Fiscalia General de la Nacion
VIDEO DE SIMULACRO DE AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO.
Ante la entrada en vigencia de la Ley 1826 del 2017 el próximo 13 de julio, más conocida como la ley del procedimiento penal abreviado y de acusador privado, la Fiscalía realizó recientemente una actividad en la que fiscales, jueces, defensores y representantes del Ministerio Público desarrollaron, en forma simultánea, varias audiencias con casos reales.
Corte Constitucional
LA PROHIBICIÓN DE REALIZAR PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS NO SE APLICA A LOS ADOLESCENTES MAYORES DE 14 AÑOS QUE TENGAN CAPACIDAD EVOLUTIVA PARA ASUMIR LOS RIESGOS. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 5 (parcial) de la Ley 1799 de 2016. La norma acusada tiene problemas de inconstitucionalidad al establecer una prohibición que no respeta las capacidades evolutivas de los adolescentes a partir de los 14 años en la adopción de decisiones acerca de su cuerpo que involucran intervenciones en la salud y en su identidad personal. No obstante, el efecto de una inexequibilidad sería permitir la preeminencia del consentimiento sustituto de los padres en relación con un asunto de identidad, lo cual también desconocería el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores de edad en cuestiones determinantes para su autodefinición y omitiría la protección de su autonomía futura. Luego, la posibilidad de realizar este tipo de procedimientos sólo puede proceder a partir de los 14 años y cuando las capacidades evolutivas de los adolescentes efectivamente les permitan autodefinirse y generar una opinión reflexiva sobre la decisión y sus riesgos. Declara exequible M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Comunicado # 18 – AUTO 186 DE 2017
CONOZCA EL AUTO QUE CONCLUYÓ LA INEXISTENCIA DEL CONTRATO REALIDAD ENTRE EL ICBF Y 106 MADRES COMUNITARIAS. La Sala Plena de la Corte Constitucional, a través del comunicado sobre el Auto 186 del 2017, explicó la nulidad parcial de la Sentencia T-480 del 2016.Dicho incidente fue solicitado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), luego de considerar que contrariaba el precedente jurisprudencial contenido en múltiples sentencias de tutela, entre ellas la T-269 de 1995, SU-224 de 1998, T-668 del 2000, T-990 del 2000, T-1117 del 2000, T-1173 del 2000, T-1605 del 2000, T-1081 del 2000 y T-1029 del 2001. La providencia objeto de estudio había señalado, en su momento, la existencia de un contrato realidad entre el ICBF y más de 100 madres que se habían dedicado a estas labores, desde el 29 de diciembre de 1988 hasta el 31 de enero del 2014. De este modo, la Corte estableció que existen dos escenarios claramente diferenciados con respecto a la línea jurisprudencial que involucra a las madres comunitarias, la primera indica que no existe un contrato de trabajo entre estas y las asociaciones o entidades que participan en el programa y que el vínculo es de naturaleza contractual de origen civil. La segunda, a partir de la sentencia T-628 del 2012, en la que se empiezan a señalar las transformaciones que se han presentado en esta relación. Posteriormente, explica el pronunciamiento, se expidió la Ley 1607 del 2012 y el Decreto 289 del 2014, las cuales han consagrado que: – Las madres comunitarias serían vinculadas mediante contrato de trabajo. – No tendrían la calidad de servidoras públicas. – Prestarían sus servicios a las entidades administradoras del programa de hogares comunitarios. – No se podía predicar solidaridad patronal con el ICBF. De acuerdo con todo este recorrido jurisprudencial y legal, la alta corporación judicial ordenó al ICBF adelantar los trámites administrativos para que se reconozcan y paguen, solamente, los aportes parafiscales en pensiones, a efecto de que las 106 accionantes obtengan su pensión. Lo anterior por ser sujetos de especial protección, dada su avanza edad y las circunstancias que exigen una solución pronta al problema jurídico planteado.
