15 diciembre, 2023

13 y 14 de Diciembre del 23

Corte Constitucional

 

Sentencia T 455 de 2023

CORTE RECUERDA QUE NO ES INCOMPATIBLE EL RECONOCIMIENTO PREVIO DE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ Y LA PENSIÓN DE INVALIDEZ.

A la Sala Novena de Revisión le correspondió estudiar la acción de tutela presentada por el señor Raúl en contra de Colpensiones por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social. El actor señaló que el fondo de pensiones se negó a reconocer y pagar la pensión de invalidez bajo el argumento de que esta última y la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez eran incompatibles. Esta Corporación analizó la pensión de invalidez y los requisitos para su reconocimiento, la naturaleza jurídica de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la jurisprudencia de esta Corte y de la CSJ sobre la ausencia de incompatibilidad entre el reconocimiento previo de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y la pensión de invalidez y, por último, la procedencia excepcional del amparo para el reconocimiento de estas prestaciones. Además, la Sala encontró que se cumplieron los presupuestos de procedibilidad para pronunciarse de fondo en el presente asunto.  La Corte advirtió que es admisible que quien recibió el pago de una indemnización sustitutiva de vejez pueda seguir cotizando al sistema pensional con el objeto de cubrir un riesgo distinto a aquel por el cual se le reconoció dicha indemnización. Reiteró que tanto la Corte Constitucional como la CSJ han reconocido la pensión de invalidez a personas que habían recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y, luego de ello, se les determinó una PCL igual o superior al 50% con una fecha de estructuración posterior al reconocimiento de la primera prestación subsidiaria. Argumentó que, en estos casos, se precisó que se trata de dos prestaciones completamente diferentes porque amparan diversos riesgos y sus presupuestos no son iguales.  Así las cosas, la Sala encontró que el actor cumplió los requisitos previstos en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 para obtener la pensión de invalidez comoquiera que: (i) fue calificado con una PCL superior al 50% y (ii) aportó más de cincuenta semanas al SGSSP dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración.

 

Sentencia T 125 de 2023

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS A LA EDUCACIÓN Y A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA DE ESTUDIANTES MENORES DE EDAD, POR LA NO GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y DE TRANSPORTE ESCOLAR.

Le correspondió a la Sala revisar los fallos proferidos con ocasión de la acción de tutela instaurada por Juan Jairo Muñoz Cuervo, en representación de los estudiantes de las Instituciones Educativas La Linda, Adolfo Hoyos Ocampo, Andrés Bello, Instituto Manizales y San Sebastián, contra la Alcaldía de Manizales y otras autoridades y particulares, a quienes atribuyó la vulneración de los derechos a la educación, la igualdad y a la protección reforzada de los NNA, como consecuencia de varias omisiones relacionadas con la ejecución del PAE.  Las sentencias en revisión declararon la improcedencia de la tutela por estimarse que no se cumplía con la condición de subsidiariedad, esto por cuanto que se trata de la protección de derechos colectivos. La Corte concluyó, por el contrario, que sí se era procedente la vía del amparo, por tratarse de la protección de los derechos fundamentales de NNA a la educación y a la alimentación adecuada. Luego de definir que la acción de tutela cumplió los requisitos de procedibilidad, la Sala reiteró la jurisprudencia sobre la relación entre la garantía del acceso a los servicios del PAE y los derechos a la educación y a la alimentación adecuada de los NNA en condición de vulnerabilidad. La Sala señaló también que, al estudiar casos similares al presente, en dos oportunidades anteriores, la Corte Constitucional consideró relevante que las autoridades nacionales deben adoptar los máximos esfuerzos posibles para lograr la garantía de los derechos constitucionales de los NNA, con miras a garantizar de forma progresiva- y no regresiva- derechos como la educación y la alimentación adecuada. Así mismo, recordó el marco jurídico de implementación y ejecución del PAE, con el fin de delimitar las competencias de los distintos actores que intervienen en el PAE, entre ellos las entidades territoriales, las autoridades educativas y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender-. Esto, con la finalidad de reiterar el deber de colaboración armónica de las autoridades del Estado en la garantía de los derechos prevalentes de los NNA.

