Mayo 14 de 2019

Corte Constitucional

Sentencia C 138 de 2019

EXAMEN DE IDONEIDAD DEL ESTADO PARA LOS FUTUROS ABOGADOS ES CONSTITUCIONAL. Examen de idoneidad que se exigirá a profesionales en derecho, actúa como filtro de entrada al ejercicio profesional. Para la Corte la norma demandada se orienta a conseguir un propósito constitucionalmente importante; y, además, que el medio elegido por el legislador es efectivamente conducente para alcanzar dicha finalidad. Es importante recordar el papel que cumple el abogado en el Estado Social y Democrático de Derecho, así como también la importancia de control respecto del ejercicio de esa profesión que deben llevar a cabo las autoridades públicas, en búsqueda del interés general y la protección de los derechos de terceros. De esta forma, en desarrollo del artículo 26 de la Constitución de libertad de escoger profesión u oficio, en el caso de la abogacía le es dado al legislador exigir títulos de idoneidad, toda vez que, dicha profesión implica un riesgo social. Ello es así, justamente, porque la conducta individual del abogado se encuentra vinculada a la protección del interés general o común. Declaran exequible el artículo 2 de la Ley 1905 de 2018. M.P: Alejandro Linares Cantillo

Sentencia C 134 de 2019

EL SISTEMA DE DIVORCIO CAUSALISTA DEL RÉGIMEN CIVIL NO GENERA UN TRATO DESIGUAL E INCONSTITUCIONAL FRENTE A LA FORMA EN LA QUE SE ANULAN LOS MATRIMONIOS RELIGIOSOS. El matrimonio puede celebrarse mediante el rito civil o el religioso, con los mismos efectos civiles, pero con respeto de las formas propias de cada religión en materia de la constitución del vínculo y su eventual disolución; garantía que también se deriva del derecho fundamental a la libertad de cultos, consagrado en el artículo 19 de la Constitución. En el sistema normativo coexisten diferentes formas de contraer matrimonio, las cuales se celebran y se disuelven de acuerdo con los ritos establecidos en sus regímenes particulares, en virtud del principio constitucional de igualdad y libertad de todas las confesiones religiosas. Se declara inhibida. MP Alejandro Linares Cantillo.

 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 63760 de 2018

ACTOR DEBE ACREDITAR LAS CONTRADICCIONES ENTRE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS Y LA REALIDAD PROCESAL. Cuando se acusa la violación indirecta de normas de carácter sustancial, es deber del recurrente, además de indicar los supuestos yerros fácticos atribuidos al sentenciador e individualizar las pruebas, señalar de modo objetivo el contenido de los medios de convicción, así como el valor atribuido por el juzgador y la incidencia de estos en las conclusiones del fallo impugnado. No casa. MP Cecilia Margarita Durán Ujueta.

Expediente 60519 de 2019

CLÁUSULAS PACTADAS EN LOS ACUERDOS DE RETIRO DE TRABAJADORES SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LAS PARTES. Las partes celebran acuerdo de retiro del trabajador en el que se estipulan las condiciones, pero no se deja en claro el tiempo de aplicación; lo cual conlleva que al no observarse restricción alguna para establecer una forma de pago de los aportes acordados durante un año en forma anticipada; choque con la precisión inicial que trae la cláusula en el sentido de asumir libremente el costo de las cotizaciones obligatorias en saludo. Casa. MP Jorge Prada Sánchez

Expediente 58510 de 2019

EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN PENSIONES FUE ESTABLECIDO CON EL FIN DE PROTEGER LA EXPECTATIVA FUNDADA DE UNA POBLACIÓN DE TRABAJADORES ANTIGÜOS Y CON EDAD CERCANA A LA EXIGIDA PARA LA PENSIÓN. Es un mecanismo que acentúa el rigor del principio de la aplicación general e inmediata de la ley. Es un beneficio para los trabajadores antigüos que para la fecha de la entrada en vigencia de la ley nueva, no han accedido aún al derecho que se trata. Consiste en aplicar la legislación anterior, lo que de suyo es algo excepcional y por lo mismo, de rigurosa aplicación restringida. No casa. MP Jimena Isabel Godoy Fajardo.

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 11001 02 03 000 2019 00023 00 de 2019

LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN SON LOS COMPETENTES PARA CONOCER DE LA ACCIÓN DE POPULAR INSTAURADA CONTRA BANCOLOMBIA. SI bien el actor presentó la acción ante el Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, bajo la consideración de que ese era el domicilio de la entidad demandada, como elemento para determinar la competencia, no es menos cierto que el domicilio principal de Bancolombia es en la ciudad de Medellín; por lo que la equivocación en que incurrió el accionante no tiene fuerza vinculante para el juzgador, el hecho de existir una sucursal en ese territorio, no resulta razón suficiente para radicar el asunto allí, debido a que la norma, en ningún sentido, permite que se presente la demanda en sucursales o agencias, pues solo lo admite en el domicilio principal, conforme a la ley 472 de 1998, por lo que no se puede aprobar que este sea un factor incontrovertible que pueda fijar la competencia en las acciones populares. Dirime conflicto de competencias. M.P: Margarita Cabello Blanco

