Junio 23 del 2017

Superintendencia Financiera de Colombia

Concepto 19188 de 2017.

QUIENES RECIBEN INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA NO PUEDEN SEGUIR COTIZANDO PARA PENSIÓN DE VEJEZ. Atendiendo a la naturaleza legal de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, con la cual se busca garantizar el acceso del derecho a la seguridad social para aquellos afiliados que no están en condiciones de seguir cotizando, se debe tener en cuenta que es procedente que la persona que recibe la indemnización sustitutiva siga cotizando para cubrir el riesgo por invalidez y muerte, mas no para pensión de vejez ya que no satisfizo los requisitos de ley para acceder a dicho beneficio.

 

Corte Constitucional

Sentencia T 182 de 2017

DEBIDO A LA RELACIÓN DE SUJECIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS RECLUSOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS PROTEGER LA DIGNIDAD HUMANA, VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL DE LA POBLACIÓN CARCELARIA. En el contexto de un establecimiento de reclusión, esto se traduce en un actuar eficaz y célere para conjurar cualquier tipo de amenaza de los derechos de los internos por parte de otros reclusos, terceros particulares o personal estatal. Así, deben tomarse las medidas que cada caso amerite, que pueden ser albergar a los internos en patios o establecimientos especiales si ostentan alguna calidad que lo requiera, la adopción de medidas de seguridad preventivas, realizar estudios técnicos de nivel de riesgo y, en algunos casos, el traslado a otros establecimientos de reclusión cuando sea necesario para garantizar al recluso el cumplimiento de la detención preventiva o de la pena con observancia de los derechos fundamentales. Declara. M.P. María Victoria Calle Correa

Sentencia T 240 de 2017

INCERTIDUMBRE SOBRE LA FILIACIÓN DE UN MENOR NO DEBE IMPEDIR SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL. Un doble conflicto suscitado sobre el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de una menor de 16 años de edad tuvo que resolver la Corte Constitucional, luego de que esta acudiera a la acción de tutela solicitando su inscripción en el registro civil de nacimiento, al que pidió, además, adicionarle la información de su madre biológica y definir, con ello, su filiación. Precisamente, sobre la última petición, la corporación recordó que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para establecer la filiación ni para investigar la maternidad o la paternidad. En particular, porque en la legislación nacional se han consagrado varios mecanismos judiciales, a través de los cuales puede solicitarse el esclarecimiento de la situación jurídica con la familia biológica y, con ellos mismos, hacer exigibles las obligaciones constitucionales y legales que se derivan en beneficio propio.No obstante, advirtió que ese argumento, la incertidumbre en la filiación, no es excusa para que las autoridades competentes omitan inscribir en el registro civil de nacimiento a un menor de edad, ni, tampoco, para declarar improcedente las solicitudes de amparo constitucional que buscan ordenar a la autoridad correspondientes a realizar la inscripción. En efecto, hizo ver que el estrecho vínculo entre el reconocimiento de la personalidad jurídica y los derechos a la identidad y el libre desarrollo de la personalidad conlleva a que la omisión de este trámite impida al Estado tener noticia de la existencia física de la persona y, por lo tanto, sea difícil considerarla como sujeto de derechos. Por eso, en el caso analizado, ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil a inscribir a la accionante en el libro del registro civil de nacimiento, de conformidad con los trámites fijados en los artículos 50, 61 y 62 del Decreto 1260 de 1970.

Sentencia T 159 de 2017

EN LOS CASOS DE TRASLADOS POR RAZONES DE SALUD, ES NECESARIO PONDERAR EL DERECHO A LA SALUD Y VIDA DEL FUNCIONARIO Y SUS FAMILIARES FRENTE AL DE ACCESO A LOS CARGOS PÚBLICOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES. Cuando se presenta un enfrentamiento entre un funcionario de carrera que solicita su traslado por razones de salud y el primer candidato del listado de elegibles elaborado para proveer la misma vacante, no basta con una ponderación de las calidades y méritos de uno y otro, sino que el ente nominador debe también tener en cuenta la situación fáctica en la que se encuentra quién solicita el traslado por razones de salud, en tanto en la hipótesis bajo estudio no sólo está en juego la protección del derecho a acceder a cargos públicos en igualdad de oportunidades, sino también la del derecho a la salud e incluso, a la vida del funcionario y sus familiares. Confirma M.P. María Victoria Calle Correa