CORTE CONSTITUCIONAL SE ABSTIENE DE EMITIR PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE NORMAS PROCESALES DE COBRO COACTIVO A CARGO DE LA UGPP. La Corte consideró necesario emitir pronunciamiento inhibitorio respecto de la expresión “diez días” contenida en el inciso 2º del artículo 180 de la Ley 1607 de 2012, la cual establece el término para interponer el recurso de reconsideración en contra de la liquidación oficial o la resolución sanción expedida por la UGPP, para llegar a esta conclusión la Corte indicó que la norma acusada se encuentra subrogada por el artículo 50 de la Ley 1739 de 2014, ya que esta amplió el término para interponer el recurso a dos (2) meses y por lo tanto la norma inicial pierde eficacia en el ordenamiento jurídico. Inhibirse. M.P. José Antonio Cepeda Amarís.
CORTE CONSTITUCIONAL REPROCHA A ENTIDADES ESTATALES ABUSO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. La Corte Constitucional reprochó la forma irregular como los poderes públicos han utilizado la figura del contrato de prestación de servicios para enmascarar relaciones laborales y evadir consistentemente el pago de prestaciones sociales, desconociendo, así, las garantías especiales de la relación laboral que la Constitución consagra, dejando de lado, además, la excepcionalidad de este tipo de contratación. En ese contexto, recordó que solo existe una relación contractual regida por la Ley 80 de 1993 en los siguientes eventos: (i) Cuando se acuerde la prestación de servicios relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad pública. (ii) Cuando no se pacte subordinación, porque el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada. (iii) Cuando se acuerde un valor por honorarios prestados. (iv) Cuando la labor contratada no pueda realizarse con personal de planta o se requieran conocimientos especializados, es decir, cuando la entidad pública requiera adelantar labores ocasionales, extraordinarias o que temporalmente exceden su capacidad organizativa y funcional, pues se desdibujaría la relación contractual cuando se contratan por prestación de servicios a personas que deben desempeñar exactamente las mismas funciones que, de manera permanente, se asignan a los empleados públicos.
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil
Expediente 11001 02 03 000 2013 02961 00 de 2017.
PRUEBAS ALEGADAS EN EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DEBEN SER SUFICIENTES PARA CONTROVERTIR LA SENTENCIA EMITIDA SO PENA DE QUE SE INADMITA EL RECURSO. Señala la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que las pruebas alegadas por la parte impugnante, para efectos de obtener la revisión de la sentencia contraria a sus intereses, no completan los requisitos exigidos para considerar que pueden debatir los argumentos bajo los cuales se basó el juez para emitir la sentencia definitiva, teniendo en cuenta que no son suficientes para demostrar que en realidad sí existió una unión marital de hecho entre la demandante y el causante y tampoco permiten inferir que de haber sido aportados en el trámite del proceso, pudieran incidir necesariamente en la decisión final adoptada por el juez competente. Declarar infundado. M.P. Margarita Cabello Blanco.
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral
CUANDO EL RECURRENTE DISIENTE TANTO DE LAS PREMISAS DE ORDEN FÁCTICO COMO DE CONTENIDO JURÍDICO, EL ATAQUE EN CASACIÓN LO DEBE HACER DE FORMA SEPARADA. En un mismo cargo no se pueden mezclar argumentos de hecho con aquellos de derecho que hagan ininteligible la acusación de carácter extraordinario, como sucede en el presente caso, donde las distintas explicaciones de los siete cargos, además que fueron dirigidas indistintamente a cuestionar el comportamiento del empleador, del juez de primera instancia y del tribunal, como si fueran lo mismo para los efectos del recurso de casación, contienen ideas sueltas que mezclan las premisas de orden fáctico con las jurídicas, las cuales no pueden ser desligadas, sin que se pierda la fidelidad de lo dicho por la censura, para formar un argumento que se ajuste a la técnica que requiere la acusación para habilitar su estudio por la Sala. No Casa M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz
SANCIÓN MORATORIA POR FALTA DE CONSIGNACIÓN DE LAS CESANTÍAS NO PROCEDE CUANDO NO SE LOGRA DEMOSTRAR LA AFILIACIÓN A UN FONDO. La Sala considera en el caso objeto de estudio que no erró el Tribunal cuando concluyó que no se había demostrado que los demandantes se hubieran afiliado a uno u otro fondo de cesantías, pues ni en las pruebas denunciadas, como tampoco en las demás aportadas al proceso, se observa esa situación, con lo cual, no puede determinarse si la empleadora estaba o no en la obligación de consignar las cesantías en los términos señalados en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, o bajo los parámetros de la Ley 432 de 1998 y su decreto reglamentario, reguladora de las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. No Casa M.P. Jorge Luis Quiroz Alemán
