12 enero, 2024

12 enero del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 512 de 2023

CORTE AMPARA DERECHOS DE DOS MENORES DE EDAD VULNERADOS POR UN JUZGADO EN EL MARCO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

La Corte fue enfática en que, cuando existen medidas de protección que buscan garantizar la integridad física, psicológica y emocional de los menores de edad, su revocatoria y las demás medidas que se adopten en su reemplazo exigen una argumentación rigurosa que demuestre su coherencia con la prevalencia de los derechos de las niñas y niños y el principio orientador de su interés superior. La Sala Sexta de Revisión amparó los derechos al debido proceso, a ser escuchados en las actuaciones judiciales, a la integridad física, psicológica y emocional y a la prevalencia del interés superior de los menores de edad Mateo Julieta.El amparo fue invocado por Antonia, su madre, con el fin de proteger los derechos vulnerados por un Juzgado de Familia de Bogotá, debido a que omitió medidas de protección en favor de los menores de edad ante la denuncia presentada en contra del padre por posibles actos sexuales en el marco de visitas presenciales que se originaron desde la separación de sus progenitores. En primera y segunda instancia los jueces de tutela negaron el amparo, pero la Sala, con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, revocó la decisión y, en su lugar, amparó los derechos. En su análisis, la Sala concluyó que el Juzgado de Familia de Bogotá incurrió en un defecto fáctico al revocar las medidas de protección que en su momento adoptó una Comisaria de Familia. Para la Sala, el juzgado omitió, sin justificación alguna, la valoración integral de las pruebas porque al resolver el recurso de apelación en contra de la providencia de septiembre de 2021 de la Comisaría de Familia tuvo como único fundamento una resolución de noviembre del 2021 proferida por la Fiscalía 419 Seccional, en la que se ordenaba el archivo de las diligencias preliminares adelantadas en contra del progenitor de los menores de edad. Del mismo modo, llamó la atención de la Sala que el Juzgado de Familia de Bogotá no hubiera tenido en cuenta en su valoración la totalidad de las pruebas, incluidos los relatos de los menores de edad, y que hubiera impartido decisiones que implicaban la reanudación de las visitas presenciales con el progenitor, dejando de lado los efectos que el cumplimiento de las medidas podían generar en la niña y el niño, así como en su entorno familiar. Con lo anterior, la Corte fue enfática en que, cuando existen medidas de protección que buscan garantizar la integridad física, psicológica y emocional de los menores de edad, su revocatoria y las demás medidas que se adopten en su reemplazo exigen una argumentación rigurosa que demuestre su coherencia con la prevalencia de los derechos de las niñas y niños y el principio orientador de su interés superior.

 

Sentencia T 399 de 2023

CORTE AMPARA DERECHOS DE CIUDADANO, QUIEN SUFRIÓ ACCIDENTE QUE LO DEJÓ CUADRIPLÉJICO Y SE LE SUSPENDIÓ EL SERVICIO DE ENFERMERÍA POR 24 HORAS.

El amparo lo invocó la progenitora del ciudadano, quien alegó que era una persona de la tercera edad y no tenía cómo sustentar los cuidados médicos para su hijo. La Sala Octava de Revisión amparó los derechos a la salud, en su faceta de diagnóstico, a la vida digna y a la seguridad social de Luis, un ciudadano de 33 años, diagnosticado con “traumatismo de la cabeza, epilepsia, cuadriplejia y otras anormalidades no especificadas” como consecuencia de un accidente de tránsito sufrido cuatro años atrás. El amparo lo invocó su madre, Mariana, luego de que Mutual Ser EPS, entidad promotora a la que se encuentra afiliado en el régimen subsidiado, le negara el servicio de enfermería por 24 horas que venía sosteniendo durante los padecimientos de sus enfermedades. Mariana señaló que es una persona de la tercera edad, que no puede soportar el peso de su hijo, que mide 1.83cms, ni tampoco los cuidados que requiere. Además, argumentó que vive de la caridad de sus vecinos.   En el amparo solicitó el servicio de enfermería domiciliaria 24 horas; viáticos, pasajes aéreos, transporte intermunicipal o interurbano, hospedaje y alimentación de un acompañante, en caso de que su hijo requiera trasladarse fuera de la ciudad de Montería y un tratamiento integral que incluya medicamentos, exámenes, citas y órdenes.   En única instancia, un juzgado negó las pretensiones del amparo, pero la Sala, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, revocó la decisión y, en su lugar, amparó los derechos de Luis al considerar que, por su estado de salud, amerita el servicio de enfermería por 24 horas. La Sala evidenció, a partir de su propia jurisprudencia, la necesidad de amparar los derechos de Luis, a partir de: (i) se trata de un sujeto de especial protección constitucional, que además (ii) se interrumpió el tratamiento médico sugerido por el médico tratante al suspenderse abruptamente el servicio de enfermería 24 horas.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 92944 de 2023