Sentencia T 152 de 2017

UNA INSTITUCIÓN NO PUEDE PROMOVER LA IDENTIFICACIÓN Y ADHESIÓN DEL ESTADO A UNA DETERMINADA RELIGIÓN. Existe un deber de neutralidad en materia religiosa, de acuerdo con el cual el Estado tiene prohibido establecer una religión o iglesia oficial; identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión, realizar actos oficiales de adhesión a una creencia; tomar medidas o decisiones con una finalidad exclusivamente religiosas; y adoptar políticas cuyo impacto sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia. Por tanto, en el caso concreto, se evidenció que la Policía desconoció el principio de laicidad, al incorporar en el mensaje institucional un contenido que guarda relación con la religión Católica, promoviendo así la identificación y adhesión del Estado a una determinada religión. Revoca M.P. Alejandro Linares Cantillo

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 49469 de 2017

EN EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN NO SE PUEDE ADUCIR LA VIOLACIÓN DE UNA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO, EN TANTO NO ES UNA NORMA DE CARÁCTER SUSTANCIAL DE ALCANCE NACIONAL. Se trata de un acuerdo de su propio género o especie celebrado entre uno o varios empleadores, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, que fija las condiciones que rigen los contratos de trabajo durante su vigencia. Por ello, no es correcto incluir en la acusación como infringidas sus preceptivas o cláusulas, como cuando el impugnante sostiene en el cargo que la aplicación indebida del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, trajo como consecuencia la falta de aplicación del artículo 42 de la Convención Colectiva 1990 – 1992. No Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas

Expediente 51034 de 2017

TRATÁNDOSE DE UN EMPLEADO PÚBLICO DE LAS ESE, LOS DERECHOS CONSOLIDADOS DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL DECRETO 1750 DE 2003, NO ES POSIBLE OTORGARLOS TENIENDO COMO FUENTE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO. Como no es factible jurídicamente aplicarle a un empleado público una norma convencional, máxime que la fuente legal de esta clase de derechos que lo es el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, se refiere expresamente a que las condiciones a fijar regirán son los contratos de trabajo, se deduce que los empleados públicos de la Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe, que a partir de la escisión del ISS que se produjo el 26 de junio de 2003 dejaron de estar vinculados por una relación contractual laboral, como ocurrió con la demandante, no pueden beneficiarse de la convención colectiva de trabajo, salvo que de conformidad con el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, se trate de un derecho adquirido ya sea legal o convencional que se hubiera consolidado con antelación a la escisión del Instituto de Seguros Sociales y bajo la condición de trabajadora oficial, que no sería el caso del reconocimiento o reliquidación de la pensión de jubilación implorada en esta litis en los términos del artículo 98 convencional, por haberse causado el derecho el 16 de Diciembre de 2004 siendo la accionante empleada pública. No Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Expediente 47675 de 2017

EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, POR SU ESENCIA COMPORTA EL ENFRENTAMIENTO LÓGICO JURÍDICO DE LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO CON LA LEY.Corresponde a la Corte hacer el control de legalidad, esto es, verificar si el sentenciador aplicó la norma que correspondía, si la entendió en su genuino sentido, o si definió el asunto bajo el amparo de una normativa equivocada; infracciones todas ellas que el Tribunal ha podido protagonizar desde el punto de vista meramente fáctico o desde el jurídico, senderos que tienen reglas propias que los hacen autónomos. No Casa. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 54202017 (73001221300020170006901) de 2017

FALLO PRECISA NATURALEZA DEL RÉGIMEN DE VISITAS FRENTE A LA FAMILIA EXTENSA. Un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia empieza explicando que el proceso de regulación de visitas está reservado, exclusivamente, para los progenitores de los menores, por ser quienes ostentan y ejercen la custodia y el cuidado personal de estos. Lo anterior quiere decir que se excluye a la familia extensa, entre ellos, los abuelos (maternos o paternos). De ahí que estos no están legitimados para promover tal actuación, a menos que, como ha ocurrido de manera excepcional en ciertos casos, adquieran su custodia. No obstante, y en virtud del numeral 14 del artículo 21 del Código General del Proceso, la Sala  precisó que el juez de familia debe buscar que se dé la integración del menor en un medio adecuado para su desarrollo y que, a su vez, estreche los vínculos con su familia extensa en un ambiente equilibrado y armónico de afecto y confianza, con la aceptación de su progenitor. Ello si se tiene en cuenta que la falta de proximidad con la familia extensa puede desembocar en problemas para el desarrollo de la personalidad y quebranta una serie derechos como es el de tener, conocer y relacionarse con otros miembros de la familia, fin al que está obligada, en primer lugar, la familia, luego, la sociedad y el Estado. En relación con el caso concreto, el alto tribunal rechazó categóricamente la conducta desplegada tanto por el padre como la de los abuelos maternos de una niña (la progenitora murió cuando tenía tres años), quienes privilegiaron sus sentimientos e intereses personales al enfrascarse en una serie de discusiones “bizantinas” alrededor de quién ejercía mejor su cuidado.

