Marzo 20 de 2019

Corte Constitucional

Sentencia T 071 de 2019

BENEFICIARIOS DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES DEBEN ACTUALIZAR ESTADO DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL. La Corte Constitucional conoció una tutela en la que se reclamaba por la suspensión del pago de una pensión de sobrevivientes a una ciudadana, porque no actualizó su pérdida de capacidad laboral.  El caso se refiere a una mujer que gozaba de pensión de sobrevivientes como hija en condición de invalidez, la accionante había sido declarada interdicta y contaba con exámenes que certificaban su pérdida de capacidad laboral y la condición irreversible de su enfermedad. No obstante, la entidad encargada de pagar la pensión la suspendió, alegando que no se habían aportado exámenes actualizados que certificaran que la pérdida de capacidad laboral era superior al 50 %, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1655 de 2015, que establece una valoración médica cada tres años para mantener, disminuir, aumentar o declarar extinguida la pensión. La Sala consideró que si bien se debe cumplir con la actualización mencionada, la entidad exigió dicho examen antes de que se cumpliera el término de tres años previsto en la ley y no reactivó el pago de la pensión cuando este se aportó, lo cual concretó una violación de los derechos a la dignidad, el mínimo vital, el debido proceso y la seguridad social de la accionante.

Sentencia T 050 de 2019
LA FALTA DE UNA PRESTACIÓN DEL ESTADO DE UN DERECHO ECONÓMICO, SOCIAL O CULTURAL QUE PONGA EN ENTREDICHO UN DERECHO FUNDAMENTAL, PUEDEN SER OBJETO DE TUTELA. Cualquiera que sea el tipo de barrera o limitación que suponga una restricción a la efectiva prestación de servicios en salud que requiere un usuario, implica la afectación de su derecho y un obstáculo injustificado al pleno goce del mismo, especialmente si ese usuario es una persona en condición de vulnerabilidad, en cuyo caso debe ser objeto de una protección especial constitucional. Es deber del Estado de proteger en condiciones de igualdad a todos los habitantes del territorio nacional, pero es enfático con aquellas personas que por su situación económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Revocar. MP Alberto Rojas Ríos

Sentencia T 051 de 2019

NO POR HABER DEJADO LAS ARMAS Y FIRMAR EL ACTA DE COMPROMISO PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO COMO INTEGRANTES DE LAS FARC-EP HABRÍAN DE OBTENER LA VISA DE MANERA AUTOMÁTICA. Corte Constitucional declaró improcedente acción de tutela promovida por los accionantes quienes estimaban que el Alto Comisionado para la Paz, vulneró sus derechos a la vida digna, a la integridad personal, a la salud y a la seguridad social, como consecuencia de no haberles expedido su pasaporte y su cédula de extranjería. Lo anterior, por cuanto la tutela no es el mecanismo idóneo, por manera que se deben agotar los medios ordinarios de defensa que en el caso en concreto se reducían a presentar una petición ante el Comisionado de Paz exigiendo el cumplimiento de lo que entendían como parte del Acuerdo, o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, autoridad encargada según el Decreto Ley 831 del 18 de mayo de 2017 de expedir la visa. Aun así, la Corporación resaltó no puede entenderse que por haber dejado las armas y firmar el acta de compromiso habrían de obtener la visa de manera automática. Revoca. M.P: José Fernando Reyes Cuartas.

