14 septiembre, 2022

13 de Septiembre del 2022

Corte Constitucional 

 

 

Sentencia T 195 de 2022

CORTE PROTEGE DERECHOS DE MUJER TRABAJADORA, A QUIEN SE LE CANCELÓ SU CONTRATO LABORAL, PESE A SUFRIR SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO.

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, seguridad social, igualdad, trabajo y debido proceso de una ciudadana, a quien se le canceló su contrato de trabajo, pese a ser diagnosticada con el Síndrome del túnel carpiano en 2018, condición que le causa dolores agudos en ambos brazos y diversas limitaciones funcionales. La accionante argumentó que, entre los años 2015 y 2019, celebró contratos de trabajo sucesivos sin solución de continuidad con varios empleadores para prestar sus servicios como operaria de máquina troqueladora y selladora en una fábrica de bolsas plásticas, pero desde que fue diagnosticada con la enfermedad fue objeto de actuaciones discriminatorias que llevaron a la terminación de su contrato. Al contestar la acción de tutela, la empresa afirmó que la ciudadana no era titular de estabilidad laboral reforzada porque no se encontraba en situación de discapacidad y no ha sido calificada con pérdida de capacidad laboral. La Sala Quinta de Revisión, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, señaló que, a la fecha de terminación del contrato de trabajo, la accionante sí era titular de la estabilidad laboral reforzada por razones de salud, puesto que había sido diagnosticada con Síndrome del túnel carpiano, de intensidad severa en fase crónica, enfermedad que afecta su salud y dificulta el desempeño de sus labores.

 

Sentencia T 249 de 2022

CORTE PROTEGE DERECHOS FUNDAMENTALES DE CIUDADANO DE 74 AÑOS QUE FUE SUSPENDIDO DEL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y al debido proceso administrativo de un adulto mayor de 74 años, desempleado y que no cuenta con la calidad de pensionado. Desde el año 2015, el ciudadano adquirió la condición de beneficiario del subsidio económico otorgado por el programa de protección social Colombia Mayor, el cual constituía su ingreso mensual para garantizar su manutención. Sin embargo, en septiembre de 2021, la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga informó al ciudadano que sería suspendido del programa Colombia Mayor porque este habría presuntamente incurrido en una de las causales previstas para ello, esto es, haber percibido una renta como utilidad o beneficio económico, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1833 de 2016, según la información suministrada por el administrador fiduciario a cargo del programa. La Sala Octava de Revisión, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, señaló que, de acuerdo con el Anexo Técnico del Manual Operativo del programa Colombia Mayor contenido en la Resolución 1370 de 2013, le correspondía a la Alcaldía de Bucaramanga verificar si se configuraba la causal de bloqueo o suspensión de la calidad de beneficiario del ciudadano. Ello, en cumplimiento de los parámetros de los derechos al debido proceso administrativo y a la defensa, con el fin de que este pudiese aclarar la situación advertida por las autoridades responsables de la ejecución del programa.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 03008 de 2022

PRUEBAS » DICTAMEN DE LA JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.

El dictamen de la junta de calificación de invalidez no es prueba solemne, puesto que la pérdida de capacidad laboral y su origen se puede demostrar por otros medios, por lo tanto, no es vinculante ni ata al juez al momento de resolver, en sede jurisdiccional, las controversias que se susciten respecto al mismo.

 

Expediente 02883 de 2022

PENSIONES » CÓMPUTO DE TIEMPO DE SERVICIO O SEMANAS DE COTIZACIÓN » TIEMPO LABORADO COMO MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA

El tiempo de servicios utilizado para financiar o acreditar la asignación de retiro, no puede tenerse en cuenta para conservar el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 -la asignación de retiro otorgada por la Policía Nacional es una prestación económica que se asimila a la pensión de vejez- (SL2883-2022)

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

Expediente 01301 de 2022

CONTRATO DE SEGURO DE DAÑOS.

Aplicación del artículo 37 de la ley 1480 de 2011, en torno al deber de información del asegurador, al hacer «entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías».

