4 marzo, 2024

1 de Marzo del 2024

Corte Constitucional 

 

COMUNICADO SENTENCIA C-054/24

LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARÓ INEXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “Y HUBIESEN COTIZADO POR LO MENOS MIL CIENTO CINCUENTA SEMANAS (1.150)” DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 100 DE 1993 EN RELACIÓN CON SUS EFECTOS PARA LAS MUJERES AFILIADAS AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD (RAIS). SIN EMBARGO, DIFIRIÓ LOS EFECTOS DE LA DECISIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, PARA QUE EL LEGISLADOR TENGA LA OPORTUNIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS AFIRMATIVAS EN FAVOR DE LAS MUJERES, QUE COMPENSEN LA DISCRIMINACIÓN QUE PADECEN EN EL MERCADO LABORAL Y EL SISTEMA PENSIONAl.

 

 

Sentencia T 008 de 2024

CORTE RECUERDA QUE DICTAMEN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL REQUIERE UNA VALORACIÓN INTEGRAL DE LA HISTORIA CLÍNICA

La Sala de Revisión encontró que en la sentencia atacada se configuró un defecto por desconocimiento del precedente, pues se apartó de la jurisprudencia sobre el enfoque de valoración integral de todo el acervo probatorio para fijar la fecha de estructuración en el dictamen de invalidez. En el caso particular de la actora, se ignoró que en la historia clínica existían conceptos médicos que daban cuenta de que su discapacidad tuvo origen en su niñez y que llegó a la edad adulta con dicha discapacidad. Adicionalmente, una revisión de la literatura científica permitió establecer que el denominado trastorno del desarrollo intelectual aparece durante el periodo del desarrollo y antes de los 18 años. Por tanto, de acuerdo con los hechos de este caso, la fecha de estructuración de la invalidez fue antes de la muerte del causante.          Del mismo modo, se encontró la configuración de un defecto factico en la sentencia atacada, porque se omitió la valoración completa del dictamen de PCL, así como de la historia clínica de Fermina y la literatura médica que permite establecer la realidad sobre la fecha de estructuración de la enfermedad.             De otro lado, la Sala de Revisión concluyó que negar la sustitución pensional con fundamento en que la pensión ya ha sido sustituida no es un argumento admisible, pues la sustitución pensional es un derecho imprescriptible e irrenunciable y el hecho de que no se haya reclamado durante el primer trámite de sustitución no justifica que sea negado al beneficiario que cumple los requisitos.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 0780 de 2024

UNICIDAD DE LA RELACIÓN LABORAL

De antaño, esta Sala ha adoctrinado que en ocasiones no se puede considerar que existan contratos sucesivos en el desarrollo de una relación laboral, cuando no hay diferencias sustanciales en el objeto mismo del contrato, vale decir, cuando la esencia de lo pactado no varía, a pesar de las formas distintas que pretendan otorgársele a dicho negocio jurídico. Así, aunque es perfectamente posible que se materialicen dos o más contratos distintos que se suceden, debe estar perfectamente definida de manera clara e inequívoca una causa valedera para el cambio del mismo, pues de lo contrario, el juez debe aplicar con rigor el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, y hacer prevalecer la existencia de una relación jurídica sustancial, habida consideración de que la causa del contrato nunca mutó. En efecto, desde el proveído CSJ SL, 2 sep. 1977, rad. 5923, y que se mantiene vigente, enseñó esta superioridad: A la luz de estas consideraciones, desde ya advierte la Sala que el Tribunal incurrió en los errores endilgados por la censura, pues, a decir verdad, las pruebas singularizadas dan cuenta de que, efectivamente, la relación de trabajo del demandante con la pasiva fue ininterrumpida, y no quedó demostrada la causa para el cambio de objeto que hiciera distinta la vinculación jurídica. En efecto, Avianca S.A. aceptó la existencia de dos contratos de trabajo a término fijo celebrados en forma directa con el actor: uno del 24 de septiembre de 1996 al 23 de septiembre de 2003, y otro del 17 de septiembre de 2012 al 13 de marzo de 2013. En cuanto al interregno comprendido entre el 24 de septiembre de 2003 y el 16 de septiembre de 2012, el Tribunal consideró que también hubo una relación laboral entre las partes, de duración indefinida, pues halló acreditado que las vinculaciones con las cooperativas de trabajo asociado fueron realmente una forma de intermediación, premisa que se reputa legal y cierta, pues no se discutió en casación. Puestas así las cosas, una primera conclusión se impone: la prestación del servicio subordinado por parte de Nilson Augusto Moreno Hernández a Avianca S.A. no tuvo ninguna interrupción. En el mismo sentido, y por no haber sido cuestionado en casación, el vínculo que existió entre el actor y Avianca S.A. durante el período que esta recurrió ilegalmente a la contratación a través de cooperativas, fue un contrato de trabajo a término indefinido. En tales condiciones, si al 16 de septiembre de 2012 las partes estaban atadas mediante un contrato de trabajo a término indefinido, no resulta razonable comprender que a partir del día siguiente decidieran variar la modalidad del contrato a uno de duración determinada, solo porque suscribieron un documento que formalmente así lo contemplara.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00437 de 2024

