11 enero, 2024

11 enero del 24

Corte Constitucional

 

Sentencia T 312 de 2023

FUERO DE MATERNIDAD DEBE GARANTIZARSE EN CUALQUIER TIPO DE RELACIÓN LABORAL O CONTRACTUAL

La corporación amparó los derechos de dos mujeres embarazadas que fueron desvinculadas de su trabajo. Uno de los casos se refería a un contrato sindical y el otro a un contrato laboral a término fijo. En todo caso, los empleadores deben solicitar autorización del inspector del trabajo para el despido. La Corte Constitucional analizó dos acciones de tutela presentadas por mujeres gestantes. Las demandantes sostuvieron que la terminación de sus relaciones laborales o contractuales vulneraba sus derechos fundamentales y los de sus hijos por nacer. En ambos casos, las empresas alegaron que los despidos se basaron en razones justificadas. La Sala Novena de Revisión, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, concedió la protección de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada derivada del embarazo y a la seguridad social de las accionantes. La Corte reiteró que, de acuerdo con la Sentencia SU-075 de 2018, se presume que el despido de una mujer gestante se debe a dicha condición, salvo que el empleador demuestre que no conocía del estado de embarazo. En el primer asunto analizado, la accionante estaba vinculada con la entidad demandada a través de un contrato sindical. En el segundo proceso de tutela, la trabajadora había suscrito un contrato laboral a término fijo con una empresa de servicios de aseo. La Sala estableció que, en ambos casos, los empleadores terminaron la relación contractual o laboral sin autorización del inspector del trabajo, pese a que tenían conocimiento del estado de gestación de las trabajadoras. La corporación recordó que el contrato sindical es aquel que celebran los sindicatos con sus afiliados para la prestación de un servicio o la ejecución de una obra. La Sala ratificó que, en ese tipo de contratos, también opera la garantía de estabilidad laboral reforzada para las mujeres embarazadas. De este modo, destacó que “el fuero de maternidad es de naturaleza constitucional y, por tanto, debe garantizarse en cualquier tipo de relación laboral o contractual”.

 

Sentencia T 311 de 2023

PENSIÓN DE INVALIDEZ PUEDE OTORGARSE CON BASE EN UNA NORMA POSTERIOR, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD.

La Corte aplicó la ley laboral de forma retrospectiva. Reconoció el derecho a la pensión de invalidez de una mujer con una pérdida de capacidad laboral del 93,40%. La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a una vida digna de la señora Rosa. En 2001, aquella se desempeñaba como patinadora profesional e instructora de ese deporte. Sin embargo, con apenas 22 años, fue diagnosticada con un tumor cerebral y sometida a una cirugía para su extracción. A partir de ese momento, se generó su pérdida de capacidad laboral, que fue determinada en el 93,40% por una valoración de expertos llevada a cabo en 2022. En ese momento, Laura pidió que se reconociera la pensión de invalidez en favor de su hermana Rosa. Sin embargo, el fondo de pensiones negó esta solicitud por considerar que la afiliada no cumplía con el requisito de haber cotizado 50 semanas dentro de los tres años anteriores al momento en que se estructuró la invalidez (1° de marzo de 2001). Ante esa respuesta, Laura presentó una acción de tutela en nombre de Rosa para reclamar la protección de los derechos de su hermana, debido a que su salud estaba cada vez más deteriorada. La Sala Novena de Revisión, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas consideró que debía concederse la pensión de invalidez, en desarrollo del principio de favorabilidad previsto en la Constitución. En la sentencia, la Corte explicó que la retrospectividad permite aplicar una norma a situaciones que, si bien ocurrieron con anterioridad a su entrada en vigencia, nunca se consolidaron definitivamente. La Corte evidenció que las cotizaciones de Rosa al sistema pensional se realizaron cuando estaba vigente la versión original de la Ley 100 de 1993. Aquella exigía haber aportado 26 semanas en el año anterior al momento de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Este Tribunal estimó que, en principio, los requisitos que la accionante debía cumplir eran los previstos en aquella regulación.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 97908 de 2023

TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA > CAUSALES

La ley permite que la conducta calificada como falta grave en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, enmarcada en las causales previstas en la norma, genere como sanción por parte del empleador la terminación del contrato por justa causa > FALTA GRAVE SEÑALADA EN EL CONTRATO DE TRABAJO > ANÁLISIS DE PRUEBAS – Ausencia de error de hecho del ad quem al considerar como grave la falta cometida y declarar la justeza del despido del trabajador, toda vez que era el responsable del equipo que presentó el derrame, fue el único que lo manipuló el día de los hechos y se demostró que hubo el vertimiento de crudo; asimismo, no era la primera vez que se presentaba una conducta similar, a tal punto que había sido sancionado meses antes; además, el dictamen pericial practicado a solicitud del actor, fue claro en confirmar que la válvula no presentaba escapes ni daños, lo cual derivó en la conclusión de que sólo la acción del encargado de la operación del tanque pudo desencadenar el incidente al no haberla cerrado

Expediente 95167 de 2023

SALARIO SIN PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La potestad con la que cuenta el patrono de ordenar que el trabajador no preste el servicio, no se somete a una circunstancia particular, por el contrario, el artículo 140 del CST contempla que hay lugar al pago del salario, aun sin la prestación del servicio, por culpa del empleador o por su propia disposición. Error del tribunal al no adecuar la problemática suscitada al artículo 140 CST, bajo la tesis de que los motivos planteados por la demandante para no prestar el servicio personal, nada tuvieron que ver con el vínculo de trabajo propiamente dicho, pues condicionó la operatividad de la norma a una exigencia que no tiene el precepto legal. La potestad que contiene el artículo 140 del CST es el reconocimiento del poder subordinante que ostenta el empleador a la luz del artículo 23 ibidem, por virtud del cual puede impartir órdenes al trabajador, fijar las condiciones en que se ha de desarrollar la actividad contratada, y exigir el cumplimiento de un horario, entre otras cosas

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00442 de 2023

CONTRATO DE SEGURO – REITERACIÓN DE LAS SENTENCIAS CSJ SC4527-2020, CSJ SC2879-2022 Y CSJ SC276-2023.

Del artículo 1036 del Código de Comercio, se puede inferir que el contrato de seguro es una relación jurídica de carácter mercantil, bilateral, onerosa, aleatoria y de ejecución continuada. Obligación de indemnizar los daños sufridos por el asegurado. Riesgo asegurable. Exclusiones contractuales. Ubicación de las exclusiones en la póliza. Requisito formal atinente al lugar donde deben quedar consignadas las exclusiones en la póliza de seguros para su eficacia.

 

Expediente 00388 de 2023

INTERVERSIÓN DEL TÍTULO – TRANSICIÓN ENTRE LA TERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE MERO TENEDOR Y EL INICIO DE LA POSESIÓN.

Evolución jurisprudencial. Concepto. (Aclaración de voto de la Magistrada Hilda González Neira a la SC388-2023).

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 59806 de 2023

SISTEMA PENAL ACUSATORIO – JUICIO ORAL: CAMBIO DE JUEZ EN SU DESARROLLO, EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL

El cambio del juez en el juicio oral no vulnera de manera automática el debido proceso ni la concentración e inmediación, la afectación debe ser acreditada.

 

Expediente 59532 de 2023

FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN: REQUISITOS, RELACIÓN CLARA Y SUCINTA DE LOS HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

La expresión accedió carnalmente no describe un concepto puramente normativo, sino también fáctico conforme la definición del art. 212 del C.P. Lo mismo ocurre con la noción de violencia del art. 212A ejusdem.

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente 11001 03 15 000 2016 02995 de 2023

LA CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS DEBE INTERPRETARSE A LA LUZ DE LA FINALIDAD PERSEGUIDA POR LA MISMA CAUSAL, Y EN RAZÓN DE ELLO, SU ENTENDIMIENTO ESTÁ VINCULADO AL DESVÍO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CUANDO ESTOS NO CUMPLEN LA DESTINACIÓN PREVISTA EN LA LEY, REGLAMENTO O RESPECTIVO PRESUPUESTO, SIN QUE ELLO CONLLEVE A UNA INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA EXPRESIÓN DINERO PÚBLICO.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo resolvió el recurso extraordinario especial de revisión en el que solicitó infirmar la sentencia del 20 de septiembre de 2011, mediante la Corporación decretó la pérdida de investidura del ex representante a la Cámara Representante a la Cámara Luis Enrique Salas Moisés.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 66001 23 33 000 2018 00099 de 2023

LA CONFIGURACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL ENCUBIERTA FRENTE A ENTIDADES ESTATALES CUANDO AQUELLAS ACUDEN A LA INTERMEDIACIÓN LABORAL, CONCRETAMENTE, A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, NO CONLLEVA LA TERMINACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL VÍNCULO PARA EFECTO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES Y DEL CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN PARA SU EXIGENCIA.

La parte demandada interpuso recurso de apelación, en el que expresó que la demandante estuvo vinculada a la entidad en dos períodos que debían diferenciarse, el primero, mediante la contratación a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado, COTRASER y, el segundo, como prestadora de servicios directamente del SENA. Que la vinculación a través de cooperativa finalizó el 3 de julio de 2011; sin embargo, no elevó ninguna solicitud encaminada a obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, dentro de los tres años siguientes a la finalización de la prestación, razón por la cual debe declararse la prescripción extintiva de esos derechos salariales, esto es, según dice: «de aquellos que pudieran emanar de esa primera etapa de contratación».

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 11001 03 15 000 2023 03117 de 2023

EL CONSEJO DE ESTADO SE PRONUNCIÓ RESPECTO A LA IMPROCEDENCIA DEL DECRETO Y PRÁCTICA DEL DICTAMEN PERICIAL EN SEGUNDA INSTANCIA, CUANDO LA PRUEBA VERSA SOBRE UN PUNTO DE DERECHO PARA EL QUE NO SE REQUIEREN CONOCIMIENTOS MÁS ALLÁ DE LA CIENCIA JURÍDICA.

 “Se ejerció acción de tutela para cuestionar el auto de 18 de mayo de 2023 emitido por el Tribunal Administrativo del Cesar, a través del cual se negó el decreto y práctica de un dictamen pericial por considerar que era impertinente e inconducente, dado que la prueba versaba sobre un punto de derecho; la providencia se profirió dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho erigido con ocasión a la expedición de los oficios a través de los cuales se negó la reubicación salarial de la actora dentro del escalafón docente por no alcanzar la calificación requerida. La tutelante consideró que la decisión de negar el decreto y práctica del dictamen pericial en segunda instancia, desmejora la situación del apelante único y desborda los límites de la competencia violando el principio de congruencia”

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 11001 03 27 000 2021 00500 de 2023

EL CONCEPTO DE CRÉDITO VINCULADO ECONÓMICAMENTE AL PAÍS CONTENIDO EN EL OFICIO DIAN 1397 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2020 ES ILEGAL.

 La demandante preguntó a la DIAN el concepto de “crédito vinculado económicamente al país” en una situación en la que un deudor en el exterior le paga intereses a un acreedor en Colombia sin ninguna clase de vinculación y el efecto del crédito fiscal. Para responder tales interrogantes, la DIAN expidió el Oficio 1397 del 29 de octubre de 2020, en el que transcribió apartes de la sentencia del 11 de agosto de 2011 Exp. 17358 C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Se anuló el Oficio 1397 de 2020, por incurrir en falsa motivación al evidenciarse un error de derecho en su justificación, en cuanto se refirió a una sentencia que no desarrolló un caso que le diera respuesta a las preguntas formuladas por la actora. Lo anterior, dado que dicha sentencia no era compatible con la situación planteada en el oficio demandado, porque empleó normas de carácter cambiario en su análisis y realizó un estudio de una situación fáctica particular cuyo centro de discusión fue la necesidad de declarar los ingresos de intereses que tienen como fuente un crédito entre una matriz y una subsidiaria.