13 diciembre, 2023

11 Diciembre del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 445 de 2023

CORTE AMPARA DERECHOS A CIUDADANO DE NACIONALIDAD VENEZOLANA EN CONDICIÓN DE HABITANZA DE CALLE A QUIEN LE FUERON NEGADOS PROCEDIMIENTOS MÉDICOS TRAS SUFRIR ACCIDENTE.

La prestación del servicio de salud de las personas extranjeras que no han regularizado su situación migratoria y que están en condición de habitanza de calle no debe estar limitada a los casos de urgencia. Tal restricción desconoce el deber que tiene el Estado de adoptar medidas diferenciadas en su favor. La Corte Constitucional recordó que las personas habitantes de calle enfrentan barreras para el acceso al sistema de salud. En el caso de las personas extranjeras, la falta de la regularización migratoria se convierte en un obstáculo adicional para el acceso a dicho sistema. Esta circunstancia demanda la adopción de acciones afirmativas por parte del Estado para asegurar el goce de los derechos fundamentales de esta población. En consecuencia, las autoridades están obligadas a garantizar la prestación de servicios de salud y a promover la regularización de la situación migratoria de estas personas. El pronunciamiento fue hecho al estudiar una tutela que presentó un hombre de nacionalidad venezolana, quien se encuentra en condición de habitanza de calle y no tiene regularizada su situación migratoria. El accionante consideró que el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander vulneró sus derechos a la salud, a la vida y a la integridad física, debido a que no le autorizó la práctica de unos servicios médicos que requería, luego de sufrir un accidente de tránsito en territorio colombiano. En única instancia, un juzgado negó el amparo toda vez que consideró que los requerimientos médicos no tendrían carácter urgente. Argumentó que, según el centro hospitalario donde permanecía el actor, tales servicios tendrían naturaleza «complementaria y ambulatoria». El juez de instancia, entonces, concluyó que debido a que el actor es una persona extranjera y reside en territorio colombiano de manera irregular, solo es posible brindarle atención en salud cuando exista una necesidad de carácter urgente.

 

 

SENTENCIA C- 331 de 2023

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 6, LITERAL A) DE LA LEY 2191 DE 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA LA DESCONEXIÓN LABORAL – LEY DE DESCONEXIÓN LABORAL”.

La Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió la demanda de inconstitucionalidad que se presentó contra el literal a) del artículo 6 de la Ley 2191 de 2022. Para los accionantes la medida que excluye del derecho a la desconexión a los trabajadores de dirección, confianza y manejo, vulnera el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, particularmente el descanso, el tiempo libre, la conciliación de la vida familiar con la laboral, la salud y la intimidad, así como el principio de igualdad de trato. Previo a definir de fondo, la Sala Plena analizó si se configuró la cosa juzgada constitucional. Refirió que en la Sentencia C-372 de 1998, Se declaró la constitucionalidad del literal a) del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo en el que se excepciona de jornada ordinaria laboral a los trabajadores privados que ejercen labores de dirección confianza y manejo. Explicó que en esta oportunidad la disposición regula otro derecho, el de desconexión laboral, y que, al no tratarse de la misma norma jurídica, ni ser el mismo contexto normativo, no es posible que se concretara la cosa juzgada material.           A continuación, fijó el problema jurídico en definir sí la exclusión del derecho a la desconexión de los trabajadores o servidores públicos que ejercen actividades de dirección, confianza y manejo, vulnera el trabajo en condiciones dignas y justas, particularmente el descanso, la intimidad, la salud y la conciliación de la vida familiar y personal con la laboral, así como la igualdad, frente a los demás trabajadores que sí gozan de dicha garantía. Para resolver ese interrogante, la Sala Plena señaló las reglas sobre el trabajo en condiciones dignas y justas, específicamente su contenido, y estándar de protección, reflexionó sobre el significado del tiempo de vida, de trabajo, y de descanso. Explicó, sobre este último, que una nueva aproximación de esta garantía comprende las limitaciones físicas y mentales del cuerpo, así como la realización del ser humano más allá del trabajo, de manera que si bien inicialmente se definió el derecho al descanso como reposo, que permite la reposición de energía, era necesario resignificarlo como un espacio autónomo, libre, en el que las personas deciden qué hacer o no con el tiempo de su vida fuera de la actividad laboral. Esta consideración además la consideró inmanente al propio concepto de dignidad humana, de vivir bien y como se quiere.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

 