PRUEBA PERICIAL – EL CENSOR NO DEMOSTRÓ EN QUÉ SE CIFRÓ EL ERROR.

Se limitó a exponer su disenso, pero no reveló en que consistió la tergiversación de la prueba.

 

Expediente 00436 de 2024

RESOLUCIÓN DE CONTRATO

× A través de esta figura, puede, de manera potestativa, reclamar el cumplimiento contractual, la resolución o la indemnización de perjuicios autónoma o compensatoria.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 135428 de 2024

SALA PENALR RECUERDA QUE MIENTRAS LA ACTUACIÓN PENAL ESTÉ EN TRÁMITE, LA ACCIÓN DE TUTELA RESULTA IMPROCEDENTE

De manera que mientras la actuación penal esté en trámite, la acción de tutela resulta improcedente, dado que ese es el mecanismo judicial en el cual pueden ejercer la defensa de sus derechos fundamentales, pudiendo argumentar su inconformidad en las oportunidades que ofrece la etapa de juicio, pues el defensor judicial de aquél en su alegato de cierre tiene la posibilidad de solicitar de ser el caso, las nulidades que considere pertinentes y plantear aquellas situaciones que, en su opinión, comportaron irregularidades en la actuación, pues es carga del juez, en la sentencia, «constatar el respeto de las garantías debidas para el tema en examen al acusador, al procesado o al defensor» Así mismo puede hacerlo a través de los recursos ordinarios o el extraordinario de casación, contra la sentencia que ponga fin al proceso, por lo que la acción es improcedente conforme a lo establecido en el artículo 6.1, del Decreto 2591 de 1991.

 

Expediente 60508 de 2024

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA DEL SERVICIO MÉDICO /  ¿LAS LESIONES SUFRIDAS POR EL DEMANDANTE SON IMPUTABLES A LA CLÍNICA MEDILASER, POR AUSENCIA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE?

Si, Se declarará la responsabilidad Clínica Medilaser (…). [L]a Sala deduce que, tal y como se indicó en la demanda, la amputación (…) que se le practicó al paciente no tuvo ningún tipo de justificación. (…) [L]a Clínica incumplió el deber de advertir este riesgo al paciente: el paciente fue sometido a una uretroplastia a y en el consentimiento firmado por éste de ninguna manera se advirtió que la amputación de su pene podría ser una de las posibles consecuencias de la intervención. (…) Las complicaciones indispensables que deben advertirse al paciente son aquellas que resulten previsibles y que sean relevantes para que este adopte la decisión de someterse a la intervención. Si este era un riesgo previsible porque se presentaba en una proporción considerable al practicar tal intervención, el mismo ha debido ser advertido señalándole si existían procedimientos alternativos e indicándole cuáles eran las consecuencias de no someterse a dicho riesgo. La obligación de conocer al paciente de lo que va a hacerle para que consienta la intervención fue incumplida: no se le dijo que esto podía pasar y no se le explicó por qué había pasado.

