8 septiembre, 2023

07 de Septiembre del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 200 de 2023

CORTE ACLARA DEBER DE SOLIDARIDAD DE LA FAMILIA DEL PACIENTE PARA DESEMPEÑAR ROL DE CUIDADOR

Apartir del análisis del problema jurídico formulado, la Sala concluyó que Compensar EPS no vulneró los derechos a la vida digna y a la salud. Por el contrario, se evidenció que, pese a que la existencia de una orden de egreso hospitalario fundamentada en el concepto del médico tratante, la agenciada aún permanece hospitalizada en la unidad de cuidados crónicos de la IPS Health & Life. Esto, debido a la negativa del señor Alejandro de autorizar dicho egreso. 86.            Luego, en virtud de la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra la señora Blanca, la Sala procedió a analizar si, esta requiere los servicios de enfermería o cuidador, con fundamento en los criterios jurisprudenciales. En primer lugar, la Sala determinó que no existía un concepto médico que determinara la necesidad de prestar servicios permanentes de enfermería a favor de la agenciada, por lo que no existe fundamento para que este Tribunal ordene la prestación de este tipo de atención domiciliaria. En segundo lugar, respecto de la necesidad de la agenciada de recibir los servicios de un cuidador; este Tribunal evidenció que existe un criterio médico que determina que la agenciada requiere cuidados especiales en casa. Sin embargo, a partir de la valoración de las condiciones físicas y económicas de la unidad familiar de la señora Blanca, constituida principalmente por su esposo y una de sus hijas, se evidenció que (i) estos no padecen ningún tipo de afección de salud o se encuentran en situación de discapacidad física o mental que les impida velar por sí mismos o por un tercero; (ii) perciben ingresos económicos mensuales que permiten inferir que cuentan con capacidad económica y, además, la unidad familiar próxima está constituida adicionalmente por dos hijos mayores de edad, quienes pueden contribuir económicamente con los gastos derivados de la prestación de los servicios de un cuidador externo, en caso de que lo consideren necesario. Así entonces, no se acreditó que estos no puedan asumir el cuidado de la señora Blanca, pues, ello no constituye una carga desproporcionada e injustificada; y (iii) la EPS accionada se encuentra dispuesta a brindar la capacitación a los familiares para asumir el rol de cuidadores. Por tanto, en el caso particular, no se cumplieron los requisitos para determinar, excepcionalmente, que el Estado se encuentra obligado a asumir dicha responsabilidad a través de la EPS.

 

Sentencia C 193 de 2023

 CONVENIO SOBRE COBRO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS Y OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA-SE AJUSTA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

La Corte evidenció que al tener como propósitos la protección de la familia como institución básica de la sociedad, a la vez que la vida en condiciones dignas y el mínimo vital de las personas que son acreedores de obligaciones alimentarias, el Convenio es constitucional. En específico, se evidenció, a través de sus disposiciones, una concreción del deber de especial protección para los menores y personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, evidenció la Sala que los componentes del procedimiento diseñado para adelantar el cobro internacional de alimentos son compatibles con las garantías del debido proceso dispuestas en los mandatos constitucionales.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 92636 de 2023

TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO CONSENTIMIENTO > TRANSACCIÓN – Los planes de retiro compensados que promueve el empleador no están prohíbidos por la ley, no constituyen un mecanismo de coacción, ni deben ser entendidos como instrumentos para burlar los derechos laborales de sus trabajadores, a menos que se demuestre en el juicio que el trabajador ha sido presionado para que acepte el ofrecimiento o se le induzca mediante maniobras engañosas al mismo resultado. – La transacción no requiere ninguna formalidad especial o que deba realizarse necesariamente ante el Ministerio del Trabajo. > ANÁLISIS DE PRUEBAS – Ausencia de error de hecho del ad quem al declarar la validez del acto jurídico de terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento suscrito con los demandantes, pues se acreditó que no existieron vicios en el consentimiento, engaños o presión alguna por parte del empleador al momento de celebrar los acuerdos de retiro

 

Expediente 88692 de 2023

CONOZCA LA NUEVA SENTENCIA SOBRE SUSTITUCIÓN PATRONAL.

