13 de octubre de 2016

Corte Constitucional

 

Sentencia T 462 de 2016

CORTE CONSTITUCIONAL SE HA PRONUNCIADO EN DIFERENTES OPORTUNIDADES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CIUDADANOS PARA OBTENER LA PENSIÓN ANTICIPADA DE VEJEZ DISPUESTA EN EL PARÁGRAFO 4 DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 100 DE 1993. Ha determinado que la pensión anticipada de vejez se diferencia de la ordinaria de jubilación, en la medida en que la primera exonera al solicitante de cumplir los requisitos de edad y semanas de cotización dispuestos en el numeral 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, ya que sólo se pide que el solicitante tenga 55 años y exige únicamente 1000 semanas de cotización al Sistema de Seguridad Social. Ha establecido además que la pensión consagrada en el parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, se diferencia de la pensión de invalidez, en la medida en que esta última requiere del conocimiento del origen de la discapacidad, mientras que para la pensión anticipada de vejez no es necesario tener conocimiento del origen de la discapacidad (simplemente que su porcentaje supere el 50), ni la cotización de un número de semanas antes de la estructuración o del hecho que la originó, sino, el probar que se tienen 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo. Revoca. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Temas: Derecho fundamental. Seguridad social. Mínimo vital. Pensión anticipada de vejez.

Sentencia C 452 del 2016.

LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARA LA EXEQUIBILIDAD DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 1015 DE 2006 QUE REGULA EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA. A través de la sentencia C-452 de 2016, la Corte Constitucional decretó que el artículo 35 (parcial) de la Ley 1015 de 2006 en la cual se expide el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, que define como faltas graves aquellas expresiones injuriosas o calumniosas proferidas en público, no es contrario a la Constitución ya que se limita a definir como falta la conducta realizada en público debido a que la autonomía de la voluntad y el ámbito privado de las personas, son zonas en las cuales el Estado no puede tener injerencia o en caso contrario incurriría en desconocimiento del derecho a la intimidad. Exequible. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. . Temas: Faltas graves. Régimen disciplinario. Policía Nacional.

Sentencia C 471 del 2016.

LAS VÍCTIMAS TAMBIÉN PUEDEN SOLICITAR AL JUEZ QUE DECRETE LA CONEXIDAD PROCESAL A LA CUAL HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY 906 DE 2004 (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL). Respecto a la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 51 de la Ley 906 de 2004, en la cual se dispone quiénes pueden solicitar al juez que decrete la conexidad procesal, la Corte Constitucional decretó que tanto el artículo antes mencionado como el parágrafo del mismo son considerados exequibles, en el entendido de que en la audiencia preparatoria las víctimas también puedan solicitar que se decrete la conexidad, en aras de garantizar la participación efectiva de estas en el proceso penal y los derechos a la verdad y la reparación. Exequible. M.P. Alejandro Linares Cantillo. Temas: Audiencia preparatoria. Víctimas. Conexidad procesal.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 45536 de 2016

EN LOS ASUNTOS EN LOS QUE SE DISCUTE LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE TRABAJO, EL DEBER DEL JUEZ NO SE CONTRAE A OBSERVAR SOLAMENTE LA FORMA. Es necesario examinar todo el acervo probatorio, para llegar a la verdad real y encontrar, de ser el caso, el contrato realidad, en oposición a un contrato formal, tal como lo instituye el artículo 53 de la Constitución Política, que establece en forma concreta que impera la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Casa. M.P. Gerardo Botero Zuluaga. . Temas: Contrato de trabajo. Primacía de la realidad. Sanción moratoria. Mala fe.

Expediente 62865 de 2016

ÁRBITROS NO PUEDEN IMPONER A LA PARTE EMPLEADORA AUXILIOS ECONÓMICOS QUE TENGAN COMO DESTINATARIOS ESPECÍFICOS A LOS NEGOCIADORES Y ASESORES POR PARTE DEL SINDICATO. Evidentemente un beneficio de esa naturaleza no guarda relación con el interés general de los asociados de mejorar sus condiciones de trabajo a través del conflicto colectivo económico, y que quienes actuaron a nombre de los trabajadores acorde con su labor de negociadores, reciban por ese solo hecho, incentivos económicos impuestos por disposiciones de un organismo arbitral en contra de la parte a la cual enfrentan en el conflicto que, en las condiciones solicitadas en el pliego de peticiones, indiscutiblemente generaría un privilegio económico particular que en las organizaciones sindicales debe estar por debajo del interés general de los trabajadores comprometidos en la controversia. Anula M.P. Fernando Castillo Cadena