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 42753 de 2017.

TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL SE AUMENTA EN UNA TERCERA PARTE PARA EL CASO DE SERVIDORES PÚBLICOS. El Código Penal establece que la prescripción de la acción penal opera durante la etapa instructiva si transcurre un término igual al máximo de la sanción privativa de la libertad, pero en ningún caso puede ser inferior a cinco (5) años ni superior a veinte (20) años, pero debe tenerse en cuenta que en caso de cometerse la conducta penal por parte de un servidor público en el ejercicio de sus funciones el término de prescripción se aumenta en una tercer aparte. No casar. M.P. Eugenio Fernández Carlier.

Expediente 36784 de 2017.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ORDENA INDEMNIZAR A YIDIS MEDINA POR AFECTACIÓN DE SU DERECHO AL BUEN NOMBRE. La Corporación ordenó a María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno efectuar el pago de los daños morales causados a Yidis Medina, debido a la interceptación ilegal de llamadas telefónicas de la afectada por parte del extinto DAS y la publicación de una serie de informaciones que la relacionaban con la comisión de conductas punibles que nunca realizó, también ordenó a los responsables publicar en un diario de amplia circulación de Barrancabermeja disculpas públicas por haber afectado el buen nombre de la reclamante. Negar. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero.

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

 

Expediente 18001 11 02 000 2014 00699 01 (12042 29) de 2017.

ACUERDO EXPRESO ENTRE EL CLIENTE Y EL ABOGADO DE NO PRESENTAR RECURSO DE APELACIÓN EXONERA AL ÚLTIMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD. No era procedente iniciar la investigación disciplinaria en contra del profesional del derecho denunciado por no haber presentado el recurso de apelación, en el marco de una sentencia de reparación directa que resultó adversa a los intereses de su representado (hoy quejoso), ya que como se pudo demostrar entre el disciplinado y el denunciante se había llegado al acuerdo de no interponer el recurso de apelación teniendo en cuenta que la pérdida del proceso se dio como producto del mismo debate probatorio, lo cual llevó a concluir que no era adecuado impugnar la sentencia y a consignar tal voluntad del cliente en el documento de paz y salvo aportado por el abogado. Revocar. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.

Expediente 54001 11 02 000 2014 00682 01 de 2017

CUANDO EL ABOGADO SE COMPROMETE CON UNA REPRESENTACIÓN JUDICIAL, SE OBLIGA A REALIZAR EN SU OPORTUNIDAD ACTIVIDADES PROCESALES EN ORDEN A FAVORECER LA CAUSA CONFIADA A SU GESTIÓN. Desde ese momento cobra vigencia el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados, cargo que envuelve la obligación de actuar positivamente con prontitud y celeridad frente al encargo, haciendo uso de todos los mecanismos legales para el efecto; luego si posteriormente injustificadamente se aparta de la obligación de atender con rigor la gestión encomendada, incumpliendo cualquiera de estas exigencias, subsume su conducta en falta contra la debida diligencia profesional. Confirma M.P. María Lourdes Hernández Mindiola

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Expediente 11001 03 24 000 2010 00312 00 de 2017.

EL TITULAR DE UNA MARCA CON ELEMENTOS DE USO COMÚN NO PUEDE PROHIBIR SU UTILIZACIÓN PARA CONFORMAR OTRO SIGNO DISTINTIVO. La doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que no es procedente conceder el uso exclusivo a un titular de signos de uso común, de modo que este tampoco puede impedir que otros la usen en la conformación de otros signos distintivos; pero en la familia de marcas el titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser empleado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que vende el titular del conjunto de marcas y además genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. Negar. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 03 25 000 2011 00595 00 (2271 2011) de 2017