 

 

Sentencia T 246 de 2023

DESPLAZAMIENTO POR RAZONES CLIMÁTICAS. NECESIDAD DE ATENCIÓN CON ENFOQUE ÉTNICO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN MATERIA DE DESASTRES.

El gobernador del Cabildo Inga Musurrunakuna interpuso acción de tutela contra la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – UNGRD, la alcaldía Municipal de Mocoa y los Ministerios del Interior y de Vivienda al considerar que conculcaron los derechos fundamentales de la comunidad indígena a la igualdad; de petición; a la subsistencia; “a la integridad étnica, cultural, social y económica”; a la “propiedad de la tierra comunitaria”; a la autonomía y a la autodeterminación; a la participación; y al debido proceso. Lo anterior, al negarles que el proyecto de vivienda incluido en el plan de acción específico para la rehabilitación (PAE) del municipio de Mocoa se adelante en los predios que actualmente habitan.    La Sala advirtió que la acción de tutela se dirigía a controvertir la negativa a adelantar, en los territorios que actualmente habita la comunidad del Cabildo Inga Musurrunakuna, el proyecto de vivienda rural incluido en el plan de acción específico para la rehabilitación de Mocoa. No obstante, la actividad probatoria en sede de revisión mostró una situación estructural relacionada con la ausencia del enfoque étnico en la atención brindada a la comunidad indígena accionante afectada por el desastre ocurrido en Mocoa en 2017 y la falta de consulta previa para la implementación de las medidas dirigidas a su recuperación y rehabilitación. Luego de concluir que la acción de tutela reunió los requisitos de procedencia, la Corte se refirió a la jurisprudencia acerca de la atención de desastres, el enfoque diferencial étnico y el desplazamiento por desastres y emergencias. Además, reiteró la jurisprudencia sobre los derechos (ii) a la vivienda digna; y (iii) a la participación, autonomía y a la consulta previa de las comunidades étnicamente diferenciadas

 

Sentencia T 515 de 2023

CORTE ACLARA QUE EN MATERIA PENAL, FUNCIONARIO JUDICIAL DEBE DEMOSTRAR POR QUÉ ACTOS DEL FUNCIONARIO DE HECHO DEBEN MANTENERSE.

La Sala Tercera de Revisión conoció la acción de tutela formulada contra la Sentencia del 17 de marzo de 2021 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual negó la solicitud de nulidad que el accionante fundamentó en la vulneración de su debido procesado dado que un delegado de la Fiscalía que participó en el proceso penal seguido en su contra, en el marco de la Ley 600 de 2000, no cumplía con los requisitos para ocupar tal cargo, pues carecía de título de abogado. En la providencia cuestionada, dicho tribunal consideró que las actuaciones surtidas por un fiscal que, pese a ser nombrado como tal, no acreditó los requisitos para el efecto, resultan válidas (i) al ser ejecutadas bajo la figura que la jurisprudencia ha denominado funcionarios de hecho y (ii) por que, en el marco del proceso, el accionante no señaló la violación de garantías o la ruptura de las etapas procesales que pudieran estar vinculadas a esa investidura irregular.       La Sala analizó los requisitos de procedencia y los consideró satisfechos. Posteriormente, reiteró la jurisprudencia constitucional sobre el debido proceso y el juez natural, el proceso penal de la Ley 600 de 2000 y las nulidades procesales en dicho régimen, y explicó el concepto de los funcionarios de hecho. Al respecto, la Sala Tercera de Revisión precisó que el traslado de dicha figura del derecho administrativo al penal es problemático, de manera que en estos últimos asuntos se invierte la presunción de legalidad de los actos emitidos por el funcionario de hecho. Así, en asuntos penales se presume que los actos del funcionario de hecho son vulneradores de garantías de fundamentales, de manera que el juez penal o constitucional debe analizar cada una de las actuaciones del falso funcionario para determinar si estas no vulneraron garantías materiales propias de cada juicio.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 95173 de 2023

 

RECUERDAN QUE ES PRESUPUESTO DE EXISTENCIA DEL PACTO DE SALARIO INTEGRAL LA VOLUNTAD BILATERAL EXPRESADA EN UN ESCRITO.

