13 diciembre, 2023

12 Diciembre del 23

Corte Constitucional 

 

SENTENCIA C-436 de 2023

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL LITERAL G) (PARCIAL) DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 1915 DE 2018 “POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 13 DE 1982 Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS”.

La Sala Plena estudió la acción pública de inconstitucionalidad que presentó el ciudadano Juan Camilo Garrido Duque contra el literal g) (parcial) del artículo 13 de la Ley 1915 de 2018, por desconocer el principio de reserva de ley. Esta corporación se inhibió de pronunciarse de fondo sobre la conformidad del apartado normativo acusado al artículo 150-24 de la Constitución Política por ineptitud sustantiva de la demanda. Al respecto, la Sala Plena estimó que el único cargo formulado en la demanda incumplió las condiciones argumentativas mínimas para pronunciarse de fondo, según lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y en la jurisprudencia constitucional. En efecto, en primer lugar, la demanda irrespetó el requisito de claridad, pues de su lectura surge la duda de si la demanda cuestiona que el legislador le haya dado la facultad a la Dirección Nacional de Derecho de Autor de regular “los usos honrados” de una clase particular de obra, interpretación, ejecución, fonograma o emisión o si, por el contrario, lo que se considera violatorio del artículo 150-24 superior es que se haya facultado a dicha autoridad para regular un aspecto asociado a las medidas tecnológicas de protección, en particular, una de las excepciones en las que no se configura la responsabilidad civil por la elusión o la preparación a la elusión de dichas medidas. Además, el accionante omitió aclarar de qué manera el apartado normativo acusado permitiría que el ejecutivo regulara las excepciones y limitaciones a los derechos de autor y conexos, pese a que en distintas normas legales, comunitarias e internacionales se prevén las situaciones en las que es lícito el uso de obras, interpretaciones, ejecuciones, fonogramas y emisiones. De manera similar, de la lectura de la demanda no es claro si se atacó la norma por su contenido o porque a la misma le faltaron unos elementos que resultan indispensables para su armonización con la Constitución.

 

Sentencia C 259 de 2023

EXPRESIÓN “BASE DE COTIZACIÓN DEL AFILIADO A 30 DE JUNIO DE 1992” NO VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD.

La Corte Constitucional declara la exequibilidad simple de la expresión “base de cotización del afiliado a 30 de junio de 1992”, contenida en el literal a) del artículo 117 de la Ley 100 de 1993, que el demandante acusó de desconocer el principio de igualdad (artículo 13 de la Constitución), por considerar que genera un trato desigual en la forma de liquidar los bonos pensionales entre las personas que el 30 de junio de 1992 se encontraban afiliadas a las cajas de previsión social y al Instituto de Seguros Sociales, por una parte, y aquellas personas que se encontraban cesantes en dicha fecha, por la otra, por cuanto para los cesantes la liquidación sería superior que la de los afiliados, ya que la de aquellos se calcula sobre el “salario devengado” mientras que la de los primeros se calcula sobre el “salario cotizado”. Por tal razón, solicitó que se declare la exequibilidad condicionada de la disposición, en el sentido de que la base de cotización del afiliado a 30 de junio de 1992 debe corresponder al “salario devengado” y no al “salario cotizado”. Para la resolución del caso acudió a la metodología del juicio integrado de constitucionalidad de intensidad intermedia. Justificó la aplicación de este nivel de escrutinio en que, si bien el legislador cuenta con una amplia libertad de configuración para regular las materias propias del servicio público de la seguridad social (en los términos de los artículos 150.23, 48, inciso segundo, y 365, inciso segundo, de la Constitución), la medida legislativa entra en tensión con intereses constitucionales relevantes, en particular, con la garantía del derecho a la pensión de vejez y con los principios constitucionales que el constituyente, en el artículo 48, dispuso que debían integrar la regulación de aquel servicio público: universalidad y sostenibilidad financiera del sistema pensional.             A partir de este estándar, la Corte precisó que la norma y, por tanto, la distinción que contiene, pretende realizar una finalidad constitucional importante: definir las condiciones para el acceso a la pensión de vejez de toda la población, tanto afiliada como cesante al 30 de junio de 1992, a partir de un esquema único pensional estatuido en la Ley 100 de 1993.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 94320 de 2023

RECUERDAN QUE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN CALIDAD DE CÓNYUGE O COMPAÑERO NO REQUIERE PROBAR TIEMPO DE CONVIVENCIA.