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 63365 de 2019

EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN PLENA DE PERJUICIOS EMPIEZA A CONTABILIZARSE DESDE EL MOMENTO QUE EL TRABAJADOR ES CALIFICADO Y NOTIFICADO DE LA PCL. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia precisó que a partir del momento en que la accionante fue notificada de la calificación de pérdida de capacidad laboral, empieza a correr el término establecido en los artículos 488 del C.S.T y 151 del C.P.T.SS para ejercer la acción de indemnización plena de perjuicios contemplada en el artículo 216 del C.S.T, como quiera que a partir de este momento el afectado está razonablemente posibilitado para reclamar cada uno de los eventuales derechos pretendidos por dicho concepto. Así mismo, la Sala resaltó los yerros cometidos por el Tribunal al no advertir que los perjuicios materiales y morales derivados del accidente de trabajo, no hacían parte del litigio, máxime aun cuando el operador judicial le asiste al operador judicial de interpretar la demanda, estando en la obligación de referirse a todos y cada uno de los hechos planteados en el proceso por los sujetos procesales. De otra parte, indicó sobre el contenido y alcance diferente que tiene el artículo 18 de la Ley 776 de 2002 que regula la prescripción propia del sistema de riesgos generales frente a la indemnización plena de perjuicios contemplada en el artículo 216 del C.S.T., como quiera que la primera es de naturaleza prestacional en tanto que la segunda meramente indemnizatoria. Casa. M.P: Jorge Prada Sánchez

Expediente 76049 de 2019

EL MINISTERIO PÚBLICO SÍ PUEDE EXCEPCIONAR LA PRESCRIPCIÓN EN PROCESOS LABORALES. Según la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, por intermedio de sus procuradores judiciales en lo laboral, está plenamente facultado para “intervenir” en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción del trabajo, como expresamente lo indica el artículo 16 del Código Procesal Laboral.  Por lo tanto pueden, sin restricción de ninguna naturaleza, ejercer sus actividades para la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial, así como para la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Sin embargo, el alto tribunal señaló que esta intervención no puede enmarcarse dentro de los esquemas fijados a las partes, por cuanto la Constitución Política, numeral 7 del artículo 77, la garantiza “cuando sea necesaria en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales”. Lo anterior quiere decir que frente a alguno de estos bienes jurídicos protegidos por el Constituyente, en el evento en que el procurador o sus delegados consideren necesaria su intervención lo podrá hacer, ya sea formulando alegatos, interponiendo acciones o incidentes, proponiendo excepciones, solicitando pruebas y participando en su práctica. Incluso, rindiendo conceptos e informes que requiera la defensa, pues para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tiene atribuciones de policía judicial y puede interponer las acciones que considere necesarias. Con todo, esa actuación que debe entenderse y acomodarse a los parámetros y principios que gobiernan el proceso laboral, advirtió la Sala.

Expediente 61432 de 2019

LA APLICACIÓN DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA ANTE EL TRÁNSITO LEGISLATIVO ENTRE LA LEY 100 DE 1993 Y LA LEY 797 DE 2003 ES TEMPORAL Y NO INDEFINIDA. La Sala de Casación Laboral recordó que la norma aplicable para determinar la procedencia de la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del fallecimiento del afiliado. No obstante, advierte que es posible aplicar la condición más beneficiosa ante el tránsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003. Sin embargo, dicha posibilidad es temporal de tal suerte que se fijó un límite de tres años contados desde la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, esto es, desde el 29 de enero de 2003 al 29 de enero de 2006, a favor de quienes tenían una expectativa legitima. Luego de esta última fecha, advirtió la Sala que no es posible acudir a una norma anterior en virtud del principio de la condición más beneficiosa, como quiera que ella opera por vía de excepción y su aplicación es restrictiva en tanto que no es dable emplearla con un carácter indefinido o perpetuo. Así las cosas, solo es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006 para aquellas personas con una expectativa legítima. No casa. M.P: Dolly Amparo Caguasango Villota.