NIEGAN PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES A NIETA POR NO ACREDITAR DENTRO DEL PROCESO QUE ERA HIJA DE CRIANZA.

Error de hecho del ad quem al reconocer la sustitución pensional a la demandante sin tener verdaderamente la calidad de hija biológica del pensionado, pues no se verificó el cumplimiento de los requisitos necesarios para ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes – se desvirtuó la presunción de autenticidad del registro civil, que pregonaba a la demandante como hija del causante, cuando realmente no lo era. Cuando se pretende el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la determinación de la calidad de beneficiario de la prestación resulta ser trascendental y relevante, pues de ello depende la exclusión de otros eventuales titulares; por tanto, su definición debe ser rigurosa en aras de procurar que el otorgamiento se haga a quien en verdad corresponda

 

Expediente 97959 de 2023

TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL > INEFICACIA

El examen del acto del cambio de régimen pensional, por incumplimiento del deber de información, debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto y no desde el régimen de las nulidades sustanciales, salvo en lo relativo a sus consecuencias prácticas. La ineficacia de la afiliación es improcedente cuando el afiliado nunca formó parte del régimen de prima media con prestación definida, pues ello conllevaría un intento de retrotraer la situación del afiliado al estado en que se hallaba antes de que hiciera una selección inicial de régimen, cuando, previo a ello, no existía una situación jurídica – la ineficacia del traslado no aplica a quienes hicieron como selección inicial al Régimen de Ahorro individual- .Lo que puede invalidarse es el acto de traslado entre regímenes, no la selección inicial, y menos cuando no existe acto previo de afiliación al sistema pensional, de esa forma, no puede aceptarse que la violación del deber de informar afecta directamente la validez del acto jurídico de vinculación al sistema, pues no existe, antes de ese acto ninguna expectativa, aún simple, de consolidar un derecho

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00407 de 2023

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO QUE OCASIONA LA INVALIDEZ Y PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL DE UNA PERSONA.

Prestaciones pagadas a cargo del Sistema General de Riesgos Profesionales – SGRP -. Subrogación de la ARL en contra de tercero responsable del hecho dañoso. Hermenéutica del artículo 12 del Decreto 1771 de 1994. Requisitos mínimos de la subrogación. Reiteración sentencias SC17494-2014 y SC295-2021. Improcedencia del recobro de la ARL frente a la naturaleza obligatoria de las prestaciones derivadas del SGRP, por cuanto su reconocimiento al trabajador proviene de las cotizaciones hechas al sistema y de la ocurrencia de la contingencia.

 

Expediente 00405 de 2023

RESPONSABILIDAD DIRECTA – POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR NEGLIGENCIA, IMPERICIA, IMPRUDENCIA, FALTA DE VIGILANCIA Y CUIDADO,

Durante el trabajo de parto a recién nacido resultante en Síndrome de Lennox Gastaup, parálisis cerebral tipo paresia espástica, microcefalia retardo severo en el neurodesarrollo, trastorno de deglución.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 59681 de 2023

PRESCRIPCIÓN – SERVIDOR PÚBLICO: TÉRMINO A TENER EN CUENTA

El incremento del término de la prescripción de la acción penal para los delitos cometidos por servidores públicos aplica para los dos momentos de dicha figura.

