11 julio, 2023

10 de Julio del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 150 de 2023

INPEC DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN PARA QUE QUEDE CONSIGNADO EN UNA MINUTA O APLICATIVO LOS RECURSOS QUE PRESENTAN LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN SU EXPEDIENTE JUDICIAL

La Corte Constitucional ordenó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que admitiera un recurso de reposición que presentó un policía condenado por secuestro, quien está pidiendo que su expediente sea conocido por la justicia transicional.  Así lo concluyó la Sala Segunda de Revisión tras analizar la tutela de un policía condenado a 47 años por los delitos de secuestro extorsivo, hurto y extorsión. El hombre, quien cumple su pena en la cárcel La Picota de Bogotá, le solicitó a la JEP que su expediente fuera revisado, pero la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esa corporación negó la petición.  En primera medida, la Sala de Definiciones, el 13 noviembre de 2019, negó su petición porque consideró que los hechos no fueron cometidos en el marco del conflicto armado. El 29 de noviembre del mismo año bajo resolución quedó ejecutoriada la decisión ya que no se presentaron recursos por parte del policía condenado. En diciembre de 2019, el accionante radicó ante la JEP un recurso de reposición y de apelación a la decisión. La justicia transicional no acogió los argumentos ni peticiones del policía porque consideró que fueron extemporáneas. Con esa negativa, el uniformado presentó la tutela solicitando el amparo del debido proceso, la defensa y el acceso a la justicia.

 

Sentencia T 101 de 2023

EPS ESTÁN OBLIGADAS A CUBRIR PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS CON FINES RECONSTRUCTIVOS O FUNCIONALES Y A REALIZAR UN DIAGNÓSTICO MÉDICO, SERIO Y DE FONDO, SOBRE EL PARTICULAR.

“Por lo tanto, las cirugías estéticas funcionales pueden ser solicitadas por los usuarios a sus respectivas EPS cuando cuenten con una orden médica que así lo requiera. La jurisprudencia constitucional ha enfatizado en que tales entidades no pueden negar la prestación de estos servicios bajo el argumento que están excluidos del Plan de Beneficios de Salud, sin demostrar bajo conceptos médicos en el estudio de cada caso concreto, que los procedimientos solicitados tienen fines de embellecimiento y no funcionales reconstructivos o de bienestar emocional, psíquico y social”. La Corte Constitucional recordó que los procedimientos médicos estéticos con fines funcionales o reconstructivos están cubiertos por el sistema de salud y que las EPS están obligadas a cubrirlos. “Por lo tanto, las cirugías estéticas funcionales pueden ser solicitadas por los usuarios a sus respectivas EPS cuando cuenten con una orden médica que así lo requiera. La jurisprudencia constitucional ha enfatizado en que tales entidades no pueden negar la prestación de estos servicios bajo el argumento que están excluidos del Plan de Beneficios de Salud, sin demostrar bajo conceptos médicos en el estudio de cada caso concreto, que los procedimientos solicitados tienen fines de embellecimiento y no funcionales reconstructivos o de bienestar emocional, psíquico y social”.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 00950 de 2023

CONTRATO DE TRABAJO > TERMINACIÓN DEL CONTRATO > ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD > PROCEDENCIA.

La estabilidad laboral reforzada no se otorga con el solo quebrantamiento de la salud o por encontrarse el trabajador en incapacidad médica, pues debe acreditarse la limitación física, psíquica o sensorial, correspondiente a una pérdida de capacidad laboral con el carácter de moderada, esto es, igual o superior al 15 %.  ANÁLISIS DE PRUEBAS – Error de hecho del ad quem al considerar que el actor no gozaba de la protección del art. 26 de la Ley 361 de 1997 y entendió como causal objetiva, la culminación de la obra o labor contratada, pues antes de que se le diera por culminado el vínculo contractual, el demandante se encontraba en proceso de recuperación por causa del accidente de trabajo que padeció y que le dejó secuelas que le impedían ejercer su actividad de manera normal, de manera que la empresa tenía la obligación de mantenerlo en su puesto de trabajo y tramitar oportunamente la autorización ante el Ministerio del Trabajo

 

Expediente 00977 de 2023

 TRABAJADOR DEBE PROBAR LA CULPA DEL EMPLEADOR EN LA OCURRENCIA DE LA ENFERMEDAD O EL ACCIDENTE.

