Junio 28 del 2017

Corte Constitucional

Sentencia T 209 de 2017

SE VULNERAN LOS DERECHOS A LA INTEGRIDAD Y EDUCACIÓN DE LOS MENORES CUANDO SE TRASLADA UN HOGAR INFANTIL A UN LUGAR QUE NO CUMPLE CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA. En el caso analizado la afectación del goce efectivo de los derechos de los menores se produjo por realizar el cambio de sede, inicialmente a un lugar en el que no se garantizaron todas las condiciones para brindar un servicio integral de educación, entre ellas no se facilitó el transporte escolar, elemento necesario para garantizar la accesibilidad a la educación, lo que produjo que varios niños se retiraran del programa; por la demora en realizar todas las adecuaciones necesarias para el óptimo funcionamiento de la actual sede del Hogar Infantil, y además, por disminuir la cobertura del programa de 132 a 110 cupos. Revoca M.P. Aquiles Arrieta Gómez

Sentencia T 193 de 2017

CONOZCA CUÁNDO EL JUEZ DE TUTELA PUEDE FALLAR ULTRA O EXTRA ‘PETITA’. El juez de tutela está revestido de amplias facultades oficiosas que debe asumir de manera activa para brindar la adecuada protección a los derechos constitucionales de las personas, al punto de que puede decidir más allá de lo pedido o sobre pretensiones que no hicieron parte de la demanda. Así lo expreso un fallo reciente de la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional. Igualmente, indicó que el funcionario jurisdiccional podrá usar dicha potestad ultra ‘petita’ o extra ‘petita’, siempre que se establezca la infracción a los derechos del demandante. De lo anterior, la corporación advirtió que el fallador de tutela está investido de esta facultad cuando de los hechos de la demanda se evidencie la vulneración de un derecho fundamental e inclusive cuando no haya sido manifestada por el accionante

Sentencia C 189 de 2017.

NO PROSPERA DEMANDA EN CONTRA DE LA LEY 1753 DE 2015 RELACIONADA CON LA REGLAMENTACIÓN DE SERVICIO DE LUJO PARA TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS. La Corte Constitucional señaló que se inhibía de emitir pronunciamiento alguno respecto de la demanda en contra del artículo 32 de dicha ley, teniendo en cuenta que la solicitud de inexequibilidad no satisface los requisitos mínimos exigidos por las normas y la jurisprudencia para señalar las razones por las cuales el artículo resulta contrario a la Carta, de manera que no hay suficiente mérito para iniciar un estudio de constitucionalidad. Declararse inhibida. M.P. José Antonio Cepeda Amarís.

 Sentencia C-114 de 2017

LA CORTE CONSTITUCIONAL SE PRONUNCIA RESPECTO A LAS VECES QUE UNA PERSONA PUEDE MODIFICAR SU NOMBRE. La Corte Constitucional publicó el fallo en el que declaró la exequibilidad de la expresión “por una sola vez”, del artículo 6° del Decreto Ley 999 de 1988, que subrogó el artículo 94 del Decreto Ley 1260 de 1970, en el entendido de que tal restricción no será aplicable en aquellos eventos en que exista una justificación constitucional, clara y suficiente. El texto de la sentencia revela que la corporación encontró que si bien el aparte persigue un propósito legítimo, la restricción es desproporcionada en sentido estricto cuando la modificación del nombre por más de una vez pueda considerarse como urgente desde una perspectiva iusfundamental. Puso como ejemplo aquellos eventos en que la variación tiene por finalidad armonizar el nombre con la identidad de género o evitar prácticas discriminatorias, pues mientras el valor abstracto del derecho al nombre es particularmente alto y su grado de afectación concreta es muy grave en supuestos de urgencia, la inaplicación de la restricción constituye una afectación reducida de los fines que persigue. Justamente, sostuvo que no solo se trataría de una hipótesis absolutamente excepcional, sino que cualquier otra modificación del nombre requeriría, a menos que el legislador fijara una regulación diferente, acudir al trámite judicial actualmente previsto para el efecto.

 

 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 65493 de 2017

PUEDE DECIRSE QUE DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, LOS REGÍMENES DE TRANSICIÓN PENSIONAL NO TIENEN EXISTENCIA JURÍDICA. Quienes aspiren a obtener una pensión de vejez, lo deben hacer en las condiciones señaladas en la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones que la adicionaron o modificaron, es decir, con el nuevo régimen pensional que implementó dicha normativa. No Casa M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Expediente 57202 de 2017

EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA NO IMPLICA QUE EL FALLADOR DEBA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO LIMITÁNDOSE A LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO. El juez de segunda instancia al desatar el recurso de apelación no tiene por qué estar totalmente sometido al análisis jurídico o fáctico que le proponga el impugnante, pues el sentenciador es libre para aportar razones adicionales o distintas a las que adujo la censura en la oportunidad legal para sustentar el recurso, eso sí, siempre que no varíe los elementos constitutivos de la causa que delimita el proceso. No Casa M.P. Gerardo Botero Zuluaga