Error jurídico del ad quem, pues contrario a lo que adujo, el pacto de salario integral no podía tenerse por existente y, por ende, por válido y eficaz, así como tampoco como probado por cualquier medio de convicción que permitiera deducir la existencia de la aceptación, incluso tácita del recurrente, en tanto requería, para lo primero, que el acuerdo bilateral entre las partes hubiese sido escrito y no dejara duda de la aceptación libre, consciente y voluntaria del trabajador sobre el cambio de su modalidad remuneratoria, así como, para lo segundo, la oportuna aportación de ese documento.  > ANÁLISIS DE PRUEBAS – Error de hecho del ad quem al considerar que con las certificaciones laborales; la liquidación final del contrato; los comprobantes de pago; la relación de funcionarios y sus respectivas asignaciones; la ausencia de reclamación del pago de prestaciones sociales durante la vigencia del contrato, se hallaba demostrada la aceptación del demandante respecto del pacto de salario integral -ninguno de tales medios de convicción, contienen el escrito de aceptación expresa del trabajador-

 

Expediente 02662 de 2023

PROCEDIMIENTO LABORAL » NULIDADES

× Cuando se adelanta el emplazamiento con base en la afirmación de que se desconoce el domicilio y lugar de residencia del demandado y se demuestra que no era cierta tal afirmación, se presenta una de las formas de estructuración de la causal 8 del artículo 133 del CGP, pues se puede presentar la vulneración del derecho de defensa de aquel al impedir su vinculación al proceso, sin perjuicio de las consecuencias que impone la violación de los deberes y responsabilidades de las partes y sus apoderados, conforme a los artículos 78 y 79 ibidem . » NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACIÓN.  La causal de nulidad por falta de notificación del auto admisorio de la demanda, se puede proponer excepcionalmente aun después de obrar sentencia en firme que ponga fin al proceso, siempre que sea alegada por la persona afectada, pues su razón de ser está ligada al debido proceso como derecho fundamental de las personas que gozan de la garantía de no ser perjudicadas por una decisión judicial. » NULIDADES » PRINCIPIOS. Los principios que rigen el tema de las nulidades adjetivas son tres: i) El de especificidad que determina que el proceso sólo se considera nulo, total o parcialmente, por los motivos taxativamente consagrados como tales, ii) El de protección, que guarda relación con la legitimidad y el interés que pueda tener la parte que invoca la causal demostrando que la decisión le genera un perjuicio y iii) El de convalidación que corresponde a la posibilidad del saneamiento de no ser alegado el vicio por la parte afectada

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00405 de 2023

HISTORIA CLÍNICA –  INDEBIDO DILIGENCIAMIENTO. PARTOGRAMA.

Falta de diligenciamiento del partograma exigido en la Norma Técnica de Atención del Parto, sistema de vigilancia con límites de alerta para prevenir el parto prolongado. Tiempos de vigilancia del trabajo de parto. Equivocación en la edad gestacional. Documento de control trabajo de parto no reune las condiciones de un «partograma».  APGAR  escala  de  bienestar  del  recién  nacido  al  momento  del nacimiento.

 

Expediente 00426 de 2023

PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL –  RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE HIJOS AÚN FRENTE A LA CONDUCTA RENUENTE DEL DEMANDADO EN LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA DE ADN.

Proceso de filiación impulsado con anterioridad a la vigencia de la ley 721 de 2001 y adverso a las pretensiones de la demandante. Sentencia de tutela que declara la ilegalidad del auto mediante el cual prosperó la excepción de cosa juzgada. Imprescriptibilidad de la prueba de ADN en los procesos de filiación

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 54832 de 2023

PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES: CONTROL POR EL JUEZ DE CONOCIMIENTO, PROTECCIÓN DE GARANTÍAS, NO ES DABLE DICTAR SENTENCIA CUANDO SEAN VULNERADAS. / VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA – NO SE CONFIGURA: CUANDO SE COMPROMETE EL BIEN JURÍDICO DE LA VIDA

