Mayo 2 de 2019

Corte Constitucional

Sentencia C 128 de 2018

LA CONSTITUCIÓN IMPONE A LA POLICÍA NACIONAL EL DEBER DE HACER PRESENCIA EN LAS ACTIVIDADES QUE INVOLUCRAN AGLOMERACIONES DE PÚBLICO. Para la Corte, es evidente que la defensa del orden público, de la seguridad pública y ciudadana, así como de los derechos y garantías de los ciudadanos, no depende de la clase de aglomeración de público, dado que los artículos 2 y 218 de la Constitución asignan esas misiones a la Policía Nacional, siempre y en todos los casos. En tal sentido, dependiendo de las particularidades de cada evento, por ejemplo, el aforo o su naturaleza, entre otros factores, la Policía es competente para determinar la forma cómo ejercerá sus facultades y competencias en frente del mismo, en los términos que han especificado las reglas demandadas. En consecuencia la Corte declaró exequible las expresiones “De manera excepcional” y “podrá” contenidas en el parágrafo 1 del artículo 52 de la Ley 1801 de 2016. Declaran exequibles las expresiones “De manera excepcional” y “podrá” contenidas en el parágrafo 1 del artículo 52 de la Ley 1801 de 2016 y declaran exequible de manera condicionada el inciso primero del artículo 62 de la Ley 1801 de 2016. M.P: José Fernando Reyes Cuartas.

Sentencia C 118

LOS ACTOS JURÍDICOS, CONTRATOS Y ACTUACIONES DE SATENA SE RIGEN POR EL DERECHO PRIVADO EN ARMONÍA CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. En el presente caso, se plantearon dos cargos de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1427 de 2010, al cuestionar que se excluyen los principios de la función administrativa y que se desconoce la categorización de los servidores públicos. Ante esto advierte la Corte que las censuras se dirigieron en contra de las expresiones aisladas “exclusivamente” y “particulares”, que carecían de un sentido normativo completo, por lo tanto, se decidió integrar la totalidad de los incisos que contienen dichas expresiones. Para la Sala la demanda se dirigió en contra de una interpretación plausible, de acuerdo con la cual la fijación de un régimen jurídico exclusivo de derecho privado para SATENA excluyendo los principios de la función administrativa; en consecuencia, se estableció que la norma acusada, excluye los principios de la función administrativa del régimen jurídico de la entidad lo cual transgrede el artículo 209 de la Constitución y, por lo tanto, para compatibilizar la norma acusada con la Constitución se decidió condicionar la norma. Declarar la exequibilidad del inciso 1 del artículo 5, y del inciso 1 del artículo 6 de la Ley 1427 de 2010, por la cual se modifica la naturaleza jurídica de la empresa Servicio Aéreo a Territorios Nacionales SATENA. M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado.

Sentencia C 110 de 2019

NO TODA PRESTACIÓN PERIÓDICA A CARGO DEL ESTADO Y A FAVOR DE UN GRUPO DE PERSONAS EN CONDICIONES ESPECIALES, PUEDE CONSIDERARSE COMO UNA PENSIÓN. Para que ello sea posible es indispensable tener en cuenta, entre otros factores: La denominación que el legislador le hubiere dado; las condiciones específicas para su otorgamiento y, en particular, la fijación de periodos previos de cotización; si tiene una vocación universal, es decir, para todos los ciudadanos o si se encuentra sometida a criterios de priorización o focalización; y si de ella pueden predicarse los rasgos de un derecho adquirido como lo son su causación, duración y sustitución al núcleo de beneficiarios o, por lo contrario, su existencia se encuentra ligada al beneficiario de la medida asistencial y a la permanencia de la situación que dio origen a la protección. Se declaran fundadas las objeciones. Alejandro Linares Cantillo.

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 63763 de 2019

LA CONDICIÓN DE COTIZANTE ACTIVO SE PIERDE POR RETIRO O DESVINCULACIÓN, MAS NO POR LA MORA EN EL PAGO DE LOS APORTES POR PARTE DEL EMPLEADOR. Las cotizaciones a salud y pensión se causan mientras el afiliado tenga una vinculación en vigor y preste efectivamente el servicio. Bajo ninguna circunstancia, es permisible que el afiliado o sus beneficiarios: Soporten el incumplimiento del empleador en el pago de los aportes ni la precaria gestión de la AFP para obtener el pago de las cotizaciones en mora. No casa. MP Cecilia Margarita Durán Ujueta

