12 marzo, 2024

11 de Marzo del 24

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 581 de 2023

CORTE AMPARA DERECHOS DE CIUDADANO EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD LABORAL SUPERIOR AL 70 %, A QUIEN SE LE NEGÓ PENSIÓN DE INVALIDEZ.

La Corte solicitó a la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial del Ministerio del Trabajo que verifique y adopte todas las medidas para asegurar que la empresa Elite Plus esté al día con su obligación de pagar los aportes a salud, pensiones, riesgos laborales y caja de compensación de todos sus empleados. La Sala Octava de Revisión amparó los derechos a la seguridad social y a la vida digna de Fabio, quien presentó una acción de tutela en contra del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y la empresa Elite Plus Servicios Integrales S.A.S., toda vez que se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez pese a contar con un dictamen de pérdida de capacidad laboral del 74.1 %. Protección expuso que no podía reconocer la pensión de invalidez, pero sí realizar una devolución de saldos, puesto que existían meses de cotización que se encontraban en mora de pago por parte de Elite Plus. Fabio invocó el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social y vida digna, pero los jueces de primera y segunda instancia declararon improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad.La Sala Octava de Revisión revocó las decisiones de instancia y, en su lugar, amparó los derechos invocados por el accionante. La Corte consideró que Protección desconoció el precedente jurisprudencial sobre el allanamiento a la mora patronal al condicionar el reconocimiento de la pensión de invalidez a que Elite Plus acreditara el pago de los aportes a pensiones. La Sala estimó que Protección vulneró los derechos fundamentales de Fabio al trasladarle las consecuencias negativas del incumplimiento de Elite Plus de pagar los aportes a pensiones, y su propia obligación como administradora de fondos de pensiones, de cobrar esos aportes.

 

 

Sentencia T 551 de 2023

 CORTE AMPARA DERECHO A LA SALUD DE UN NIÑO CON ARTRITIS, A QUIEN SE LE NEGÓ EL SUMINISTRO DE UN MEDICAMENTO Y UNA CITA CON UN ESPECIALISTA PARA TRATAR SU ENFERMEDAD.

La Corte reiteró la jurisprudencia concerniente al derecho a la salud de las niñas y los niños, el suministro de los servicios y los medicamentos en salud, y a la figura del tratamiento integral. La Sala Octava de Revisión amparó el derecho a la salud de Nicolás, un niño a quien la EPS no le entregó un medicamento necesario para el tratamiento de artritis reumatoidea juvenil poliarticular (considerada como una enfermedad ruinosa y catastrófica). Además, tampoco le garantizó la realización de una cita con un especialista, pese a existir órdenes vencidas de su médico tratante por causa de su asegurador. El amparo lo invocó su progenitora. En única instancia, el juzgado consideró que hubo carencia actual del objeto. La Sala revocó la decisión al considerar que Nicolás es un sujeto de especial protección constitucional por ser menor de edad en condición de vulnerabilidad. En el caso concreto, la Corte evidenció que existía un indicio claro de la negligencia de la EPS en el cumplimiento oportuno de sus deberes para proveer los servicios requeridos por el niño, quien tiene un diagnóstico de artritis reumatoidea juvenil poliarticular, enfermedad que le causa fuertes dolores. Del mismo modo, en el expediente se evidenció que existían prescripciones médicas que en el caso concreto especificaron la necesidad de una cita con reumatología pediátrica, una inyección o infusión de modificador de respuesta biológica y una cita por psicología clínica. Con lo anterior, la Sala le ordenó a Cajacopi EPS, si aún no lo había hecho, autorizar y hacer entrega a Nicolas del medicamento conforme reposa en la fórmula médica. Del mismo modo, ordenó autorizar, programar y asegurarse de que se llevaran a cabo las consultas de control de seguimiento por parte del especialista, así como también que Nicolás recibiera un tratamiento integral.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 03151 de 2024

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES » RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD

Si el beneficiario de la pensión de sobrevivientes al momento de pensionarse seleccionó la modalidad de retiro programado y se abonan valores adicionales por concepto de bonos pensionales que ni la administradora de fondos de pensiones, ni la aseguradora tuvieron en cuenta al momento de calcular inicialmente el capital necesario para financiar la prestación, éstos ingresan a la cuenta individual del pensionado no para aumentar el saldo disponible, sino para recalcular el valor de la suma adicional a cargo de la aseguradora -a mayor saldo disponible en la cuenta individual, incluido el bono pensional, menor será la suma que haga falta para completar el capital necesario para financiar la pensión-. × Cuando la pensión de sobrevivientes se origina por la muerte de un afiliado, contribuyen a su financiación los recursos de la cuenta individual de ahorro pensional generados por cotizaciones obligatorias, el bono pensional si a ello hubiere  lugar  y  la  suma  adicional  a cargo de la aseguradora, que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión. CARACTERÍSTICAS. En el régimen de ahorro individual con solidaridad existe una relación de correspondencia necesaria entre el monto de los recursos y el valor de las pensiones, de manera que, salvo en lo que tiene que ver con la garantía de pensión mínima y las pensiones de invalidez y sobrevivientes, la existencia misma de la  prestación  y  su  valor  están  definidos, estrictamente, en función del capital ahorrado

INCREMENTOS O REAJUSTES PENSIONALES » RECONOCIMIENTO Y PAGO

Cuando la aseguradora manifiesta de manera expresa que tuvo en cuenta el  valor real  del bono pensional objeto de controversia en la liquidación de la suma adicional pagada a la administradora del fondo de pensiones, para financiar la pensión de sobrevivientes, y por lo tanto no existe ningún valor que pueda resultar a su favor, procede la reliquidación del monto de la mesada, la cual se realiza a partir de la data en que se transfieren los bonos pensionales a la cuenta de ahorro individual con la cual se nutre la prestación

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00455 de 2024

SIMULACIÓN RELATIVA – DE CONTRATO DE COMPRAVENTA Y USUFRUCTO VITALICIO DE BIEN INMUEBLE, CELEBRADO ENTRE UNO DE LOS CONYUGUES Y SU MADRE EN VIGENCIA DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.

Presunta distracción u ocultamiento de bienes de la sociedad conyugal mediante donación. «Restitución» o «devolución» del bien inmueble en favor de la progenitora, por cuanto había sido transferido previamente a su hija para solventar una situación económica compleja. Definición, requisitos, clasificación y subclasificación de la simulación. Inaplicabilidad de la teoría de la simulación-nulidad.

 

Expediente 00437 de 2024

TECNICA DE CASACIÓN – ENTREMEZCLAMIENTO DE ERRORES.

El censor edificó su embate con fundamento en el yerro de facto, sin embargo, en desarrollo del ataque, reprochó la falta de valoración conjunta de las experticias. Ataque desenfocado. Insuficiencia del cálculo a través del índice de precios al consumidor -IPC-. La prueba del precio no se satisfizo.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 64879 de 2024

DEBIDO PROCESO – UNIDAD DEFENSIVA: ABOGADO Y PROCESADO PUEDEN ACTUAR EN CONJUNTO O SEPARADAMENTE

La Corte Suprema de Justicia decidió el recurso de casación respecto de la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, mediante la cual confirmó la proferida en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, que condenó a MMCG como autor de concierto para delinquir agravado. En este asunto, la Sala casó la sentencia impugnada y decretó su nulidad parcial, en relación con la situación del procesado MMCG. En consecuencia, dispuso la remisión de la actuación al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal para que resuelva de fondo, lo más pronto posible, el recurso de apelación interpuesto y sustentado directamente por aquel. Lo anterior por cuanto, MMCG no tuvo la oportunidad de impugnar la decisión que le fue desfavorable y con ello se le vulneró el derecho de defensa; pues el juez de primer nivel, pese a los evidentes problemas técnicos y de conexión, no constató que el procesado hubiere conocido en su totalidad la decisión condenatoria. Aunado a lo visto, la Sala destacó como equivocada la interpretación de que, como el defensor de MMCG, en la audiencia de 26 de abril de 2023, expresó que no interponía recursos, entonces aquél ya estaba obligado a plegarse a la voluntad de su mandatario, pues tal comprensión de la norma desconoce la doctrina decantada acerca de la unidad de defensa y sus efectos; según la cual, el imputado o acusado no solo conforma con su abogado una unidad defensiva, sino que posee autonomía, en lo que al aspecto material compete, para hacer valer individualmente sus derechos.

