4 septiembre, 2023

1 DE sEPTIEMBRE del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 200 de 2023

CORTE RECUERDA QUE LOS CIUDADANOS DEBEN ASUMIR CARGAS EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL BENEFICIO DE TODA LA POBLACIÓN.

El alto tribunal resaltó que, en atención al principio de solidaridad, la unidad familiar está llamada principalmente a asumir el rol de cuidador de un paciente, lo cual contribuye al uso proporcional y adecuado de los servicios del sistema de seguridad social. La Corte Constitucional negó el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud de una mujer de 58 años, quien se encuentra hospitalizada en la unidad de cuidados crónicos de la IPS Health & Life tras un diagnóstico de demencia frontotemporal degenerativa. La acción de tutela fue promovida por su cónyuge, en calidad de agente oficioso, contra la EPS Compensar, luego de que dicha entidad solicitara a la familia de la paciente la autorización para efectuar su egreso hospitalario, con fundamento en el criterio del médico tratante. El agente oficioso manifestó que, debido a que su esposa requiere cuidados especiales y él debe trabajar para sufragar los gastos del hogar, no le es posible brindar la atención domiciliaria que esta requiere. Por tanto, solicitó que se ordenara a la EPS accionada asegurar la prestación de los servicios hospitalarios a favor de la agenciada en la unidad de cuidados crónicos donde se encuentra hospitalizada o en cualquier otra entidad de salud.   La Sala Novena de Revisión, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, resolvió analizar si la EPS Compensar desconoció los derechos de la paciente al determinar su egreso hospitalario, a pesar de que esta depende del cuidado de terceros en atención a su estado de salud.

 

Sentencia T 224 de 2023

TODA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL DEBE APLICAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN CASOS QUE INVOLUCREN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. ELLO CONSTITUYE UN IMPERATIVO INSOSLAYABLE PARA TODO FUNCIONARIO.

La Corte dejó sin efectos la decisión emitida dentro de una querella policiva por perturbación a la posesión o tenencia de un inmueble, porque la autoridad que la profirió se abstuvo, injustificadamente, de valorar las pruebas que indicaban que el trámite fue instrumentalizado para perpetrar estereotipos de dominación masculina, desconociendo la tradicional discriminación que ha afectado a las mujeres. Además, dejó de aplicar el precedente jurisprudencial y las normas constitucionales que le imponían utilizar un enfoque diferencial para abordar el caso, en lugar de realizar un análisis simplemente formal sobre la situación del bien. La Corte señaló, nuevamente, en la Sentencia T-224 de 2023, que las mujeres tienen derecho a llevar una vida libre de violencia, por lo que todas las autoridades administrativas y judiciales deben propender, en sus decisiones, que así sea; al respecto expresó que: “Toda autoridad administrativa y judicial tiene el deber de aplicar un enfoque diferencial en los casos en que se adviertan circunstancias de violencia contra la mujer. El uso de esa herramienta, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, constituye un imperativo insoslayable para todo funcionario. El análisis de la Corte obedece al estudio de la tutela que presentó una mujer para cuestionar la decisión, mediante la cual, una Oficina de Inspecciones y Comisarías declaró que ella había perturbado la posesión que, sobre un bien inmueble, ejercía su pareja. A juicio de la accionante, al resolver el asunto, dicha autoridad se abstuvo injustificadamente de valorar todas las pruebas allegadas, en especial, las que demostraban que era víctima de violencia por parte de aquel. Además, desconoció el precedente jurisprudencial y dejó de motivar en debida forma lo resuelto.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 90936 de 2023

PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS > APLICACIÓN .

En virtud del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, el juez del trabajo debe constatar a través de las pruebas aportadas al proceso si los convenios pactados fueron ejecutados en los términos allí previstos o, si en realidad la labor se ejecutó bajo otras pautas. CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATO REALIDAD > ELEMENTOS ESENCIALES > SUBORDINACIÓN > ANÁLISIS DE PRUEBAS – Ausencia de error de hecho del ad quem al considerar que entre el 31 de julio de 1991 y el mes de abril de 1994 existió una relación laboral subordinada entre las partes, toda vez que no se demostró que la accionante hubiese prestado una asesoría jurídica de manera autónoma e independiente, por el contrario, se evidenció que la actividad era parte de la estructura de la entidad, ya que la asesoría brindada por la actora como abogada a favor de la accionada era permanente y generalizada para todo tipo de asuntos jurídicos, al punto que se le realizaban pagos por periodos mensuales por concepto de honorarios profesionales, independientemente de que el pago se hiciera por fuera de nómina

 

Expediente 94012 de 2023

 SALARIOS > VIÁTICOS PERMANENTES > ANÁLISIS DE PRUEBA.