Expediente 96419 de 2023

SOLIDARIDAD DEL BENEFICIARIO O DUEÑO DE LA OBRA > PROCEDENCIA

La confesión que realiza el representante legal de la empresa usuaria desemboca en la declaratoria de la responsabilidad solidaria respecto de las condenas impuestas al contratista independiente, derivadas de la culpa patronal.  – Conforme al artículo 34 del CST los empleadores contratantes son solidariamente responsables por el pago de las acreencias laborales de los empleados de los contratistas, siempre que las actividades desarrolladas por ambos sean afines, conexas o similares, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio > EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES > PROCEDENCIA – La responsabilidad solidaria entre la empresa de servicios temporales y la empresa usuaria procede cuando: i) La empresa de servicios temporales no cumple con las exigencias para su funcionamiento, ii) No se trata de las actividades establecidas en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, iii) El trabajador sufre un siniestro al momento de ejecutar labores para las que no fue enviado, y iv) Cuando se supera el plazo máximo de un año -esas variables no corresponden a los supuestos del litigio, por lo que no era procedente la responsabilidad solidaria de la EST-

 

Expediente 96927 de 2023

INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR FALTA DE DEPÓSITO DEL AUXILIO DE CESANTÍA > PROCEDENCIA

La imposición de la indemnización moratoria por no pago del auxilio de cesantía no es de aplicación automática, en cada caso es necesario estudiar si la conducta del empleador estuvo o no asistida de buena fe. > INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR NO PAGO DE CESANTÍAS – Error jurídico del ad quem al no aludir a lo preceptuado en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, ni tampoco explicar ni razonar los efectos del término trienal -no era posible prescribir solo lo causado hasta el 14 de noviembre de 2016-

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00428 de 2023

ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA –  ACCIÓN PARA QUE SE DECLARE QUE UNA SOCIEDAD SE ENRIQUECIÓ A EXPENSAS DE BIENES PERTENECIENTES A UN TERCERO. CONCEPTO.

Presupuestos para el ejercicio de la actio in rem verso. Uno de los requisitos para que se pueda generar la acción es que mientras se acrecienta un patrimonio otro se empobrezca de forma equitativa sin que medie una fuente obligacional. Carácter subsidiario de la acción de enriquecimiento sin causa.

 

Expediente 00405 de 2023

LEX ARTIS MEDICORUM

× Desconocimiento por parte del equipo médico de los factores de riesgo indicativos de sufrimiento fetal en el trabajo de parto, con el fin de prevenir secuelas neurológicas por asfixia del neonato. Norma Técnica para la Atención del Parto. Trascendencia de la edad gestacional.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 64028 de 2023

ENFOQUE DE GÉNERO – OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES: MANDATO NEGATIVO, VALORAR LA PRUEBA SIN INCURRIR EN ESTEREOTIPOS O PREJUICIOS DISFRAZADOS / ANÁLISIS DEL CONTEXTO: BAJO EL SUPUESTO DE UN DÉBITO CONYUGAL EN LAS RELACIONES MARITALES, NO PUEDEN PRETEXTARSE LOS ATENTADOS A LA INTEGRIDAD SEXUAL DE LA MUJER CON VÍNCULO CONYUGAL O DE HECHO VIGENTES

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió la impugnación especial promovida por el defensor de JFCM, quien luego de ser absuelto por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Urrao por el concurso de delitos de acceso carnal violento agravado, fue condenado por el Tribunal de Antioquia como autor de uno de tales punibles. La Corte confirmó la sentencia condenatoria, al considerar que, se demostró más allá de duda razonable, el contexto de sometimiento sexual de la víctima contra su voluntad, así como que mostraba características propias del Síndrome de Adaptación Paradójica; por lo que, acertó el Tribunal al decidir el asunto con perspectiva de género, soportado no únicamente en leyes y preceptos         constitucionales                      y supraconstitucionales,         sino            en pronunciamientos de la Corte sobre el particular. De otro lado, aclaró que, el análisis judicial en delitos como el aquí investigado, requiere el enfoque de género, en orden a contextualizar y definir episodios ocurridos antes, con ocasión y luego de la violencia ejercida sobre la mujer, orientados a verificar si medió una relación asimétrica de poder caracterizada por prácticas derivadas  de  prejuicios  sociales,  estereotipos.
machistas o patriarcales, o religiosos. Además, recordó que, bajo el supuesto de un débito conyugal en las relaciones maritales, no pueden pretextarse los atentados a la integridad sexual de la mujer con vínculo conyugal o de hecho vigentes. Aunado a lo anterior, resaltó que, en virtud del principio de libertad probatoria, los elementos del delito de acceso carnal violento pueden ser acreditados con cualquier medio demostrativo válido, máxime cuando, por regla general, se comete en un ámbito privado y es por ello que se ha denominado delito de puerta cerrada y, es frecuente que únicamente se cuente con la prueba directa derivada del testimonio de la víctima. Finalmente, la Sala de Casación Penal rechazó los argumentos de la defensa, basados en estereotipos machistas y misóginos que revictimizan a la mujer.

 

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente 11001 03 15 000 2021 02148 de 2023

LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN ERA COMPETENTE PARA INVESTIGAR Y SANCIONAR DISCIPLINARIAMENTE A UN EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN POR HECHOS COMETIDOS EN ESTA CALIDAD, AUN CUANDO AL MOMENTO DE LA SANCIÓN ESTE ESTUVIERA EJERCIENDO UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR.

