12 octubre, 2022

12 de Octubre del 22

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 304 de 2022

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO A MIGRANTES VENEZOLANOS EN LA VALIDACIÓN DE TÍTULO UNIVERSITARIO OTORGADO EN EL EXTERIOR

La accionante es de nacionalidad venezolana y alega que las entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, debido a la negativa de aceptar su pasaporte venezolano vencido como documento de identificación válido para el trámite de convalidación de su título profesional de enfermera, pese a que no le había sido expedido el Permiso de Protección Temporal (PPT), no obstante haberlo solicitado. El juez de primera instancia negó el amparo argumentando que existe normatividad del Ministerio de Relaciones Exteriores que no permite, explícitamente, que un pasaporte vencido pueda ser utilizado ante las autoridades colombianas para realizar trámites administrativos. Por su parte, el ad quem declaró la improcedencia de la acción por incumplir el requisito de subsidiariedad. Se revisó el cumplimiento de los presupuestos de procedencia de la acción de tutela y se reiteró jurisprudencia relacionada con el fenómeno de la carencia actual de objeto. Teniendo en cuenta que en sede de revisión se constató que la peticionaria es portadora de un Permiso de Protección Temporal, el cual acredita su situación migratoria regular y se tuvo como documento de identificación válido para el trámite de convalidación de su título universitario de enfermera, se declara la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 93185 ( 3413 ) de 2022

PENSIONES > AFILIACIÓN > TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL > REQUISITOS > VALIDEZ.

La firma del formulario al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones es insuficiente para dar por demostrado el deber de información, pues además de ello, la entidad administradora de pensiones tiene el deber ineludible de obtener del afiliado un consentimiento informado -comprensión de haber recibido información clara, cierta y oportuna-

Expediente 88186 de 2022

CONTRATO DE TRABAJO / CONTRATO REALIDAD > DURACIÓN DEL CONTRATO, EXTREMOS TEMPORALES > ANÁLISIS DE PRUEBAS.

Ausencia de error de hecho del ad quem al considerar que la relación laboral entre las partes se llevó a cabo del 22 de enero de 2013, al 12 de mayo de 2015, toda vez que la accionada no demostró que durante el periodo en que la accionante estuvo vinculada por prestación de servicios, había desarrollado la labor de forma autónoma e independiente

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 3103 de 2022

SIMULACIÓN ABSOLUTA – DEL ACTO DE CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO CIVIL CELEBRADO ENTRE PADRE Y DOS DE SUS HIJOS.

Pronunciamiento oficioso -en tanto hace parte del thema decidendum del litigio- del: 1) Reintegro de los bienes objeto del negocio simulado. 2) Reconocimiento y pago de frutos respecto de la participación en los entes morales y de inmuebles. Dado que, con ocasión de la declaración de ser irreales el fideicomiso y su acto aclaratorio, es procedente la restitución de los bienes muebles e inmuebles concernidos por dicho negocio jurídico a la masa herencial, se impone atender que lo correspondiente a los frutos civiles debe reintegrarse, al acervo sucesoral, pues es imprescindible atender las reglas impuestas por el artículo 1395 del Código Civil, en particular, la destacada en el numeral 3°. El efecto de la declaración judicial al prosperar la pretensión simulatoria, es retroactivo, esto es, los frutos se restituyen desde la causación a fin de colocar a los extremos de la relación negocial en la situación en que se encontrarían de no haber celebrado la convención. Será la fecha del deceso el hito inicial de la liquidación de los frutos, pues a partir de ese momento los bienes que los generaron salieron de su patrimonio y pasaron a hacer parte de la masa herencial a repartir entre sus sucesores. Respecto de cada uno de los fundos involucrados incumbe identificar si el causante ostentaba la propiedad plena o un porcentaje de participación, y de este la proporción que se dijo transferir en el negocio supuesto. Sobre el importe de los frutos procede el reconocimiento de corrección monetaria. Como mecanismo idóneo para la preservación de su valor, se ha determinado como una de las herramientas útiles la variación del índice de precios al consumidor certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-

 

Expediente 4383 de 2022

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN PROCESO EJECUTIVO – PARA HACER EFECTIVA LA OBLIGACIÓN DINERARIA CONTENIDA EN PAGARÉ.

