Junio 27 del 2017

Corte Constitucional

Sentencia T 202 de 2017

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LOS DAÑOS QUE SUFREN LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que éstos se enfrentan a mayores riesgos de afectación de su vida e integridad personal; en la medida en que asumen esos riesgos voluntariamente su materialización, por regla general, no da lugar a la responsabilidad del Estado; en atención a los riesgos que asumen cuentan con un régimen prestacional diferente, superior al de los demás servidores del Estado; y la responsabilidad del Estado por la afectación de la vida e integridad de dichos sujetos se produce por falla del servicio o por el sometimiento del agente a un riesgo superior a los ordinarios de la actividad. Revoca M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

Sentencia C 213 de 2017.

LA CASACIÓN NO CONSTITUYE UN RECURSO QUE TENGA POR OBJETO LA ACTIVACIÓN DE UNA INSTANCIA: CORTE CONSTITUCIONAL. Respecto de la demanda de inexequibilidad del artículo 338 de Código General del Proceso, que limita la presentación de recursos legales a cuantías superiores a mil salarios mínimos, la Corte Constitucional señaló que la norma no es contraria a la Carta teniendo en cuenta que se trata de una disposición razonable para efectos de acudir a la Corte Suprema de Justicia a través del recurso de casación, para llegar a tal conclusión el organismo judicial consideró que históricamente la casación nunca ha sido un recurso que tenga por objeto la activación de una instancia, sino que consiste en un medio extraordinario de impugnación al cual se acude para dirimir asuntos de especial relevancia constitucional. Exequibilidad. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

Sentencia C 041 de 2017

REVELAN POR QUÉ CAYÓ LA DESPENALIZACIÓN DEL REJONEO, LAS CORRIDAS DE TOROS Y OTRAS TRADICIONES. Cuatro meses después de conocerse el comunicado de prensa en el que la Corte Constitucional informó la decisión de declarar inexequible el parágrafo 3° del artículo 339B del Código Penal, adicionado por el artículo 5° de la Ley 1774 del 2016, que exceptuaba de penalización las conductas de rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas, tientas y peleas de gallos, fue publicada la sentencia. El texto revela la postura que ha ido adoptando la corporación frente al tema, pues hace ver la necesidad de avanzar con mecanismos más decisivos para la efectividad de los intereses de los animales. Precisamente, califica como un imperativo el repensar posibles horizontes y transformar las sedimentadas tradiciones cuando socavan intereses vitales y primarios de toda sociedad democrática y constitucional. Por eso, hace un llamado al Legislativo para que adecúe la normativa a los mandatos constitucionales y a la jurisprudencia desarrollada respecto de la defensa de los animales, su protección y garantía. Según el alto tribunal, la cultura se revalúa permanentemente para adecuarse a la evolución de la humanidad, la garantía de los derechos y el cumplimiento de los deberes, máxime cuando se busca desterrar rastros de una sociedad que ha marginalizado y excluido a ciertos individuos y colectivos

Demanda 12027 de 2017.

SE INTERPONE DEMANDA DE INCONSTITUCIONAL EN CONTRA DE VARIOS APARTADOS DE LA LEY 1116 DE 2006 (RÉGIMEN DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL). Ante la Corte Constitucional fue presentada una solicitud de inexequibilidad de varios apartados de la Ley 1116 de 2006, que establecen la prevalencia de las normas del proceso de liquidación judicial sobre cualquier otra norma que le sea contraria y su independencia respecto de decisiones tomadas en otros procesos de cualquier naturaleza, el demandante señala entre sus razones que tales disposiciones desconocen los derechos de las víctimas en los procesos penales que puedan tener influencia en los trámites de liquidación, además de no garantizar el debido proceso de dichas víctimas y su oportunidad de obtener indemnización-

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 56514 de 2017

LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL NO CONSTITUYE UN DERECHO ORIGINARIO SINO DERIVADO. Como lo ha determinado la Corte, en el caso de los pensionados, la pensión de sobrevivientes susceptible de transmisión no configura un derecho nuevo a favor de los beneficiarios, sino un derecho derivado, valga decir, una verdadera sustitución pensional del mismo derecho adquirido, que conduce a que no sea de recibo la argumentación de la censura en el sentido de haber nacido, con la muerte del causante, un derecho diferente sujeto a nuevos condicionamientos. No Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Expediente 48786 de 2017

LA CONVENCIÓN COLECTIVA ES UNA FUENTE AUTÓNOMA DE DERECHO EN TANTO ESTABLECE PRERROGATIVAS, OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LOS SUJETOS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. Al ser el contrato colectivo un acto regla, producto de la autonomía de la voluntad, mediante el cual sus suscriptores dictan lo que será la ley de la empresa, sus disposiciones constituyen verdadero derecho objetivo, que se proyecta e incorpora a los contratos individuales de trabajo para regular temas como el salario, la jornada, las prestaciones sociales, las vacaciones, entre otros. Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Expediente 46162 de 2017

LA COMUNICACIÓN A LOS TRABAJADORES QUE PUEDEN VERSE AFECTADOS POR UN DESPIDO COLECTIVO NO EXIGE RITUALIDAD O FORMALIDAD ALGUNA. La comunicación informando a los trabajadores de la petición de la empresa al Ministerio de Trabajo para que se le autorice el despido colectivo, no requiere ni exige solemnidades específicas, y por ende hay libertad probatoria para acreditar este hecho, pues lo que se busca es que por cualquier medio idóneo, se informe o comunique a los trabajadores que pudiesen verse afectados con la iniciación del trámite para obtener tal autorización. No Casa M.P. Gerardo Botero Zuluaga

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 45502 de 2017.