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO EN LOS EVENTOS EN QUE SE EMITE UN ACTO DE EJECUCIÓN DE UNA SANCIÓN DISCIPLINARIA. En los asuntos en los que se emitió un acto que ejecutó la sanción disciplinaria de retiro temporal o definitivo del servicio y tal acto sea el que materialice la situación laboral del disciplinado, el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se debe computar desde ese acto de ejecución. Por el contrario, en los casos en los que no exista el acto que ejecute la sanción disciplinaria de retiro temporal o definitivo o si dicho acto no tiene relevancia frente a los extremos temporales de la relación laboral, el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se debe computar a partir de la ejecutoria del acto definitivo que culminó el proceso administrativo disciplinario. Declara C.P. Gabriel Valbuena Hernández

Expediente 11001 03 25 000 2014 00897 00 (2747 2014) de 2017

LAS NULIDADES PROCESALES NO PUEDEN CONFUNDIRSE CON LAS QUE SE ORIGINAN EN LA SENTENCIA. Mientras las primeras se estructuran cuando quiera que se dan los motivos consagrados taxativamente en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, las segundas deben interpretarse restrictivamente con unos determinados supuestos fácticos. Esta Corporación ha precisado que la nulidad originada en la sentencia puede ocurrir cuando el Juez provee sobre asuntos respecto de los cuales carece de jurisdicción o competencia; cuando, sin ninguna actuación, se dicta nuevo fallo en proceso que terminó normalmente por sentencia en firme cuando sin más actuación, se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual se aceptó el desistimiento, aprobó la transacción, o, declaró la perención del proceso, pues ello equivale a revivir un proceso legalmente concluido; cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el trámite previo correspondiente, toda vez que ello implica la pretermisión íntegra de la instancia; cuando el demandado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda, o por causa diferente de la invocada en ésta; cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello también se pretermite íntegramente la instancia; o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida. Declara C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, César Palomino Cortés y Carmelo Perdomo Cuéter

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 76001233100020070129801 (54046) de 2017

ASÍ ES LA MILLONARIA CONDENA A LA NACIÓN POR MUERTE DE ESTUDIANTE EN OPERATIVO DEL ESMAD. El Consejo de Estado condenó recientemente a la Policía Nacional al pago de $ 700 millones por la muerte de un estudiante de Ingeniería Química de la Universidad del Valle, en Cali, y por las lesiones causadas a otro joven, durante una protesta que se presentó hace 12 años en inmediaciones de la institución educativa. Con ponencia del consejero Hernán Andrade Rincón, la Sección Tercera precisó que, aunque la actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) estuvo precedida de un fin legítimo, como era evitar que los estudiantes bloquearan la vía pública, desconoció en el operativo los principios de precaución y proporcionalidad para evitar que se ocasionaran daños a los manifestantes.“Solo el hecho de hacer parte de una protesta ciudadana no representa la trasgresión al ordenamiento jurídico, puesto que los habitantes tienen derecho a expresar su disenso frente a las medidas que adopten las autoridades estatales”, conceptúa el fallo.  Acerca del caso concreto, los hechos ocurrieron cuando se presentaron enfrentamientos entre los estudiantes y personal del Esmad, quienes ingresaron al centro educativo y se dirigieron hacia donde los estudiantes tenían instalado un campamento. Allí procedieron a agredir y a detener a varias personas. Esto provocó que varios jóvenes salieran corriendo al ser perseguidos. En ese instante se escucharon disparos y cayó herido el estudiante de ingeniería que fue trasladado a la Fundación Valle del Lili, a donde llegó sin signos vitales. Frente a este panorama, la Sala indicó que las autoridades policivas deben estar preparadas para mantener el orden, pero siempre respetando los derechos fundamentales de las persona, entre ellos, “el de su dignidad y el espacio de libertad que requiere la protesta misma”

Expediente 25000 23 31 000 2010 00372 01 (41 694) de 2017.

DETENCIONES GENERADAS POR LA CONDUCTA SOSPECHOSA DEL INVESTIGADO NO PUEDEN GENERAR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL ESTADO. Los daños padecidos por el demandante con la detención efectuada por la Policía Nacional no pueden ser indemnizados por el Estado, teniendo en cuenta que se generó debido al dolo o culpa grave de la víctima ya que si bien la autoridad realizó la detención con una orden que había sido cancelada, no es menos cierto que al momento de ser detenido por la Fuerza Pública se encontraba por fuera del lugar asignado para su prisión domiciliaria, lo cual demuestra que fue por su actuación que se originaron los hechos. Confirmar. C.P. Hernán Andrade Rincón.

Expediente 25000 23 26 000 2011 01349 01 (49109) de 2017.

