12 mayo, 2023

11 y 12 de Mayo del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 005 de 2023

DERECHO A LA SALUD EN SU FACETA DE DIAGNÓSTICO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, PARA DETERMINAR SI SE REQUIERE SERVICIO DE ENFERMERÍA O CUIDADOR. Con esta providencia se resuelven cuatro acciones de tutela promovidas en nombre de personas mayores de edad que padecen enfermedades crónicas y degenerativas, que no sólo restringen su movilidad sino su autonomía para desempeñar las actividades básicas del diario vivir. Según los agentes oficiosos, el tratamiento de las enfermedades de las agenciadas requiere, entre otros servicios médicos, de la prestación del servicio de enfermería domiciliaria porque, debido a su edad, estado de salud y condiciones económicas, no pueden atender a sus familiares adecuadamente. Indicaron además que los núcleos familiares de las agenciadas carecen de recursos económicos para asumir los costos de los servicios de enfermería y atención requeridos. De manera general, las EPS indicaron que han prestado los servicios y suministrado los insumos prescritos por los médicos adscritos a sus redes, para el tratamiento de los padecimientos de las afiliadas. Sin embargo, en todos los casos explicaron que no existen órdenes de suministrar el servicio de enfermería domiciliaria, por lo que no existe evidencia de la necesidad médica del mismo. Se reitera jurisprudencia relacionada con: i) el derecho a la salud de las personas mayores o de la tercera edad; ii) las reglas sobre el suministro en sede de tutela de insumos y servicios incluidos en el PBS, en especial, sobre el servicio de enfermería; y iii) el derecho al diagnóstico y el tratamiento integral.

 

Sentencia T 023 de 2023

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA FALLO DE TUTELA POR CUESTIÓN FRAUDULENTA-VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO AL ORDENAR PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE CONTRATO DE SEGURO, ANTE EVIDENCIA DE UN CONCILIO FRAUDULENTO.

Como antecedentes de este asunto se tiene que quince ciudadanos presentaron acciones de tutela en contra de Seguros Bolívar S.A., porque consideraron que esta aseguradora vulneró sus derechos fundamentales al negarse a reconocer el pago de la indemnización a la que tenían derecho, en virtud del seguro de vida de grupo que les amparaba, entre otros, el riesgo por incapacidad total y permanente. De estos casos, se concedió el amparo a 12 peticionarios. Seguros Bolívar S.A. presentó varias acciones de tutela en contra de los fallos que le ordenaron pagar las indemnizaciones previstas en las pólizas, así como los intereses moratorios correspondientes. Adujo la existencia de varios indicios que demostraban que los fallos eran producto de una situación de fraude, por lo que solicitó declarar la existencia de cosa juzgada fraudulenta, revocar las decisiones cuestionadas y ordenar el reintegro de las indemnizaciones que fueron pagadas a los asegurados. La Corte advirtió que las providencias cuestionadas podían clasificarse en tres grupos: i) los fallos de tutela que fueron seleccionados para revisión (5); ii) fallos de tutela que no fueron seleccionados por la Corporación y que hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional (7) y; iii) los que no han surtido el trámite de selección porque las autoridades judiciales accionadas no los han remitido a la Corte Constitucional (3). La Corte concluyó que era competente para pronunciarse sobre todos los expedientes a excepción de dos del segundo grupo en los cuales la situación de fraude ya había sido declarada y revertida y dos del tercer grupo n los que no se había surtido el trámite de la impugnación presentada por la aseguradora. Es decir, que el estudio se circunscribió a once expedientes. La Sala de Revisión empleó la metodología que la Corporación ha aplicado para estudiar acciones de tutela en contra de sentencias de tutela en las que se alega la existencia de cosa juzgada fraudulenta. Se recuerda que, según la jurisprudencia constitucional, para que el amparo proceda en estos casos, debe acreditarse el cumplimiento de dos tipos de requisitos: i) los generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) los específicos de procedencia excepcional en casos de fraude. Constató la Sala que en este caso se presentó el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta en nueve de los once expedientes mencionados. Encontró en ellos varios indicios graves, conducentes y trascendentes que prima facie permitieron. inferir que, entre los tomadores de las pólizas, sus abogados y los jueces de instancia existía un acuerdo fraudulento para emplear el proceso de tutela con fines ilegales y dolosos de enriquecimiento económico en perjuicio de la aseguradora. De acuerdo a las particularidades de cada caso se adoptaron decisiones diferentes, entre ellas, se destaca la declaratoria de improcedencia de la sentencia de tutela cuestionada, la orden a los asegurados de restituir el pago efectuado por Seguros Bolívar S.A. con ocasión de estos fallos y la devolución del expediente al juez de primera instancia, para que tramite la impugnación formulada por la aseguradora.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 67806 de 2023

CORTE SUPREMA PRECISA NORMAS QUE RIGEN A CONTRATISTA DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA.

Sistema de Seguridad Social – Sistema general de pensiones – Régimen de ahorro individual con solidaridad – Beneficiarios – Excepciones: inaplicabilidad de las exclusiones previstas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, a los docentes que tienen vinculaciones diferentes al servicio educativo oficial.  Sistema de Seguridad Social – Sistema general de pensiones – Compatibilidad pensional: compatibilidad de la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio correspondiente a los docentes vinculados laboralmente a instituciones de carácter público, con la afiliación al sistema general de seguridad social, cuando trabajan para entidades particulares.  Proceso ordinario laboral: defecto sustantivo por indebida aplicación normativa del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, inaplicable a la afiliación efectuada por el accionante al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, como contratista de una universidad pública

 

Expediente 39289 de 2023

PENSIONES > FINANCIACIÓN > BONOS O TÍTULOS PENSIONALES.

El empleador debe asumir la totalidad del título pensional durante el lapso de no afiliación por falta de cobertura, puesto que es el único responsable del riesgo pensional, por tal motivo no resulta procedente que el valor del título pensional sea distribuido entre él y el extrabajador en la proporción prevista legalmente para los aportes pensionales

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 01926 de 2023

MEDIDAS CAUTELARES SOBRE MASCOTAS

Improcedencia de la acción de tutela para controvertir las medidas cautelares de embargo y secuestro decretadas sobre dos perros, como animales de compañía.

 

Expediente 02474 de 2023

JUSTO TÍTULO

Es justo el título cuando: a) es verdadero, existe en la realidad, lo cual excluye a los falsificados u otorgados por quien no es mandatario o representante del otorgante. b) es eficaz, carece de defectos sustanciales que lo invaliden. c) en materia de bienes que exigen una formalidad en particular para su enajenación es solemne, por ejemplo, la escritura pública para los bienes raíces. d) permite concluir que de haberse ejecutado por el verdadero propietario y perfeccionado el modo, el derecho real habría ingresado al patrimonio del poseedor. e) se evalúa con objetividad, marginando aquellas circunstancias que le resulten ajenas. f) se aprecia al momento de su existencia, y no en un instante posterior.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 62158 de 2023

CASACIÓN – LA CORTE UNA VEZ ADMITIDA LA DEMANDA ENTRA A DECIDIR DE FONDO

La Corte Suprema de Justicia decidió el recurso de casación interpuesto por el apoderado de H.R.C., contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Manizales, mediante la cual, confirmó la decisión emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad, condenando a las penas de cuatrocientos meses de prisión y de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como responsable del delito de homicidio agravado. En esta oportunidad la Corte casó parcialmente la sentencia impugnada y como consecuencia, modifico la calificación jurídica de la conducta imputada a H.R.C., y en aplicación del principio de in dubio pro reo, declaró que se cometió el delito de inducción o ayuda al suicidio, sin embargo, precluyó la investigación por el anterior delito y declaró la extinción la acción penal por prescripción. Para ello, la Corte determinó que el tribunal incurrió en errores de hecho; por falso raciocinio, y falso juicio de identidad; que lo llevaron a no valorar la otra hipótesis, que sustentaba que el delito ejecutado fue el de inducción o ayuda al suicidio y no el de homicidio agravado. Así mismo, se consideró que el Tribunal no aplicó el principio in dubio pro reo, al no valorar la existencia de esta duda frente a la comisión del delito, la cual debió resolverse a favor del acusado. Posteriormente, y al variarse la calificación jurídica de la conducta imputada, se precisó que el delito de inducción o ayuda al suicidio es querellable, por lo que era necesario que los herederos de A.C. presentaran querella, la cual no fue aportada al proceso. Por último, se señaló que la acción penal respecto del delito de inducción o ayuda al suicidio se encontraba prescrita, toda vez que la decisión de segunda instancia se profirió con posterioridad al término señalado en el artículo 83 de la Ley 599 de 2000.

 

Expediente 17093 de 2023

INCLUSIÓN DE LAS SEMANAS COTIZADAS ADICIONALES A LAS 1800 PARA CALCULAR LA TASA DE REEMPLAZO

Contabilización de las semanas adicionales cotizadas, a las primeras 1800, para establecer la tasa de reemplazo en la liquidación de la pensión de vejez.

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 11001 03 15 000 20222 04905 de 2023

SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA DIRIGIDA A CUESTIONAR EL DECRETO A TRAVÉS DEL CUAL EL MINISTERIO DE INTERIOR NOMBRÓ AL GOBERNADOR ENCARGADO DEL CESAR.

La parte actora enjuició el Decreto a través del cual el Ministerio de Interior nombró a un gobernador encargado, por supuestamente estar inmerso en una casual de inhabilidad y por violar los derechos a la moralidad administrativa.