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 52120 (824) de 2019

SE HA DEMOSTRADO EL PROCEDER DE ALGUNOS FUNCIONARIOS Y ABOGADOS QUE SE HAN CONCERTADO PARA DEFRAUDAR A LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, DECISIONES QUE NO SE HAN FUNDADO EN PRESUNCIONES, SINO EN HECHOS CABALMENTE COMPROBADOS. Para la Sala el reproche inicial que plantea el defensor, referido a que en los casos de Foncolpuertos ha existido una presunción de culpabilidad no es más que un argumento explicable como estrategia defensiva que a todas luces resulta inaceptable. Pues es sabido que cada caso en particular se define de acuerdo con las pruebas aducidas las cuales se deben valorar de conformidad con las reglas de la sana critica lo cual por supuesto se opone a que se obre conforme a presunciones. Las alegaciones realizadas desconocen la dinámica propia del recurso de apelación, pues implica que el recurrente ponga de presente los yerros en que a su juicio incurrió el juez, pero que no haya afirmaciones que no concreta ningún error que sea enmendable por el juez superior. Confirma la sentencia que condenó al doctor Jaime José García Montes. M.P: Luis Guillermo Salazar Otero.

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 11001 11 02 000 2014 02974 01 de 2018

NORMA APLICABLE PARA LOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA CUANDO DESATIENDEN SUS DEBERES ES LA LEY 734 DE 2002. No es el Código de Procedimiento Civil, ni el Código General del Proceso, ni el Acuerdo 1518 de 2002 del Consejo Superior de la Judicatura las normas que regulen las faltas expresamente a aplicar, por el contrario son las normas primarias de exigible cumplimiento para la función o atribución otorgada, es decir, imponen una serie de reglas, deberes, obligaciones, que operan como marco de legalidad o criterios auxiliares; estas normas regulan lo relacionado con la designación, calidades, causales de exclusión de la lista respectiva y las sanciones aplicables a los auxiliares de la justicia. Sin embargo, para la Sala la norma legal aplicable para sancionar auxiliares de la justicia es la Ley 734 de 2002, la cual determina no solamente el procedimiento a seguir, sino las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses, las faltas a imputar, la modalidad de la conducta y, las sanciones a aplicar. Declaran la nulidad de la actuación disciplinaria a partir del auto de cargos contra auxiliar de la justicia por infringir las obligaciones señaladas del C.P.C. M.P: María Lourdes Hernández

Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil

Expediente 11001 03 06 000 2018 00225 00 de 2019

LA DEFINICIÓN DE UN CONFLICTO DE COMPETENCIAS NO DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LAS ENTIDADES SINO DE LA NATURALEZA DEL CONFLICTO. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para conocer de los conflictos de competencias administrativas que se presenten entre autoridades administrativas entre sí; o entre una autoridad administrativa y otra de distinta naturaleza; o entre dos autoridades que no sean de naturaleza administrativa, siempre y cuando se trate de asuntos de carácter administrativo, es decir, en ejercicio de función administrativa. Finalmente, el conflicto debe recaer sobre situaciones concretas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, no es posible resolver controversias o asuntos de naturaleza abstracta, hipotética o general, los cuales corresponderían a la función consultiva de la Sala. Se declara inhibida para conocer sobre el presunto conflicto de competencias administrativas suscitado entre la Policía de Infancia y Adolescencia Nacional y la Comisaría de Familia de Frontino, Antioquia. C.P: Édgar González López.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 66001 23 33 000 2016 00290 01 (0092-18) de 2019

REGLAS PARA EL CÁLCULO DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, será el promedio de lo devengado o cotizado entre el tiempo que le hiciere falta desde la entrada en vigencia del Sistema General del Pensiones (Ley 100)y la fecha de adquisición del derecho a la pensión, o el de todo el tiempo si este fuere superior. Para los que les faltare más de 10 años, el ingreso base de liquidación será calculado de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley 100 de 1993; es decir, el promedio de lo devengado o cotizado durante los últimos 10 años o el de toda la vida laboral si tuviera 1250 o más semanas, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor (IPC), según certificación que expida el DANE, será el promedio de lo devengado o cotizado entre el tiempo que le hiciere falta desde la entrada en vigencia del Sistema General del Pensiones y la fecha de adquisición del derecho a la pensión. Confirmar. MP Rafael Francisco Suárez Vargas.

