1 Julio de 2016

Presidencia de la República

Ley 1786 de 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA LEY 1760 DE 2015

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Expediente 11001 11 02 000 2016 00003 01 de 2016.

LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA ES APLICABLE PARA LOS CARGOS EN PROVISIONALIDAD. Los derechos fundamentales que reclama la accionante deben ser protegidos, ya que el amparo especial del cual goza la mujer en estado de embarazo tiene prevalencia sobre otra serie de situaciones, de modo que la estabilidad laboral reforzada derivada por el fuero de maternidad no puede ser desconocido, a pesar el cargo en provisionalidad fue suprimido sin tener en cuenta la licencia de maternidad de la cual gozaba la demandante; por lo tanto no es justificable la negativa del demandado a reintegrar en el cargo a la funcionaria judicial. Revoca. M.P. José Ovidio Claros Polanco Temas: Estabilidad laboral reforzada. Cargos en provisionalidad. Reintegrar.

Expediente 41001 11 02 000 2011 00734 01 de 2016.

EN CASO DE VERSE VULNERADO EL DERECHO A LA DEFENSA ES POSIBLE REALIZAR SUSTITUCIÓN DEL PODER SIN NECESIDAD DE OBTENER PAZ Y SALVO DEL ABOGADO ANTERIOR. La Sentencia C-1178 de 2016 proferida por la Corte Constitucional, hizo mención al hecho de que la participación en el proceso no queda exclusivamente en manos del representante legal, ya que aún permanece en cabeza del poderdante y por lo tanto este puede tomar las acciones necesarias para garantizar que se respete su derecho a la defensa; de manera que el profesional del derecho investigado no incurrió en ninguna sanción al Estatuto del Abogado al aceptar el poder sin existir paz y salvo del anterior apoderado, ya que lo que estaba tratando de obtener el cliente era una adecuada representación profesional que no lesionara sus intereses, habiendo ya cancelado los honorarios del representante anterior. Revoca.M.P. Rafael Alberto García Adarve. . Temas: Participación. Intereses. Representación profesional.

Expediente 11001 11 02 000 2014 04851 01 (11174 27) de 2016.

EL JUEZ DEBE HACER UN ANÁLISIS INTENSIVO DE LAS PRUEBAS PARA LOGRAR UNA ADECUADA CULMINACIÓN DEL LITIGIO. Señala la Sala Disciplinaria que aunque tiene razón el juez de primera instancia, al determinar que era difícil establecer las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos por la ausencia de varias pruebas, también es deber del juez buscar otros medios probatorios que permitan demostrar la verdad o falsedad de la queja interpuesta; la terminación de un proceso no puede ser decretada por el funcionario judicial si hay otras opciones que permitan indagar aún más sobre los hechos. Revoca. M.P. Julia Emma Garzón de GómezTemas: Pruebas. Litigio. Análisis. Opciones.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 18001 22 08 000 2016 00045 01 de 2016

AL JUEZ DE TUTELA LE ESTÁ VEDADO INMISCUIRSE EN LA ACTIVIDAD QUE LE ES PROPIA A CADA JURISDICCIÓN. El juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de árbitro para determinar cuáles de los planteamientos valorativos y hermenéuticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los más acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, la revisión oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Confirma. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. Temas: Tutela. Providencia judicial. Procedencia.

Expediente 11001 02 03 000 2016 00924 00 de 2016

EL CAMPO EN DONDE FLUYE LA INDEPENDENCIA DEL JUEZ CON MAYOR VIGOR, ES EN CUANTO A LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. El Juez Constitucional sólo interviene en la esfera probatoria, cuando el «error en el juicio valorativo» sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposición, lo cual no ocurrió en el caso que se estudió.Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera más certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica. Deniega. M.P. Luis Alfonso Rico Puerta. Temas:Valoración. Proceso. Juicio Valorativo.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

Expediente 43190 de 2016

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA UN FALLO DE LA MISMA NATURALEZA. La jurisprudencia ha sido reiterada y pacífica respecto a que conforme con el debido proceso y los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, la acción de tutela no es procedente ya que no se puede pretender que a través de una nueva acción constitucional el juez reexamine el criterio expuesto en otra acción de la misma naturaleza. Niega M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo Temas: Acción de tutela. Improcedencia. Fallo. Cosa juzgada. Debido proceso. Seguridad jurídica.