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 53864 de 2019

ASÍ SE DETERMINAN LAS SANCIONES EN EL SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia enfatizó que siempre debe hacerse un examen objetivo de las circunstancias del delito y la condición del adolescente para definir si determinado tratamiento punitivo consulta sus necesidades. Por esta razón es necesario el balance entre “el delito ejecutado, los criterios que gobiernan la sanción impuesta, los riesgos que su materialización puede aparejar y (…) la muestra de enmienda del acusado”, en aras de que la persona continúe su proceso formativo integral.  La Corte examinó, en sede de casación, una sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá a través de la cual confirmó, con modificaciones, el fallo emitido en primera instancia por el Juzgado Quinto Penal para Adolescentes con función de Conocimiento, en el que se condenó un joven como autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado a la sanción de privación de la libertad en centro de atención especializada por 24 meses. El a quo modificó la sanción por libertad asistida durante 12 meses, beneficio que fue revocado en segunda instancia. La Sala advirtió que era evidente que la mejor opción, de cara a las finalidades del proceso dispuesto por el Código de la Infancia y la Adolescencia, es permitir que continúe con su proceso formativo integral, “en lugar de truncar el mismo con el internamiento en centro especializado

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 85001 31 84 001 2008 00226 01 (069) de 2019

PUEDE SER INVÁLIDO UN PROCESO CUANDO NO SE RESUELVEN LAS PRUEBAS PEDIDAS POR LAS PARTES. Un proceso se torna inválido, entre otras causas, cuando no se resuelve sobre las pruebas pedidas por las partes, ya sea por no decretarlas o negándolas, o cuando pese a ser ordenadas, se omite, sin justificación legal, su realización. Aplicando lo anterior al caso en concreto se evidencia que la nulidad alegada causal 6 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil no se acredita. Lo acontecido en el proceso según el actor fue que el juzgado del conocimiento no accedió al decreto de las pruebas pedidas por el demandado; sin embargo, no configura el motivo de nulidad en cuestión, pues ella, en si misma considerada, no comporta la vulneración arbitraria del debido proceso del accionado, en tanto que éste gozó de la oportunidad de solicitar pruebas, la petición que formuló fue decidida, aunque adversamente, y, precisamente por ello, no cabe pensar que se omitió la práctica de las probanzas, pues éstas no fueron ordenadas. No casa la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, Sala Única. M.P: Álvaro Fernando García Restrepo

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 13001 11 02 000 2013 00154 01 de 2018 

LA SALA CONCLUYÓ QUE EFECTIVAMENTE EN EL CASO EN CUESTIÓN LA ACCIÓN DISCIPLINARIA SE ENCONTRABA PRESCRITA EN GRACIA DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD. Si un servidor público se ve sometido a un proceso de naturaleza disciplinaria, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura advierte que cuenta con el derecho a que se le aplique la normatividad más favorable para su caso, si en dicha circunstancia se advierte un conflicto jurídico normativo entre distintas disposiciones que componen ese ordenamiento disciplinario. En efecto, la regla general de aplicación de la ley es que ésta tiene vigencia hacia futuro, es decir que empieza a tener efectos desde el momento en que el legislador lo considere, pero siempre hacia futuro. Empero, en tratándose de la aplicación del principio de favorabilidad, esta regla general tiene sus excepciones, pues deberá darse simple aplicación a la norma más favorable a la situación que sea puesta de presente. En ese orden de ideas, atendiendo que en el caso en concreto se advierte una causal de improseguibilidad de la acción disciplinaria, en virtud del principio de favorabilidad, se procede a dar aplicación a lo reglado en el artículo 73 de la Ley 734 de 2002 y al artículo 210 ibídem. Bajo ese tenor fue revocada la decisión, como consecuencia de declararse la extinción de la acción disciplinaria por haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción. Decreta la terminación y el archivo definitivo. M.P: FIDALGO JAVIER ESTUPIÑÁN CARVAJAL

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 25000 23 25 000 2008 00386 02 (4178-14) de 2018

APLICACIÓN DEL IBL PARA AQUELLOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia en comento, recordó que el Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985. Ahora bien, en el caso en concreto, la Corporación ordenó la reliquidación de la pensión de la demandante, pero no en los términos planteados en el recurso de apelación, esto es, en cuantía del 75% de la totalidad de los factores devengados durante el último año de servicios, sino que, al estar cobijada por el régimen de transición, su prestación debía liquidarse según lo dispuesto por el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta los factores salariales que devengó y sobre los cuales cotizó, previstos en el Decreto 1158 de 1994. Revoca. C.P: William Hernández Gómez