La sustitución de empleadores no depende de declaraciones que las partes hagan en acuerdos privados, de manipulaciones de las formas contractuales o de si formalmente el contrato termina y se firma uno nuevo, sino de la comprobación empírica de los elementos para que se configure -si el cambio de empleador ocurre por el relevo del funcionario a cuyo cargo corresponde ejercer la función pública notarial, ello en manera alguna desdibuja la sustitución patronal al tenor del artículo 67 del CST, pues de manera real y material la actividad para la que fue contratado el subordinado se continúa ejecutando a pesar del nuevo nombramiento, y la notaría como tal sigue operando sin que se presente variación alguna en el giro ordinario de sus actividades-.  REQUISITOS – La configuración de la sustitución de empleadores depende de los siguientes elementos: i) El cambio de titularidad de la empresa, establecimiento o entidad económica, por cualquier causa, ii) La subsistencia de la identidad del negocio y iii) La continuidad de la prestación del servicio. – Para la configuración de la sustitución de empleadores no es razonable concluir que los trabajadores de las notarías se encuentran desligados de la institución en la que ejercen su labor, cuya continuidad, funcionamiento y giro ordinario de sus actividades no depende del notario como persona natural, sino como particular investido de la autoridad requerida para el ejercicio de su función «de dar fe», la que se funda en prerrogativas estatales bajo la figura de la descentralización por colaboración

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00276 de 2023

CONTRATO DE SEGURO – DEFINICIÓN DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PARTES.

Riesgo asegurable como elemento esencial. Delimitación del riesgo asegurable. Exclusiones y amparos dentro de la póliza.

 

Expediente 00248 de 2023

INCONSONANCIA

× La obligación insatisfecha carecía de exigibilidad, como quiera que la agremiación sindical no fue constituida en mora de cumplirla, en tanto que los negociantes no fijaron plazo o condición que determinara un momento para su ejecución. Obligación de hacer arquetípica.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 60453 de 2023

LEY PENAL – APLICACIÓN EXTRATERRITORIAL: AL NACIONAL QUE SE ENCUENTRE EN COLOMBIA DESPUÉS DE HABER COMETIDO UN DELITO EN TERRITORIO EXTRANJERO, CUANDO LA LEY LO SANCIONE CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD CUYO MÍNIMO SEA INFERIOR A 2 AÑOS Y NO HUBIERE SIDO JUZGADO EN EL EXTERIOR /

La Sala de casación Penal decidió la impugnación especial promovida a favor del procesado adolescente J.J.G.T. contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de asuntos penales para adolescentes del Tribunal Superior de Pereira, en la cual fue primera vez condenado como autor de actos sexuales con menor de catorce años. La Corte confirmó el fallo impugnado, al encontrar suficientemente acreditada, la naturaleza libidinosa del acto objeto de  la condena, por lo que, el hecho estructura una conducta dolosa penalmente tipificada en el artículo 206 del Código Penal, en  las circunstancias de agravación contenidas en los numerales 1 y 4 del artículo 211 ídem. Para el efecto, la Sala aclaró que, si bien pueden existir comportamientos de acoso juvenil que no sean delito, si con  ello  se  estructura  una conducta típica, antijurídica y culpable, ésta será objeto de reproche penal. De otra parte, la Corte indicó que, al presente asunto le es aplicable la ley penal colombiana, pues si bien los hechos acaecieron en Florida – Estados Unidos de América, el procesado es colombiano, se encuentra en territorio patrio, se le acusó de actos sexuales con menor de catorce años cuya pena mínima establecida en el Código Penal es de 9 años y no fue juzgado en el exterior.