Expediente 71152 de 2019

LA INOBSERVANCIA DE LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA LEY Y LA JURISPRUDENCIA PARA EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, CONLLEVA INELUDIBLEMENTE QUE LOS CARGOS NO PUEDAN SER ESTUDIADOS Y EL RECURSO RESULTE INFRUCTUOSO. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia advirtió que las exigencias técnicas dispuestas por la ley y la jurisprudencia del recurso extraordinario de casación, son ingrediente jurídico-lógicos de la racionalidad del recurso, en tanto que estructuran el debido proceso por manera que se pueden soslayar, toda vez que ello puede conllevar que el recurso resulte infructuoso, tal como aconteció en el caso bajo estudio. La Corporación consideró que el recurso adolecía de graves falencias como; no determina la senda jurídica ni el concepto de la violación de la ley, no identifica las pruebas supuestamente dejadas de valorar, ni ataca verdades soportes de la decisión gravada. No casa.M.P: Jorge Prada Sánchez.

Expediente 59486 (1060) de 2019

EL LUCRO CESANTE Y FUTURO SE DEBE CALCULAR MEDIANTE TABLAS FINANCIERAS. Sentencia CSJ Sala Civil 26/02/2004 Radicado 7069. Se deben apreciar las pruebas que muestran el salario mensual promedio por el actor, sirve como parámetro para realizar la valoración del lucro cesante pasado y futuro, así no se cuente como un dictamen pericial en específico, sobretodo cuando en eventos a fin de establecer esta clase de perjuicios, se deben acoger las fórmulas donde se remite a las tablas financieras acogidas por la jurisprudencia laboral. No casa. MP Ernesto Forero Vargas.

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 51100 de 2019

INTERÉS DEL ACUSADO EN CUMPLIR CON LA REPARACIÓN DE DERECHOS VULNERADOS PARA OBTENER DESCUENTOS PUNITIVOS. El descuento consagrado en el artículo 269 del Código Penal, para delitos contra el patrimonio económico, está condicionado al interés mostrado por el acusado en cumplir pronta o lejanamente, total o parcialmente, con la reparación de los derechos vulnerados a las víctimas; bajo ese criterio, en ambos casos, la Sala estimó pertinente aplicar un descuento del 60%, en atención al tiempo que transcurrió entre la fecha de los hechos y los actos de reparación, así como las actuaciones que se agotaron en ese lapso, sin dejar de lado las circunstancias que rodearon cada asunto y el desgaste que implicó para los perjudicados. El momento de la actuación procesal en que se materializa la reparación es un referente indispensable para calcular el porcentaje de descuento punitivo.Casa oficiosamente la sentencia. M.P: Eyder Patiño Cabrera.

Expediente 48757 de 2019

EL RECURSO DE CASACIÓN NO ESTÁ INSTITUIDO PARA QUE LOS RECURRENTES SE OPONGAN A LAS CONCLUSIONES DEL FALLO, SINO PARA QUE DEMUESTREN ERRORES EN LA APLICACIÓN DE LA LEY. Para la Sala tanto en el fallo del Tribunal como el del juez, con base en las pruebas del proceso los falladores dieron por acreditado el proceder doloso de la acusada circunstancia que en virtud del principio lógico de identidad descartaba una conducta culposa y así lo declararon sin que entonces se advierta la motivación incompleta que denuncia infundadamente el censor. Así mismo para el despacho no se atinó a señalar los apartes cercenados con vocación demostrativa suficiente para acreditar una realidad fáctica y jurídica distinta a la declarada en las instancias, igualmente, no se controvirtió probatoriamente las conclusiones del perito. No casa la sentencia impugnada. M.P: Luis Antonio Hernández Barbosa

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 11001 11 02 000 2015 00593 01 de 2018

ES SANCIONABLE LA CONDUCTA DEL ABOGADO CUANDO ASUME UN ENCARGO Y ESTE NO SE DESARROLLA CON LA DILIGENCIA DEBIDA. Es obligación del abogado poner en conocimiento de su cliente todas aquellas situaciones relevantes que pueden modificar o poner en peligro los resultados esperados de la gestión, así que las actuaciones que el abogado pretenda adelantar en uso de las facultades conferidas en los pertinentes poderes, especialmente cuando se trate de disponer de los derechos en juego, se deben notificar al cliente. El propósito de esta falta es que el abogado respete las decisiones del titular de los derechos, que es finalmente quien está comprometido en los resultados de la litis, y entonces, debe el abogado ilustrar al cliente, sin engaño alguno, sobre los hechos relevantes del proceso que permitan a aquel elegir con cabal conocimiento de causa sobre el rumbo del asunto. Confirma la sentencia que impuso sanción. M.P: Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil

Expediente 11001 03 06 000 2018 00046 00 de 2018

QUIEN ESTÉ A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTA LLAMADO A DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL EN QUE PUEDA INCURRIR EL CONTRATISTA. En el presente caso la Sala declaró que ninguna de las dos autoridades en conflicto a saber, Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, y el Club Militar, son competentes para adelantar la actuación disciplinaria en contra del contratista del club José Luis Valdiri; esto teniendo en cuenta que el particular no ejercía funciones públicas, lo cual nos indica que no es un sujeto disciplinable. En esta medida, la supervisión de la ejecución y el cumplimiento de los contratos y determinar la posible responsabilidad contractual en que puedan incurrir, así como sus correspondientes medidas corresponde al Director General del Club Militar, o a quien este delegue conforme al estatuto contractual artículo 14, por lo tanto, deberá el Director adelantar las actuaciones internas que permitan establecer la conducta del contratista, dentro de las actuaciones administrativas objeto de reparos, y adoptar las decisiones que correspondan. Declaran que las entidades no son competentes para adelantar el proceso disciplinario y devuelven el expediente. C.P: Óscar Darío Amaya Navas

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 08001 23 33 000 2014 00390 01 (4382-15) de 2018

LAS DIFERENCIAS SALARIALES ORIGINADAS EN REAJUSTES NO GENERAN EL PAGO DE SANCIONES MORATORIAS E INTERESES POR CESANTÍAS. El pago oportuno de las cesantías garantiza el reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y seguridad social, pero dicha garantía no puede ampliarse a presupuestos no contemplados en la norma, como en el caso de reajustes salariales; pues cuando se hizo el correspondiente pago oportuno de la prestación, no constituía situación consolidada para la demandante. Confirmar. MP César Palomino Cortés.

Expediente 15001 23 31 000 2005 02853 01 (3718-15) de 2019

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y DEL GOBIERNO NACIONAL POR EXPRESA AUTORIZACIÓN SON LOS COMPETENTES PARA ESTABLECER Y FIJAR LOS SALARIOS Y LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. Los empleados públicos del sector salud adscritos a las entidades territoriales, tienen derecho a que se les aplique el mismo régimen prestacional de los empleados públicos del orden nacional, por lo que no es procedente el reconocimiento de prestaciones con fundamento en disposiciones proferidas por autoridades del nivel territorial sean acuerdos u ordenanzas. Confirmar. MP César Palomino Cortés

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 54001 23 31 000 2000 01404 01 (59632) de 2018

NO HAY LUGAR A INDEMNIZACIÓN CUANDO LA MEDIDA RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD NO SE SOPORTA MATERIALMENTE. Es un deber de la persona y del ciudadano colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; y en este caso se observa que la conducta desplegada por el accionante fue opuesta a ese deber constitucional, puesto que no acudió ante la autoridad que lo estaba requiriendo, por el contrario, decidió salir del país el mismo día que lo citaron para notificarse de la providencia que ordenó nuevamente su captura, razón por la cual no puede pretender una indemnización. Para la Sala es claro que era deber del entonces sindicado el de acatar el llamado de las autoridades, máxime cuando ya conocía la existencia del proceso y contaba con un defensor de confianza que se notificó de la providencia. Revoca la sentencia apelada y en su lugar, niegan las pretensiones de la demanda. C.P: Marta Nubia Velásquez Rico

Expediente 25000 23 26 000 2002 01613 01 (28920) de 2019

AL OPERAR LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA POR DISPOSICIÓN LEGAL ESPECIAL DE UN CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, DESAPARECE CON ELLO EL TÍTULO EJECUTIVO.Declaran probada la excepción de ausencia del título ejecutivo en proceso ejecutivo adelantado contra la compañía de seguros Cóndor. El artículo 488 del Código de Procedimiento Civil contempla que podrán demandarse ejecutivamente obligaciones expresas, claras y exigibles que provengan del deudor; sobre la existencia del título ejecutivo complejo en materia de contratación estatal, se debe observar el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, el cual dispone el mérito ejecutivo para las garantías y demás documentos que provengan del deudor. Por lo anterior, para la Sala en este caso operó la terminación automática por disposición legal especial de un contrato de seguro de cumplimiento, con lo cual desaparece el título ejecutivo complejo que da origen y permite la ejecución. Revocan fallo y en su lugar declaran probada la excepción de mérito de ausencia del título ejecutivo, y no se continua con la ejecución. C.P: Alberto Montaña Plata

Expediente 76001 23 31 000 2003 04977 02 (52106) de 2019

PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ES NECESARIO ACREDITAR LA CULPA GRAVE O EL DOLO EN CABEZA DEL DEMANDADO. La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado o particular que cumple funciones públicas; que el pago se haya realizado; y la culpa grave o el dolo en cabeza del demandado. En el caso concreto para la Sala el disparo por parte del demandado pudo configurarse como una actuación imprudente e incluso constituir una omisión al deber de cuidado del demandado, pero ello no alcanza a tener la virtualidad necesaria para catalogar la actuación del agente estatal de gravemente culposa o dolosa, calificativos que resultan indispensables para acceder a las pretensiones de la acción de repetición. Confirma fallo que negó las pretensiones de la demanda. C.P: Alberto Montaña Plata.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Seccion Cuarta

