13 julio, 2023

12 y 13 de Julio

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 092 de 2023

RECUERDAN PROHIBICIÓN DE EXIGIR ACREDITAR CALIDAD DE CURADOR O TUTOR.

La señora Andrea, como agente oficiosa de su hija Alicia promovió una acción de tutela contra la UGPP. Consideró que la accionada vulneró los derechos fundamentales de petición, seguridad social, mínimo vital, igualdad y debido proceso. Lo anterior, porque ha omitido su deber de reconocer la sustitución pensional a la que la agenciada tiene derecho. Adujo que aquella cumple con los requisitos para esta prestación porque acreditó una PCL superior al 50% y dependía económicamente del causante.  La Sala Novena de Revisión estableció que la acción de tutela cumplió con los requisitos de procedencia. En cuanto al análisis de fondo, concluyó que la UGPP vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso administrativo de la señora Alicia al exigirle a la madre de la beneficiaria que debía acreditar la calidad de guardadora o tutora de aquella. La Corte explicó que la Ley 1996 de 2019 prohibió tanto el inicio de procesos de interdicción o inhabilitación como el requerimiento de sentencias de tal naturaleza para iniciar cualquier trámite público o privado. La imposición de este requisito, en contra de un mandato legal expreso, afectó sus derechos fundamentales. Igualmente, la UGPP desconoció los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social porque negó el reconocimiento de la sustitución pensional con fundamento en que la fecha de estructuración de la invalidez que se señaló en el dictamen es posterior al fallecimiento del causante.

 

Sentencia T 186 de 2023

LA SALA REITERÓ LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA ESPECIALES A LAS MUJERES EN ESTADO DE EMBARAZO Y LACTANCIA, ASÍ COMO LA RELATIVA A LA GARANTÍA DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA QUE LES ASISTE A DICHAS MUJERES.

La Sala Séptima de Revisión estudió la controversia en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y el trabajo de Leidy Vanessa Pedroza Latorre por parte de la empresa American Crown Group S.A.S., la Nueva EPS y la empresa Safety For Life S.A.S. Para la accionante, la empresa American Crown Group S.A.S. la despidió sin justa causa y sin previa autorización del Ministerio del Trabajo, a pesar de conocer de antemano su estado de gravidez. Por su parte, la sociedad American Crown Group S.A.S consideró que la tutela era improcedente porque la actora cuenta con otro medio de defensa judicial. Con todo, señaló que no existió vulneración de derechos, dado que la relación contractual consistió en un contrato de prestación de servicios y la terminación del mismo ocurrió por la reorganización de la empresa, que significó una supresión de la actividad desarrollada por la contratista. Además, afirmó que la entidad no conocía del estado de embarazo de la accionante, pues tal situación no le fue notificada o comunicada. Por lo tanto, alegó que no existió ningún trato discriminatorio y, en ese sentido, no procedía la protección derivada de la estabilidad laboral reforzada.        Correspondió entonces a la Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿la empresa American Crown Group S.A.S. vulneró los derechos fundamentales invocados, particularmente la estabilidad laboral reforzada, al no mantener vigente el vínculo contractual con la accionante, pese a que para la fecha de terminación del contrato esta se encontraba en estado de embarazo? En el análisis de procedencia de la acción de tutela, la Sala concluyó que no se cumplía el requisito de legitimación en la causa por pasiva en contra de la Nueva EPS y la empresa Safety For Life S.A.S., por no ser las llamadas a proteger los derechos fundamentales alegados por la ciudadana. Por ende, continuó con el análisis con respecto a la empresa American Crown Group S.A.S. y, al respecto se constató que la tutela cumplía con los requisitos de procedibilidad

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente  06580 de 2023

RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES

Vulneración del derecho por defecto fáctico en la decisión del Tribunal Superior de Sincelejo, de revocar la orden de restitución al no caracterizar la retención ilícita, porque al momento de radicarse la solitud de restitución, aún no se había vencido el término acordado por los padres para el retorno del niño, desconociendo que de las pruebas recaudadas se evidenciaba que cuando el ICBF activó el mecanismo judicial, el plazo ya había vencido y que el incumplimiento que el padre quería evitar, se había materializado . Vulneración del derecho por defecto sustantivo en el proceso de restitución de menores, por indebida interpretación del Convenio de la Haya de 1980, al desestimar la caracterización de la retención ilícita, bajo un argumento meramente formal, sin analizar el desconocimiento del bien jurídico protegido por la convención

 

Expediente 94751 de 2023

NO SIEMPRE PROCEDE RECONOCIMIENTO SIMULTÁNEO DE SUSTITUCIÓN PENSIONAL A CÓNYUGE Y COMPAÑERA PERMANENTE.