Expediente 25000 23 42 000 2012 01598 01 (1559-14) de 2019

EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL PERMITE QUE SE REGULE UNA DETERMINADA SITUACIÓN DE ACUERDO CON LAS NORMAS ANTERIORES EN SU INTEGRIDAD. Ley 6 1945 Artículo 17. La base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del servidor, estaría constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: Asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarían sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes. Confirmar. MP Rafael Francisco Suárez Vargas

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 25000 23 26 000 2010 00013 01 (48000) de 2019

CUANDO UNA DEMANDA CONTIENE UNA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES EL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEBE CONTABILIZARSE DE MANERA INDEPENDIENTE PARA CADA UNA .En el presente caso el actor realizó una acumulación objetiva de las pretensiones a saber, primero sobre los perjuicios derivados de las providencias que ordenaron la incautación y la extinción del derecho de dominio y segundo por la abstención en la entrega del bien inmueble. Por lo anterior la Sala realizó un estudio de estas pretensiones, concluyendo sobre el error judicial por la providencia que ordenaron la incautación y extensión de dominio del predio que si se contabiliza el término de los dos años con los que contaba la parte actora para interponer la acción desde la fecha del fallo de tutela o desde la sentencia del Juez natural se evidencia que la misma se presentó de manera extemporánea. En cuanto a la no entrega del inmueble señala el despacho que el actor se encontraba habilitado para reclamar por los perjuicios por la no entrega del bien desde que se advirtió esta situación y, por ende, es ese el momento en el que inició el cómputo del término de caducidad el cual estaba vencido cuando se presentó la demanda.

Expediente 66001 11 02 000 2016 00369 01 de 2018

PROCESO DISCIPLINARIO RESULTA NULO POR LA APLICACIÓN DE UNA NORMA QUE NO RIGE A LOS JUECES DE PAZ. La Sala determinó la nulidad de las actuaciones dentro del proceso disciplinario incoado contra togado en su condición de Juez de Paz de la de la comuna Cuba-Pereira, al determinar que al fundamentar los cargos en la Ley 497 de 1999, no se aplicó el régimen pertinente, puesto no se puede admitir que la mencionada norma contenga el catálogo de faltas, por cuanto no señala descripciones genéricas, impersonales y abstractas pues el fundamento que rige a los Jueces de Paz en lo referido a los deberes, prohibiciones, inhabilidades, impedimento incompatibilidades y conflicto de intereses se encuentran en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Decreto Nulidad. M.P. Pedro Alonso

Expediente 05001 23 31 000 2007 02466 01 (54688) de 2018

¿PUEDE UNA ENTIDAD ESTATAL DECLARAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y COBRAR LA PÓLIZA CUANDO LOS CONTRATOS SE RIGEN POR EL DERECHO PRIVADO?. En el presente caso se debe determinar si EPM tenía o no competencia para declarar la configuración del siniestro por incumplimiento en el contrato de suministro de tubería de cobre y para hacer exigible la póliza de seguro. Ante esto asegura el despacho que en el escenario del derecho comercial aplicable al contrato, el riesgo asegurado no depende de la voluntad de EPM sino por el contrario se soporta en el hecho objetivo del incumplimiento de los pedidos, por tanto, la declaración del riesgo por incumplimiento correspondió a una constatación de los hechos que configuraron el evento, estando ajustado a derecho el acto de configuración del siniestro y exigibilidad de la póliza conforme al artículo 1072 del Código de Comercio. Revoca la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda y en su lugar niega la demanda. C.P: Marta Nubia Velásquez Rico

 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 11001 03 15 000 2018 03257 01 de 2018

EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL CONTENIDO EN LA LEY 100 DE 1993, NO SE APLICA A LOS AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Los docentes oficiales han disfrutado de algunas prerrogativas, como la posibilidad de recibir simultáneamente pensión y sueldo (Decreto 224 de 1972, artículo 5), algunos gozan de la denominada pensión gracia (Leyes 114 de 1913, 116 de 1628 y 37 de 1993), prestaciones que se reiteran en las Leyes 91 de 1989, 100 de 1993 artículo 279 y 115 de 1994 artículo 115, lo que permite aceptar que gozan de un régimen especial en materia prestacional y salarial. Los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales de cualquier orden son empleados oficiales del régimen especial

 Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda

Expediente 11001 33 35 703 2015 00001 01 de 2018

LAS SUMAS LIQUIDADAS RECONOCIDAS EN UNA SENTENCIA, DEVENGAN INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA EJECUTORIA DE LA RESPECTIVA SENTENCIA. Los intereses moratorios generados por el pago tardío de la condena, se causan únicamente respecto de las cantidades liquidadas al momento de la ejecutoria del fallo; lo que implica que la fecha de ejecutoria marca el límite de conformación del capital sobre el cual se deben liquidar los intereses moratorios. Confirmar parcialmente. MP Luis Alberto Álvarez Parra.

Concejo de Bogotá

Acuerdo 735 de 2019
CONCEJO DE BOGOTÁ RECUERDA EL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA. Deroga los artículos 138 al 243 del Acuerdo Distrital 079 de 2003. El Concejo de Bogotá conforme a las atribuciones de la Ley 1801 de 2016 y del Decreto Ley 1421 de 1993, establece las competencias y atribuciones de las autoridades distrital de policía de acuerdo a lo dispuesto en el Código Nacional de Policía y Convivencia. Estarán los funcionarios, entidades competentes y la policía metropolitana de Bogotá bajo la dirección del Alcalde Mayor. Documento disponible al público en enero de 2019. Temas: Autoridades de Policía. Competencias. Alcaldía de Bogotá.