Para que se origine la culpa exigida en el artículo 216 del CST, corresponde al trabajador demostrar el incumplimiento de una de las obligaciones de protección y seguridad del empleador, no basta con la simple afirmación genérica de la falta vigilancia y control, sino que es menester delimitar en qué consistió el incumplimiento del empleador de las respectivas obligaciones derivadas del propio contrato de trabajo y de la labor prestada por el trabajador, el cual, a su vez, ha de tener nexo de causalidad con las circunstancias que rodearon el accidente.  En el recurso de casación el dictamen pericial no es prueba hábil para estructurar el yerro fáctico

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 04742 de 2023

DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES

Instrumentalidad de los derechos de los padres en materia de custodia y cuidado personal del menor. Vulneración del derecho al debido proceso por la indebida valoración probatoria efectuada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior, sobre las manifestaciones de la adolescente de no querer tener encuentros con su padre

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 63971 de 2023

SISTEMA PENAL ACUSATORIO – JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS: COMPETENCIA PARA DECIDIR SOLICITUD DE LIBERTAD, CONFORME AL ARTÍCULO 317 A DE LA LEY 906 DE 2004

La Sala de Casación Penal, definió la autoridad judicial competente para resolver la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensora de J.D.G.R., a partir de la regla general según la cual, ante una solicitud de audiencia preliminar, el juez con función de control de garantías competente es aquel del lugar donde se adelanta el juzgamiento. Ello por cuanto, la Sala consideró que, de la información obrante, no está suficientemente establecido que el asunto se rige por los cauces de la Ley 1908 de 2018, en la medida en que, simplemente se hizo una mención genérica de una organización delincuencial dedicada a la comercialización de pequeñas dosis de estupefaciente, sin que se haya especificado, sin lugar a duda, que se trata de Grupo Delictivo Organizado (GDO) o Grupo Armado Organizado (GAO). Por lo tanto, ante esa indefinición, concluyó que, no es posible acudir al criterio de competencia establecido en el artículo 317 A de la Ley 906 de 2004.

 

Expediente 53259 de 2023

PROXENETISMO CON MENOR DE EDAD – MARCO NORMATIVO

La Corte Suprema de Justicia decidió el recurso de casación interpuesto por la defensa de C.E.P.C. contra la sentencia que profiriera el Tribunal Superior de Sincelejo, revocatoria de la emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal (Sucre), para en su lugar, condenar a la procesada a título de autora responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años y proxenetismo con menor de edad. En esta ocasión, la Sala no casó la sentencia de segunda instancia y confirmó la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo que, por primera vez, condenó a C.E.P.C. Sin embargo, casó de oficio y parcialmente la providencia impugnada, única y exclusivamente en el sentido de fijar la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta, por un periodo de 20 años. Fue así como, la Corte analizó el marco normativo y los elementos de los delitos de proxenetismo con menor de edad y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. También recordó que, en virtud del principio de progresividad, es posible la variación de la calificación jurídica provisoria en el modelo procedimental de la Ley 906 de 2004; sin perjuicio de lo cual, llamó la atención acerca de que la conducta punible de acceso carnal violento agravado, pese a haber sido imputada a la procesada y aparecer descrita en el escrito de acusación, no fue ratificada en la diligencia respectiva, ni fue objeto de debate en la etapa de juzgamiento; situación que no pudo ser corregida, en sede de casación, por estar ad portas la prescripción de la acción penal, sumada la prohibición de la reforma en perjuicio de la única parte impugnante. Aunado a lo anterior, dando aplicación a la noción de testimonio adjunto, reiteró los presupuestos para la utilización de declaraciones anteriores incompatibles con lo revelado por el testigo en el juicio oral

 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

 

Expediente 11001 03 06 000 20222 00128 de 2023

LA CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. (CIAC S.A.), AL SER UNA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA SUJETA AL RÉGIMEN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, ESTARÍA HABILITADA PARA CELEBRAR CONTRATOS DE DONACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS YA SEA COMO DONANTE O DONATARIA.

 El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa Nacional, solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil emitir concepto en relación con la facultad que tendría la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.), de donar bienes fiscales, muebles o inmuebles, a otras entidades públicas, o de recibir en donación bienes de estas y sobre la posibilidad de dicha corporación, de efectuar la enajenación de bienes muebles a título gratuito a otras entidades estatales, consagrada en el artículo 2.2.1.2.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, sin transgredir la condición de exclusión de tal entidad, del estatuto general de contratación de la administración pública.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 17001 23 33 000 2015 00198 de 2023

EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN GRACIA RESULTA COMPATIBLE CON LA PENSIÓN DE INVALIDEZ; SI BIEN EL LEGISLADOR NO SE PRONUNCIÓ EXPRESAMENTE EN CUANTO AL RECONOCIMIENTO SIMULTÁNEO DE ESTAS DOS PRESTACIONES, LO CIERTO ES QUE NO EXISTE DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL O LEGAL QUE IMPIDA EL GOCE DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ Y DE LA PENSIÓN GRACIA DE MANERA CONCOMITANTE.