Para ser considerado beneficiario de la pensión de sobrevivientes de la Ley 797 de 2003 en calidad de cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite del afiliado que fallece, no es exigible ningún tiempo mínimo de convivencia, pues con la simple acreditación de la aludida condición y la conformación del núcleo familiar con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se cumple el supuesto previsto en el literal a) de la referida normativa que genera el reconocimiento de la prestación. La convivencia mínima de cinco años en el supuesto previsto por el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 es exigible únicamente cuando la pensión de sobrevivientes se causa por la muerte del pensionado

 

Expediente 96238 de 2023

BONOS O TÍTULOS PENSIONALES – Los empleadores deben responder por el cálculo actuarial correspondiente a periodos en los que la prestación del servicio estuvo a su cargo, pese a que no tuvieran la obligación de afiliar a los trabajadores al ISS por falta de cobertura. – En los periodos no cotizados por falta de cobertura, los empleadores a través de un título pensional asumen las contingencias que se originan en la vejez, invalidez o muerte, de tal forma que con dichos recursos se garantice el financiamiento de las prestaciones que se encuentran a cargo del ISS hoy Colpensiones. El empleador debe asumir la totalidad del título pensional durante el lapso de no afiliación por falta de cobertura, puesto que es el único responsable del riesgo pensional, por tal motivo no resulta procedente que el valor del título pensional sea distribuido entre él y el extrabajador en la proporción prevista legalmente para los aportes pensionales

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00405 de 2023

ERROR DE HECHO – VIOLACIÓN INDIRECTA DE NORMAS SUSTANCIALES POR ERRORES DE HECHO EN LA APRECIACIÓN PROBATORIA POR PARTE DEL TRIBUNAL.

Indebida valoración de dictamen pericial, al tener en cuenta solo las conclusiones, sin considerar la carencia de fundamento de las mismas. La apreciación objetiva de los medios de prueba se contrapone con los argumentos que soportan la determinación judicial.

 

Expediente 00433 de 2023

NULIDAD –  COMO CAUSAL PARA ALEGAR RECURSO DE CASACIÓN.

Principios de especifidad, protección, trascendencia y convalidación. Requisitos para su prosperidad. Por indebida integración del contradictorio cuando exista litisconsorcio necesario.

 

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 55491 de 2023

SISTEMA PENAL ACUSATORIO – PRUEBA TESTIMONIAL: OBLIGACIONES DE LA PARTE QUE LA SOLICITA / PRUEBA PERICIAL: DICTAMEN, CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN SU DESARROLLO Y APRECIACIÓN

Decidió la Corte Suprema de Justicia, la impugnación especial promovida por la defensa de GLMP y el recurso extraordinario de casación instaurado por el Procurador 43 Judicial II Penal de Barranquilla, contra la sentencia que dictó la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, por cuyo medio revocó la absolución que emitió el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con función de conocimiento de Malambo (Atlántico) y, en su lugar, lo condenó, por primera vez, como autor responsable del delito de lesiones personales culposas con incapacidad para trabajar o enfermedad física que afecta el cuerpo y el rostro de carácter permanente y perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente. La Sala de Casación Penal revocó la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, en orden a que recobrara vigencia la decisión emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Malambo (Atlántico), que absolvió a GLMP del delito mencionado, por la existencia de duda razonable. Consideró la Sala que el ad quem incurrió en errores de hecho, en las modalidades de falso juicio de identidad, falso juicio de existencia y falso raciocinio, al no advertir que la Fiscalía no especificó en los juicios de imputación y acusación los hechos jurídicamente relevantes constitutivos de la infracción al deber objetivo de cuidado; y que, las pruebas practicadas durante el juicio, les brindan idéntico respaldo a las dos hipótesis factuales ventiladas a lo largo de la actuación por la Fiscalía y la defensa. Ello fue así, porque partió de suponer que, en su ejercicio probatorio, la defensa no tiene vocación de aducir al proceso medios de convicción que sean favorables a sus intereses, premisa según la cual, la defensa solo podría aportar al debate pruebas que le favorezcan a la contraparte (Fiscalía), lo que va en contravía del principio de razón suficiente y del derecho al debido proceso.

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente 11001 03 15 000 2022 06408 de 2023

EL RECONOCIMIENTO PENSIONAL ORDENADO A UNA ENTIDAD QUE NO TIENE LA COMPETENCIA PARA ELLO, CONFIGURA LA CAUSAL DE REVISIÓN DEL NUMERAL SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 250 DEL C.P.A.C.A.