EN EJERCICIO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, SE SOLICITÓ INFIRMAR LA SENTENCIA DEL 20 DE FEBRERO DE 2020, mediante la cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda que pretendían la anulación de un fallo disciplinario emitido por el Procurador General de la Nación que sancionó al accionante con destitución e inhabilidad general para el ejercicio de funciones públicas.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 76001 23 31 000 2010 00966 de 2023

AQUELLAS PERSONAS QUE CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993 ADQUIRIERON EL DERECHO PENSIONAL CON FUNDAMENTO EN NORMAS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES, MERECEN PROTECCIÓN POR VÍA DE LA GARANTÍA DE LAS SITUACIONES CONSOLIDADAS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 146. LOS DERECHOS PENSIONALES OTORGADOS EN TAL VIRTUD, FUERON CONVALIDADOS POR EXPRESA DISPOSICIÓN DEL LEGISLADOR A TRAVÉS DEL REFERIDO ARTÍCULO, CUYA CONSTITUCIONALIDAD FUE AVALADA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL, SIEMPRE QUE SU CONSOLIDACIÓN HUBIERE OCURRIDO ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 1997.

 Las Empresas Municipales de Cali – EMCALI, a través de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, demandaron la nulidad de la Resolución 1215 del 13 de junio de 1995, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión convencional a favor de uno de sus empleados, quien para el momento de retiro de la entidad ostentaba la condición de empleado público.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 25000 23 36 000 2014 00698 de 2023

SE DECLARA DE OFICIO LA EXCEPCIÓN DE INDEBIDA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA EN RELACIÓN CON LAS IMPUTACIONES QUE SE DERIVAN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO.

 “Se demanda por una supuesta falla registral de la Superintendencia de Notariado y Registro, cometida a través de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena (Bolívar), por el hecho de haber dado apertura al folio de matrícula inmobiliaria (…) a pesar de que se trata de un inmueble inexistente, igualmente, porque dicha autoridad administrativa emitió sendos actos de registro de varios títulos de adquisición sin realizar previamente un adecuado control de legalidad de los mismos, especialmente respecto del número catastral referenciado en las correspondientes escrituras públicas de transferencia del dominio y sobre el cual posteriormente se supo que, en realidad, pertenecía a un inmueble con un folio de matrícula inmobiliaria distinto que se había cerrado, circunstancia que implicó que a la demandante se le brindara información errónea sobre la propiedad y tradición de un lote que adquirió mediante la escritura pública de compraventa (…)”.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 25000 23 37 000 2016 01174 de 2023

LAS OBLIGACIONES CIVILES Y COMERCIALES DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD POR PARTE DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO NO PUEDEN SER COBRADAS POR ESTAS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO, EN VIRTUD DE LA EXCLUSIÓN QUE AL RESPECTO PREVÉ EL PARÁGRAFO 1 DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1066 DE 2006.

Se estudió la legalidad de los autos 004 del 21 de julio y 006 del 8 de septiembre, ambos de 2015 y mediante los cuales, en su orden, la ESE Hospital Occidente de Kennedy Nivel III liquidó el crédito y las costas procesales y declaró infundada la objeción a la liquidación del crédito, lo aprobó y ordenó la efectividad de los títulos judiciales expedidos dentro del proceso de cobro coactivo que adelantó contra una EPS, con ocasión de una acreencia derivada de la prestación de unos servicios de salud a los afiliados al régimen subsidiado. La Sala anuló dichos autos y negó las demás pretensiones de la demanda, tras concluir que, en relación con la actividad civil o comercial (prestación de servicios de salud) que desarrollan las Empresas Sociales del Estado ESE, es aplicable la exclusión del parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, es decir, que para cobrar las deudas generadas con ocasión de esa actividad no es procedente ejercer la facultad de cobro coactivo que dicha norma les concede a las entidades públicas, consideración que se sustenta en el hecho de que las ESE compiten en igualdad de condiciones con los particulares que también prestan servicios de salud, de manera que ejecutar las deudas a su favor, a través del procedimiento administrativo de cobro coactivo, generaría un desequilibrio en las relaciones entre las partes involucradas. Al respecto precisó en la contratación por la prestación de los servicios de salud dichas empresas (ESE) se sujetan al derecho privado, lo que obedece a que la contratación que hacen con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) públicas, mixtas o privadas implica una actividad comercial, en el entendido que suministran o prestan el servicio de salud, por lo que aclaró que existe una libre competencia entre unos (ESE) y otros (particulares), razón suficiente para considerar que la prestación de ese servicio hace parte del giro ordinario de sus negocios, por lo que cualquier deuda derivada del cumplimiento de una obligación civil o comercial relacionada con la prestación del servicio de salud se debe cobrar en sede judicial.