Expediente 20001 23 33 000 2013 00380 01 (22168) de 2019

LOS RETIROS DE APORTES VOLUNTARIOS A CESANTÍAS CONSTITUYEN UN INGRESO GRAVADO PARA EL APORTANTE Y ESTARÁN SOMETIDOS A RETENCIÓN EN LA FUENTE; SALVO QUE SE DESTINEN A LA ADQUISICIÓN DE vivienda. Artículo 126 -1 Estatuto Tributario. La sociedad administradora de pensiones será la encargada de realizar la respectiva retención; siempre y cuando se produzcan sin el cumplimiento del requisito mínimo de permanencia. El retiro de los aportes voluntarios de los fondos privados de pensiones antes de que transcurran cinco (5) años contados a partir de su fecha de consignación, implica que el trabajador pierde el beneficio y que se efectúen, por parte del respectivo fondo, las retenciones inicialmente no realizadas, salvo que dichos recursos se destinen a la adquisición de vivienda. Declarada la nulidad. MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 25000 23 24 000 2012 00607 02 de 2018

LA FALSA MOTIVACIÓN SE CARACTERIZA POR UNA EVIDENTE DIVERGENCIA ENTRE LA REALIDAD FÁCTICA O JURÍDICA. No está acreditada una falsa motivación en las resoluciones censuradas, en la medida que se encuentra probado que el día 9 de junio de 2009, cuando ya estaba vigente la veda, el buque “MARÍA ISABEL C.” realizó lance de pesca de atún, en la que hubo captura de los mismos, inclusive de delfines, los cuales fueron devueltos al mar muertos, situación aquella que comporta el desconocimiento y trasgresión del Estatuto Nacional de Pesca y, por ende, la imposición de las sanciones previstas en la ley. La presunción de legalidad de la que están investidos los actos, no fue desvirtuada por la parte accionante pues no presentó ninguna evidencia que así lo acreditara, más allá de la sola indicación de que el análisis de las pruebas estuvo rodeado de subjetividad. Confirma sentencia que negó las pretensiones de la demanda. C.P: Alberto Yepes Barreiro.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera

Expediente 11001 33 41 045 2016 00175 01 de 2018

JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y TIPICIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. En virtud del principio de legalidad nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento; de igual manera, se resalta que si bien el principio de legalidad en materia sancionadora implica como garantía material la necesidad de una precisa tipificación de las conductas consideradas ilícitas y de las sanciones previstas para su castigo y, como garantía formal, que dicha revisión se realice en norma con rango de ley, también es cierto que no está excluida en esta materia toda intervención del reglamento pues, cabe que la ley defina el núcleo calificado como ilícito y los límites impuestos a la actividad sancionadora y que el reglamento desarrolle tales previsiones actuando como complemento indispensable de la ley. En relación con la tipicidad el Consejo de Estado deja claro que es la realización del principio de legalidad y que hace referencia a la imposibilidad de calificar una conducta como infracción o sancionarla si las acciones u omisiones cometidas por un sujeto no guardan perfecta similitud con las diseñadas en los tipos legales. Revoca el fallo apelado y en su lugar se niegan las pretensiones de la demanda. M.P: Fredy Ibarra Martínez.

Colombia Compra Eficiente

Concepto 5600 de 2018

¿SE DEBE ADOPTAR UN TABLA DE HONORARIOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS?. La norma no establece la obligación de contar con una tabla de honorarios, y las entidades como administradoras de sus procesos de contratación gozan de autonomía para determinar el valor de los contratos de prestación de servicios; sin embargo, para organizar los servicios que no pueden ser prestados por la planta de personal y que de forma transitoria ejecuten contratistas, la Entidad puede definir una tabla de honorarios de acuerdo con el análisis del sector.

Departamento Administrativo de la Función Pública 

Concepto 25891 de 2019

¿SE DEBE RECONOCER UNA COMPENSACIÓN POR LOS DÍAS LABORADOS EN DOMINGO Y FESTIVO? . El reconocimiento de los días compensatorios cuando se labora en día dominical o festivo, debe determinarse si el trabajo es ocasional o habitual. Cuando el trabajo de los días dominicales o festivos es habitual y permanente, se tiene derecho a una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de compensatorio, el cual, debe reconocerse en tiempo a razón de un día hábil dentro de la jornada laboral. Tienen derecho a este reconocimiento todos los empleados de la entidad, independientemente del nivel al que pertenezcan.