QUIENES PRESTAN SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN O EL SOSTENIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS SON TRABAJADORES OFICIALES. Sea cual fuere la entidad u organismo de la administración que las realice o las conserve, según se desprende nítidamente del contenido del artículo 5 del Decreto Ley 3135 de 1968. Por tanto, la Junta Directiva de la entidad Empresas Departamentales de Antioquia (EDA), tenía plena competencia para establecer en sus estatutos internos las actividades que debían ser desempeñadas por servidores que tuvieran la condición de trabajadores oficiales. No Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal
REQUISITOS PARA LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL ÁMBITO PENAL. A pesar de la posible existencia de defectos técnicos, los cuales no pueden implicar una afectación en sí del fin para el cual fue instituido el recurso de casación, las leyes procesales y la jurisprudencia han estipulado que este recurso debe cumplir con una serie de finalidades para su admisión las cuales son la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, reparación de agravios inferidos a estos y la unificación de jurisprudencia tal como lo dispone la Ley 906 de 2004, sin la satisfacción de tales eventos es procedente decretar la inadmisión del recurso presentado. No admitir. M.P. Eugenio Fernández Carlier.
Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria
Expediente 66001110200020130000401 de 2017
ESTAS TRES AFIRMACIONES CONTRA UN JUEZ CIVIL MOTIVAN SANCIÓN A UN ABOGADO. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sentencia por medio de la cual se sanciona a un abogado por la comisión, principalmente, de la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 del 2007. Es importante decir que esta norma protege el respeto que se le debe tener a la administración de justicia y a las autoridades administrativas. Así mismo, este tipo disciplinario se configura cuando se injuria o se acusa temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos. De ahí que este fuese sancionado por utilizar términos descomedidos e injuriosos en contra de un juez civil del circuito de Pereira, el cual conocía un proceso divisorio. El disciplinable, a través de un recurso de apelación extemporáneo, aseveró lo siguiente: “No se entiende por qué el juez desconoce olímpicamente la ritualidad civil, parece que lo único que quiere es perjudicar los derechos e intereses de mi defendida”. “El juez se ha dedicado a dejar de impartir justicia y a perseguir de manera inane y pueril unos intereses económicos de poca monta de la parte demandada, ¿dónde quedó la dignidad y el decoro?”. “No pocos profesionales especializados en el Derecho Penal proclaman con facilidad la consumación del delito de prevaricato, posiblemente tienen la razón”. En relación con este contexto, y los apartes señalados, la Sala reprochó que se utilizarán términos despectivos y descalificadores contra el funcionario judicial, lo cual resultaba desafortunado para un abogado de la trayectoria como la del disciplinable. Lo anterior, explica la providencia, pues tenía a su disposición los recursos y medios de defensa del proceso. Pero también podía acudir a la jurisdicción disciplinaria o penal si allá hubiese llegado el asunto, “pero no utilizar ese tipo de calificativos que en nada apoyaban sus argumentos”.
Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil
Expediente 11001 03 06 000 2016 00256 00 de 2017
LA UGPP ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EFECTUAR LOS PAGOS ORDENADOS A LA EXTINTA CAJANAL. La Sala ha señalado que el sucesor procesal de la extinta Cajanal, para efectos relacionados con las pensiones y otras prestaciones que estaban a cargo de dicha entidad, es la UGPP, quien está llamada a asumir los procesos judiciales que fueron adelantados contra la desaparecida caja de previsión, tal como lo dispuso el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, modificado por el artículo 2 del Decreto 2040 de 2011. Así, a la UGPP le corresponde asumir íntegramente las competencias que antes eran de Cajanal EICE en materia pensional (con excepción de la administración de afiliados y el recaudo de las cotizaciones respectivas, actividad que fue trasferida al Instituto de Seguros Sociales y que actualmente corresponde a Colpensiones), y debe sustituirla sustancial y procesalmente en tales asuntos. Declara C.P. Álvaro Namén Vargas
Expediente 11001 03 06 000 2017 00010 00 de 2017.
