11 octubre, 2022

10 y 11 de Octubre

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 318 de 2022

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, IGUALDAD, MÍNIMO VITAL Y DIGNIDAD HUMANA, SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR AFECTACIÓN CON OBRA PÚBLICA.

Los accionantes aducen que las entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a la dignidad humana, al haber destruido las mejoras en un lote de terreno que afirman es de su propiedad, pero en el que no residen, porque se encuentran bajo la custodia de sus hijos mayores de edad Por su parte, la entidad territorial alegó que ello se debió al hecho de adelantar la construcción de una obra de alcantarillado, además de la necesidad de restituir el bien inmueble, por tratarse de un bien fiscal. Los demandantes pidieron a la entidad territorial la indemnización por los perjuicios ocasionados con la destrucción de las mejoras y al juez constitucional la reubicación y la reparación por dichos perjuicios. La alcaldía accionada sostuvo que el lote de terreno objeto de la controversia era de su propiedad y que por tanto no podía ser objeto de titularización alguna, pues sobre ese tipo de terrenos suelen adelantarse obras para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios. La Corte encontró que la tutela es IMPROCEDENTE porque no cumplió con el requisito de subsidiariedad, en la medida en que no se evidenció vulneración o amenaza alguna a los derechos fundamentales de los actores por estar en disputa la titularidad del derecho de dominio; existir controversia sobre aspectos que no están definidos como la posible ocupación irregular del lote de terreno, la existencia y naturaleza de las mejoras y su eventual explotación económica, así como la suficiencia de la presunta indemnización reconocida en especie.

 

Sentencia T 312 de 2022

VIVIENDA DIGNA Y SALUD-ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMO CONDICIÓN PARA SU SATISFACCIÓN.

El accionante considera que sus derechos fundamentales a la vida, salud, igualdad, mínimo vital y buena fe fueron vulnerados, a raíz de la tardanza en prestar el servicio de conexión y suministro de energía eléctrica a su residencia, a pesar de haber obtenido previamente concepto de factibilidad técnica. Argumenta que la falta de conexión pone en grave peligro la vida de su suegra en la medida en que es oxígeno dependiente, además de afectar la salud de ella y de él, pues son diabéticos y deben refrigerar los medicamentos prescritos para esta patología. La accionada argumentó la situación de pandemia y el incumplimiento de requisitos por parte del solicitante. Se reitera jurisprudencia sobre los derechos fundamentales a la vivienda digna y a la salud en relación con el acceso al servicio de energía eléctrica como condición para su satisfacción.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

 

Expediente 83206 de 2022

PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ POR HIJOS INVÁLIDOS, LEY 797 DE 2003 > REQUISITOS > SEMANAS DE COTIZACIÓN.

Para acceder a la pensión especial de vejez por hijos inválidos se requiere acreditar el número de semanas de cotización exigidas en el régimen de prima media con prestación definida

 

Expediente 02929 de 2022

PENSIONES » AFILIACIÓN » TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL » INEFICACIA » EFECTOS.

La improcedencia de la ineficacia del traslado de un régimen pensional a otro, cuando quien demanda es un pensionado del régimen de ahorro individual con solidaridad, no puede extenderse a los pensionados del régimen de prima media con prestación definida, pues éstos se encuentran en una situación completamente distinta, al punto que el restablecimiento de sus derechos no apareja las complejidades y tensiones propias de los pensionados del régimen privado /  Las consecuencias de la declaración de la ineficacia del traslado no terminan en la necesidad práctica de ordenar la devolución del monto de las cotizaciones preservando su integridad, también aplican respecto de los beneficiarios del régimen de transición que conservan su titularidad, bajo la ficción de que nunca se trasladaron al régimen de ahorro individual con solidaridad .

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 4459 de 2022

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN PROCESO DE SERVIDUMBRE – DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE FORMULA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P FRENTE A LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS.

Debe respetarse la elección de la convocante de promover el litigio en el lugar de su domicilio, pues para ello está facultada, por tratarse de una contención suscitada entre dos entidades de naturaleza pública. La colisión que se presenta entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7° -real- y 10° -subjetivo- del artículo 28 CGP, se soluciona a partir de la regla del artículo 29 CGP. Improrrogabilidad de la competencia. Artículo 28 numeral 10 CGP.

FUENTE FORMAL – Artículo 28 numeral 10 CGP. Artículos 16, 29 GGP.

 

Expediente 4460 de 2022
 CONFLICTO DE COMPETENCIA EN PROCESO EJECUTIVO – PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA REAL DE HIPOTECA, QUE FORMULA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO (FNA).

Se determina la competencia por el domicilio de la entidad de naturaleza pública, al ser prevalente y privativo por el factor subjetivo. Incompatibilidad entre dos reglas de competencia privativa (numerales 7º y 10 del artículo 28). Artículo 28 numeral 10 CGP.

FUENTE FORMAL – Artículo 28 numeral 10 CGP. Artículos 16, 29 CGP. Artículo 3º decreto 1132 de 1999.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 60716 de 2022

ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO E INJUSTO. PRECLUSIÓN POR ATIPICIDAD.

En el transcurso de la práctica de la prueba testimonial el juez utilizó expresiones desobligantes o malsonantes, para reconvenir a la defensora a las ritualidades del proceso. Declara la preclusión.

 

Expediente 56078 de 2022   

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / EXCLUSIÓN DE DELITO

Requisitos para acceder a la libertad condicional y principio de congruencia por delito en el cual se emitió condena sin haber sido objeto de la acusación.

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente 11001 03 15 000 2021 06788 de 2022

EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Y, EN ESPECÍFICO, LA CAUSAL DE EXISTIR UNA NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA, NO TIENE POR OBJETO CORREGIR LOS ERRORES DE APRECIACIÓN DE LOS HECHOS Y DE LAS PRUEBAS EN LOS QUE, A JUICIO DEL RECURRENTE, HUBIERA PODIDO INCURRIR EL JUEZ NATURAL.