La regla general de atribución de competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos está asignada al juez del domicilio del demandado, salvo cuando se trate de juicios originados en un negocio jurídico, o, en los que se involucren títulos ejecutivos, pues, en tales eventos, será competente, además, el juez del lugar del cumplimiento de la obligación allí contenida. Cuando concurran los factores de asignación territorial, el promotor está facultado para optar por cualquiera de los dos eventos mencionados, dado que no existe competencia privativa. En eventos donde la parte actora haga uso de su potestad de elección con desconocimiento de las pautas legales, el despacho receptor debe ejercitar los poderes de ordenación, en aras de lograr la asignación correcta. El ejecutante estipuló el domicilio contractual con pleno desconocimiento de los factores de atribución de competencia territorial, de ahí que, aquella convención contractual deba tenerse por no escrita, debiéndose aplicar la regla general. Artículo 28 numeral 1º CGP.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 54940 de 2022

POSICIÓN DE GARANTE / LIBERTAD PROBATORIA.

Estudiantes de 4° y 5° grado de primaria acudieron a una celebración de fin de año escolar, donde abordaron dos balsas para navegar en un lago sin elementos de seguridad y personal capacitado, se produjo el deceso de dos menores.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 11001 03 25 000 2015 00548 de 2022

SE SUSPENDEN LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 2025 DE 2011, PORQUE CON SU EXPEDICIÓN EL GOBIERNO NACIONAL DESBORDÓ LA POTESTAD REGLAMENTARIA.

 Se presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad, contra del artículo 3 y del inciso primero del artículo 4 del Decreto 2025 del 8 de junio de 2011, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1233 de 2008 y el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010”, proferido por el Gobierno Nacional.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 03 25 000 2021 00419 de 2022

EL DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020 ERA FUNDAMENTO SUFICIENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA PARA ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS ANTES DE LA EXPEDICIÓN Y ENTRADA EN VIGENCIA DEL DECRETO LEGISLATIVO 491 DEL MISMO AÑO.

  En ejercicio del medio de control de nulidad simple, se demandó una instrucción proferida el 25 de mayo de 2020 por la Policía Nacional, a través de la cual se suspendieron los términos de las ro disciplinarias, pues en criterio del demandante la competencia para una medida de esa naturaleza solo surgió con el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020. Las resoluciones que prorrogaron tal medida también fueron acusadas bajo el argumento de que, si bien se profirieron en vigencia de esta última norma, su unidad de propósito con el primero de tales actos hacía que el vicio se proyectara sobre todos ellos.

 

Expediente 15001 23 33 000 2016 00278 de 2022

LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO FIJA REGLA DE UNIFICACIÓN EN CUANTO AL ENTENDIMIENTO QUE DEBE OTORGARSE AL ARTÍCULO 15, NUMERAL 2, LITERAL A) DE LA LEY 91 DE 1989 PARA EFECTOS DE RECONOCER LA PENSIÓN GRACIA DE JUBILACIÓN.

 La accionante, actuando por intermedio de apoderado judicial interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en los términos del artículo 138 del CPACA, con el fin que se anularan las resoluciones expedidas por la Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales y la Dirección de Pensiones de la UGPP: (i) RDP 003051 del 27 de enero de 2015, que le negó el reconocimiento de la pensión gracia; (ii) RDP 009070 del 6 de marzo de 2015, que desató el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó; y (iii) RDP 014101 del 13 de abril de 2015, que resolvió el recurso de apelación incoado dentro de la actuación administrativa en comento y ratificó la postura de la entidad demandada, considerando que los tiempos laborados por la docente no podían estimarse para tales efectos.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 11001 03 15 000 2022 01813 de 2022

NO SE DESCONOCEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA A QUIÉN NO SE LE RELIQUIDÓ SU MESADA PENSIONAL CON LA INCLUSIÓN DE LA TOTALIDAD DE TODOS LOS CONCEPTOS DEVENGADOS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS

 El juez constitucional determinó que no se configuró defecto sustantivo por indebida aplicación del régimen normativo que regula el IBL, como tampoco un desconocimiento del precedente vertical ni horizontal, toda vez que se citaron providencias que no comparten una relación analógica con el problema jurídico de la sentencia objeto de tutela. En este orden de ideas, no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora.

 

Expediente 76001 23 33 000 2014 00879 de 2022

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE GRUPO AL NO DEMOSTRARSE EL PRESUPUESTO DE UNIFORMIDAD FRENTE AL HECHO VULNERANTE O EVENTO LESIVO COMÚN Y LA CONSECUENTE ADECUACIÓN OFICIOSA AL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA.

 Los integrantes del grupo demandante solicitaron el pago de los perjuicios causados por el desplazamiento que consideran sufrieron con motivo de los constantes ataques de los grupos guerrilleros del ELN y las FARC, así como de las AUC, que se disputaron el control territorial de la zona desde el año de 1988 hasta el año 2012. Adujeron que debieron migrar a otras zonas del país porque las fuerzas armadas omitieron sus labores tendientes a restablecer el orden público por más de 20 años. En primera instancia las pretensiones de la demanda fueron negadas bajo el argumento del hecho de un tercero.