 

Expediente 00337 de 2024

LEY DE JUSTICIA Y PAZ – BENEFICIOS: EXCLUSIÓN, INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

La Corte confirmó el auto apelado, por cuanto la fiscalía acreditó que HGS incumplió los fines del proceso de Justicia y Paz, al desconocer los derechos de las víctimas y ejecutar actos revictimizantes, cuando citó a menores de edad, varias de ellas víctimas de agresiones sexuales en el pasado, para que lo visitaran a la cárcel a sostener relaciones sexuales, y, con ello se configuró la causal prevista en el numeral 1 del artículo 11 A de la Ley 975 de 2005 adicionado por el artículo 5º de la Ley 1592 de 2012 que impone la terminación del proceso de justicia y paz y exclusión de la lista de postulados. Para el efecto recordó que, no fue a partir de la Ley 1592 de 2012 cuando el legislador previó la exclusión del postulado de este trámite especial, ya que desde que se produjo la desmovilización, se sometió a las reglas previstas en la Ley 975 de 2005, con la cual también se excluía a los postulados que incumplían sus obligaciones. Finalmente, clarificó que, el hecho de que la fiscalía se haya demorado en solicitar la exclusión, no tiene la virtualidad de desnaturalizar la pretensión o tornar inexistente el hecho o los hechos que dieron lugar a la estructuración de la causal.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 03 25 000 2016 00753 de 2024

RECUERDAN QUE NOMBRAMIENTO DE QUIEN LIDERA LISTA DE ELEGIBLES PREVALECE SOBRE SOLICITUD DE TRASLADO EN RAMA JUDICIAL

No se desconoce la situación de salud que reviste el aludido menor. Sin embargo, para el caso bajo estudio, no puede soslayarse el principio del mérito que orienta la carrera judicial como criterio para la provisión de cargos públicos dentro de la administración de justicia. En esa medida, el sistema de carrera administrativo tiene como soporte principios y fundamentos propios de la definición de Estado establecida en el artículo 1 constitucional, cuyo incumplimiento o inobservancia implica el desconocimiento de los fines estatales; del derecho a la igualdad y la prevalencia de derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como el acceso a cargos públicos y el debido proceso, de manera que, con base en ellos surge la necesidad de hacer prevalecer el derecho de acceder a la carrera judicial de quien en el concurso de méritos respectivo obtuvo el puntaje necesario para integrar la lista de elegibles y poder ser nombrado ante las vacantes existentes durante su vigencia. Lo anterior, en atención a que si bien son apremiantes las circunstancias médicas que requiere el menor hijo del demandante, lo cierto es que, con posterioridad a la presentación de la demanda y durante el trámite del proceso, a César Rafael Marcucci le fue concedido el traslado al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, urbe muy cercana a Santa Marta donde reside el menor, lo que sin duda genera mejores facilidades para la unidad familiar pretendida, no solo por la proximidad que existe entre ambas ciudades, sino además, por las similitudes climáticas y medioambientales entre una y otra, lo que le permite que el menor pueda vivir en Barranquilla al lado de su progenitor que es la aspiración que subyace a las pretensiones de la demanda, pero inclusive, contar con mejores posibilidad de centros médicos y especialistas que ofrece esta última derivado del avance vertiginoso que ha tenido Barranquilla.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 19001 23 33 000 2014 00411 de 2024

¿CUANDO UN DAÑO NO SE CONSOLIDA EN UN MOMENTO DETERMINADO, EL SOLO HECHO DE QUE LA CONDUCTA CAUSANTE DEL MISMO PERMANEZCA, IMPLICA, DE FORMA NECESARIA, QUE EXISTA UN DAÑO CONTINUADO?