 

Expediente 00845 de 2022

NULIDAD PROCESAL / LA SALA MAYORITARIA RECONOCE QUE LOS HECHOS RELATADOS ARMONIZAN CON UNA HIPÓTESIS TAXATIVA DE NULIDAD DEL ARTÍCULO 121 DEL CGP. NO OBSTANTE, LA CENSURA NO SE ABRE PASO, PORQUE DICHA IRREGULARIDAD FUE CONVALIDADA POR LOS PROPIOS RECURRENTES, CON SUSTENTO EN LOS NUMERALES 1º Y 4º DEL ARTÍCULO 136 DEL CGP.

si bien, se perdió competencia para conocer el proceso en la fecha en la que concurrieron los dos supuestos legales previstos para ello, a saber, el vencimiento del término para resolver la segunda instancia, y la alegación de parte, radicada en la más reciente de aquellas dos calendas, esa irregularidad no fue alegada por los casacionistas, quienes vieron impasibles como se adoptaban diversas decisiones al interior de este trámite después de que operara la pérdida de competencia. Incluso, algunos participaron en una audiencia presidida por la funcionaria, sin intentar prevalerse del supuesto de nulidad en el que ahora fincan su censura. Esa aquiescencia frente a las actuaciones posteriores a la pérdida de competencia, que se extendió hasta el momento en el que la decisión de segunda instancia fue dictada, motivó el saneamiento de la nulidad denunciada. Y no se diga que, al presentar el memorial, los convocantes denunciaron la pérdida de competencia y, simultáneamente, alegaron una nulidad, pues para esa fecha no se habían realizado actuaciones irregulares, y tampoco era posible suponerlas. La expiración del lapso durante el cual se debe finiquitar la instancia no conlleva la pérdida “automática” de competencia del funcionario que conoce la causa. En cambio, cuando a la extinción del plazo se suma el reclamo de parte, el supuesto del artículo 121 quedaría consumado -al menos por regla general- , comprometiendo la validez de las actuaciones que a continuación adelante el juez o magistrado que perdió competencia para componer la litis.

 

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 58704 de 2022

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.

Tratándose de jueces colegiados, los autos interlocutorios y sentencias son emitidas cuando se discuten y aprueban, aunque con posterioridad, en

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente 20001 33 31 001 20007 00042 de 2022

EL CONSEJO DE ESTADO A TRAVÉS DEL MECANISMO DE REVISIÓN EVENTUAL UNIFICA SU JURISPRUDENCIA Y DETERMINA QUE EN LAS ACCIONES POPULARES DONDE SE INVOQUEN COMO VULNERADOS LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA Y LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO, ES DEBER DEL JUEZ CONSTITUCIONAL REALIZAR UN ANÁLISIS INDEPENDIENTE SOBRE LA VIOLACIÓN DE CADA UNO DE ESTOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS.

En ejercicio de la acción popular, el accionante solicitó que se declararan vulnerados los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, que presuntamente se vieron afectados por la retención que hizo Finagro de parte de unos dineros pertenecientes al Departamento de César, y que le habían sido consignados en desarrollo de un convenio interadministrativo celebrado entre las dos entidades para garantizar unos créditos. A juicio del demandante, los requisitos para hacer efectivas las garantías no se habían cumplido y por ello no procedía la retención de los dineros.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 15001 23 33 000 2019 00429 de 2022

EN AQUELLOS EVENTOS EN LOS QUE SE CALIFICA LA MUERTE DE UN SUBOFICIAL DEL EJÉRCITO NACIONAL COMO FALLECIDO EN SIMPLE ACTIVIDAD, A CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA JUDICIAL DE MUERTE PRESUNTA POR HECHOS ACAECIDOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL DECRETO 4433 DE 2004 Y EN VIGOR DE LA LEY 100 DE 1993, EL RÉGIMEN PRESTACIONAL APLICABLE ES LA LEY 100 DE 1993 MODIFICADA EN LO PERTINENTE POR LA LEY 797 DE 2003 Y NO LA NORMATIVA ESPECIAL.