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente 11001 03 15 000 20222 05841 de 2023

NO ES PROCEDENTE REALIZAR UN NUEVO ANÁLISIS SOBRE LA CONFIGURACIÓN DEL ASPECTO OBJETIVO DE LA CAUSAL ALEGADA EN EL PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA CUANDO EL MISMO ASUNTO YA CUENTA CON UNA DECISIÓN EJECUTORIADA Y EN FIRME EN EL MARCO DE UNA NULIDAD ELECTORAL, LA QUE, POR EXPRESA DISPOSICIÓN LEGAL, CONSTITUYE COSA JUZGADA RESPECTO DEL PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo resuelve en segunda instancia la demanda de pérdida de investidura en contra de la senadora Karina Espinosa Oliver por una presunta violación al régimen de inhabilidades al tener un vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 05001 23 33 000 2014 01944 de 2023

SI BIEN LA VINCULACIÓN DEL DEMANDANTE FUE POSTERIOR AL PROCESO DE NACIONALIZACIÓN, LO CUAL EN PRIMERA MEDIDA PERMITIRÍA CONCLUIR QUE EL NOMBRAMIENTO ANALIZADO FUE DE CARÁCTER NACIONALIZADO, LO CIERTO ES QUE NO HUBO NINGUNA INTERVENCIÓN POR PARTE DE ALGÚN DELEGADO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL O DE UN REPRESENTANTE DEL FONDO EDUCATIVO REGIONAL, TAL COMO SE CONSAGRÓ EN EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 43 DE 1975; POR CONSIGUIENTE, SE INFIERE QUE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL VÍNCULO DEL ACTOR CORRESPONDE AL TERRITORIAL.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, manifestó que el demandante no cumplía con los requisitos para hacerse beneficiario de la pensión gracia, por cuanto laboró para el Fondo Educativo Regional de Antioquia – Ministerio de Educación Nacional, y los recursos para su pago provenían de la Nación, por lo que sus vinculaciones fueron del orden nacional.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 11001 03 26 000 2021 00193 de 2023

LA APLICACIÓN RETROSPECTIVA DE LAS NORMAS CONTENTIVAS DEL SISTEMA DE CUADRÍCULA A LAS SOLICITUDES EN CURSO NO AFECTA NINGÚN DERECHO, PUES EN ESA ETAPA SOLO SE CUENTA CON UNA MERA EXPECTATIVA.

La Agencia Nacional de Minería denegó una solicitud de declaración y delimitación de área de reserva especial para la explotación de carbón que había sido presentada con fundamento en una superposición. Los solicitantes interpusieron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra dicha entidad, en la que impugnaron tales decisiones, por considerar que la denegatoria se basó en normas posteriores a la radicación de la solicitud, por fuera de los 8 meses de ley para que esta fuera resuelta, en desconocimiento de derechos adquiridos, de la igualdad, la confianza legítima y de la Ley 685 de 2001.

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 17001 23 33 000 2022 00270 de 2023

LA SECCIÓN QUINTA EXHORTÓ AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS PARA QUE ACOJA LA RITUALIDAD PROPIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL Y LAS DECISIONES PROFERIDAS POR LA SECCIÓN SOBRE LA MATERIA.

Sobre el particular dispuso en la parte considerativa lo siguiente: “En el punto número 3 de la presente providencia se manifestó que, el 16 de noviembre de 2022, la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Caldas admitió la demanda y negó la suspensión provisional solicitada, sin que se hubiera dado traslado de la medida cautelar al extremo pasivo. Al respecto debe manifestarse que, si bien la normativa especial que rige el procedimiento electoral no prevé expresamente que se deba correr traslado de tal solicitud, en aras de garantizar el derecho de defensa y contradicción, especialmente de la parte demandada, así como la supremacía e integridad del ordenamiento jurídico, debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con el artículo 296 de la misma normativa, como ha sido la práctica común de esta Sección. Por ello, se instará a que, en lo sucesivo, previo a decidir sobre la admisión de la demanda y la procedencia de la medida cautelar deprecada, se corra traslado de esta última a quien actúe en condición de demandado.”