De acuerdo con la Ley 71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989 en caso de convivencia efectiva y simultánea de cónyuge y compañera permanente con el causante de la sustitución pensional, para la fecha de la muerte, no hay disposición aplicable al caso concreto que privilegie el derecho de la cónyuge frente al derecho de la compañera, sin que exista razón alguna que justifique la exclusión de una frente a la otra para efectos del reconocimiento pensional. La sustitución pensional prevista en el artículo 3 de la Ley 71 de 1988 se concede de manera preferente al cónyuge supérstite cuando el derecho se causa con anterioridad a la declaratoria de nulidad parcial del artículo 6 del Decreto 1160 de 1989, que ocurrió en el 2006 . El cónyuge supérstite tiene derecho preferencial para recibir la pensión de sobrevivientes frente a la compañera o compañero permanente cuando demuestra convivencia por el término legal y se enfrenta a la hipótesis de convivencia simultánea hasta el momento de la muerte; el sólo hecho de mantener vigente el vínculo matrimonial no otorga el carácter preferente.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

 Expediente 03134 de 2023

PODER JUDICIAL PUEDE SER CONFERIDO POR MENSAJE DE DATOS SIN REQUISITOS ADICIONALES

Proceso ejecutivo de alimentos: defecto procedimental por exceso ritual manifiesto del Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta, al exigirle al apoderado judicial del accionante, aportar la cadena de envíos del correo electrónico contentivo del poder, como requisito de autenticidad, desconociendo que se encontraban satisfechos los requisitos previstos en el artículo 5.º del Decreto 806 de 2020. validez del mensaje de datos con firma digital para conferir el poder

 

Expediente 03729 de 2023

CONVERTIR MULTA EN ARRESTO DEBE SER LA ÚLTIMA OPCIÓN DEL JUEZ DE FAMILIA.

DERECHO AL DEBIDO PROCESO – Proceso de medidas de protección por violencia intrafamiliar: las decisiones de la Comisaría de Familia y del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil de sancionar y confirmar la sanción de arresto, proferida en contra de la accionante, por el incumplimiento de la medida de protección que les fue impuesta a ella y a su expareja, sin tener en cuenta su condición de madre cabeza de familia y su difícil situación económica, vulneran sus derechos fundamentales. Proceso de medidas de protección por violencia intrafamiliar: las decisiones de la Comisaría de Familia y del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil de convertir en arresto de 6 días, la multa impuesta a la accionante, negándole la posibilidad de pagarla a cuotas, pone en riesgo los derechos fundamentales de su hijo menor de edad

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente  58617 de 2023

ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL ABUSIVOS CON INCAPAZ DE RESISTIR – Embriaguez

La Sala de casación Penal decidió la impugnación especial interpuesta por la defensa de J.E.E.Q., contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, que revocó la absolución emitida a su favor por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de esa misma ciudad para, en su lugar, condenarlo como autor del delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir. La Corte confirmó el fallo impugnado, al encontrar suficientemente acreditado, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad del procesado como autor del delito. Para el efecto, definió el bien jurídico que el legislador pretendió proteger en los delitos de índole sexual, así como el alcance del punible de acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir y la valoración probatoria propia de este tipo de conductas, en las que, la víctima es testigo de excepción.

 