Expediente 49315 de 2016

LA DECISIÓN DE LA ESE DEMANDADA DE EFECTUAR EL PAGO EN MENCIÓN, NO VINCULA AL JUEZ EN LA INTERPRETACIÓN EN ABSTRACTO QUE HACE DE LAS NORMAS JURÍDICAS. El juez de apelaciones para confirmar la decisión de primer grado, estimó que no les asistía el derecho a los actores al reconocimiento de la pensión contemplada en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales y el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, por cuanto «ninguno de los servidores cumple con el requisito de los 20 años continuos o discontinuos al servicio del ISS», siendo necesario que dicho requisito fuera «cumplido exclusivamente al Instituto de Seguros Sociales antes de operar la escisión». No Casa. M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.  Temas: Servidores. Requisitos. Reconocimiento.

Expediente 49662 de 2016

NO YERRA EL AD QUEM CUANDO AL ESTABLECER LA AUSENCIA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE 1999, EN EL CONJUNTO PROBATORIO DEL PROCESO, DECIDE REVOCAR LA DETERMINACIÓN DE PRIMER GRADO. Como lo afirmó el impugnante que la demandada hubiese, a través de su apoderado judicial y al contestar la demanda, confesado que en el mencionado acuerdo colectivo se consagraren los derechos al incremento pensional pretendido, que es en últimas lo que la censura indica, por el contrario, el propio procurador judicial de la accionada, como aquí se reseñó. Por tal razón, al acordar las partes que los pensionados se les seguirán reconociendo todos los derechos contemplados en la ley 4 de 1976 sin consideración a su vigencia, se refiere a los derechos ya mencionados-auxilios gastos de sepelio, servicios médicos, odontológicos, disfrute de sustitución pensional, auxilios para estudios universitarios, pero no se refiere al incremento pensional, por lo cual no se casó la sentencia. No Casa. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Temas: Reconocimiento. Acuerdos. Impugnación.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

Expediente 47689 de 2016.

CONCEPTO DESFAVORABLE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN. Por no encontrarse acreditadas las exigencias legales, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable respecto de la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de España a través de su Embajada en nuestro país, del ciudadano colombiano CHRISTIAN LEANDRO RUBIANO ARANA por los Delitos contra la Salud Pública atribuidos por una Corte del Reino de España. La anterior precisión se fundamenta en operó la Prescripción de la Pena y de la Acción Penal, de conformidad al Convenio Internacional de 23 de julio de 1892. Concepto Desfavorable.C.P. Eugenio Fernández Carlier. . Temas: Concepto Solicitud de Extradición por los Delitos contra la Salud Pública.

Expediente 46038 de 2016

EL VALOR PROBATORIO DETERMINARÁ LA CONCESIÓN DEL LA SUSPENSIÓN DE LA PENA. Para conceder al condenado la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad por un periodo de prueba de 7 meses (tiempo que le falta para el cumplimiento total de la condena), se presentaron pruebas, que previa suscripción de diligencia de compromiso de que trata el artículo 65 del Código Penal y pago de caución equivalente a 1 salario mínimo legal mensual vigente, se declararon sin valor parcial. Declara. M.P. Patricia Salazar Cuéllar. Temas: Cumplimiento. Pena Privativa. Pruebas.

Expediente 47079 de 2016

APLICANDO LOS MISMOS CRITERIOS DEL A QUO SE ESTABLECIÓ LA PENA DE PRISIÓN. Aquí se seleccionó como tipo base el de homicidio agravado tentado cuyo margen de punibilidad fue equivocadamente fijado por el a quo, sin que el Tribunal advirtiera el error, en 200 a 540 meses de prisión, siendo lo correcto 200 a 450 meses; en tal medida, la pena se calculó dentro del primer cuarto que dentro de ese margen oscila entre 200 y 285 meses de prisión, imponiéndose finalmente la sanción de 220 meses de prisión. Casa parcialmente. M.P. Eugenio Fernández Carlier. Temas: Penas. Criterios. Punibilidad.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

Expediente 23001 23 33 000 2015 00506 01 de 2016

ORDENAN LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL BUEN NOMBRE Y AL HABEAS DATA DE LAS ACCIONANTES. De acuerdo con las disposiciones del Artículo 15 de la Constitución Política y del numeral 7 del Artículo 7 de la Ley 1266 de 2008, que impone como deber a los operadores de los Bancos de Datos, realizar periódica y oportunamente la actualización y rectificación de los datos, cada vez que le reporten novedades las fuentes, en los términos de la presente Ley, configurándose una flagrante vulneración a los Derechos a la información y al Habeas Data de los accionantes, todos integrantes del mismo núcleo familiar. Revoca. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.Temas: Impugnación. Violación a los Derechos Fundamentales al buen nombre y al Habeas Data.

