la demanda, debidamente depositada, se previó la compartibilidad de la prestación, esto es, que la empresa cubriría al trabajador la diferencia por el tiempo de servicio y los porcentajes derivados de la asunción del riesgo por parte del extinto ISS. No Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

Expediente 48586 de 2017

CUANDO SE TRATA DE UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL, ES LA MISMA CONVENCIÓN LA QUE DETERMINA LA FORMA DE CALCULAR EL IBL, ASÍ COMO LOS FACTORES SALARIALES QUE LO INTEGRAN. Así, señala la Sala que para tales efectos, no es dable acudir al Acuerdo de Junta Directiva JD-0055 de 1 de julio de 1993 y a la Resolución JD-0012 de 30 de enero de 1992, como lo pretende el recurrente, pues aun cuando en dichas probanzas se alude a una pensión de jubilación por cumplir 25 años de servicio y que la misma sería una suma equivalente al 75% de lo devengado en el último año de servicio, tal situación no puede extenderse al recurrente, en la medida que su derecho emana de un acuerdo convencional y ello sería quebrantar el principio de inescindibilidad, so pretexto de una aplicación más favorable a sus intereses. No Casa. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 11001 02 03 000 2013 00173 00 de 2017.

LA PRUEBA RECUPERADA EN LA QUE SE APOYA EL RECURSO DE REVISIÓN DEBE SER DE CARÁCTER DOCUMENTAL. El hallazgo de una prueba novedosa luego de proferirse la sentencia cuya revisión se pretende, implica que se deba cumplir el requisito establecido por la Corte Suprema de Justicia en el ámbito civil relacionado con el hecho de que la prueba recuperada debe ser documental, lo cual comprende a los escrito, planos, dibujos, fotografías, y por lo general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, de conformidad con lo expuesto por el artículo 243 del Código General del Proceso. Declarar. M.P. Luis Alonso Rico Puerta.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 44958 de 2017.

SE DEBE ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL DOLO Y SU CORRESPONDENCIA CON EL HECHO INVESTIGADO PARA DECRETAR LA RESPONSABILIDAD DEL INVESTIGADO. Al haber emitido el funcionario judicial investigado la resolución mediante la cual consideraba que no había motivos suficientes para continuar el proceso penal en contra del detenido, tal actuación no se puede considerar contraria a las normas ya que la ley otorga al juez la suficiente libertad y discrecionalidad para valorar las pruebas y determinar si son suficientes para demostrar la responsabilidad del acusado con la conducta punible denunciada, y tal libertad solo es limitada por las reglas de valoración de la sana crítica y los debates pertinentes que puedan surgir en el marco del proceso penal, de modo que al no haberse demostrado que la decisión del juez era ilegal tampoco se puede predicar la existencia de un delito. Confirmar. M.P. Eyder Patiño Cabrera.

Expediente 48253 de 2017.

PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN NO PUEDE LIMITARSE A LA SIMPLE OPOSICIÓN RESPECTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA. A pesar de las posibles diferencias que puedan presentarse entre el casacionista y la Fiscalía respecto del alcance de los verbos rectores que componen el delito de actos sexuales con menor de edad, se debe señalar que los argumentos presentados por el responsable en contra de la sentencia condenatoria no son suficientes para la admisión del recurso, teniendo en cuenta que se constituyen en una simple inconformidad con la providencia judicial sin indicar de manera puntual y con la debida carga argumentativa, cuáles fueron los errores en que pudo haber incurrido el juez al momento de emitir su decisión y que puedan ser contrarios a la ley. No admitir. M.P. Eugenio Fernández Carlier.Temas: Casación. Inconformidad. Providencia judicial. .

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 76001 11 02 000 2012 01457 01 de 2017.

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA REALIZAR EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL PROCESO DISCIPLINARIO. La Ley 734 de 2002 establece que en cualquier etapa de la actuación disciplinaria el funcionario competente puede determinar la terminación del proceso cuando se evidencia alguno de los siguientes supuestos: inexistencia del hecho atribuido, la conducta no está tipificada como falta disciplinaria, el investigado no cometió la infracción, hay causal de exclusión de responsabilidad o que la actuación no puede iniciarse o proseguirse, en tal caso el funcionario debe motivar su decisión de terminar el procedimiento y ordenará el archivo definitivo de las diligencias a favor del denunciado. Modificar. M.P. Magda Victoria Acosta Walteros.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Expediente 70001 23 33 000 2016 00124 01 de 2017.

INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN EN CONTRA DE MEDIDAS CAUTELARES IMPIDE LA EJECUTORIA DE LA DECISIÓN PROFERIDA POR EL JUEZ. Respecto de la pérdida de investidura que se alega en contra del demandado por indebida destinación de dineros públicos, se debe señalar que no hay razón para decretar la prosperidad de las pretensiones teniendo en cuenta que el pago de los honorarios a un concejal cuyo acto de elección fue demandado se hizo de manera correcta, ya que a pesar de haberse proferido medidas cautelares las mismas fueron objeto del recurso de reposición por parte del citado concejal y hasta tanto no se resolviera el recurso tampoco se configuraba la ejecutoria de la decisión, lo cual solo sucedió después de que se efectuar el pago de los honorarios ya mencionados. Confirmar. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 13001 23 33 000 2013 00365 01 (3825 2014) de 2017

A LOS DOCENTES VINCULADOS DESPUÉS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1980 NO SE LES PUEDE RECONOCER LA PENSIÓN GRACIA. Serán acreedores de la prestación establecida en el literal B del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, o sea la pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año, otorgada por igual a docentes nacionales o nacionalizados, hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. Confirma C.P. William Hernández Gómez

Expediente 13001 23 33 000 2013 00597 01 (0945 2015) de 2017

RÉGIMEN ESPECIAL DE JUBILACIÓN DE LOS MÉDICOS, ENFERMERAS Y DEMÁS PERSONAL VINCULADO A SANATORIOS, DISPENSARIOS Y ESTABLECIMIENTOS AL SERVICIO DE LA CAMPAÑA ANTITUBERCULOSA. Conforme al artículo 1 de la Ley 84 de 1948, los médicos, enfermeras y demás personal que comprueben haber trabajado continua o discontinuamente durante veinte años en sanatorios, dispensarios u otros establecimientos al servicio de la campaña antituberculosa oficial, tienen un régimen especial de jubilación, el cual prescribe la forma de liquidar la prestación, con las dos terceras partes del último sueldo devengado, sin especificar los factores a considerar para la integración de la mesada base de liquidación, por lo que debe aplicarse lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. Confirma. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Expediente 18001 23 33 000 2013 00085 01 (4232 2014) de 2017

CASOS EN QUE PROCEDE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Es una prestación que tiene lugar por la muerte de un pensionado por invalidez o vejez, o cuando fallece habiendo cumplido con los requisitos para la prestación aun cuando no ha sido reconocida, como también cuando el trabajador o empleado del sector público fallece después de haber completado el tiempo de servicio requerido por la ley para adquirir el derecho a la pensión. Revoca. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 73001233100020100028501 (42796) de 2017

CONDENAN A LA RAMA JUDICIAL POR NEGLIGENCIA EN PROCESO DE SUCESIÓN. La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Rama Judicial a indemnizar a una familia por los perjuicios que le ocasionó un juzgado de familia de Ibagué (Tolima) durante un proceso de sucesión, después del fallecimiento del padre. En el 2007, el juzgado nombró un secuestre de los inmuebles que se encontraban en arriendo mientras se fallaba el proceso, debido a que existía desacuerdo entre los herederos. Un año después, el juzgado falló el proceso y la familia solicitó que el secuestre, encargado de custodiar los bienes, entregara los dineros de los arriendos para incluirlos en la partición, puesto que nunca fueron consignados en la cuenta de depósitos judiciales, como era su deber. Solo hasta inicios del 2009, reseña el expediente judicial, el secuestre entregó un informe con las cuentas, admitiendo que existía un saldo faltante de más de $ 50 millones. Este dinero no se entregó finalmente. Aunque a finales del 2008 el mismo juzgado le quitó la competencia al auxiliar de la justicia para seguir administrando los bienes, la Sección Tercera encontró que este permaneció indiferente durante todo el tiempo de trabajo del secuestre. Lo anterior en tanto no existen pruebas de que el juzgado hubiese requerido a esta persona por iniciativa propia, sin que mediase solicitud de los interesados. “Resulta evidente que, con su comportamiento, dicho despacho omitió el cumplimiento de sus funciones de director del proceso, como quiera que no intervino de ningún modo para verificar si el secuestre estaba llevando a cabo sus obligaciones, pues, no obstante que aquél no le rendía cuentas, tampoco lo requirió durante cerca de 18 meses para que lo hiciera, con lo que incumplió las obligaciones y deberes que le imponía el Código de Procedimiento Civil”, indica la sentencia. Y concluye que de haber desarrollado sus funciones a cabalidad el togado se habría percatado de la negligencia y la actuación irregular del secuestre y solicitado oportunamente la rendición de cuentas respectiva, así como ejercer las medidas tendientes a relevarlo de ese cargo cuando era necesario

Expediente 50001 23 31 000 2005 30302 01 (42935) de 2017.

ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS PERJUICIOS INMATERIALES EN LOS PROCESOS DE REPARACIÓN DIRECTA. Las decisiones del Consejo de Estado en relación con esta clase de perjuicios han considerado que su tipología se componen de la siguiente manera: perjuicios morales, el daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico), y cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional protegido que no se comprenda dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica; la indemnización de estos perjuicios puede efectuarse siempre que se acredite en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, es decir que si no se comprueba la existencia de los mismos el juez no puede ordenar en ningún momento el pago al afectado. Revocar. C.P. Hernán Andrade Rincón.

Expediente 11001 03 26 00 2017 00006 00 (58544) de 2017.

NOTIFICACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO DE AUTOS QUE ADMITEN RECURSOS DE ANULACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES. Aunque no hay norma expresa que defina la notificación de la admisión del recurso de anulación al Ministerio Público, se debe tener en cuenta que el numeral 3º del artículo 198 de la Ley 1437 de 2011 establece la obligación de notificar personalmente a dicha entidad el auto admisorio del recurso en segunda instancia, o aquel relacionado con el recurso extraordinario en cuanto no actúe como demandante o demandado, de modo que al ser el recurso de anulación un medio de carácter extraordinario se debe proceder tal como lo disponga la norma. Avocar. C.P. Hernán Andrade Rincón.

Expediente 25000 23 26 000 2009 00463 01 (43 210) de 2017.

LA CULPA GRAVE DE LA VÍCTIMA GENERA LA INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ESTATAL POR LOS DAÑOS CAUSADOS. Se debe confirmar la sentencia de primera instancia que exoneró a la Fiscalía de responsabilidad en relación con el daño padecido por la parte demandante, en el marco de una medida de aseguramiento proferida en su contra que implicó la detención en establecimiento carcelario, ya que tal como se pudo demostrar fueron varias las actitudes y comportamientos poco claros de la víctima los que dieron origen a la investigación penal por parte de la autoridad competente, y la jurisprudencia ha sido clara al señalar la inexistencia de responsabilidad del Estado cuando se comprueba el dolo o la culpa grave del demandante. Confirmar. C.P. Hernán Andrade Rincón.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 11001 03 27000 2013 00021 00 (20179) de 2017.

LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN NO PUEDEN SER EQUIPARADOS A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. Manifiesta el Consejo de Estado que los costos de producción equivalen a aquellas erogaciones asociadas de modo directo con la producción de bienes o prestación de servicios, mediante las cuales las empresas de servicios públicos obtienen sus ingresos en desarrollo de su actividad, en cambio los gastos de funcionamiento corresponden a las erogaciones que, a diferencia de los costos, se usan de modo directo o indirecto y que son necesarias para cumplir las funciones propias de la actividad de tales empresas. Declara. C.P. Milton Chaves García.

 

Colombia Compra Eficiente

Concepto 5005 de 2017

¿SI UNA PERSONA SE PRESENTA A UN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA COMO PERSONA SINGULAR Y SALE FAVORECIDA EN EL SORTEO, PUEDE POSTERIORMENTE PRESENTAR LA OFERTA COMO PROPONENTE PLURAL?. Sí, el interesado en participar debe hacer la manifestación de interés, y si quedó seleccionado dentro del sorteo puede presentar la oferta de forma plural sin que sea necesario que cada uno de los integrantes de la estructura plural realice dicha manifestación.

 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Decreto 883 de 2017.

SE REALIZA MODIFICACIÓN A LA ÚLTIMA REFORMA TRIBUTARIA EN RELACIÓN CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSIÓN EN ZONAS DE CONFLICTO ARMADO. El Ministerio de Hacienda emitió el Decreto Ley 883 de 2017, mediante el cual modificó la Ley 1819 de 2016 con el fin de incluir a las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos, en la forma de pago de obras por impuestos y así permitir la obtención de beneficios tributarios a las sociedades que realicen inversiones en materia de suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación pública, construcción y reparación de infraestructura vial en las zonas más afectadas por el conflicto armado – ZOMAC

 

Ministerio de Justicia y del Derecho

 

Decreto 889 de 2017

ADICIONAN PARÁGRAFO TRANSITORIO AL DECRETO POR EL QUE SE DICTA EL RÉGIMEN PROCEDIMENTAL DE LOS JUICIOS Y ACTUACIONES QUE DEBEN SURTIRSE ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Adiciona un artículo transitorio al Decreto 2067 de 1991. La Corte Constitucional, por decisión que deberá ser adoptada por la mayoría de sus miembros, podrá suspender los términos de los procesos ordinarios de constitucionalidad que cursen ante la Sala Plena, cuando esta considere que así se justifica, para que priorice el control automático, único y posterior de constitucionalidad de que trata el literal k) del artículo 1 y el inciso 3 del artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016.