En ejercicio del recurso extraordinario de revisión por las causales del artículo 20 de la Ley 797 de 2020, la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó informar la sentencia del 16 de junio de 2022, mediante la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la sentencia proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se reconoció una pensión de jubilación.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 13001 23 33 000 2023 00038 de 2023

SE VULNERAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA DIGNIDAD HUMANA, IGUALDAD, SALUD, TRABAJO Y HONRA DE UNA SERVIDORA JUDICIAL, CUANDO SE NIEGA SU TRASLADO COMO CONSECUENCIA DE ACTOS DE ACOSO LABORAL.

La accionante formula acción de tutela contra el Juez Primero (1º) Promiscuo del Circuito de Mompox y otros, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, salud, trabajo y honra, con ocasión de las múltiples conductas de acoso laboral que ejerce su jefe inmediato, impidiendo que cumpla a cabalidad con las funciones de su cargo como oficial mayor, en propiedad, de dicho despacho judicial. Se dispone el amparo de los derechos fundamentales de la tutelante, teniendo en cuenta su condición de especial sujeto de protección constitucional y desde una perspectiva de género, al verificarse que efectivamente el titular del despacho judicial accionado incurrió en conductas constitutivas de acoso laboral, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1010 de 2006. Adicionalmente, se exhorta a las autoridades competentes para que se adelanten los trámites tendientes al traslado transitorio de la accionante a otra sede judicial, en aras de proteger los derechos fundamentales conculcados.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expdeiente 11001 03 15 000 2023 00622 de 2023

LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL VULNERÓ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE UNA MAGISTRADA EN PROPIEDAD DE LA COMISIÓN SECCIONAL DEL ATLÁNTICO A QUIEN, SIN PREVIO ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS, SE LE NEGÓ UNA PETICIÓN DE TRASLADO.

 La accionante formula acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por vulneración a sus derechos fundamentales con ocasión de la negativa a la petición de traslado de Comisión Seccional del Atlántico para la Comisión Seccional de Nariño, en si calidad de magistrada nombrada en propiedad. La petición se fundamentó en razón a su estado de salud. Sin embargo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no hizo un mayor análisis de los requisitos de la solicitud, simplemente negó el traslado aduciendo que el cargo ya se encontraba ocupado por un funcionario en provisionalidad. A juicio del juez constitucional se vulneraron los derechos fundamentales al mérito, a la salud y trabajo de la tutelante, toda vez que el nombramiento provisional no puede prevalecer sobre los derechos de la funcionaria nombrada en carrera.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 05001 23 33 000 2017 00293 de 2023

 POR INCURRIR EN EXCESO RITUAL MANIFIESTO RESPECTO DE LA                 FALTA             DE                 VALORACIÓN                                 DE         UNA           PRUEBA              RELATIVA             A                     LA CORRECCIÓN DE UN ERROR EN LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA, SE ANULAN LOS ACTOS MEDIANTE LOS CUALES LA DIAN RECHAZÓ, POR EXTEMPORÁNEA, UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IVA PAGADO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESTINADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO VIP.

Se confirmó la sentencia apelada que anuló los actos administrativos expedidos por la DIAN para rechazar por extemporánea la solicitud, presentada por la actora el 17 de febrero de 2016, de devolución del IVA pagado en la adquisición de materiales para la construcción de un proyecto VIP, reportado como saldo a favor durante el primer bimestre del mismo año. Lo anterior, tras concluir que la solicitud de devolución fue oportuna, pues, si bien la actora había presentado un primer certificado en el que constaba que el proyecto de construcción terminó el 12 de diciembre de 2013, documento que constituía una confesión en su contra, según lo previsto en el artículo 747 del Estatuto Tributario, al ser una manifestación contenida en un escrito dirigido a la DIAN, firmado por su representante legal, en el que indicaba un hecho que la perjudicaba para efectos de obtener la devolución del IVA, lo cierto es que la contribuyente presentó un segundo certificado, al que adjuntó varias pruebas, con el fin de corregir el error en la referida fecha de terminación del proyecto, documentos en los que la Sala encontró elementos de juicio suficientes para concluir que el proyecto finalizó realmente el 1 de marzo de 2014 y que existió un error al respecto en el primer certificado. La falta de valoración de tales documentos por parte de la DIAN, entre otros, con el argumento de la inexistencia de un error, dada la ausencia de vicios de consentimiento en la primera certificación que presentó la constructora, fue considerada por la Sala como un exceso ritual manifiesto violatorio del derecho al debido proceso de dicha empresa, en cuanto con esa interpretación desconoció la posibilidad de demostrar la existencia de un error en la confesión, lo cual está permitido por la ley.