 Expediente 29927 de 2016

PRESTACIÓN PENSIONAL DEBE SER RELIQUIDADA CUANDO EL INGRESO BASE TENIDO EN CUENTA FUE INFERIOR A LOS INGRESOS REALMENTE DEVENGADOS. En los certificados de devengados y deducciones de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Seccional de la Rama Judicial de Antioquia, que se allegaron para mejor proveer y proferir la decisión de instancia, el causante Rubén Darío Correa Leal para los períodos del 01 de julio al 30 de diciembre de 1992 y del 01 de enero al 30 de diciembre de 1999, registró ingresos superiores al salario mínimo legal con que inicialmente fueron liquidados, los cuales corresponden a factores salariales a tener en cuenta, que al incluirlos en el promedio de lo devengado en los diez últimos años para obtener el ingreso base de liquidación, actualizados anualmente conforme a la variación del índice de precios al consumidor, arroja un IBL superior al establecido por Cajanal en cuantía de $3.662.094.81, que al aplicarla la tasa de reemplazo equivalente al 67% y que se aludió al resolverse el recurso extraordinario, se obtiene una primera mesada pensional por valor mensual de $2.453.603.52. Revoca M.P. Gerardo Botero Zuluaga. Temas: Pensión de sobrevivientes. Liquidación. IBL. Beneficiarios.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 11001 02 03 000 2015 00839 00 de 2016

REQUISITOS PARA QUE UN FALLO EXTRANJERO PRODUZCA EFECTOS EN COLOMBIA. Se requiere de la existencia de un tratado (reciprocidad diplomática), o en su defecto, lo previsto en la ley foránea o la práctica judicial imperante (reciprocidad legislativa y de hecho), siempre y cuando no contraríe las leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento. Concede. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Temas: Exequátur. Homologación. Requisitos. Sentencia extranjera.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal

 

Expediente 45619 de 2016

ADMISIBILIDAD DEL REGISTRO INCIDENTAL. En la sentencia C-822 de 2005 la Corte Constitucional precisó que el registro incidental es válido siempre que se trate de una captura legítima, ordenada por un juez; se realice inmediatamente después de la captura; recaiga sobre la superficie de la persona, su indumentaria y de los enseres que lleve consigo; y no entrañe observar a la persona desnuda ni el tocamiento de órganos sexuales y senos. Casa M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. Temas: Registro incidental. Admisibilidad. Captura legítima.

Auto 48573 de 2016

PETICIÓN DE NULIDAD PROCESAL ES IMPROCEDENTE CUANDO SE DIRIGE CONTRA UN ACTO DE PARTE COMO ES LA FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. Dicha medida sólo es viable frente a las actuaciones de los funcionarios judiciales. En efecto, para los primeros (actos procesales de parte), al constituir meras postulaciones, la ley procesal establece sanciones como la inadmisibilidad, el rechazo o la exclusión que, por regla general, no inciden en la validez del proceso. Mientras que, los actos procesales del juez, al ser vinculantes y decidir asuntos con fuerza de ejecutoria material, sí tienen la potencialidad de lesionar garantías fundamentales, entre ellas el derecho a la defensa y el debido proceso, por lo que la irregularidad de los mismos debe repararse con la anulación, claro está, si ello no fue posible con otros remedios como la corrección de los actos irregulares o la revocatoria de las providencias en sede de impugnación. Se abstiene. M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández Temas: Petición. Nulidad. Procedencia. Actos procesales judiciales. Actos procesales de parte. Formulación de acusación.

 

Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria

 

Expediente 11001 01 02 000 2016 00013 00 de 2016.

NO SE PUEDE DECRETAR LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE JURISDICCIONES, CUANDO YA HAY UNA DECISIÓN DE FONDO SOBRE EL LITIGIO. Respecto a la solución del conflicto de jurisdicciones planteado inicialmente, el Consejo Superior de la Judicatura señala que no se reúnen los requisitos exigidos para poder dirimir la controversia, ya que se trata de una investigación penal que cuenta con una decisión de fondo por parte del juez competente y al evidenciar tal situación, la discusión no se centra en quién está facultado para iniciar el procedimiento de juzgamiento sino en dónde debe ser cumplida la pena (en establecimiento carcelario o en el resguardo indígena al que pertenece el condenado), por lo tanto no hay lugar a dirimir un presunto conflicto de competencias que ya fue solucionado. Abstenerse. M.P. María Lourdes Hernández Mindiola. . Temas: Controversia. Pena. Conflicto de jurisdicciones.

Expediente 66001 11 02 000 2013 00552 01 de 2016.