Expediente 41001 23 33 000 2013 00022 01 de 2016

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Conforme lo dispone el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda persona que se crea lesionada en un derecho, cuenta con el término de cuatro meses contados desde el día siguiente de la publicación, notificación o ejecución del acto, para solicitar ante la jurisdicción, que se declare la nulidad del acto administrativo que presuntamente le cause un perjuicio, con el fin de que se le restablezca en su derecho. Confirma C.P. Gerardo Arenas Monsalve . Temas: Medio de control. Nulidad y restablecimiento. Caducidad.

Expediente 11001 03 25 000 2013 00811 00 (1651 2013) de 2016.

TODAS LAS PRUEBAS APORTADAS Y SOLICITADAS POR LAS PARTES, DEBEN SER VALORADAS AL MOMENTO DE TOMAR UNA DECISIÓN EN DERECHO. Mediante Recurso de Súplica se logró revocar un auto de trámite, el cual había negado la práctica de una prueba por encontrarse dentro del material probatorio. Por lo anterior, el Consejo de Estado precisó que las pruebas se pueden aportar al proceso con la demanda, su contestación y en la etapa probatoria se deben decretar tanto las allegadas por las partes y los terceros como aquellas que se soliciten y serán valoradas en la oportunidad que señala la ley. En este orden de ideas, el Juez debe Decretar, Practicar y tener a favor de las partes las pruebas aportadas y solicitadas por ellos. Asimismo, se deberá Decretar y Practicar conjuntamente con las pedidas por las partes; pero, si éstas no las solicitan, el ponente en cualquiera de las instancias podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Significa lo anterior que para efectos de tomar la decisión que el juez profiera al decidir las pretensiones del demandante se tendrán en cuenta todas las pruebas que legal y oportunamente se alleguen al proceso y en las etapas previstas para tal fin. Revoca. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. . Temas: Impugnación. Procedencia de la Acción de Tutela. Prevalencia Derechos Fundamentales de los menores. Prueba y forma de solicitarla.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

Expediente 85001 23 31 000 2008 00371 01 de 2016.

ESTADO INDEMNIZA EL PERJUICIO MORAL Y EL DAÑO PATRIMONIAL CAUSADO POR UN ERROR JUDICIAL. Por el perjuicio moral causado al abogado Luis Orlando Vega Vega y el daño patrimonial representado por dos elementos: la pérdida del valor relativo del importe de la caución prendaria (daño emergente) y los intereses que dejó de producir esa suma de dinero durante el tiempo en que estuvo a disposición de las autoridades judiciales (lucro cesante), la nación representada en este caso por la Fiscalía General de la Nación, deberá indemnizar al Demandante, por acreditarse que fue vinculado a un Proceso Penal que concluyó con sentencia absolutoria a su favor, por considerar el juez de esa absolución que los criterios de imputación eran débiles y, además, por encontrar que la conducta del sindicado resultó atípica frente a los cargos formulados por el ente acusador. Confirma. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. . Temas: Recurso de Apelación. Privación Injusta de la Libertad (caución prendaria). fraude procesal, falso testimonio y prevaricato por omisión.

Expediente 73001 23 31 000 2004 00001 01 de 2016

NIEGAN ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA UNIFORMADO POR NO ENCONTRARSE QUE SU ACTUAR SE DESPLEGÓ CON DOLO NI CON CULPA GRAVE. Atendiendo el material probatorio obrante en el proceso interpuesto mediante Acción de Repetición, el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo negó las pretensiones del Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que la muerte del señor Filiberto Quiceno Cardona se produjo cuando el Agente Quezada Orozco desarrollaba operativo policial para dar con su captura, sin poderse asegurar que el demandado actuó con dolo o con culpa grave, consistente en el exceso de fuerza y una actuación desproporcionada frente a los hechos, pues no se demostró tal aseveración en el plenario por parte del Mindedensa; sino que por el contrario, se probó que el occiso no sólo opuso resistencia a los uniformados que lo requirieron durante un procedimiento policial, sino que, además, atacó con un machete al Agente Quezada Orozco, quien se vio obligado a utilizar su arma de dotación, a fin de salvaguardar su integridad personal. Sumado a lo anterior, el Consejo de Estado precisó que, la parte actora no probó que haya efectuado el pago objeto de la Acción de Repetición, pues si bien es cierto, se allegaron al proceso copias de la sentencia condenatoria y de la Resolución que ordenó a la Policía Nacional pagar los daños y perjuicios causados a los Beneficiarios, mas no se demostró que el beneficiario del mismo lo hubiera recibido. Confirma. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Temas: Recurso de Apelación. Improcedencia de la Acción de Repetición por falta de Pruebas. (actuación con dolo o con culpa grave – Pago indemnización objeto de la Acción de Repetición).