No, El artículo 164, numeral 2, literal i), del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) prescribe que la acción de reparación directa debe incoarse en el término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo conocimiento del daño, si ello ocurrió en fecha posterior. Respecto del cómputo de la caducidad de la acción, la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacifica en establecer que este se debe efectuar de acuerdo con las condiciones particulares de cada caso, en tanto que el juez puede enfrentar situaciones en las que: (i) ocurrido el hecho dañoso, inmediatamente se conoce el daño, por su evidente notoriedad. En este escenario, el daño y el conocimiento de este por parte del lesionado son concomitantes, de lo que se sigue que es ese único momento a partir del que se debe contar el término de caducidad, o (ii) se causa un daño, pero el lesionado no tuvo la oportunidad de conocerlo en el momento de su ocurrencia, sino con posterioridad. En este evento, el de su conocimiento u oportunidad de acceder a él, será el momento a partir del que se comenzará a computar el término de caducidad. […] [C]uando un daño no se consolida en un momento determinado, debe tenerse en cuenta que, el solo hecho de que la conducta causante del mismo permanezca, no implica, de forma necesaria, que exista un daño continuado, dado que es posible que lo que se prolongue en el tiempo sean sus efectos patrimoniales, esto es, los perjuicios causados por ese daño, como lo ha establecido esta Corporación […]. […] [E]l hecho de que los efectos perjudiciales del daño se extiendan de forma indefinida en el tiempo no desvirtúa las reglas previstas en el artículo 164, numeral 2, literal i), del CPACA y en la jurisprudencia de esta Corporación, esto es, que la contabilización del término de caducidad del medio de control de reparación directa comienza a partir de la ocurrencia del daño, cuando este sea concomitante al hecho que lo genera, o a partir del momento en que el afectado tuvo conocimiento del daño que le fue causado, aun cuando sus efectos perjudiciales continúen presentándose. De lo contrario, el término de caducidad, que opera por ministerio de la ley, quedaría supeditado a la indeterminación y la oportunidad para elevar la pretensión indemnizatoria no se extinguiría jamás, en detrimento de la seguridad jurídica.

 

Expediente 13001 23 31 000 2010 00793 de 2024

¿CUÁLES SON LOS PRESUPUESTOS DEL CONTRATO DE DERECHOS LITIGIOSOS?

El contrato de cesión de derechos litigiosos es una figura sustancial cuya regulación se encuentra prevista en los artículos 1969 a 1972 del Código Civil; dicha normatividad lo define como un contrato aleatorio, a través del cual una de las partes de un proceso judicial –cedente–, transmite a un tercero –cesionario–, en virtud de un contrato, a título onerosos o gratuito, el derecho incierto sobre el cual recae el interés de las partes. En cuanto a los requisitos de perfeccionamiento del contrato de cesión de derechos litigiosos, de conformidad con lo previsto en el artículo 761 del Código Civil, dicho negocio jurídico se confirma con la sola entrega del título (documento privado o público) hecha por el cedente al cesionario; no obstante, la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado, han sostenido que para que la cesión de derechos litigiosos produzca efectos jurídicos procesales, resulta necesario que el cesionario comparezca ante el juez de la causa con el fin de que reconozca dicho negocio jurídico y dé traslado del mismo a la parte cedida, con el fin de que ésta última se pronuncie respecto de la eventual sucesión procesal que en virtud de la cesión de derechos litigiosos se pudiere presentar. Una vez perfeccionado el contrato de cesión con el consentimiento de las partes y verificada la tradición con la entrega del título de acuerdo, (art. 761 del C. Civil), puede el cesionario intervenir en el proceso del cual hace parte el evento incierto de la litis que adquirió, bien como litisconsorte de la parte cedente o, bien sustituirlo dentro en el proceso, siempre y cuando el juez admita la cesión y la contraparte cedida acepte liberar al cedente.

 

NOTA DE RELATORÍA: “Cesión de derecho litigioso es el acto jurídico en virtud del cual una persona transfiere a otra, a título oneroso o gratuito, los derechos personales o reales que se controvierten en juicio. Esta cesión se hace efectiva por medio de la entrega del título que contenga la cesión. Este título consiste en un documento privado, aun en el caso en que la controversia trate sobre inmuebles.” BONIVENTO Fernández, José Alejandro “Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales”, Ed. Librería del Profesional, Edición No. 13, Tomo I, Pág. 328 y 329.

FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 – ARTÍCULO 1969, LEY 84 DE 1873 – ARTÍCULO 1972

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 81001 23 39 000 202 00003 de 2024

SE CONFIRMÓ LA DECISIÓN QUE NEGÓ LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN DE UNA DIPUTADA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA.

Se demandó la nulidad del acto de elección de la señora Mercedes Rincón Espinel como diputada del departamento de Arauca, aduciendo que la demandada fungió como secretaria de Gobierno y Seguridad en dicho ente territorial y como gobernadora encargada en diversas oportunidades dentro del período inhabilitante, encontrándose por ello incursa en causal de inhabilidad por haber ejercido un cargo público dentro de los 12 meses anteriores a su elección. La Sala concluyó que la demandada no se encontraba inhabilitada para ser elegida como diputada y, en consecuencia, confirmó el fallo apelado que negó las pretensiones de la demanda.