LA INVESTIGACIÓN DEL FUNCIONARIO O AUXILIAR DISCIPLINADO DEBE HACERSE CONFORME A LAS LEYES QUE REGULAN LAS FUNCIONES DEL CARGO QUE DESEMPEÑE.La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura manifiesta que para el caso sometido a estudio, existe una nulidad impide continuar con el procedimiento sancionatorio y por lo tanto se hace necesario subsanar tal gravedad generada, ya que si bien se tenía conocimiento de la conducta reprochable ejecutada por el auxiliar de la justicia sancionado, en cuanto a la imputación jurídica el juez dio aplicación a la Ley 734 de 2002 sin tener en cuenta que dada la naturaleza del cargo desempeñado por el investigado, existía un régimen legal disciplinario distinto que fue el que debió tenerse en cuenta para imponer la sanción. Decreta. M.P. José Ovidio Claros Polanco. . Temas: Régimen disciplinario. Auxiliar de la justicia. Naturaleza del cargo.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 11001 03 24 000 2014 00011 00 de 2016

SE SUSPENDEN LOS EFECTOS DE LAS CIRCULARES 005 de 2012 y 011 de 2012 DE LA SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO EN LO CONCERNIENTE A LA REGULACIÓN DE LA EXHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TABACO Y SUS DERIVADOS BAJO DETERMINADAS CONDICIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. La decisión se tomó luego de establecer que las normas acusadas violan los artículos 1 y 13 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco aprobado mediante la Ley 1109 de 2006 así como los artículos 1, 15 y 16 de la Ley 1335 de 2009, por cuanto El artículo 13 inicialmente mencionado, impone a los Estados parte el deber conforme con los principios que rigen su Constitución, de tomar todas la medidas necesarias encaminadas a la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, y en ese sentido debe entenderse que la exhibición de los productos de tabaco constituyen una forma de promoción para su consumo, circunstancia por la que se recomienda prohibir absolutamente la exhibición y visibilidad de los productos de tabaco en todo punto de venta, incluso los puntos de venta al por menor y los puestos de vendedores ambulantes. Decreta. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Temas: Medida cautelar. Suspensión provisional. Circulares. Control del tabaco. Publicidad. Promoción. Convenio marco OMS.

Expediente 25000 23 24 000 2010 00251 01 de 2016.

LA OBLIGACIÓN DE INVERSIÓN FORZOSA DEL 1% DE LA LEY 99 DE 1993 DEBE INCLUIR LA TOTALIDAD DEL VALOR DEL PROYECTO Y NO SOLO EL RECURSO USADO POR LA EMPRESA RESPONSABLE. Las exigencias de la empresa demandante en el sentido de afirmar que no era responsable del pago del 1% de inversión forzosa ambiental, la cual fue estipulada por la Ley 99 de 1993, no tienen sustento legal para ser falladas favorablemente debido a que tal como lo señala la norma, y no como lo pretende la parte actora, el 1% de dicha inversión debe calcularse sobre el valor total del proyecto adelantado y no de manera proporcional sobre el recurso hídrico utilizado, de modo que no hay ningún cobro indebido al ser clara la ley sobre la manera como debe liquidarse y ejecutarse tal inversión forzosa. Confirma. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Temas: Inversión forzosa. Obligación. Valor del proyecto.

Expediente 08001 23 31 000 2006 00989 01 de 2016

FACTURAS OSTENTAN LA CALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS SI POR SU VIRTUD LA ENTIDAD CREA, MODIFICA O EXTINGUE UNA SITUACIÓN JURÍDICA. En ese sentido pueden ser objeto de control, ya sea en sede administrativa o jurisdiccional. Tal postura ha venido siendo reiterada por esta Jurisdicción, lo cual indica que existe una posición clara, uniforme y pacífica sobre el particular siempre que las facturas cumplan las condiciones para definirse como actos administrativos, esto es, que consistan en una declaración unilateral, que se expidan en ejercicio de la función administrativa, y que produzcan efectos jurídicos por sí mismas, de manera directa sobre el asunto o la situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante. Declara y revoca C.P. Guillermo Vargas Ayala. . Temas: Nulidad y restablecimiento del derecho. Caducidad. Naturaleza jurídica. Facturas. Actos administrativos.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 13001 23 31 000 2011 00332 01 (0188 2014) de 2016

SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO HA REAFIRMADO SU CRITERIO EN EL SENTIDO QUE EL MONTO DE LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL SECTOR OFICIAL SE DEBE DETERMINAR CON EL INGRESO SALARIAL DEL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS Y EN EL 75%. Habida cuenta que la variación interpretativa que la Corte Constitucional plantea a través de la Sentencia SU-230 de 2015 (liquidación de la pensión con el promedio de los últimos 10 años), es claro que produce una afectación al derecho a la igualdad de los ciudadanos beneficiarios del régimen de transición que tienen sus pensiones pendientes de decisiones judiciales o administrativas, y que constituyen un número significativamente menor de quienes se han beneficiado de la forma tradicional de liquidación, dada la inminente finalización del régimen de transición pensional, por virtud del Acto Legislativo 1 de 2005. Confirma parcialmente. C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Temas: Pensión de jubilación. Reliquidación pensional. IBL. Factores devengados. Régimen de transición. Sector oficial.