Expediente 40046 de 2017

CUANDO LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES OMITEN SU DEBER DE COBRO DE LOS APORTES EN MORA, SON ELLAS QUIENES ASUMEN EL PAGO DE LA PRESTACIÓN. En los eventos de mora del empleador en el pago de aportes a la seguridad social, cuando la administradora de pensiones no ha cumplido con el deber de cobro, está compelida a asumir las obligaciones pensionales, pues para sanear la mora del empleador y recaudar los dineros de las cotizaciones, tales entidades deben agotar diligente y oportunamente las gestiones de cobro, de suerte que, de omitirse esta obligación de las AFP, deben responder por el pago de la prestación. Casa M.P. Gerardo Botero Zuluaga

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 49731 de 2017.

JUEZ PUEDE MODIFICAR LA SANCIÓN IMPUESTA CUANDO VULNERE DERECHOS DEL CONDENADO, INCLUSIVE SI ESTE NO PIDE SU REVISIÓN. A pesar de que el funcionario judicial competente tiene la obligación de ceñirse y emitir su decisión conforme a los aspectos estrictamente mencionados en el recurso, cuenta con la facultad para pronunciarse de oficio sobre situaciones que resulten ilegales y generen una vulneración injustificada de derechos del condenado en eventos tales como la imposición de una pena superior al máximo legal permitido. Casar oficiosa y parcialmente. M.P. Eyder Patiño Cabrera.

Expediente 48895 de 2017

EXTRADICIÓN DE CIUDADANOS COLOMBIANOS POR NACIMIENTO. Se concede por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana; no es viable por delitos políticos; y tampoco cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación del Acto Legislativo 01 de 1997. Emite concepto favorable M.P. José Francisco Acuña Vizcaya

Expediente 49891 de 2017.

FINALIDADES DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ. Esta se origina en el marco de los acuerdos de paz celebrados entre el Gobierno y las FARC, consistente en un modelo de justicia transicional en vía de ser reglamentado por parte del Estado colombiano y con el fin de juzgar a los miembros de la guerrilla objeto de desmovilización, la Ley 1820 de 2016 establece que dicha jurisdicción se instituye para regular amnistías e indultos por delitos políticos y aquellos conexos con los primeros, así como la adopción de tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Confirmar. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero.

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

 

Expediente 68001 11 02 000 2015 01094 01 de 2017

CUANDO NO SE EVIDENCIA ACTUACIÓN IRREGULAR POR PARTE DEL JUEZ, NO HAY LUGAR A ABRIR INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA EN SU CONTRA. La Sala advierte que la decisión a la que arribó el juez de primer grado está sustentada de manera idónea, y no avizoró una vía de hecho en ella que hiciera viable activar el aparato jurisdiccional disciplinario, pues no se trata de un actuar arbitrario, irracional y caprichoso en su decisión. Modifica M.P. Camilo Montoya Reyes

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

Expediente 85001 23 33 000 2014 00051 00 de 2017.

CONTABILIZACIÓN DE LA CADUCIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL. Al tenor de la Ley 610 de 2000, se puede observar que la acción fiscal caduca si transcurren cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público sin que se profiera auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, tal término debe contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización y para los complejos, de tracto sucesivo o de carácter permanente o continuado desde la del último hecho o acto, que para el caso de convenios de tracto sucesivo se cuenta desde el último acto que dio fin al acuerdo celebrado por el funcionario responsable. Confirma. C.P. María Elizabeth García González.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 03 25 000 2010 00213 00 (1702 2010) de 2017

EL GOBIERNO NACIONAL SE EXCEDIÓ EN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA AL ESTABLECER REQUISITOS SUSTANCIALES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS CURADORES URBANOS. La Sala evidencia que los artículos 96, 98 y 99 del Decreto 1469 de 2010 deben ser declarados nulos por cuanto el Gobierno Nacional al regular la calificación de desempeño, la evaluación anual de servicio y la evaluación anual del servicio en los municipios y distritos con sistema de categorización de trámites por complejidad, se excedió en el ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, conforme a los límites impuestos por el legislador en el numeral 4 del artículo 9 de la Ley 810 de 2003. No podía crear requisitos adicionales para la redesignación de curadores luego de culminar su período, cuando el único requisito previsto en la ley, para ser designado nuevamente, es la evaluación del desempeño y la competencia del Gobierno Nacional, en cuanto a este factor, se dio solamente para establecer términos y procedimiento, pero no requisitos ni condiciones para ocupar el cargo ni para la evaluación del desempeño, aspectos propios de la órbita del legislador. Declara C.P. César Palomino Cortés

Expediente 05001 23 33 000 2012 00389 01 ( 4491 2013) de 2017

EN NINGÚN CASO PUEDEN CELEBRARSE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE CARÁCTER PERMANENTE. Ello se ajusta a la Constitución porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieren conocimiento especializados. Revoca C.P. Carmelo Perdomo Cuéter