 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

 

Expediente 11001 03 05 000 2023 00199 de 2023

 

ANTE LA DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 6º DE LA LEY 2197 DE 2022, LE CORRESPONDE AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO ADELANTAR LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO DERIVADOS DE LAS PENAS DE MULTA, IMPUESTAS POR LOS JUECES PENALES EN SUS SENTENCIAS CONDENATORIAS.

Conflicto de competencias administrativas suscitado entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de establecer cuál es la autoridad

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 080001 23 33 000 2012 00200 de 2023

SECCIÓN SEGUNDA PROFIRIÓ SENTENCIA DE UNIFICACIÓN FIJANDO REGLAS JURISPRUDENCIALES SOBRE LA CAUSACIÓN, EXIGIBILIDAD Y PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN MORATORIA POR PAGO TARDÍO O NO PAGO DE CESANTÍAS DEFINITIVAS.

 La parte demandada interpuso recurso de apelación, en el que expresó que la demandante estuvo vinculada a la entidad en dos períodos que debían diferenciarse, el primero, mediante la contratación a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado, COTRASER y, el segundo, como prestadora de servicios directamente del SENA. Que la vinculación a través de cooperativa finalizó el 3 de julio de 2011; sin embargo, no elevó ninguna solicitud encaminada a obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, dentro de los tres años siguientes a la finalización de la prestación, razón por la cual debe declararse la prescripción extintiva de esos derechos salariales, esto es, según dice: «de aquellos que pudieran emanar de esa primera etapa de contratación».

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 68001 23 31 000 2008 00578 de 2023

CONSEJO DE ESTADO PROFIERE CONDENA EXTRAPATRIMONIAL A PARTICULAR QUE PARTICIPÓ EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO

 La parte actora solicitó la declaratoria de la responsabilidad patrimonial por los perjuicios sufridos con ocasión del accidente de tránsito que causó la muerte de su familiar con motivo del accidente de tránsito ocasionado por un vehículo de propiedad de Sam Servicios Ambientales que aparentemente transitaba a alta velocidad.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 19001 23 33 000 2017 00407 de 2023

EL CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA EL RECONOCIMIENTO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN MATERIA TRIBUTARIA, IMPLICA LA DEBIDA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN JURÍDICA DE LA DEMANDA CON LOS ACTOS RESPECTO DE LOS CUALES SE INVOCA LA OCURRENCIA DE DICHA FIGURA JURÍDICA, LO CUAL NO ES VIABLE CUANDO FRENTE A ESTOS OPERÓ LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL.

 La DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2010 que presentó el actor, decisión que dicha entidad confirmó al resolver el recurso de reconsideración que aquel interpuso contra la liquidación oficial de revisión. La decisión del recurso se notificó por aviso, porque la notificación por correo enviada a la dirección registrada en el Rut del contribuyente fue devuelta en dos ocasiones, por las causales dirección incompleta» y «dirección errada». El actor solicitó a la DIAN que declarara el silencio administrativo positive por la supuesta notificación indebida del acto decisorio del recurso, pero la entidad negó la petición. El contribuyente controvirtió tanto la legalidad de los actos modificatorios de la citada declaración del impuesto sobre la renta, como también la del acto que negó la declaratoria del silencio administrativo positivo. El tribunal consideró que operó la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de la liquidación oficial de revisión y el acto que resolvió el recurso, aspecto que no fue controvertido por el actor, quien no recurrió la providencia, ni por la DIAN, quien se favoreció con la decisión oficiosa de la caducidad. La Sala concluyó que tras la declaración de caducidad de los actos de determinación del impuesto, subyace la firmeza y ejecutoria de tales actos, lo que impedía controlar la legalidad del acto que negó la declaratoria del silencio administrativo positivo. Ello, porque el análisis del silencio administrativo implica que la proposición jurídica de la demanda para el juicio de legalidad esté integrada tanto por el acto que niega el silencio administrativo positivo, como por los actos respecto de los cuales se invoca la ocurrencia de dicha figura jurídica, lo cual no era posible en el caso por haber operado sobre estos últimos la caducidad del medio de control.