Expediente  56584 de 2023

DELITO – FUENTE DE OBLIGACIONES: DEBER DE REPARAR LOS DAÑOS MATERIALES Y MORALES CAUSADOS

La Corte Suprema de Justicia dictó sentencia de casación, en respuesta a la demanda formulada en nombre de F.A.M.P. contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Mediante esa decisión, se modificó la condena impuesta a aquél y a S.E.M.P. por el delito de hurto por medios informáticos, al tiempo que se les concedió la suspensión de la ejecución de la pena, condicionada a la reparación de los perjuicios causados con la conducta punible. En esta oportunidad, la Sala no casó la sentencia impugnada, con fundamento en las modalidades de error propuestas por el censor; empero, casó parcialmente el fallo de segundo grado, en el sentido de suprimir, de las obligaciones condicionantes de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, la de “asegurar el resarcimiento con el medio idóneo que se acuerde con la víctima”. Lo anterior por cuanto, la obligación de reparar los perjuicios causados con la conducta punible, vista como condicionante de la suspensión de la ejecución de la pena, tiene una naturaleza genérica, es una admonición que sólo podrá concretarse y verificarse su cumplimiento dentro del término fijado por el juez hasta tanto se especifique la prestación u objeto de la obligación indemnizatoria, producto del fallo que decide el incidente de reparación integral o, en su defecto, por vía de lo decidido en la jurisdicción civil. Al respecto, señaló que, la obligación de indemnizar los perjuicios causados con la conducta punible surge de la declaración de responsabilidad penal, por ser el delito una fuente de responsabilidad civil extracontractual; sin embargo, la concreción de las formas y cuantías de reparación e indemnización supone el agotamiento de las formas propias del juicio incidental.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

Expediente 11001 03 15 000 2022 05308 de 2023

NO SE VULNERA LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE UN EXEMBAJADOR, A QUIEN SE LE ACEPTA LA RENUNCIA PROTOCOLARIA PRESENTADA ANTE EL CAMBIO POLÍTICO DE GOBIERNO.

  El exembajador de Colombia ante Jamaica presentó acción de tutela contra la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo y al mínimo vital, en virtud de la aceptación de la renuncia a su cargo diplomático; pues consideró que dicha actuación administrativa le impedía permanecer en sus labores hasta tanto le fuera reconocida su pensión de jubilación. Consideró que la aceptación de la renuncia protocolaria al cargo se efectúo durante el cambio de mandato Presidencial, por lo que aún en cumplimiento de la Constitución y la ley, podía continuar en el cargo hasta adquirir el estatus de pensionado. Los jueces de tutela negaron las pretensiones de la demanda, en la medida en que dicha actuación administrativa no era violatoria de derecho fundamental alguno, como tampoco de vulnerar la estabilidad laboral reforzada del ex funcionario, quien pese a ocupar un cargo diplomático, su renuncia se presentó y fue aceptada conforme al ordenamiento jurídico.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 25000 23 42 000 2015 02616 de 2023

LA FACULTAD DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD NOMINADORA PARA DECLARAR LA INSUBSISTENCIA DE UN CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO SE LIMITA POR LA CONDECORACIÓN “JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ”, QUE CONSAGRA LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR EL TIEMPO DOBLE DE SERVICIOS DEL OTORGADO EN LA COMISIÓN DE ESTUDIOS.

Una servidora pública que se desempeñó como magistrada auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, fue galardonada con la medalla «José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial», en la categoría bronce. Como consecuencia, se le otorgó por el Consejo Superior de la Judicatura una comisión remunerada para adelantar estudios por el término de un año. Igualmente, suscribió un convenio mediante el cual se obligó a prestar sus servicios por un tiempo igual al doble del utilizado en la comisión, así como la correspondiente póliza de cumplimiento. Vencido el año sabático, se reincorporó al cargo el 3 de junio de 2014, fecha en que le fue comunicada la declaratoria de insubsistencia del nombramiento.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 11001 03 26 000 2023 00007 de 2023