EXISTENCIA DE DUDAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEBEN SER RESUELTAS A FAVOR DEL INVESTIGADO. En relación con la denuncia que se hiciera en contra de la funcionaria judicial por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción, al haber ordenado el embargo de cuentas bancarias del departamento de Chocó que se encontraba en proceso de restructuración de pasivos (Ley 550 de 1999), la Sala indicó que era procedente confirmar la decisión de primera instancia que absolvió a la denunciada teniendo en cuenta que, inclusive la Fiscalía indicó en su momento la imposibilidad de abrir investigación formal debido a las dudas existentes para la época de los hechos sobre la posibilidad o no de ordenar el embargo de recursos provenientes de una relación laboral posterior al acuerdo de restructuración de pasivos y no incorporadas al mismo. Confirmar. M.P. Eyder Patiño Cabrera.

Expediente 46122 de 2017.

RECURSO DE CASACIÓN DEBE TENER LA SUFICIENTE ARGUMENTACIÓN QUE EXPLIQUE LOS ERRORES DEL JUEZ PARA PODER SER ADMITIDO. Advierte la Sala que el casacionista no cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales suficientes para interponer su recurso, al no exponer en su carga argumentativa los errores en que pudo haber incurrido la segunda instancia al haber emitido la sentencia contraria a sus intereses, también indica que el citado recurso solo se limita a exponer el desacuerdo con la providencia judicial y señalar los reproches en contra de la misma, lo cual no es suficiente sustento para admitir el recurso. No admitir. M.P. Eugenio Fernández Carlier.

 

Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil

 

Expediente 11001 03 06 000 2016 00232 00 de 2017.

INEXISTENCIA DE FUNCIONES PÚBLICAS IMPIDE DECIDIR LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA QUE PUEDAN SURGIR. Teniendo en cuenta el análisis efectuado al conflicto negativo de competencias planteado por las inspecciones de policía, se debe señalar que una vez verificados todos los elementos no hay identidad de la función pública que deben ejercer las autoridades, lo cual tiene como consecuencia que tampoco haya una controversia sobre la competencia ya que se determinó a cada autoridad las funciones que le corresponde, además debe tenerse en cuenta que ninguna de las autoridades en desacuerdo ejerce competencias que impliquen el ejercicio o cumplimiento de funciones administrativas, de modo que no hay lugar a tomar una decisión de fondo. Declararse inhibida. C.P. Álvaro Namén Vargas.

Expediente 11001 03 06 000 2016 00254 00 de 2017

REQUISITOS GENERALES PARA LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS. La Sala ha señalado que son los siguientes: la presencia de al menos dos entidades que nieguen o reclamen competencia sobre un determinado asunto; que los organismos o entidades pertenezcan al orden nacional; o al orden departamental siempre y cuando no se encuentren dentro del mismo territorio de jurisdicción de un Tribunal Administrativo; y que el conflicto tenga naturaleza administrativa y; que verse sobre un caso concreto. Declara inhibida C.P. Édgar González López

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 25001 23 42 000 2013 05374 01 (1363 2015) de 2017

SON BENEFICIARIOS DEL DECRETO 546 DE 1971 QUIENES DE ENCUENTREN VINCULADOS A LA RAMA JUDICIAL Y/O AL MINISTERIO PÚBLICO AL 1 DE ABRIL DE 1994. En cuanto a la forma como debe calcularse el ingreso base de liquidación en el régimen especial de la Rama Judicial, la Sección Segunda de esta Corporación, mediante sentencia del 8 de junio de 2006, con ponencia del Magistrado Tarsicio Cáceres Toro estableció que las prestaciones anuales se liquidan por doceavas partes más no por el 100% del valor devengado. Confirma C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Expediente 25000 23 42 000 2013 04795 01 (2781 2014) de 2017

EL AJUSTE DE LAS ASIGNACIONES DE RETIRO A PARTIR DEL AÑO 1995 DEBE HACERSE CON FUNDAMENTO EN EL IPC QUE CERTIFIQUE EL DANE. Dicha fórmula es aplicable hasta el 2004, en razón de que el propio Legislador volvió a consagrar el sistema de oscilación como la forma de incrementar las asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, a través del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, el cual fue reglamentado por el artículo 42 del Decreto 4433 del mismo año. Confirma C.P. Gabriel Valbuena Hernández

Expediente 25000 23 42 000 2013 01920 01 (1788 2014) de 2017

LA BONIFICACIÓN ESPECIAL DEBE SER LIQUIDADA CON BASE EN UN MES DE REMUNERACIÓN DEL ÚLTIMO QUINQUENIO CAUSADO, FRACCIONADO EN UNA DOCEAVA PARTE. El quinquenio para efectos pensionales debe tenerse en cuenta como factor según lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto Ley 929 de 1976, con un mes de remuneración, no con la totalidad de la suma devengada por quinquenio, que en muchas ocasiones supera el mes de remuneración. Modifica C.P. William Hernández Gómez.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 73001 23 31 000 2008 00639 01 (38875) de 2017.