Expediente 5000 23 42 000 2015 00753 01 de 2018

LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ES SIMILAR A LA DE CUALQUIER ACTO ADMINISTRATIVO. La Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró que el control ejercido por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo sobre los actos administrativos de naturaleza disciplinaria es de carácter integral, por lo que comporta una revisión legal y constitucional, sin que exista alguna limitante que restrinja la competencia del juez, entre otras razones, porque la presunción de legalidad del acto sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo y porque la interpretación normativa y la valoración probatoria efectuada en sede disciplinaria es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. Ahora, en el caso en cuestión la Sala consideró que el cargo de falsa motivación por indebida valoración probatoria no estaba llamado a prosperar, en atención a que en la investigación disciplinaria existía suficiente material probatorio que fue debidamente evaluado y valorado tanto por la primera como por la segunda instancias disciplinarias, y del cual razonablemente debía concluirse la responsabilidad del actor. Confirma. C.P: Carmelo Perdomo Cueter.

Expediente 25000 23 42 000 2013 06102 01 (32832016)  de 2019

DESMEJORAMIENTO DE CONDICIONES LABORALES DE AGENTES Y SUBOFICIALES NO DEBE ANALIZARSE FACTOR POR FACTOR. El legislador buscó respetar y proteger los derechos y garantías reconocidos al personal de agentes y suboficiales que de manera voluntaria optó por ingresar al nuevo sistema de carrera, ya que consagró expresamente que los funcionarios homologados no podían sufrir desmejora en su situación salarial y prestacional, explicó la Sección Segunda del Consejo de Estado. Lo anterior en virtud del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, buena fe, confianza legítima y progresividad de los derechos sociales, así como la prohibición de regresividad.  Además, señaló que para la Sala resulta claro que el nivel ejecutivo de la Policía fue creado con el propósito de (i) mejorar las condiciones salariales de los agentes y suboficiales de menor grado dentro de la institución; (ii) otorgar a los primeros un régimen salarial especial; (iii) permitir el ascenso del aludido personal (agentes y suboficiales dentro de la organización jerárquica y (iv) profesionalizar la labor de los servidores que pertenecían a tales niveles en aras de mejorar el servicio cuya prestación ha sido encargada a la entidad. Sin embargo, explica la corporación, el desmejoramiento no debe analizarse factor por factor, porque se incurriría en la creación de un tercer régimen, aspecto proscrito por la ley. En ese sentido, este es un aspecto a evaluar por los jueces a la hora de determinar la procedencia de alguna nivelación.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 05001 23 31 000 2010 01238 01 de 2018

CUANDO LA MEDIDA DE RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD ES INAPROPIADA, IRRAZONABLE Y DESPROPORCIONADA CONFIGURA UNA FALLA DE LA ADMINISTRACIÓN. Para la Sala la fiscalía no contaba con los dos indicios graves de que trata el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, para imponer la medida de aseguramiento en contra de los demandantes, bajo el entendido, que el informe de policía judicial sólo constituía un criterio orientador para la investigación y no plena prueba o indicio grave para sustentar la medida, aunado a que no se contaba con más elementos probatorios en contra de los demandantes. Ahora, no se puede desconocer que en el curso de la investigación se recibieron muchas declaraciones que daban cuenta de la comisión de los delitos que se investigaban, pero esas declaraciones incriminaban a personas distintas y el único que someramente los mencionó lo hizo de manera escueta y sosteniendo que lo sabía por terceras personas sin ser enfático y directo en la responsabilidad de los actores. Modifica la sentencia apelada y en su lugar declaran administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación, Fiscalía General de la Nación, de los perjuicios ocasionados a los demandantes. C.P: Jaime Enrique Rodríguez Navas.