LA DECLARACIÓN DE VOLUNTAD DE LA ADMINISTRACIÓN NO PUEDE SER DESCONOCIDA POR LOS ÁRBITROS

Entre el municipio de Santiago de Cali y la sociedad Vías de Cali S.A.S. se celebró el contrato de concesión N° 4151.1.14.26.005-10 Grupo 1, del 20 de mayo de 2010, para la financiación, construcción y otras actividades relacionadas con la malla vial de la Zona Sur de esa ciudad. En 2015, la sociedad Vías de Cali interpuso demanda arbitral contra el municipio contratante, para solicitar el reconocimiento y pago de varias sumas de dinero, causadas durante la vigencia de la concesión. No obstante, en auto del 24 de noviembre de 2016, el tribunal de arbitramento entonces convocado declaró la cesación de sus funciones y la extinción de los efectos del pacto arbitral, “para el caso”. El contrato mencionado terminó anticipadamente, toda vez que el 16 de febrero de 2017, la entidad estatal concedente declaró la caducidad del mismo, en acto administrativo confirmado y ejecutoriado. El 16 de agosto de 2019, la sociedad contratista interpuso demanda arbitral contra el hoy Distrito de Cali, solicitando la liquidación judicial del negocio jurídico y el reconocimiento de sumas de dinero, por los conceptos que se llegaran a establecer en el juicio como adeudados por la entidad a favor de la convocante. En laudo arbitral del 6 de octubre de 2022, el tribunal de arbitramento liquidó judicialmente el contrato y accedió parcialmente a las pretensiones económicas de la actora. La entidad estatal convocada interpuso contra el indicado laudo el recurso extraordinario de anulación que hoy se somete al análisis de la Sala. (…) resulta claro que en el laudo arbitral hoy censurado se hizo el reconocimiento de unos intereses moratorios, causados sobre dos conceptos, a saber: i) el que se denominó “valor histórico actualizado” de lo adeudado por el municipio en cuanto a inversiones y gastos de inversión del contratista, y ii) las “otras” obligaciones económicas tardíamente pagadas por la entidad territorial, y correspondientes a las fases de construcción y conservación, pactadas en las cláusulas.

 

Expediente 11001 03 15 000 2022 02317 de 2023

RECUERDAN SUPUESTOS QUE CONFIGURAN EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA.

Tal como lo señaló en su momento el juez de tutela de primera instancia, en el caso de la señora [O.L.] existen razones suficientes para estimar que no se configuraron los supuestos de la excepción de cosa juzgada, pues no hubo identidad entre los procesos, toda vez que (1) los actos demandados no fueron los mismos y (2) pese a que podría estimarse que hay similitud en la causa, esto es, la reliquidación de una pensión de vejez sometida al régimen de transición, para el segundo caso, hay una situación fáctica que no puede pasarse por alto: los actos de ejecución de la orden judicial que accedió a las pretensiones de reliquidación pensional resultaron desfavorables a la parte actora al disminuir el valor de la mesada pensional respecto de la que percibía antes de enjuiciar los actos administrativos ante el juez. En ese orden, estima la Sala que se presentó una situación y/o hecho sobreviniente que obligaba al juez natural a estudiar a detalle y de fondo el caso puesto a su conocimiento, como lo ordenó la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación en el fallo de tutela de primer grado. Asimismo, debe indicarse que lo anterior no resulta ser vulneratorio de la seguridad jurídica, comoquiera que hubo por medio elementos diferenciadores en el caso de la señora [O.L.] que (1) rompen con la identidad fáctica con aquel en el que se fijaron aquellas reglas, (2) resta vinculatoriedad como precedente aplicable, concretamente, sobre las relativas a la cosa juzgada, y (3) precisan un pronunciamiento puntual y particular por parte del juez de lo contencioso administrativo.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 11001 03 24 000 2020 00387 de 2023

SE NEGÓ LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS PROFERIDOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, MEDIANTE LOS CUALES SE EXTENDIERON LOS PERÍODOS DEL CARGO DE RECTOR Y DE LOS REPRESENTANTES DEL CITADO CUERPO COLEGIADO.

 Se demandó la nulidad total del Acuerdo 106 de 2017 y parcial del Acuerdo 270 de 2017 (artículos 29 – parágrafo transitorio – y 41 – primer inciso y parágrafo transitorio), proferidos por el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, mediante los cuales se extendieron los períodos del cargo de rector y de los representantes del citado cuerpo colegiado, aduciendo que se vulneraron las normas en que debían fundarse, las garantías de audiencia y de defensa y que, se expidieron con desviación de poder, debido a que las prórrogas establecidas, ampliaron irregularmente los periodos para los cuales fueron elegidos el rector y los miembros del Consejo Superior Universitario. La Sala negó las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que, las modificaciones realizadas a los estatutos están amparadas en la autonomía universitaria dentro de los límites que el ordenamiento jurídico establece para dicha figura; Así mismo, que los actos administrativos demandados fueron previamente conocidos por la comunidad universitaria, debido a que se socializaron por parte del Consejo Superior, fueron votados con las mayorías respectivas, hubo consenso sin oposiciones y están dentro del marco que la autonomía le da para tal fin. En cuanto a la ampliación del período, para la Sala se acreditó que hubo poderosos intereses como las actualizaciones de los estatutos para internacionalizar la universidad y mejorar sus metas conforme al adelanto de las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otros aspectos.