Ausencia de error de hecho del ad quem al considerar que los viáticos percibidos por la trabajadora no constituían factor salarial, pues no estaba demostrado que tuvieran relación directa con el servicio prestado o que se hubieran pagado con ocasión de las labores realizadas a favor de la demandada.  > REQUISITOS – Para que los viáticos tengan incidencia salarial se requiere que tengan carácter habitual, los desplazamientos sean por órdenes del empleador, las actividades encargadas estén relacionadas con funciones propias del cargo y, se otorguen para gastos de manutención y alojamiento -en el presente asunto, las pruebas allegadas no eran suficientes para demostrar que los viáticos pretendidos hubieran tenido como causa los servicios prestados por la demandante y por lo tanto, no podían considerarse como factores salariales-

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00217 de 2023

ERROR DE DERECHO – VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL.

En la apreciación probatoria por violación de lo dispuesto en los 164 y 176 del Código General del Proceso, que condujo a la violación por falta de aplicación de las normas contenidas en los artículos 946 y 952 del Código Civil. En el presente asunto no puede predicarse el efecto erga omnes de la sentencia dictada dentro del proceso de pertenencia ese efecto solo se deriva de las sentencias dictadas a favor del prescribiente y respecto de las cuales se surtió el grado de consulta requisitos que no se cumplen en el presente asunto.

 

Expediente 00200 de 2023

LITISCONSORCIO NECESARIO – EN PROCESO REIVINDICATORIO RESPECTO DE BIEN INMUEBLE PRESTADO A TÍTULO GRATUITO.

Clases o modalidades de litisconsorcio: necesario, facultativo y cuasi-necesario. Para el momento de la interposición de la demanda, es un presupuesto de la legitimación por activa que el convocante tenga la calidad de dueño debidamente probada. Aplicación artículo 950 del Código Civil. Relación jurídica procesal y litisconsorcio necesario entre reivindicante y poseedor. A falta de alguno de los litisconsortes necesarios al momento de resolver la causa, tendrá como consecuencia la anulación del fallo y la obligación del juez de integrar el contradictorio. Modificación de la relación jurídica sustancial en la calidad del reivindicante, por la venta de bien inmueble objeto de litigio.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 60382 de 2023

P ENA ACCESORIA – DETERMINACIÓN DISCRECIONAL DEL JUEZ: PARÁMETROS / PROHIBICIÓN DE CONSUMIR SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES O PSICOTRÓPICAS

La Corte Suprema de Justicia casó parcialmente y de oficio el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la condena emitida por el Juzgado Quince Penal del Circuito de esa ciudad en contra de J.A.S.L., por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, dejando sin efectos la pena accesoria impuesta de “prohibición          de consumir sustancias estupefacientes   o   psicotrópicas   por   el   mismo tiempo de la pena principal”. Esto por cuanto, la Sala consideró que el Juzgado impuso la pena accesoria prevista en el artículo 43, numeral 8º, del Código Penal, sin motivar la decisión; en efecto, no explicó por qué el consumo de estupefacientes tiene alguna relación con el delito por el que se emitió la condena, o por qué su prohibición podría resultar útil para evitar la comisión de conductas semejantes.

 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

 

 

Expediente 11001 03 06 000 2023 00113 de 2023

LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, AL RESOLVER UN CONFLICTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS, DETERMINÓ EN QUÉ CASOS LAS COMISIONES SECCIONALES DE DISCIPLINA JUDICIAL SON COMPETENTES PARA CONTINUAR ADELANTANDO PROCESOS DISCIPLINARIOS EN CONTRA DE LOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA.

 Conflicto de competencias administrativas suscitado entre la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, con el fin de establecer cuál es la autoridad competente para conocer de la investigación disciplinaria adelantada en contra de un auxiliar de la justicia.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 54001 23 31 000 2010 0255 de 2023

COMPETENCIA DEL JUEZ EN EL PROCESO EJECUTIVO PARA DECRETAR DE OFICIO LA EXCEPCIÓN DE PAGO Y, EN CONSECUENCIA, DAR POR TERMINADO EL PROCESO. PROCEDENCIA DE DESCUENTOS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA POR CONCEPTO DE SALARIOS Y MESADAS PENSIONALES.