LA EXISTENCIA DE PERJUICIOS MORALES DEBE SER DEMOSTRADA POR PARTE DEL CIUDADANO QUE RECLAMA EL PAGO DE LOS MISMOS. Aunque la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que es posible ampliar la gama de indemnizaciones al incluir los perjuicios morales padecidos por el ciudadano, también ha indicado que a este corresponde la carga de la prueba en el sentido de que no basta solamente con indicar los “graves perjuicios y sufrimientos causados con la actuación estatal”, sino que se debe demostrar de manera efectiva que se configuró tal perjuicio y tuvo una real afectación en su vida. Revocar. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

Expediente 76001 23 31 000 2005 00695 01 (42 087) de 2017.

PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN GENERA UN DAÑO QUE EL ESTADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE PAGAR AL AFECTADO. A pesar de los señalamientos hechos por la Fiscalía sobre la legalidad de la medida de aseguramiento impuesta en contra del demandante, los pronunciamientos del Consejo de Estado han sido constantes al señalar que dicha medida puede ser contraria a las normas y generar una privación injusta de la libertad cuando, tal como ocurrió en el caso sometido a estudio, no se pudo demostrar la relación del investigado con el delito denunciado y por lo tanto su presunción de inocencia se mantuvo intacta; de modo que se trata de error del aparato jurisdiccional que la entidad responsable está en la obligación de indemnizar. Modifica. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

Expediente 68001 23 31 000 2004 01925 01 (38778) de 2017.

LA REPARACIÓN DIRECTA NO ES EL MEDIO PARA DIRIMIR CONTROVERSIAS ORIGINADAS EN ASUNTOS CONTRACTUALES REGIDOS POR EL DERECHO PRIVADO. La sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa en contra de la entidad pública se encuentra ajustada a la ley, teniendo en cuenta que tal como lo manifestara el Tribunal de conocimiento los reclamos de la parte actora estaban encaminados a dirimir las consecuencias surgidas de un presunto incumplimiento contractual que es regido por el derecho privado, de manera que no se evidencia ningún error judicial que pueda indicar la configuración de un perjuicio cuya indemnización deba asumir el Estado. Confirmar. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

 

Colombia Compra Eficiente

 

Concepto 4598 de 2017

NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN. Procede por las causales previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

Concepto 5315 de 2017

¿LOS SÁBADOS SE CONSIDERAN DÍAS HÁBILES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL?. Sí. Conforme a la legislación colombiana los días hábiles son todos los del año excepto los domingos, los feriados y los días de vacancia, por lo tanto, si una entidad estatal trabaja los sábados ese día pueden llevarse a cabo actuaciones relacionadas con su actividad contractual.

 

Superintendencia Financiera

Concepto 2017033031 de 2017

¿QUÉ SON LAS PEP Y POR QUÉ LAS ASEGURADORAS PUEDEN EXIGIR MÁS REQUISITOS PARA SU PROTECCIÓN?.  Un ciudadano consultó a la Superintendencia Financiera (Superfinanciera) para que dicha entidad aclarara qué son las PEP y cuál es la normativa a tener en cuenta al momento de vincularlas a una compañía de seguros. La Superfinanciera aclaró que el artículo 4.2.2.2.1.7 de la Circular Externa 29 del 2014, modificada por la Circular 55 del 2016, por la cual se expidieron instrucciones relativas al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), incluyó el concepto de personas públicamente expuestas, el cual comprende las categorías de personas expuestas políticamente (PEP). Según lo establecido en el Decreto 1674 del 2016, las PEP son representantes legales de organizaciones internacionales, quienes gozan de reconocimiento público y respecto de los cuales las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, como es el caso de las aseguradoras, deben prever requisitos más exigentes de vinculación y monitoreo, teniendo en cuenta que las funciones que desempeñan podrían exponer a un grado a la entidad al riesgo de LA/FT.  Así pues, además de los requerimientos que exige el instructivo en mención para la vinculación de las personas públicamente expuestas (dentro de que están las PEP), debe tenerse en cuenta algunos datos como, por ejemplo, la identificación de las personas con las que tengan sociedad conyugal o de hecho y de los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil y, en todo caso, las aseguradoras podrán exigir mayores requisitos para expedir las respectivas pólizas.