Expediente 13001 33 31 001 2006 00703 01 de 2018

EL DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA SE REFLEJA EN LA PROHIBICIÓN PARA LAS AUTORIDADES PÚBLICAS Y CARCELARIAS DE REALIZAR ACTUACIONES QUE CONSTITUYAN TORTURA O DE APLICAR PENAS O TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. Condenan al DAS por la vulneración a los derechos de dignidad, honra y buen nombre. El hecho de que a través de un organismo de inteligencia, agentes del Estado hayan realizado maniobras ilegales, tendientes a desacreditar la reputación del profesor Alfredo Rafael Francisco Correa de Andreis, mediante el suministro de información falsa, sin fundamento y con el ánimo de distorsionar la realidad de sus actividades y que estas hayan servido para realizar falaces acusaciones ante la Fiscalía para su judicialización, y su posterior señalamiento como miembro de la insurgencia y justificar a nivel ideológico su asesinato, constituye sin duda una manifiesta e infausta vulneración a los derechos a la dignidad, vida y honra. Las labores de inteligencia del DAS fueron utilizadas con fines oscuros y para efectos de involucrar falsamente a defensores de derechos humanos, y en ese sentido, la víctima fue objeto de seguimientos y tomas fotográficas ilegales por parte del entonces director seccional del DAS, quien a su vez tenía vínculos con el comandante paramilitar, alias “Don Antonio”, personaje que finalmente ordenó la muerte del catedrático. Modifica sentencia apelada y en su lugar declaran patrimonial y administrativamente responsable a la Nación. C.P: Ramiro Pazos Guerrero

 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

Expediente 54001 23 33 000 2012 00007 02 (23403) de 2018

LA DIAN PUEDE NEGARSE A REVISAR PRUEBAS TESTIMONIALES, CUANDO LA EVIDENCIA DOCUMENTAL NO LA SOPORTE. Debido a que en el proceso la actora había aportado suficiente material probatorio, la Dian puede negar la solicitud de algunas pruebas testimoniales; pues de manera posterior a su análisis, no encontró documentos que soportaran las transacciones que se declararon como ficticias, por lo que los testimonios no suficientes para probar la realidad de las transacciones. Confirmar. MP Milton Chaves García.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Concepto 049 de 2018

¿QUÉ ACCIONES SE PUEDEN IMPLEMENTAR ANTE EL JUEZ DE FAMILIA QUE CONOCE LA HOMOLOGACIÓN Y QUE TOMA UNA DECISIÓN QUE EN CRITERIO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO SE AJUSTA A DERECHO Y DEJA EN SUSPENSO INDEFINIDAMENTE LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES? El Instituto Colombiano del Bienestar Familiar por medio del concepto en comento advirtió que la homologación es un medio control de legalidad de la autoridad judicial a las actuaciones de restablecimiento de derechos, siendo un trámite de única instancia, respecto del cual no proceden recursos, de manera que la decisión es definitiva y de obligatorio cumplimiento tanto para la autoridad administrativa como para las partes involucradas. Ahora bien, si la medida homologada no fue la declaratoria de adoptabilidad que tiene efectos definitivos sobre la patria potestad, y ante nuevos hechos de vulneración de derechos, la autoridad administrativa podrá iniciar la investigación correspondiente y adoptar las medidas que correspondan en atención al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, las cuales serán igualmente objeto de control jurisdiccional en los términos indicados en el Código de la infancia y la Adolescencia

 Colombia Compra Eficiente

Concepto 4566 de 2018

¿ES POSIBLE TERMINAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VIGENCIA DE LA LEY DE GARANTÍAS?. La ley de garantías no establece restricción alguna para que la Entidad de por terminada una orden de prestación de servicios. La Ley de garantías restringe la contratación estatal durante el periodo electoral, en dos escenarios a saber, elecciones presidenciales, y las demás elecciones.