Mediante sentencia, la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Arauca, decretó la nulidad del acto administrativo mediante la cual el Fiscal General de la Nación declaró insubsistente al servidor público del cargo de director seccional de fiscalías, y ordenó el restablecimiento de sus derechos desde la fecha del retiro hasta cuando fuera reintegrado. Posteriormente, interpuso demanda ejecutiva con base en la sentencia judicial en firme para que se librara mandamiento de pago estimado en la suma de ($781.238.106), por concepto de salarios y prestaciones sociales dejados de devengar desde el 1° de septiembre de 2000 y hasta el 9 de mayo de 2006, fecha en la que se ordenó el reintegro al cargo que desempeñaba como director seccional de fiscalías de Cúcuta. El ejecutante pide que se le pague a título de indemnización desde el 1° de septiembre de 2000 hasta el 9 de mayo de 2006. A través de la Resolución N° 000099 del 30 de abril de 2007, la Fiscalía General de la Nación dio cumplimiento al anterior fallo judicial, pero reconoció el pago de los salarios y demás emolumentos por el periodo comprendido desde el retiro 30 de agosto de 1997 y el 30 de agosto de 2000 solamente, ya que a partir del 1° de septiembre de 2000 y hasta el 30 de junio de 2001, el ejecutante laboró como Magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y a partir del 1° de julio del 2001 comenzó a percibir sus mesadas pensionales. Mediante providencia del 28 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dispuso: i) declarar probada de oficio la excepción de pago total de la obligación; ii) dar por terminado el proceso ejecutivo y iii) no condenar en costas al ejecutante. Consideró que la entidad ejecutada cumplió la sentencia base de ejecución del 31 de marzo de 2005, que no obstante este fallo constituirse en una obligación clara y expresa no era exigible según los artículos 126, 1627 y 1649 del Código Civil, pues mediante Resolución 00099 del 30 de abril la FGN había pagado los salarios al ejecutante con los descuentos por los dineros que percibió como magistrado y luego como pensionado, de allí, que no podía recibir doble erogación del erario público. El ejecutante apeló al cuestionar que: i) el juez carecía de competencia para declarar una excepción de oficio según el artículo 507 del CPC; ii) que no existió el pago total de la obligación pues el a quo confundió el pago con la compensación y que no es lo mismo una devolución que un pago que aun así, debía ser propuesta por la ejecutada; iii) se equivocó el a quo en el análisis a la sentencia del 12 de agosto de 2007 citada como referencia para reforzar que sí tenía facultad para decretar la excepción de oficio y, iv) el fallador suplió la actividad procesal de la parte ejecutada.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 11001 03 15 000 20222 05498 de 2023

SE VULNERAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y DEFENSA CUANDO EL JUEZ PRETERMITE ETAPAS PROCESALES EN EL TRÁMITE DE UN RECURSO DE APELACIÓN.

Se presenta acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Tercero Administrativo de San Gil por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, con ocasión de las sentencias proferidas el 18 de enero de 2021 y 22 de enero de 2022, dentro del medio de control de nulidad, incoado por la parte actora, contra el Acuerdo núm. 130 del 31 de agosto de 2018, expedido por el Concejo Municipal de Cimitarra (Santander). El juez de tutela decide amparar los derechos fundamentales del tutelante, al considerar que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto procedimental absoluto, por omitir pronunciarse sobre la petición de práctica de pruebas elevada por la parte actora, así como las solicitudes de aclaración, adición y/o corrección de la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso objeto de debate constitucional.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 54001 23 33 000 2020 00053 de 2023

S E PRECISA QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE TIENE LA APTITUD PARA IMPEDIR LA CADUCIDAD DE LA POTESTAD DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y SANCIONATORIA DE LA UGPP ES EL REQUERIMIENTO PARA DECLARAR Y/O CORREGIR, APTITUD QUE NO OSTENTA EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN (PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 178 DE LA LEY 1607 DE 2012), DADO SU CARÁCTER DE MERO ACTO DE TRÁMITE QUE NO INTEGRA UNA ETAPA OBLIGATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y SANCIONATORIO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y QUE, POR LO MISMO, NO DA INICIO A LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE DETERMINACIÓN DE LOS APORTES, QUE ES DONDE PROPIAMENTE LA AUTORIDAD DESARROLLA SU POTESTAD DE GESTIÓN SOBRE EL TRIBUTO ADMINISTRADO.

Se estudió la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la UGPP determinó los aportes al Sistema de la Protección Social a cargo de la demandante para todos los periodos de 2013 y le impuso sanciones por omisión e inexactitud. La Sala declaró la nulidad parcial de dichos actos y, como restablecimiento del derecho, dispuso que la actora no adeuda suma alguna por concepto de aportes ni sanciones al referido sistema, respecto de los periodos anteriores al 18 de mayo de 2013, porque operó la caducidad de la potestad de gestión o fiscalización de la UGPP frente a los mismos. Para el efecto precisó que el acto administrativo que tiene la aptitud para impedir la caducidad de tal potestad es el requerimiento para declarar y/o corregir, mas no el requerimiento de información a que se refiere el parágrafo 2 del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, dado que este no hace parte de los actos administrativos que conforman los procedimientos de determinación y sancionatorio de los aportes al sistema de la protección social, en razón de su carácter de mero acto de trámite que no integra una etapa obligatoria del procedimiento de revisión, por lo que no da inicio a la acción administrativa de determinación de los aportes, que es donde propiamente la autoridad desarrolla su potestad de gestión sobre el tributo administrado.