 En ejercicio del recurso extraordinario de revisión, el señor Joaquín Alfonso Cortina Sulbarán con el que pretende que se infirme la sentencia del 11 de marzo de 2021, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, con radicado número 47001-23-33-0002020-00550-01, mediante la cual se revocó la decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena y, en su lugar,decretó la pérdida de su investidura como diputado de la Asamblea departamental del Magdalena

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 03 25 000 2018 00153 de 2022

SE DECLARÓ LA NULIDAD DEL ACTO QUE ORDENÓ LA REINCORPORACIÓN DE UNA SERVIDORA PÚBLICA A LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS -UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL, COMO CONSECUENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE INCODER, POR INFRACCIÓN DIRECTA DE LA LEY Y FALSA MOTIVACIÓN.   

 Mediante Decreto 2365 del 7 de diciembre de 2015 se suprimió el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER y mediante Decretos 2363 y 2364 ambos de 2015, se crearon la Agencia Nacional de Tierras ANT y la Agencia de Desarrollo Rural ADR, que asumirían las funciones del extinto INCODER. Como consecuencia del proceso liquidatorio se suprimieron 420 empleos del Instituto entre otros, el empleo denominado Profesional Especializado código 2028 grado 14, desempeñado por una funcionaria de carrera administrativa, quien solicitó la reincorporación en un empleo igual o equivalente. Mediante Decreto 420 del 7 de marzo de 2016, se establecieron unas equivalencias de empleos entre la nomenclatura y clasificación de los empleos del extinto INCODER y de los empleos aplicables en la ANT y ADR. La CNCS que determinó que la servidora acreditaba el cumplimiento de los requisitos mínimos para el empleo Gestor Código T1 grado 10 en la ANT con fundamento en el artículo 2.2.11.2.3. del Decreto 1083 de 2015, por encontrar que se trataba de un cargo equivalente y que la diferencia salarial permitida entre los empleos no superaba los dos grados siguientes 08, 09 y 10 pues en este caso no importa dicha diferencia, este acto administrativo fue recurrido siendo confirmado por la segunda resolución acusada.

 

Expediente 23001 23 33 000 2014 00444 de 2022

LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO, MEDIANTE SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, DETERMINÓ LA NORMA APLICABLE EN LA PENSIÓN GRACIA PARA EL REQUISITO DE CONVIVENCIA DE LOS BENEFICIARIOS DE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL O LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.

 El cónyuge supérstite de una docente solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia post mortem y su sustitución. La administración negó la solicitud por considerar que se busca el reconocimiento de una pensión de sobreviviente para lo cual no acreditó la convivencia durante los últimos 5 años anteriores al deceso de la maestra, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 25000 23 15 000 2022 00409 de 2022

VULNERA EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EL AUTO QUE NO DECLARA FUNDADO EL IMPEDIMENTO DEL SECRETARIO DEL DESPACHO POR INCURRIR EN UN DEFECTO SUSTANTIVO POR APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA  

 En el marco de un proceso judicial se declaró infundado el impedimento dirigido contra el secretario del despacho que adelantaba el trámite, por considerar que las causales previstas en el artículo 146 del Código General del Proceso, únicamente se aplican para los funcionarios judiciales. No obstante, la Corporación, en sede de tutela, consideró que se aplicó en indebida forma la disposición normativa, toda vez que estas causales también son aplicables a los secretarios judiciales, y, en consecuencia, se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora.

Expediente 11001 03 15 000 2022 04299 de 2022

SE ORDENA A LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN QUE, DE MANERA INMEDIATA, APLIQUE Y ENTREGUE INTEGRALMENTE LAS MEDIDAS DE URGENCIA PREVIAMENTE APROBADAS A UN EX COMBATIENTE DE LAS FARC-EP, EN PROCESO REINCORPORACIÓN A LA VIDA CIVIL.

 Un ex combatiente de las FARC-EP, en proceso reincorporación a la vida civil, ejerció una acción de tutela contra la Unidad Nacional de Protección y el presidente de la República, por la omisión en la que ha incurrido la Unidad en la materialización de unas medidas de protección (un vehículo blindado, dos agentes escoltas con su respectiva dotación, un chaleco de protección balística, un medio de comunicación, un botón de apoyo y un curso de autoprotección) que le fueron aprobadas mediante un trámite de emergencia desde hace más de tres meses.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

 

Expediente 76001 23 33 000 2022 00554 de 2022

LAS LISTAS DE ELEGIBLES UNIFICADAS, CONFORMADAS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 1960 DE 2019, PUEDEN USARSE PARA SUPLIR LAS VACANTES SURGIDAS CON POSTERIORIDAD A LA CONVOCATORIA, SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS ENTREN EN LA CATEGORÍA DE MISMOS EMPLEOS.

 La accionante participó en la Convocatoria 433 de 2016, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para aspirar al cargo de defensor de familia, código 2125, grado 17, OPEC Nro. 34112, para Medellín (Antioquia), perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Mediante la Resolución CNSC Nro. 20182230072535 del 17 de julio de 2018, la CNSC conformó la lista de elegibles para proveer las vacantes de Medellín. La tutelante ocupó el puesto 109. Las 44 vacantes ofertadas para Medellín, fueron provistas con los integrantes de la lista de elegibles que ocuparon las posiciones del 1 al 57. La Ley 1960 de 2019, mediante la cual se modificó la Ley 909 de 2004, estableció la posibilidad de utilizar la lista de elegibles, no solo para las vacantes convocadas originalmente, sino para las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad.