13 marzo, 2024

12 de Marzo del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 585 de 2023

LA CORTE AMPARÓ LOS DERECHOS PENSIONALES DE UNA MUJER DE LA TERCERA EDAD Y PREVINO A COLFONDOS PARA QUE EVITE TRABAS ADMINISTRATIVAS QUE PUEDAN AFECTAR LOS DERECHOS DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.

 La orden busca proteger especialmente a personas de la tercera edad con afecciones en salud y en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. La Sala Tercera de Revisión amparó los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y a la seguridad social de una ciudadana de 70 años que solicitó acceder a la pensión de vejez, porque acreditó 1523 semanas cotizadas mientras trabajaba en un centro educativo en el municipio de Toluviejo, Sucre. La accionante invocó el amparo toda vez que Colfondos y el municipio le habían impuesto barreras administrativas para acceder a la prestación económica, a pesar de que manifestó ser una persona de tercera edad con amnesia, artrosis, osteoporosis, obesidad y cefalea; madre cabeza de hogar y que tenía bajo su responsabilidad una hija con discapacidad. Colfondos respondió que no podía adelantar el trámite solicitado por la accionante hasta tanto el municipio no realizara el pago efectivo del bono pensional al que tenía derecho la mujer por los periodos trabajados entre junio de 1973 a julio de 1977, octubre de 1983 a octubre de 1987 y enero a marzo de 1988. El juez de instancia declaró improcedente el amparo al considerar que no había certeza de que los padecimientos de salud le impidieran a la accionante promover el proceso laboral para definir su situación. La Sala Tercera de Revisión revocó la decisión y, en su lugar, amparó los derechos invocados al considerar que Colfondos y el municipio realizaron una inadecuada gestión en el trámite del bono pensional para el reconocimiento de la pensión de vejez de la demandante. La Sala constató que Colfondos había omitido sus obligaciones de actuar con la debida diligencia en relación con la emisión del bono pensional y el trámite de reconocimiento de la pensión. Respecto del municipio, la Corte halló que en su condición de empleador directo de la accionante entre 1973 y 1988 era el responsable de emitir el bono pensional. Sin embargo, ante su silencio en el trámite de tutela, no fue posible conocer las razones por las cuales no realizó el pago, como era su obligación. Para la Sala, las entidades responsables involucradas habían trasladado de manera indebida a la accionante las consecuencias negativas de su falta de gestión, lo cual repercutió negativamente en los derechos de la trabajadora.

 

Sentencia T 584 de 2023

CORTE EXHORTA A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO A REALIZAR SEGUIMIENTOS A LAS QUEJAS RELACIONADAS CON APLICACIONES QUE OFRECEN PRÉSTAMO DE DINERO.

Este fallo subraya la responsabilidad de las empresas de préstamos digitales de conducir sus actividades de manera que respeten los derechos fundamentales de las personas. La Sentencia T-584 de 2023 establece un precedente importante en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ámbito digital. Este fallo responde a una acción de tutela interpuesta contra Lukiao App S.A.S., una empresa de préstamos digitales, por prácticas intimidatorias y difamatorias en sus procesos de cobranza. Se trata del caso de una persona que, al retrasarse en los pagos de un préstamo obtenido a través de la app, enfrentó acciones extremas por parte de la empresa como visitas de agentes en la vivienda de sus padres, letreros en el piso de la entrada de su casa con mensajes alusivos al estado de la obligación, carteles que incluían su foto y lo identificaban como deudor moroso dispuestos en el barrio donde vive y en su lugar de trabajo, además de la difusión de esa información a través de redes sociales. La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional revisó el caso y declaró la carencia actual del objeto por daño consumado en cuanto a la vulneración de los derechos al buen nombre, la honra, la intimidad y el habeas data del actor, tras encontrar que Lukiao App hizo un uso ilegítimo de su derecho a cobrar las obligaciones mediante la implementación de estrategias amenazantes y difamatorias en contra del accionante. Esta corporación concluyó que, si bien las entidades crediticias tienen el derecho a reclamar deudas, el ejercicio de este derecho está sujeto a límites que prohíben prácticas abusivas que infrinjan los derechos al buen nombre, la honra, la intimidad y el habeas data. Específicamente, la Corte determinó que los mecanismos de cobranza deben ejercerse de manera que no generen actuaciones arbitrarias, intimidatorias o difamatorias, y que cualquier divulgación de datos debe limitarse a las partes con un interés legítimo. Para la Sala Tercera la divulgación de este tipo de datos por canales en los que haya un acceso masivo o indiscriminado, como las redes sociales y plataformas digitales, no está permitida. Agregó que los medios usados por los acreedores para cobrar deben darles a los deudores la posibilidad de controvertir la exigibilidad de las obligaciones que se persiguen y no pueden conllevar a intromisiones indebidas en la vida privada de los deudores para obtener el pago de dinero. La sentencia ordena a Lukiao App S.A.S. cesar inmediatamente dichas prácticas y adoptar medidas para asegurar el respeto a los derechos fundamentales, reafirmando la responsabilidad de las plataformas de préstamos digitales de operar dentro de los marcos éticos y legales. Además, remite copias del proceso a la Superintendencia de Industria y Comercio para que investigue y actúe frente a posibles infracciones a los derechos del consumidor y violaciones al tratamiento de datos personales; y a la Fiscalía General de la Nación con el propósito de que revise las posibles implicaciones penales del caso.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 98034 de 2024

 ACCIDENTE DE TRABAJO > CULPA PATRONAL > INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD > ANÁLISIS DE PRUEBAS

Error de hecho del ad quem al considerar que existía caso fortuito en el accidente, y que por lo tanto no estaba acreditada la culpa patronal, siendo que al ser una actividad peligrosa la conducción de moto, el petente estaba expuesto a riesgos, relacionados con accidentes viales que le pudieran generar percances en su integridad, lo que descarta la imprevisibilidad; asimismo, además de la entrega de un casco, resultaba necesario entregar los implementos de seguridad necesarios que resguardaran las partes del cuerpo, como chaquetas con protección en codos, hombros y espalda, guantes para motocicletas en refuerzo en la palma de la mano y nudillos, rodilleras espinilleras y botas, ya que es el empleador, quien es el que crea el riesgo, debe medirlo en su integridad y entregar los elementos adecuados para mitigar ese riesgo

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00470 de 2024

UNIÓN MARITAL DE HECHO – PRESUPUESTOS PARA SU CONFIGURACIÓN.

La comunidad de vida como evidencia de la intención de construir una familia. Las conclusiones del tribunal estuvieron sustentadas en los diversos medios de convicción arrimados al proceso. Indebida demostración de los elementos axiológicos para su configuración.

 

Expediente 00443 de 2024

VIOLACIÓN DIRECTA DE LA NORMA SUSTANCIAL – POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 1081 DE CÓDIGO DE COMERCIO.

Presunta interpretación equivoca del término de prescripción ordinario de las acciones en contrato de seguros. En materia de seguros el término ordinario prescriptivo para interponer la demanda es de dos años contados a partir de la ocurrencia de siniestro, es decir del riesgo asegurable que en el caso particular es el incumplimiento del contrato de obra civil.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 00091 de 2024

CONCURSO – DOSIFICACIÓN PUNITIVA: LÍMITES DEL INCREMENTO HASTA EN OTRO TANTO

La Sala de Casación Penal se pronunció, de manera oficiosa, frente a la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó la impartida por el Juzgado 42 Penal del Circuito con función de conocimiento de la misma ciudad, mediante la cual condenó, vía preacuerdo, a SLAM, EKCM, SMMB e IAB, a título de coautoras, y a EDRH como determinador, del delito de lesiones personales dolosas. En tal sentido, la Corte casó oficiosa y parcialmente la sentencia de segunda instancia, para redosificar la pena de prisión imponible a los procesados; al considerar que, el juez de primera instancia, al momento de asignarla por los delitos concursantes de manera homogénea, desconoció la regla de “hasta en otro tanto”; al superar el doble de la sanción fijada para el delito más grave, con lo que infringió el principio de legalidad.

 

Expediente 00481 de 2024

LEX ARTIS (LEY DEL ARTE) – ESTABLECE LAS CONDICIONES Y PARÁMETROS DENTRO DE LOS CUALES LOS RIESGOS DERIVADOS DE UNA DETERMINADA ACTIVIDAD SON PERMITIDOS Y CUÁNDO DEVIENEN DESAPROBADOS

La Corte Suprema de Justicia decidió el recurso de casación presentado por el defensor de AECS, contra el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante el cual confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, que lo condenó como autor responsable del delito de homicidio culposo. La Sala no casó la sentencia impugnada, al apreciar en ella una adecuada y suficiente explicación del motivo por el cual los medios de prueba, analizados en conjunto, emergen suficientes para soportar la responsabilidad deducida al acusado. Al respecto; consideró que el procesado, en su condición de médico pediatra, sí se despojó de su deber de garante, dado que, al momento de atender un re-ingreso por urgencias, que requería de una mayor diligencia, no realizó una práctica adecuada, de conformidad con los signos que presentaba la paciente desde varios días atrás, los cuales le obligaban a ordenar exámenes indispensables para precisar la patología y el tratamiento requerido, que hubiere salvaguardado la vida de la menor. Para ello, aclaró que, por tratarse la medicina de una ciencia inexacta, al momento de atender a un paciente, el médico debe recurrir a varias de las opciones que la lex artis le ofrece, con el propósito de brindar una mejor atención al enfermo, en este caso, acceder a la historia clínica anterior.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

 

 Expediente 13001 23 33 000 2017 00088 de 2024

RECUERAN COMO ES EL RÉGIMEN PROBATORIO EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

De la verificación adelantada por esta Sala al expediente administrativo, se advierte que en aquel obraban diferentes documentos como soporte de los contratos celebrados por la Alcaldía municipal de San Cristóbal (Bolívar), conforme al requerimiento efectuado por la parte demandada en el oficio núm. 0001450 de 11 de mayo de 2015. Ahora bien, frente a las pruebas allegadas y solicitadas en el presente proceso, se observa que: la parte demandante en el escrito de demanda solicitó: i) tenerse como prueba copia de los actos acusados; y ii) pidió que se requiriera la copia del expediente administrativo del proceso de responsabilidad fiscal núm. 1055; y, la parte demandada en la contestación de la demanda aportó en medio magnético copia del expediente administrativo del proceso de responsabilidad fiscal núm. 1055. Al respecto, el a quo, en la audiencia inicial celebrada el 21 de marzo de 2019, tuvo como pruebas las aportadas por las partes en el escrito de demanda y la contestación y no decretó pruebas de oficio. Esta Sala conforme al marco normativo del régimen probatorio en los procesos de responsabilidad fiscal […], considera que: i) los fallos de responsabilidad fiscal deben fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas al proceso; ii) el investigado que haya rendido exposición libre y espontánea podrá pedir la práctica de las pruebas que estime conducentes o aportarlas; iii) el daño patrimonial y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquier medio de prueba; iv) las pruebas deberán apreciarse, en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional; v) el investigado podrá controvertir las pruebas a partir de la exposición espontánea en la indagación preliminar, o a partir de la notificación del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, o vencido el término de traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal presentando los argumentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas, así como solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer valer. En atención a las etapas procesales en las cuales es procedente aportar o solicitar pruebas en el proceso de responsabilidad fiscal, observa esta Sala que, la parte demandante al momento de rendir declaración libre y espontanea, no solicitó la práctica de pruebas diferentes a los documentos requeridos en el oficio núm. 0001450 de 11 de mayo de 2015, si bien hizo una mención de que aportaría unos documentos no dio mayores detalles de cuales serían y que hechos puntualmente pretendía demostrar; como tampoco hubo petición de pruebas en el escrito de descargos presentado el 3 de noviembre de 2015 al auto de imputación de responsabilidad fiscal del proceso núm. 1055 de 28 de septiembre de 2015.

 

Expediente 11001 03 24 000 2015 00046 de 2024

RECUERDAN COMO SE REALIZA EL COTEJO ENTRE MARCAS COMERCIALES MIXTAS

Al encontrarnos frente a un cotejo entre marcas mixtas [CES S.A. E.S.P. COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA Y CES] […] [L]a Sala advierte que la marca mixta concedida al tercero con interés directo en el resultado del proceso está compuesta por un elemento nominativo compuesto el cual corresponde a las palabras CES S.A. E.S.P. COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA, así como de unos elementos figurativos que consisten en el tipo de letra y unas figuras geométricas. Por su parte, la marca de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso consiste en un elemento nominativo simple, el cual corresponde a la palabra CES, y unos elementos gráficos que consisten en el tipo de letra usado. Ahora bien, la Sala advierte que los elementos nominativos tienen generalmente más relevancia que los elementos gráficos, puesto que, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales citados supra, por regla general es el elemento nominativo el que causa mayor impacto y recordación en la mente del consumidor y por esto es generalmente el más preponderante. La Sala considera que, en el caso sub examine, tanto en la marca mixta de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso, como en la marca mixta previamente registrada, el elemento preponderante es el elemento nominativo, comoquiera que es el que causa mayor recordación en la mente de los consumidores sin que los elementos gráficos que lo componen aporten mayor impacto y, en consecuencia, corresponde a la Sala realizar un análisis de confundibilidad de acuerdo con los criterios para el cotejo de signos nominativos. […]. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que es necesario analizar la distintividad de los elementos que componen la marca mixta de titularidad del tercero con interés directo en el resultado del proceso para lo cual se debe realizar un “[…] análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad […]”. La Sala advierte que la parte demandante, en la demanda, argumentó que “[…] las denominaciones ‘S.A.’, E.S.P.’, ‘Comercializadora Eléctrica’ carecen de relevancia distintiva por su carácter descriptivo, pues informan sobre el topo de sociedad (sociedad anónima), empresa (Empresa de Servicios Públicos) y actividad empresarial (comercialización de energía eléctrica)

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 05001 23 31 000 2019 00001 de 2024

RELACIÓN LABORAL ENCUBIERTA / NO SE PUEDE USAR ‘OUTSOURCING’ PARA ACTIVIDADES PROPIAS Y MISIONALES DE LA EMPRESA

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual. […] De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia. […] Bajo ese entendido, el outsourcing, entendido como la colaboración entre empresas, tiene su fundamento normativo en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, a través de la figura de contratista independiente y está sujeto a las siguientes condiciones. […] Así las cosas, se concluye que se defrauda la finalidad con la que se legitimó la tercerización laboral, cuando el outsourcing es utilizado para desarrollar actividades propias y misionales de la empresa beneficiada y solo sirve para actuar como un intermediario que (a) carece de estructura propia, (b) no ejerce directamente la subordinación y (c) no asume los riesgos de la contratación. […] El 1° de enero de 2009 el señor (…) suscribió convenio de trabajo asociado con duración ´indefinida´ con la Cooperativa de Trabajo Asociado Nacional (Cooptrasonal) (el cual se dio por terminado el 4 de septiembre de esa misma anualidad), para prestar sus servicios como ´Especialista en Cirugía´ en la ESE Hospital San Rafael de Yolombó en una jornada de 48 horas semanales y con la obligación de cumplir turnos en los horarios señalados.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

 Expediente 25000 23 36 000 2017 01052 de 2024

¿COMPETE AL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA RESOLVER SOBRE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, AUNQUE EN DECISIÓN ANTERIOR SE HAYA RESUELTO DECLARAR NO PROBADA LA MENCIONADA EXCEPCIÓN?

Si, El Tribunal a quo, al momento de dictar sentencia, señaló que, en consonancia con lo expuesto por el Consejo de Estado en el auto del 9 de mayo de 2018 (que resolvió la apelación de la excepción de caducidad), no existían medios de prueba distintos de las entrevistas realizadas al señor (…), de las cuales no podía extraerse que él hubiese conocido para la fecha de su realización las personas que entregaron a los medios de comunicación la información personal y falsa que concretó el daño que alega y, por ende, concluyó que tuvo conocimiento del hecho dañoso en el momento en que se profirió la sentencia penal condenatoria (…). Por su parte, las demandadas indicaron que luego de recaudada la totalidad del material probatorio no cabía duda de que la parte actora tenía conocimiento de la participación del Estado en los hechos en que fundó su demanda desde el año 2011, cuando el señor (…) lo declaró ante diversos medios de comunicación, precisando incluso que su intención era demandar, entrevistas que fueron ratificadas por él en el marco del presente proceso. (…) Si bien al resolver el recurso de apelación contra la decisión adoptada en la audiencia inicial que declaró probada la caducidad del medio de control, el Consejo de Estado la revocó, lo cierto es que lo hizo con fundamento en los principios de acceso a la administración de justicia, pro damnato y pro actione, en tanto que, para ese momento procesal, solo se contaba con una entrevista publicada el 3 de abril de 2011 en el periódico El Espectador -artículo periodístico que solo daba cuenta de la existencia de la información pero no de la veracidad de la misma-, en la que el señor (…) dio cuenta a una periodista de quienes podían ser los posibles responsables de la filtración de la información, pero de dicha entrevista no era posible determinar con certeza la fecha en la cual la parte demandante tuvo conocimiento de que el daño invocado era atribuible a un agente estatal y, en ese sentido, para efectos de computar la caducidad, tuvo en cuenta la fecha de expedición de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que se condenó penalmente a los exfuncionarios del Estado -28 de abril de 2015-.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 11001 03 27 000 2022 00039 de 2024

SECCION CUARTA RECUERDA QUE SE REQUIERE ACTO MOTIVADO QUE INDIQUE AL INTERESADO EN DEVOLUCIÓN DE SALDOS QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS

La Sala advierte que ya se pronunció sobre el mismo debate jurídico en la sentencia del 17 de febrero de 2022 (exp. 24878, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), oportunidad en la que se juzgó la legalidad de la misma expresión contenida en el artículo 1.6.1.29.3 del DUR, aquí demandada, pero en la versión que, en su día, se adicionó por el artículo 1.° del Decreto 1422 de 2019 (reglamentario del mecanismo de devolución «automático» inicialmente adoptado en la Ley 1943 de 2018), i.e. antes de que fuera sustituido por el artículo 1.° del Decreto 963 de 2020, que ocupa la atención de la Sala en este caso. Por ende, para decidir la Sala reiterará, en lo pertinente, el criterio desarrollado en ese precedente, debido a que el asunto guarda identidad jurídica con el sub lite. 2.2- El procedimiento para la devolución de saldos a favor está reglado en el título X del ET. Ordena el artículo 850 que el trámite de la devolución se inicie a petición de «los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias», dentro del término de dos años siguiente al vencimiento del plazo para declarar (artículo 854). La competencia para conocer de esas solicitudes se asigna por el artículo 853 al jefe de la unidad de devoluciones o de la unidad de recaudo encargada de dicha función, que deberá «proferir los actos para ordenar, rechazar o negar las devoluciones y las compensaciones de los saldos a favor de las declaraciones tributarias» y, a su vez, autorizar a los funcionarios para «estudiar, verificar las devoluciones y proyectar los fallos, y en general todas las actuaciones preparatorias y necesarias para proferir los actos». Sobre los plazos para tramitar las devoluciones, el artículo 855 del ET establece que los saldos a favor originados en los impuestos sobre la renta y sobre las ventas, sean compensados o devueltos dentro de los 50 días siguientes a la fecha de la solicitud presentada oportunamente y en debida forma, salvo en el caso de los productores de los bienes exentos del artículo 477 ibidem, de los responsables de los bienes y servicios de los artículos 468-1 y 468-3 ejusdem y de los responsables del artículo 481 del mismo Estatuto, que ostenten la calidad de operador económico autorizado conforme al Decreto 3568 de 2011, para quienes ese término se reduce a 30 días.