La Corte Suprema de Justicia, dictó sentencia de casación, en respuesta a la demanda formulada por el representante de la víctima contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal,  subsidiariedad prevista en el art. 229 inc. 1° del C.P.; iii) el juez de conocimiento incumplió su deber de intervenir ante una calificación jurídica manifiestamente ilegal; iv) esas irregularidades afectaron los derechos de la víctima, ya que su caso no se analizó a la luz de las normas pertinentes, claramente orientadas a una mayor protección desde el punto de vista de las prerrogativas de verdad y justicia; v) al estudiar la pretensión de condena, que incluye el estudio de las evidencias presentadas a la luz del art. 327 del C.P.P., los juzgadores omitieron la apreciación de evidencia indicativa de la amenaza al bien jurídico de la vida en el ataque que el acusado le propinó a la víctima y vi) lo anterior permite cuestionar la objetividad y apego a la legalidad con la que actuó el fiscal al realizar el juicio de acusación y, luego, al celebrar el acuerdo con el procesado.

 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

 

Expediente 11001 03 06 000 2023 00045 de 2023

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO TIENE LA COMPETENCIA PARA ESTABLECER LOS PARÁMETROS O REGLAS TENDIENTES A DETERMINAR EL NÚMERO DE DIPUTADOS QUE LE CORRESPONDE ELEGIR A CADA DEPARTAMENTO PUES ESTA LE CORRESPONDE AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

El señor ministro del Interior solicitó a la Sala emitir concepto sobre cuál es la autoridad u órgano competente para determinar los parámetros o reglas para establecer el número de diputados a elegir para las asambleas departamentales en cada circunscripción departamental.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

Expediente 11001 0324 000 2006 00277 de 2023

SON NULAS LAS EXPRESIONES: “[…] O DEL 70% DE LA PENA IMPUESTA EN EL CASO DE JUSTICIA ESPECIALIZADA.” DEL NUMERAL 2.1.; Y “DE UN SETENTA POR CIENTO (70%) DE LA PENA IMPUESTA, EN CASO DE JUSTICIA ESPECIALIZADA” DEL NUMERAL 3.1. DEL ARTÍCULO 10 DE LA RESOLUCIÓN 7302 DE 2005, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, POR CONSTITUIR REQUISITOS QUE NO ESTÁN PREVISTOS EN LA LEY QUE DESCONOCEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL Y LAS NORMAS QUE REGULAN EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO.

Se presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad; con el propósito de que se declare la nulidad de la Resolución número 7302 de 23 de noviembre de 2005, “Por medio de la cual se revocan las Resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y número 5964 del 9 de diciembre de 1998 y se expiden pautas para la atención integral y el Tratamiento Penitenciario”, expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 17001 23 33 000 2016 00326 de 2023

RECUERDAN CÓMO FUNCIONA LA PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ ANTICIPADA POR HIJO CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

 Por medio de la Ley 100 de 1993, el legislador creó el sistema de seguridad social, del cual hace parte el sistema general de pensiones. Dentro del régimen creado en este sistema se destaca la pensión especial de vejez anticipada por hijo con diversidad funcional, la cual se estableció en el inciso 2 del parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 […] En este orden de ideas, el interesado en esta pensión especial puede reclamar la prestación una vez haya: i) acreditado un determinado número de semanas de cotización, independientemente de la edad que tenga el titular del derecho, ii) probado que el hijo o hija sufra una invalidez física o mental, debidamente calificada y iii) demostrado que la persona con diversidad funcional sea dependientemente económicamente de la madre o del padre (cual fuere el caso). […] En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional. ´Tales elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión´. […] De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el IBL para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de ´edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985´. […] Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos

 

 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

 

 Expediente 41001 23 31 000 2005 01568 de 2023

CONOZCA LAS DIFERENCIAS ENTRE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO E INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