EL SUPERIOR JERÁRQUICO ES EL COMPETENTE PARA DECIDIR LA APELACIÓN EN CONTRA DEL FALLO DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. Frente al conflicto negativo de competencias suscitado entre la Procuraduría y el Tribunal Superior de Antioquia para decidir el trámite de la apelación interpuesta por el investigado, en el marco de un fallo de responsabilidad disciplinaria emitido por el Juez Segundo Penal del Circuito de Turbo (quien conoció en primera instancia el asunto), se debe indicar que el competente en segunda instancia es el Tribunal teniendo en cuenta que la regla general es que el superior jerárquico es quien debe decidir el recurso, tratándose de situaciones administrativas. Declarar. C.P. Oscar Darío Amaya Navas.
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
Expediente 25000 23 42 000 2013 01522 01 (2950 2014) de 2017
CONFORME AL PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD, EL DEMANDANTE EN CALIDAD DE SUPERNUMERARIO DE LA DIAN NO TIENE DERECHO A LA NIVELACIÓN SALARIAL RESPECTO A SU PAR DE LA PLANTA DE PERSONAL. Ello, porque de conformidad con el 22 del Decreto 1072 de 1999 fue vinculado con el propósito de suplir o atender las necesidades del servicio de forma temporal y excepcional; su asignación mensual se le canceló de acuerdo con lo la escala salarial vigente para la entidad y percibió las prestaciones sociales existentes para los funcionarios de la rama ejecutiva del orden nacional; el término de duración de la vinculación por periodos sucesivos, no resulta suficiente para desvirtuar la modalidad de vinculación del demandante y las actividades desarrolladas por el demandante no son incompatibles con lo señalado en la normativa que autoriza la vinculación de supernumerarios. Confirma. C.P. William Hernández Gómez.
Expediente 25000 23 42 000 2012 01274 01 (3122 2013) de 2017
ÚNICAMENTE LOS AFILIADOS CON 15 O MÁS AÑOS DE SERVICIOS COTIZADOS AL 1 DE ABRIL DE 1994, PUEDEN TRASLADARSE EN CUALQUIER TIEMPO DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL AL DE PRIMA MEDIA. Para esas personas, el régimen de transición se conserva siempre que trasladen al de prima media la totalidad del ahorro depositado en la respectiva cuenta individual, el cual no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el régimen de prima media. De no ser posible tal equivalencia, conforme quedó definido en la Sentencia C-062 de 2010, el afiliado tiene la opción de aportar el dinero que haga falta para cumplir con dicha exigencia, lo cual debe hacer dentro de un plazo razonable. Revoca C.P. César Palomino Cortés
Expediente 25000 23 42 000 2013 00787 01 (0405 2014) de 2017
LA SOLICITUD DE REAJUSTE DE LAS ASIGNACIONES DE RETIRO PUEDE SER PRESENTADA EN CUALQUIER MOMENTO. Se ha ratificado en varias oportunidades la imprescriptibilidad del derecho al reajuste de la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, al indicar que es viable que el interesado pueda solicitar el reconocimiento de su derecho en cualquier tiempo, con la aclaración que el pago de las mesadas no tiene tal carácter, por lo que resulta aplicable la prescripción de las mismas, ya sea trienal o cuatrienal de acuerdo con el caso en concreto. Confirma. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera
Expediente 68001 23 31 000 2001 00062 01 (42 572) de 2017.