 El Tribunal Administrativo de Caldas en sentencia del 22 de marzo de 2018, condenó a la UGPP a reconocer en favor de una docente la pensión gracia, en consideración que no existe incompatibilidad entre ésta y la pensión de invalidez, al no tratarse de dos pensiones ordinarias; la demandante acreditó los requisitos contemplados en la ley para acceder a la pensión reclamada y, además, demostró buena conducta como educadora. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, recurrió la decisión adoptada al considerar que la negativa del reconocimiento de la pensión gracia se fundamentó en la ley, por cuanto es incompatible con la pensión de invalidez que le fue reconocida

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 19001 23 31 000 2010 00142 de 2023

CONDENA AL ESTADO POR VULNERACIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL A NO SER JUZGADO DOS VECES POR LOS MISMOS HECHOS – NON BIS IN ÍDEM –.

En el año 1997, municipio de Toribio – Cauca, miembro perteneciente al resguardo indígena de Tacueyó hirió con arma cortopunzante a otro indígena de la misma comunidad, quien falleció a causa de la infección que le produjeron las heridas. Tras los hechos se presentó denuncia penal, ante lo cual la Fiscalía inició la correspondiente investigación penal vinculando al indígena agresor mediante diligencia de indagatoria. El resguardo indígena solicitó que el inculpado fuera juzgado por la justicia ordinaria. En el año 2002 la Fiscalía tuvo noticia que el cabildo indígena profirió resolución por medio de la cual sancionó al agresor miembro de su comunidad a la pena de destierro. En el año 2003 la Fiscalía impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del sindicado y profirió resolución de acusación. Se continuó con el proceso penal y en diciembre de 2004 se profirió sentencia condenatoria en su contra como autor material del delito de homicidio simple. En el año 2007 fue recluido en establecimiento penitenciario y carcelario. En el año 2008 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia amparó en acción de tutela los derechos al debido proceso y a la libertad del aquí demandante al considerar que la justicia penal ordinaria vulneró su derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Inmediatamente dicha persona recobró su libertad. Los demandantes consideran que la privación de la libertad fue injusta, porque tuvo lugar en desconocimiento del principio non bis in idem.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 11001 03 27 000 2020 00015 de 2023

EN MATERIA ADUANERA, EL TÉRMINO PARA EXPEDIR EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECIDA DE FONDO SOBRE LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN, LA FORMULACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN OFICIAL O EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, ASÍ COMO SOBRE EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INCLUYE EL PLAZO REQUERIDO PARA EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN DEL RESPECTIVO ACTO. 

 Se anuló la palabra no de las expresiones “Dentro de los términos para decidir de fondo no se incluyen los requeridos para efectuar la notificación de dicho acto administrativo”, contenida en los artículos 588 del Decreto 390 de 2016 y 686 del Decreto 1165 de 2019 y “Dentro del término para decidir de fondo no se incluye el requerido para efectuar la notificación de dicho acto administrativo”, de los artículos 607 del Decreto 390 de 2016 y 705 del Decreto 1165 de 2019. La Sala concluyó que los apartes demandados desconocen la garantía de publicidad para el administrado, que prevé el artículo 4 de la Ley Marco de Aduanas (Ley 1609 de 2013) y que impone a la administración la obligación de dar a conocer al interesado, el contenido total del acto administrativo, para que le sea oponible. Comoquiera dentro del término para decidir de fondo se debe surtir la notificación del acto, pues, como lo ha precisado la jurisprudencia, la pronta respuesta al administrado sólo se logra cuando éste conoce la decisión que se ha expedido” para que se garantice el principio del efecto útil de las normas parcialmente demandadas, esto es, su efecto jurídico, solo se anula la palabra no de los expresiones acusadas, las cuales quedan así: “Dentro de los términos para decidir de fondo se incluyen los requeridos para efectuar la notificación de dicho acto administrativo”, contenida en los artículos 588 del Decreto 390 de 2016 y 686 del Decreto 1165 de 2019 y “Dentro del término para decidir de fondo se incluye el requerido para efectuar la notificación de dicho acto administrativo”, de los artículos 607 del Decreto 390 de 2016 y 705 del Decreto 1165 de 2019.