Expediente 08001 23 33 000 2013 00484 01 de 2016

CONSEJO DE ESTADO SEÑALA QUE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO Y LA PENSIÓN DE INVALIDEZ EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS FUERZAS MILITARES SON INCOMPATIBLES.Esta incompatibilidad no proviene de la forma en que se adquirió la prestación social por cuanto las dos tienen un origen diferente, sino por su disfrute. El artículo 175 del Decreto 1211 de 1990 establece que las asignaciones de retiro y las pensiones militares son incompatibles entre sí y no son reajustables por servicios prestados a entidades de derecho público; igualmente son incompatibles con las pensiones de invalidez o de retiro por vejez, pero el interesado puede optar por la más favorable. Confirma parcialmente C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez Temas: Pensión de invalidez. Pérdida capacidad laboral. Régimen especial. Fuerzas Militares. Asignación de retiro. Incompatibilidad. Derecho de opción.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 25000 23 26 000 2008 00075 01 (40313) de 2016

IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD AL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Ha pasado por las siguientes etapas: En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial. En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por error judicial comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, como por ejemplo el hecho de que la detención preventiva dispuesta hubiese sido injusta. En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, se sostiene que la responsabilidad patrimonial del Estado se puede derivar por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.Revoca y declara. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Acción de reparación directa. Responsabilidad patrimonial del Estado. Privación injusta de la libertad. Indemnización. Perjuicios.

Expediente 63001 23 33 000 2012 00004 02 (50719) de 2016

PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE SÚPLICA. Como bien lo establece el artículo 246 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este recurso procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto; de lo cual se desprende que el recurso ordinario de súplica únicamente procede contra los autos interlocutorios dictados por el ponente, en tanto y en cuanto sean naturalmente susceptibles de apelación. Rechaza C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa Temas: Recurso de súplica. Procedencia. Oportunidad. Auto. Excepciones previas. Recurso de apelación.

Expediente 73001 23 31 000 2008 00582 01 (40658) de 2016

REITERACIÓN DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL SOBRE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL EN LOS CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. En sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad. Revoca y declara. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Temas: Acción de reparación directa. Responsabilidad patrimonial del Estado. Privación injusta de la libertad. Indemnización. Perjuicios morales. Tasación.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 05001 23 33 000 2012 00490 01 (20508) de 2016.

EN LOS ASUNTOS QUE SE VENTILEN CONTROVERSIAS DE INTERÉS PÚBLICO, EL JUEZ NO PUEDE IMPONER LA CONDENA EN COSTAS A LA PARTE QUE PIERDE EL LITIGIO. El artículo 361 del Código General del Proceso dispone que las cotas se integran por la totalidad de las expensas y gastos sufragados en el curso del proceso y por las agencias en derecho, disposición que si bien es aplicable de modo general a los procesos de naturaleza contencioso administrativa debe tenerse en cuenta que la Ley 1437 de 2011, establece que en los procesos en que se ventile un interés público no hay lugar a la condena en costas; adicionalmente no puede imponerse condena si no hay prueba de que alguna de las partes actuó en forma temeraria o contraria a la ley. Revoca. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Temas: Costas. Agencias en derecho. Interés público. Condena.

Expediente 05001 23 33 000 2013 01113 01 (21782) de 2016.

LA REITERACIÓN EN LA INDEBIDA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON PRECIOS DE TRANSFERENCIA, IMPIDE QUE EL CONTRIBUYENTE PUEDA ACCEDER AL BENEFICIO DE REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN IMPUESTA. La decisión de primera instancia debe ser revocada, señala el Consejo de Estado, debido a que hubo una falta de claridad en el método de precios de transferencia presentado inicialmente con el que se presentó luego de haber sido requerido el contribuyente por la autoridad tributaria; al haber dos métodos distintos para el cálculo de las transacciones efectuadas no era procedente que el requerido se acogiera al beneficio de reducción de la sanción, pues si bien aceptó los errores no los enmendó y continuó la inconsistencia ya mencionada. Revoca. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.Temas: Documentos. Indebida presentación. Método.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 13001 23 33 000 2015 00759 02 de 2016.