ACTUACIÓN GRAVE DE LA VÍCTIMA EXIME A LA ENTIDAD ESTATAL DEL PAGO DE LOS DAÑOS CAUSADOS CON LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. A pesar de los reparos expuestos por la parte demandante en contra de la sentencia que negó sus pretensiones, se debe señalar no hay lugar a decretar la responsabilidad administrativa de la Nación con ocasión de la medida de aseguramiento impuesta, ya que el procedimiento penal se generó con ocasión de una conducta realizada por la parte actora y si bien la investigación terminó con su absolución, se debe señalar que la misma se originó en el marco de un dolo o culpa grave de la ciudadana siendo esta una causal de eximente de responsabilidad del Estado. Confirma. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
Expediente 73001 23 31 000 2008 00641 01 (38 871) de 2017.
LA REPARACIÓN DIRECTA NO ES LA VÍA PARA REABRIR DEBATES YA DECIDIDOS EN INSTANCIAS ANTERIORES. Resulta evidente que la pretensión de la parte actora es reanudar el debate surgido con ocasión de la condena que tuvo que pagar a los demandantes en un proceso ejecutivo, debido a los perjuicios causados con la emisión de medidas de embargo en contra de aquellos por concepto de una deuda que ya se encontraba pagada; a pesar de que la demandante señala la configuración de un error judicial en la actuación de la Rama Judicial no hay prueba de tal existencia, limitándose la apelante a exponer sus reproches a la sentencia contraria a sus intereses sin exponer la carga argumentativa requerida para poder considerar la existencia de una actuación estatal contraria a la ley. Revocar. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
Expediente 76001 23 31 000 2006 00270 01 (39 861) de 2017.
CONSEJO DE ESTADO REITERA QUE INSUFICIENCIA DE PRUEBAS QUE INCRIMINEN AL DETENIDO GENERA UN DAÑO CUYA INDEMNIZACIÓN LA NACIÓN DEBE ASUMIR. La decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, arguyendo que si bien el proceso terminó por aplicación del principio de in dubio pro reo era necesario comprobar que la detención se tornaba en injusta para el demandante, no es conforme a las reglas jurisprudenciales fijadas por el Consejo de Estado ya que la aplicación de tal principio implica que se mantiene la presunción de inocencia del ciudadano investigado, de modo que la medida de aseguramiento se vuelve en una privación injusta de la libertad generadora de un perjuicio al detenido que el Estado tiene la obligación de indemnizar. Revoca. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
Colombia Compra Eficiente
¿UNA ENTIDAD ESTATAL PUEDE LIQUIDAR UNILATERALMENTE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR A UN ACUERDO ENTRE LAS PARTES?. Si, la Ley 80 de 1993 permite que las entidades estatales liquiden unilateralmente sus contratos cuando el contratista no se hace presente para suscribir la liquidación de común acuerdo o cuando no se llega a un acuerdo sobre el contenido de la misma.
Departamento Administrativo de la Función Pública
¿CUÁLES CRITERIOS DEBE ATENDER UNA ENTIDAD PÚBLICA AL MOMENTO DE ESTUDIAR EL OTORGAMIENTO DE UN TRASLADO O PERMUTA ENTRE EMPLEADOS PÚBLICOS?. Debe revisar que las funciones de los respectivos empleos sean afines o que se complementen, es decir que éstas sean semejantes, que haya un hilo conductor entre ellas, y el área de desempeño en que se desarrolla cada empleo. Para el caso de empleos del nivel asistencial, estos deben corresponder a actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución.
Superintendencia de Industria y Comercio
CONDUCTAS CONSIDERADAS COMPETENCIA DESLEAL. Teniendo en cuenta los supuestos generales consagrados en la prohibición prevista en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, los artículos 8 a 19 de la Ley 256 de 1996 señalan, de manera enunciativa, las conductas que el legislador considera desleales por ser conductas opuestas a la manera corriente de quienes obran honestamente en el mercado, así: los actos de desviación de la clientela, los actos de desorganización, los actos de confusión, los actos de engaño, los actos de descrédito, los actos de comparación, los actos de imitación, la explotación de la reputación ajena, la violación de secretos, la inducción a la ruptura contractual, la violación de normas y los pactos desleales de exclusividad.