Expediente 05001 23 31 000 2002 01017 01 de 2016.

INDEMNIZAN LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS CON LA MUERTE DE UN MILITAR POR FALLA EN EL SERVICIO. Revisado el prontuario se tiene que el soldado Jarava Romero recibió una orden incompleta e imprudente por parte de sus superiores, consistente en trasladar una antena de monitoreo dentro de la Base Militar de Yarumal (Antioquia) sin la supervisión requerida para dicha actividad, por lo que resulta un hecho imputable al Ejército Nacional, quien debió tomar las medidas de seguridad y protección respectivas para el transporte de la mencionada antena, y que pudieron haber evitado el deceso del occiso. Por lo anterior, no se puede predicar culpa alguna del soldado Jarava Romero, pues no aparece demostrado en el expediente que él tuviera el conocimiento técnico para el manejo de antenas de monitoreo empleadas en labores de inteligencia, ni mucho menos que conociera sobre el desmonte de la misma, por el contrario, eran sus superiores los directamente llamados a conocer y aplicar las normas de seguridad pertinentes en las ordenes que impartían a sus subalternos. Revoca. C.P. Hernán Andrade Rincón. Temas: Recurso de Apelación. Muerte de un Militar por Cables de Alta Tensión.

Expediente 19001 23 31 000 2002 00545 01 (35499) de 2016.

EXONERAN DE RESPONSABILIDAD AL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN POR DESCUIDO DE LA PACIENTE FRENTE A SU PROPIA SALUD. Con fundamento en los medios probatorios con que cuenta el Proceso y a los que ya se hizo referencia, no es posible establecer el Hospital Universitario San José de Popayán que le prestó el servicio médico hubiese incurrido en falla alguna del servicio o, incluso, que hubieren restado probabilidades u oportunidades de curación a la paciente, pues lo cierto es que la paciente recibió durante todo el tiempo de su hospitalización una atención adecuada, oportuna e ininterrumpida para la complejidad de su cuadro clínico y como quedó visto, a la paciente se le dio de alta en el mes de abril de 2000, luego de haber estabilizado su cuadro clínico y bajo precisas instrucciones de regresar el día 11 de mayo, para evaluar los resultados de los exámenes y determinar el procedimiento médico a seguir, lo cual no fue cumplido por la paciente, hecho imputable exclusivamente a ella. Así pues, se impone concluir que la causa de la amputación de las extremidades de la paciente fue consecuencia directa de una complicación derivada de su cuadro clínico de insuficiencia renal y obstrucción renal por cálculos renales, agravado por el propio descuido de la paciente frente a su propia salud. Respecto del hecho de la víctima, importa establecer si su actuación fue o no la causa eficiente del mismo, es decir, que la entidad estatal podrá ser declarada responsable del daño cuando el mismo haya sido causado por su actuación u omisión, pero cuando la causa del mismo lo sea la actuación de la propia víctima habrá lugar a exonerar a la entidad. En otros términos, no es la voluntariedad del hecho de la víctima lo que determina la causa del daño, por lo tanto, ésta puede actuar de manera involuntaria o aún sin consciencia de lo que hace, su actuación se puede explicar por el descuido de quien tenía su guarda y, sin embargo, ese hecho cuando sea la causa eficiente del daño exonerará de responsabilidad a la demandada. Revoca. C.P. Hernán Andrade Rincón. Temas: Recurso de Apelación. Negligencia Médica. Amputación de Extremidades.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

Expediente 13001 23 33 000 2013 00402 01 de 2016.

LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DENTRO DEL PLAZO LEGAL NO PUEDE GENERAR SU RECHAZO POR PARTE DEL JUEZ. Los argumentos presentados por la parte demandante en su recurso de apelación están llamados a prosperar, ya que el acto administrativo fue notificado de manera personal el 14 de agosto de 2012, siendo este el día a partir del cual empieza a correr el término de cuatro (4) meses para ejercer la nulidad y establecimiento del derecho, el contribuyente presentó la respectiva demanda dentro del plazo antes señalado y por lo tanto no había lugar a decretar el rechazo de la misma, siendo necesario que el juez examine el cumplimiento de los demás requisitos para iniciar la apertura del litigio. Revoca. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Demanda. Rechazo. Plazo legal.