 La demandante en nombre y en representación de sus hijos elevó petición ante la entidad demandada, con el fin de que le fueran reconocidos los haberes laborales que les correspondían con ocasión de la declaración de la muerte presunta de su esposo y padre de sus descendientes, petición que fue resuelta de forma negativa bajo el argumento de que el suboficial fue retirado de la institución por la causal de inasistencia al servicio sin causa justificada, acto administrativo que se encontraba en firme. Ante la anterior decisión, la libelista a través de apoderado interpuso recurso de reposición en el sentido de que, dada la modificación judicial de la causal de retiro, se reconocieran: i) los salarios, bonificaciones, prestaciones primas, vacaciones, subsidio familiar y demás emolumentos que devengara un suboficial del Ejército Nacional por la muerte presunta decretada del exmilitar causante; ii) la pensión de sobrevivientes y; iii) modificar la hoja de servicios, sin que se advierta dentro del plenario la resolución de dicho recurso. Con posterioridad nuevamente elevó escrito ante el Ejército Nacional tendiente al reconocimiento de lo peticionado en el recurso de reposición, la cual fue resuelta nuevamente de forma negativa reiterándole que el retiro del servicio del exmilitar fue por inasistencia sin causa justificada por más de 10 días

 

Expediente 11001 03 25 000 2017 00531 de 2022

UN NOTARIO EN PROPIEDAD PUEDE INVOCAR EL DERECHO PREFERENCIAL PARA OBTENER SU NOMBRAMIENTO EN OTRA NOTARÍA DE LA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN QUE SE ENCUENTRE VACANTE, SIN TENGA INCIDENCIA SI ÉSTA ES TEMPORAL O ABSOLUTA

 Una notaria en propiedad solicitó su nombramiento en otra notaría de la misma circunscripción electoral por encontrarse vacante, invocando el derecho preferencial, según lo regulado en el artículo 4° del Decreto 2054 de 2014, reglamentario del numeral 3° del artículo 178 del Decreto 970 de 1970. El Consejo Superior de la Carrera Notarial negó la petición anterior con fundamento en los supuestos normativos del Decreto 2054 de 2014, al considerar que la notaría a la cual pretendía acceder no se encontraba vacante, por cuanto el hecho de que el notario que allí se encontraba en propiedad aceptó un nombramiento en otra notaría, luego de haber también ejercido el derecho de preferencial-, no implicaba que hubiera renunciado y, en consecuencia, asumir que dicha notaría se encontraba vacante.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 50001 23 31 000 2008 00192 de 2022

PUEDEN ELEVARSE PRETENSIONES CONTRACTUALES EN AUSENCIA DE SALVEDADES PREVIAS CUANDO EL CONTRATISTA NO VULNERA LA BUENA FE CONTRACTUAL, AL HABER REALIZADO RECLAMACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE, FUERON CONOCIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE POR LO QUE NO SE TRATA DE RECLAMACIONES SORPRESIVAS.

“el actor solicitó declarar responsable a la entidad contratante por excedentes y sobrecostos, reclamación que plasmó en una salvedad contenida en la liquidación bilateral, negocio jurídico que fue luego revocado directamente mediante un acto administrativo.”

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 76001 23 33 000 2016 01053 de 2022

ES ILEGAL LA CREACIÓN DE UN TRIBUTO (TASA) POR LA EXPEDICIÓN DEL FORMULARIO PARA LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.

 Se anuló el ordinal 7° del artículo 154 de la Ordenanza 397 del 18 de diciembre de 2014, en el que la Asamblea del departamento del Valle del Cauca estableció una «tasa» denominada «Derechos de sistematización de la información del Impuesto sobre vehículos automotores». Lo anterior, porque la Sala concluyó que, al margen de su tipología, no existe una ley que haya creado o autorizado el tributo en mención, por lo que la referida asamblea carecía de potestades normativas de carácter tributario para crear el aludido gravamen.