mo en múltiples ocasiones lo ha explicado la jurisprudencia, se trata de dos figuras jurídicas diferentes, que dan lugar a dos clases de consecuencias económicas también distintas. El incumplimiento contractual está constituido por un comportamiento antijurídico de uno de los contratantes, fundado en el desconocimiento del débito prestacional a su cargo, del que se puede derivar o no un perjuicio para el co-contratante, dando lugar, en caso afirmativo, al surgimiento de una responsabilidad contractual, con la consecuente indemnización integral de todos los perjuicios que se logren acreditar dentro del proceso; el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, por su parte, surge de la obligación legal de mantener incólume la ecuación o relación de equivalencia de las prestaciones que surgió al momento de contratar, que se puede ver afectada i) por circunstancias ajenas a las partes -teoría de la imprevisión- o ii) provenientes de la expedición de actos administrativos por la misma entidad contratante, pero no a título de culpa sino por el ejercicio de sus funciones administrativas, bien sea como parte del contrato -ius variandi- o medidas de carácter general expedidas en cumplimiento de sus propias funciones -hecho del príncipe-. Lo que da lugar, si se prueban los elementos requeridos para su procedencia, a que se restablezca dicha ecuación contractual que se vio afectada en contra de una de las partes, bien sea llevándola a un punto de no pérdida, en el primer caso, o mediante el reconocimiento de los mayores costos y la utilidad dejada de percibir por el contratista, en el segundo. Así, la responsabilidad contractual surge de una conducta culposa de uno de los contratantes, que de manera injustificada incurre en el incumplimiento de sus obligaciones, proveniente de no haber ejecutado las prestaciones a su cargo o de haberlo hecho en forma tardía o defectuosa, es decir con desconocimiento de los términos y condiciones pactados para su ejecución, todo lo cual dará lugar, en caso de haber ocasionado con su comportamiento un daño antijurídico, al surgimiento de su obligación de indemnizar, integralmente, todos los perjuicios que le hubiere causado a la parte cumplida o que se allanó a cumplir en la forma debida. En cambio, mediante la figura del equilibrio económico del contrato, se propende por conservar, durante toda la ejecución contractual, las condiciones técnicas, económicas y financieras que existían al momento de contratar y que se pueden ver alteradas por circunstancias ajenas a las partes o que, proviniendo de la entidad contratante, no corresponden a una conducta culposa de su parte

 

 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 25000 23 37 000 2013 00451 de 2023

SE PRECISA CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS INDEBIDAMENTE LIQUIDADAS, ASÍ COMO SUS EFECTOS Y ALCANCE.

La DIAN sancionó a una contribuyente por no declarar el impuesto sobre la renta del año gravable 2004. Como forma de regularizar su conducta omisiva, la contribuyente presentó la respectiva declaración en la que autoliquidó, junto con el tributo y los intereses moratorios, la sanción reducida por no declarar que prevé el parágrafo 2 del artículo 643 del Estatuto Tributario. Posteriormente, la contribuyente le pidió a la DIAN que avalara el monto de la referida sanción reducida y que concluyera el procedimiento de aforo. Mediante el acto administrativo acusado, la DIAN aceptó la reducción de la sanción, pero después, le informó a la contribuyente que tal reducción era errada, porque la multa registrada en la declaración contrariaba el monto mínimo de la sanción por no declarar reducida establecida por el citado parágrafo 2 del artículo 643 del ET, según el cual la reducción no podía arrojar un resultado inferior a la sanción por extemporaneidad que corresponde liquidar con posterioridad al emplazamiento por no declarar. Más de dos años después de la presentación de la declaración de renta, la DIAN le pidió a la contribuyente que manifestara el consentimiento previo y expreso al que alude el artículo 97 del CPACA para proceder a revocar directamente la resolución que convalidó la reducción de la sanción por no declarar, a lo que la demandada se opuso. La DIAN demandó la legalidad de esta resolución y la Sala la anuló y, como restablecimiento del derecho, fijó la sanción por no declarar reducida, de acuerdo con el monto mínimo del parágrafo 2 del artículo 643 delE.T. Al respecto, la Sala precisó que el procedimiento aplicable para la corrección de las sanciones tributarias indebidamente liquidadas es el previsto en el artículo 701 ibidem, no el de revisión de las declaraciones tributarias privadas, dado que en el caso no se pretende la modificación de la autoliquidación del impuesto sobre la renta que efectuó la declarante, sino exigir el faltante de la multa que esta se habría tenido que autoimponer en su declaración, procedimiento que contempla consecuencias sancionadoras adicionales y que se debe adelantar dentro del marco temporal que prescribe el artículo 638 ejusdem.