Expediente 13001 23 33 000 2012 00039 01 (20479) de 2016.

LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR NO ENVIAR INFORMACIÓN DEBE ATENDER A LOS PRINCIPIOS DE GRADUALIDAD Y PROPORCIONALIDAD. Aunque la ley permite que la DIAN imponga la sanción hasta un cinco por ciento (5%) sobre el valor que se debía declarar, es necesario observar que no en todos los eventos es posible la aplicación de la tarifa máxima, ya que el demandante manifestó su deseo de enmendar la situación proporcionando la información requerida, aunque de modo extemporáneo, razón por la cual no había lugar a aplicar la sanción más alta. Revoca. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Sanciones. Gradualidad. Proporcionalidad.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

Expediente 11001 03 28 000 2015 00002 00 de 2016

LA DECLARATORIA DE NULIDAD IMPLICA LA REALIZACIÓN DE UNA NUEVA CITACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN EN LA QUE SE ELIGIÓ AL RECTOR DE LA UPTC. Si bien resulta viable en sede de nulidad electoral que se revisen actos intermedios que puedan viciar el acto final de elección, tal circunstancia no se presentó en el caso concreto en el cual los Acuerdos Nos. 039, 040 y 041 no se examinaron, toda vez que la ilegalidad del acto final de elección surgió de la calidad de rector candidato del elegido y no del procedimiento adelantado. Niega. M.P. Rocío Araujo Oñate. Temas: Realización. Ilegalidad. Nulidad electoral.

 

Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

Expediente 08001 23 31 000 2010 00510 01 de 2016

UNA VEZ SE VERIFICÓ LOS SUPUESTOS DE SU PROCEDENCIA, ESTO ES, LA EXISTENCIA DE UNA CAUSAL DE APREHENSIÓN Y LA NO ENTREGA DE LA MERCANCÍA SE EVIDENCIÓ QUE NO SE VULNERÓ EL DEBIDO PROCESO. Se encuentra plenamente justificada la sanción impuesta por la DIAN a M.V. AUTOMOVILES & CIA LTDA, pues se verificó la existencia de dos facturas, de distinto número, fecha y valor, expedidas sobre la misma mercancía declarada. Ello de paso, permite constatar que la DIAN no violó el debido proceso de M.V. AUTOMOVILES & CIA LTDA, pues con base en documentación que obra en el expediente, oportuna y legalmente allegada al proceso, expidió los actos acusados. Revoca. M.P. María Claudia Rojas Lasso. Temas: Mercancías. Declaración. Proceso.

Expediente 11001 03 25 000 2014 00643 00 de 2016.

NIEGAN SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ARTÍCULO 24 DE LA RESOLUCIÓN 2509 DE 2010, QUE TRATA LOS COSTOS DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PARA REALIZAR MEDICIONES GENERADAS POR FUENTES MÓVILES. Así lo consideró el Consejo de Estado, luego de precisar que dentro del Proceso de Nulidad interpuesto por el Señor Nicolás Arango Vélez, tanto la solicitud de suspensión provisional como la disposición demandada con las normas que se invocan como fundamento de dicha petición, no se encontró razones de legalidad que hagan necesario decretar la medida cautelar para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Asimismo, se concluyó el incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la normatividad vigente para decretar la suspensión provisional de actuaciones administrativas. Niega. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Documento disponible al público en junio 2016. Temas: Suspensión Provisional de Acto Administrativo.

Ministerio de Salud

Comunicado de Prensa 15 de 2016

PRIMERA LICENCIA DE CANNABIS MEDICINAL. Minsalud otorgará permiso a empresa especializada en el comercio de extractos de aceites cannábicos, para ello oficializará en próximas horas el otorgamiento de la primera licencia para producir, fabricar y exportar marihuana medicinal y sus derivados. Temas: Licencia. Otorgamiento. Producción.

 

Ministerio de Ministerio de Protección Social

Comunicado de Prensa 3 de 2016

LAS PARADOJAS DE LA ADOPCIÓN EN COLOMBIA. A pesar de las garantías del proceso, la adopción afronta serios problemas, como la morosidad para declarar la adoptabilidad de un menor y proponerlo en adopción, la inseguridad jurídica y la larguísima espera que padecen los adoptantes. Temas: Adopción. Proceso. Menores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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