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN EN EL ANTERIOR CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Dicho Código establece que son susceptibles de apelación aquellas providencias de primera instancia de los Tribunales, Jueces, y los autos proferidos en la misma instancia por los organismos en pleno, una de sus secciones o subsecciones según corresponda en los siguientes escenarios: rechazo de la demanda, resolución de suspensión provisional, el que pone fin al proceso, resolución de liquidación de condenas, el que apruebe o impruebe conciliaciones prejudiciales o judiciales, decreto de nulidades procesales, resolución sobre intervención de terceros y el que deniegue la apertura a prueba, el que señale el término para practicarlas o el decreto de alguna pedida oportunamente o deniegue su práctica. Estímase bien denegado. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 05001 23 31 000 2012 00909 01 (21511) de 2017.

CONTRIBUYENTE DEBE APORTAR LAS PRUEBAS PERTINENTES PARA CONTROVERTIR LOS HECHOS QUE ORIGINAN LA SANCIÓN EN PRECIOS DE TRANSFERENCIA. A pesar de la existencia de un error por parte de la DIAN al no citar la causal de vinculación económica en el pliego de cargos, esto no constituye una vulneración al debido proceso de la parte demandante ni lesiona el principio de correspondencia entre el acto previo y la resolución sanción, teniendo en cuenta que la empresa conocía con claridad los hechos por los cuales era investigada y le habían impuesto la sanción por no presentar declaración informativa individual de precios de transferencia (DIIP), además la sancionada tampoco aportó las pruebas necesarias que permitieran controvertir los cargos propuestos por la DIAN y no puede alegar que el error presentado, implicara que desaparecieran las causas que dieron origen a la investigación. Revoca. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 05001 23 33 000 2014 01832 01 de 2017.

LA IMPOSICIÓN DE REQUISITOS POR PARTE DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO DE LA MINERÍA INFORMAL NO VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES. Las normas de la Comunidad Andina y delante ordenamiento jurídico colombiano establecen una serie de medidas a seguir para combatir la minería ilegal, siempre que se adopten las acciones pertinentes para garantizar la debida protección de quienes ejercen la explotación de minerales de forma artesanal, informal o tradicional, de modo que quienes ejercen tales actividades no pueden excusarse en no cumplir los requisitos que el Estado imponga para que puedan continuar sus operaciones económicas, teniendo en cuenta que el objetivo de la ley es que aquellos que practican la minería lo hagan mediante parámetros y controles estatales adecuados, con el fin de proteger bienes y valores superiores reconocidos por la ley y la Constitución. Confirmar. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

 

Consejo Superior de la Judicatura

Acuerdo 10678 de 2017

PROTOCOLO PARA EL TRASLADO DE PROCESOS A LOS JUZGADOS CIVILES Y DE FAMILIA DE EJECUCIÓN. Rige a partir de su publicación en la Gaceta del Consejo Superior de la Judicatura y modifica en lo pertinente al Acuerdo 9984 de 2013. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 del Acuerdo 9984 de 2013, inicialmente no deben trasladarse los siguientes procesos: los que no tengan la liquidación de costas en firme; los que sean susceptibles de terminación por desistimiento tácito por haberse configurado alguno de los supuestos que permiten proferir esa providencia, o que a la fecha de la remisión falten menos de dos meses para su ocurrencia; los que tengan fijada fecha para audiencia o diligencia de cualquier naturaleza; los que no hayan tenido actividad en los últimos seis meses; y los que no cuenten con medidas cautelares practicadas. Los juzgados civiles municipales de pequeñas causas y competencia múltiple, transformados transitoriamente como juzgados civiles municipales de Bogotá por los Acuerdos 10506, 10512 y 10621 de 2016, sólo remitirán los procesos ejecutivos que sean de menor cuantía.

Acuerdo 10679 de 2017.

SE PRORROGAN MEDIDAS TRANSITORIAS RELACIONADAS CON EL TRASLADO DEL CENTRO DE SERVICIOS DE JUZGADOS PENALES A PALMIRA. El Consejo Superior de la Judicatura decidió prorrogar las medidas del Acuerdo No. PSAA16-10515 de 2016, referentes al traslado transitorio del centro de servicios judiciales para Juzgados Penales para Adolescentes de Buga al circuito judicial de Palmira, la prórroga se extenderá hasta el 31 de agosto de 2017. Temas: Prórroga. Centro de servicios judiciales. Juzgados Penales para Adolescentes. Buga. Palmira.