Expediente 76001 23 33 000 2013 00130 01 (3649 2016) de 2017

CRITERIOS PARA OTORGAR LA PRIMA TÉCNICA. Uno de los requisitos, y primero que se debe verificar, de la persona que aspira a ser beneficiario, es acreditar que desempeña el cargo en propiedad, es decir, que está inscrito en carrera administrativa. Se debe acreditar título de formación avanzada en programas de postgrado, y 3 años de experiencia profesional calificada. El título de formación avanzada, cuando se acredite la terminación de los respectivos estudios, puede compensarse por 3 años de experiencia altamente calificada, para un total de 6 años de experiencia. Confirma parcialmente C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 88001 23 31 000 2009 00002 02 (45392) de 2017.

OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO NO PUEDEN SER CEDIDAS SIN AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. Respecto de la pretensión de los demandantes tendientes a obtener el pago de perjuicios presuntamente ocasionados por el departamento de San Andrés y Providencia, al no haber accedido a la cesión de un pagaré, se debe señalar que la conducta desplegada por la entidad no generó ningún incumplimiento que implicara consecuencias ilegales para los actores debido a que la negativa de cesión se dio en el marco del artículo 38 del Decreto 2861 de 1993, el cual establece que las operaciones de crédito público, operaciones asimiladas, operaciones de manejo de deuda y las conexas con las anteriores no pueden ser objeto de cesión sin previa autorización escrita de la entidad contratante. Confirmar. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.

Expediente 15001 23 31 000 2009 00093 01 (48033) de 2017.

LA CONDUCTA INDEBIDA DEL CIUDADANO QUE GENERA UNA INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA EXONERA DE RESPONSABILIDAD AL ESTADO POR LOS DAÑOS CAUSADOS CON LA DETENCIÓN. Se hace necesario revocar la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, toda vez que de acuerdo al acervo probatorio existente en el proceso se pudo demostrar que la parte actora fue la que con su indebido comportamiento dio origen a la investigación penal y posterior medida de aseguramiento en su contra, inclusive se debe resaltar el hecho de que durante el proceso ante el juez de conocimiento el ahora demandante nunca adelantó las gestiones necesarias para controvertir la tesis de la Fiscalía, a pesar de que posteriormente se decretara su absolución. Revocar. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

Expediente 11001 03 27 000 2014 00006 00 (20915) de 2017.

LA DIAN CUENTA CON AMPLIAS FACULTADES PARA DETERMINAR QUIÉNES SON LOS OBLIGADOS A ENVIAR INFORMACIÓN RELEVANTE DE CARÁCTER TRIBUTARIO. Al haberse proferido la Resolución DIAN 000273 de 2013, mediante la cual se establecieron los obligados y las fechas para el envío de información exógena a la entidad tributaria, la DIAN nunca incurrió en actuaciones que implicaran una extralimitación de funciones ya que al efectuar un análisis del artículo 684 del Estatuto Tributario, se puede observar que la norma otorga a la entidad amplias facultades de fiscalización que pueden ser ejercidas mediante requerimientos o citaciones al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios, aporten documentos que registren sus operaciones económicas e inclusive el envío de información relevante de carácter tributario de acuerdo a los parámetros que para el efecto fije el reglamento. Niega. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

 

Ministerio de Hacienda

 Decreto 938 de 2017

REGULAN TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS DE LA UGPP.  Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1819 del 2016 (Reforma Tributaria Estructural), el Gobierno sustituyó el Título 2º de la Parte 12 del Libro 2º del Decreto 1068 del 2015, único reglamentario del sector Hacienda, para regular lo referente a la terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Decreto 927 de 2017

REGLAMENTAN TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE PROCESOS TRIBUTARIOS. El Comité de conciliación y defensa judicial de la DIAN, además de las funciones ya establecidas, tendrá competencia para acordar y suscribir las fórmulas conciliatorias y las actas de terminación por mutuo acuerdo de que trata la Ley 1819 del 2016 (reforma tributaria estructural).Sobre la procedencia de la conciliación contencioso administrativa tributaria, aduanera y cambiaria la norma indica que los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos, los deudores solidarios o garantes del obligado, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrán solicitar ante la Dian la conciliación.

Superintendencia de Industria y Comercio

Concepto 93783 de 2017

GARANTÍA DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES. Los obligados respecto de la garantía deben proporcionar asistencia técnica o el reemplazo de las piezas necesarias que permita el adecuado funcionamiento del automotor durante todo el período que ampare la garantía sin costo alguno para el comprador, además de garantizar el material de reposición para dichos vehículos ya sean nacionales o importados, por un término no menor a 10 años, sin obviar que, el productor, ensamblador, importador, representante de productor, concesionario taller y expendedor de repuestos, deberá mantener un inventario representativo de las partes y piezas de rápido movimiento y garantizar el suministro oportuno de los restantes repuestos, en todas las ciudades en que opere.