 

 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

 

Expediente 11001 03 06 000 2023 00173 de 2024

 LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL SEÑALA QUE NO ES POSIBLE, SIN QUE ELLO CONLLEVE DETRIMENTO PATRIMONIAL, QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CONDONEN TOTAL O PARCIALMENTE LOS INTERESES CORRIENTES O MORATORIOS RECONOCIDOS A SU FAVOR POR UN FALLO JUDICIAL EJECUTORIADO.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en adelante ANDJE, solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil emitir un concepto para precaver litigio o poner fin a uno existente en desarrollo de la función prevista en el artículo 112 numeral 7° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solucionar unas controversias jurídicas que se han suscitado entre ECOPETROL S.A., el departamento de Cundinamarca y la Cámara de Comercio de Bogotá, relativas a el monto de intereses adeudados en virtud de un fallo judicial y la posibilidad jurídica de condonar dichos intereses.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 52001 23 33 000 2014 00371 de 2024

LA PENSIÓN GRACIA ES UN DERECHO PARA TODO DOCENTE QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS CITADOS EN LA NORMA EN VIRTUD DE SUS CONDICIONES, ESTO ES, PARA LOS DE CARÁCTER TERRITORIAL Y NACIONALIZADO. LA MALA FE TIENE LUGAR CUANDO SE ACUDE A LA ACCIÓN DE TUTELA EN UN LUGAR DIFERENTE AL DOMICILIO, PESE A QUE POR LA VÍA ADMINISTRATIVA SE HABÍA NEGADO EXPRESAMENTE EL RECONOCIMIENTO A DICHO DERECHO.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, instauró demanda en contra de la beneficiaria en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (lesividad), con el fin de que fuese declarada la nulidad de la Resolución RDP 27373 del 17 de junio de 2013, por medio de la cual, en cumplimiento de un fallo de tutela, la UGPP, reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia a favor de la demandada, igualmente que a título de restablecimiento del derecho se condenare a restituir a la entidad de manera indexada, la suma correspondiente a las mesadas pensionales pagadas sin tener derecho, en costas y agencias en derecho a la demandada.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 47001 23 33 000 2024 00033 de 2024

HABEAS CORPUS – ROCEDENCIA DEL HABEAS CORPUS CUANDO ESTÁ EN ESTUDIO LA SOLICITUD DE EXCARCELACIÓN ANTE EL JUEZ PENAL PORQUE EL IMPUTADO ARGUMENTA INCUMPLIDO EL TÉRMINO PARA LA FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN.

El agente oficioso del peticionario pidió su excarcelación inmediata, al estimar que la privación de la libertad se prolongó ilegalmente por el vencimiento del término para presentar escrito de acusación por la Fiscalía General de la Nación. Alega que han transcurrido más de 85 días, desde la formulación de imputación.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 11001 03 15 000 2023 05139 de 2024

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE UNA LÍDER SOCIAL VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, ACCESO CARNAL VIOLENTO Y ATAQUE CON ÁCIDO, AL DECLARAR LA CADUCIDAD PARCIAL DEL MEDIO DE CONTROL, SIN VALORAR EL ENTORNO SOCIAL NI APLICAR UN ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO.

La accionante, quien fue presidenta de una Junta de Acción Comunal en el municipio de La Tebaida (Quindío), solicitó la protección a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección, por amenazas derivadas de su actividad como líder comunitaria. El 25 de noviembre de 2013, la Unidad le entregó un esquema de seguridad. El 28 de junio de 2014, la demandante se vio forzada a desplazarse a Armenia. El 8 de abril de 2015, mientras transitaba por dicha ciudad, fue abordada por dos personas encapuchadas, que la golpearon y la sometieron a «actos sexuales denigrantes». El 29 de febrero de 2016, fue atacada con ácido, que le produjo lesiones permanentes en hombros, espalda, dorso, abdomen y uno de sus miembros inferiores. En noviembre de 2016, la tutelante viajó a España, en calidad de exiliada y defensora de derechos humanos. El 22 de septiembre de 2020, presentó demanda de reparación directa por falla en el servicio de seguridad. El Tribunal Administrativo del Quindío revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, que había accedido a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la caducidad frente a los hechos ocurridos el 8 de abril de 2015 y 29 de febrero de 2016.