EN CASO DE INCUMPLIR EL FALLO DE TUTELA Y AGOTADOS PREVIAMENTE TODOS LOS MECANISMOS PARA TRATAR DE QUE SE REALICE, EL JUEZ PUEDE TOMAR MEDIDAS DE MODO DIRECTO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. De acuerdo con el artículo 27 del Decreto 2591 de 199, cuando no se cumple el fallo de tutela pasadas las 48 horas, el juez debe requerir al superior del responsable para que lo haga cumplir y abra el proceso disciplinario contra aquel, y luego de pasadas las 48 horas debe ordenar abrir proceso contra el superior que no haya atendido los requerimientos recibidos; una vez agotadas las herramientas antes mencionadas el juez se encuentra en la obligación de adoptar de modo directo, todas las medidas necesarias para poder dar efectivo cumplimiento a la sentencia hasta tanto se logre el restablecimiento del derecho vulnerado. Confirma. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. . Temas: Fallo de tutela. Juez. Restablecimiento. Derecho vulnerado.

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota D.C. Sala Civil
Expediente 11001 31 03 046 2016 00069 01 de 2016.

LA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD (EPS) PUEDE EXIGIR EL RECOBRO AL FOSYGA DE TRATAMIENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS SIN NECESIDAD DE ORDEN JUDICIAL, YA QUE LA LEY CONTEMPLA UNA SERIE DE PROCEDIMIENTOS PARA EL EFECTO. Señala el Tribunal de segunda instancia que la entidad de salud accionada no se encontraba facultada para interrumpir el tratamiento médico al cual tiene derecho la demandante, ya que además de poner en grave riesgo su vida (atendiendo al hecho de ser una persona de la tercera edad) también está negando de manera injustificada el acceso a derechos protegidos constitucionalmente; de modo que si lo pretendido por la entidad accionada es el recobro de los gastos en que incurre, por tratamientos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud – POS, puede hacerlo ante el FOSYGA sin necesidad de que la sentencia del juez lo ordene, pues la ley contempla estos escenarios y ha fijado los trámites correspondientes. Confirma. M.P. Ruth Elena Galvis Vergara. Temas: Tratamiento médico. Recobros. Plan Obligatorio de Salud.

Expediente 11001 22 03 046 2016 01199 00 de 2016

ACCIÓN DE TUTELA DEBE PRESENTARSE EN UN TIEMPO RAZONABLE DESDE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL. La Corte Constitucional ha estructurado este presupuesto sobre la base del carácter sumario y preferente que caracteriza la acción de tutela, que va encaminado a la necesidad de mitigar urgentemente el perjuicio que puede nacer sobre el derecho fundamental o el de prevenir la materialización de un peligro inminente. Deniega. M.P. Ruth Elena Galvis Vergara. . Temas: Acción de tutela. Procedencia. Inmediatez. Medios ordinarios. Juez natural.

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Penal

 

Expediente 11001 60 00 015 2013 09980 01 (981) de 2016.

LA REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN A IMPONER POR PARTE DEL JUEZ DEBE ATENDER A CRITERIOS DE CARÁCTER OBJETIVO TAL COMO LO EXIGE LA LEY. El artículo 269 del Código Penal dispone que, en los delitos contra el patrimonio económico, cuando el responsable de un delito restituya el bien hurtado o su valor y realice la indemnización de perjuicios ocasionados, antes de que se dicte sentencia, tiene derecho a que el juez reduzca la sanción a imponer de la mitad a las tres cuartas partes y tal reducción no puede ser realizada mediante valoraciones subjetivas tales como el motivo que llevo a la reparación, la intención, la intención de hacerlo o las circunstancias que rodean el acto indemnizatorio, ya que se trata de una situación posterior al delito que debe ser evaluada de manera objetiva. Aclara. M.P. Juan Carlos Garrido Barrientos. Temas: Restituya. Delito. Indemnización. Perjuicios.

Expediente 11001 60 00 049 2012 12915 03 de 2016

POSTURA DE LA CORTE SUPREMA RESPECTO A LA VARIACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE UNA CONDUCTA PUNIBLE. En sentencia del 16 de abril de 2015, la Corporación estableció que las exigencias se reducen a cuatro: que la nueva imputación respete el núcleo fáctico de la acusación, que se proceda por delitos del mismo género, que no implique agravación de la situación jurídica del procesado, y que no afecte los derechos fundamentales de otros sujetos intervinientes. Confirma M.P. Fernando Adolfo Pareja Reinemer  Temas: Delito. Variación. Calificación jurídica. Imputación. Acusación.