15 febrero, 2024

14 de Febrero del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia Su 168 de 2023

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-PROCEDENCIA POR DEFECTO FÁCTICO, POR INDEBIDA VALORACIÓN DE LOS HECHOS, Y SUSTANTIVO POR ERROR EN LA APLICACIÓN DE LA REGLA DE CADUCIDAD EN ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

(La autoridad judicial accionada) incurrió en: Defecto fáctico, al considerar que la alegada desaparición forzada había cesado en el momento (1997) en el que miembros del grupo paramilitar informaron a sus familiares que habían asesinado al señor …. Esto, porque conforme a la Constitución, la ley y la jurisprudencia, la simple declaración o confesión sobre el homicidio de la víctima no es un medio de prueba que permita encontrar acreditada la cesación de la desaparición forzada. Defecto sustantivo, por inaplicar la regla especial de caducidad en casos de desaparición forzada prevista en el inciso 2º del artículo 164.2(i) del CPACA. Esta regla era aplicable, porque al momento de presentación de la demanda, no se había dictado fallo penal condenatorio y la conducta de desaparición forzada no había cesado, pues los restos del señor … no habían sido hallados ni identificados. Esto último sólo ocurrió después de que la demanda fue presentada. Al inaplicar la regla especial de caducidad en casos de desaparición forzada, la Subsección A concluyó, equivocadamente, que la acción de reparación directa se encontraba caducada.

 

Sentencia C 137 de 2023

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-PROCEDENCIA RESPECTO DE NORMAS VIGENTES O DE AQUELLAS QUE HABIENDO PERDIDO SU VIGENCIA PUEDEN CONTINUAR PRODUCIENDO EFECTOS JURÍDICOS

Hipótesis excepcional cuando disposición ha dejado de producir efectos jurídicos. Algunas de las circunstancias en las que hay cabida para adelantar el control constitucional de normas que ya no se hallan vigentes ni irradian efectos jurídicos son, de acuerdo con la jurisprudencia: (i) disposiciones con un ámbito temporal y estrecho respecto de las cuales no se alcanzó a activar el control de constitucionalidad durante su vigencia; (ii) se presenta una manifiesta y grave violación del ordenamiento superior que amerita la declaratoria de inexequibilidad con efectos retroactivos; (iii) cuando a la Corte le corresponde realizar un control obligatorio y automático; (iv) la norma es derogada o sus efectos consolidados durante el desarrollo del proceso de constitucionalidad, en aplicación del principio de perpetuatio jurisdictionis; y (v) la norma perdió su vigencia formal, pero sigue produciendo efectos de manera ultraactiva.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 02994 de 2023

PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ POR HIJOS INVÁLIDOS, LEY 797 DE 2003 » REQUISITOS

× Para acceder a la pensión especial de vejez por hijo inválido, no es posible  demandar exigencias adicionales que no están establecidas en la ley tales como, supeditar el reconocimiento de la prestación económica al carácter de ser padre o  madre  cabeza  de familia, a la exclusividad del aporte monetario de parte del potencial beneficiario, la exigencia del cuidado exclusivo por parte de éste, como tampoco el hecho de exigir la calidad de trabajador activo, al momento del retiro, pues en este  aspecto, la única condición  requerida por la ley es la no incorporación a la vida laboral y, por ende, al sistema integral de seguridad social, sin que ello implique que no puedan generarse ingresos que no deriven de la actividad laboral » ANÁLISIS DE PRUEBAS. × Se encuentran acreditados los requisitos exigidos en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 para el reconocimiento de la pensión especial de vejez por hijo inválido -el hecho de que la motivación del retiro se haya realizado con anterioridad a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral de la menor, no impide el reconocimiento de la prestación, como tampoco que  se  comparta el  cuidado  de  esta entre  ambos padres, lo  anterior en consideración a que la madre siempre fue ama de casa, el único ingreso del hogar es el aportado por el padre y la menor presenta graves patologías que requieren del cuidado conjunto de la familia-

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00491 de 2023

SENTENCIA SUSTITUTIVA

× Que exonera de responsabilidad a la aseguradora por actos dolosos atribuibles al asegurado fiduciario.

 

Expediente 00396 de 2023

SIMULACIÓN – EN CONTRATO DE COMPRAVENTA. DEMOSTRACIÓN DEL ACUERDO SIMULATORIO.

Acreditación de las exigencias del artículo 281 del Código General del Proceso. Consonancia. Debe demostrarse que el operador judicial incurrió en alguna de las falencias que configuran la incongruencia. Aplicación del principio tantum devolutum quantum appellatum. El estudio de la legitimación por parte del juez no comporta por sí mismo la conculcación de un derecho. Inexistencia de yerro en cuanto al término prescriptivo de la acción.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 55465 de 2023

SISTEMA PENAL ACUSATORIO – PRUEBA DE REFERENCIA: SUPUESTOS DE ADMISIBILIDAD, NO ES UN LISTADO CERRADO

La Corte Suprema de Justicia, decidió el recurso de casación presentado por el defensor de LACP contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá que, al revocar la decisión absolutoria de primera instancia emitida por el Juzgado 26 Penal del Circuito, condenó al procesado imponiéndole como sanción privativa de la libertad 200 meses de prisión, al declararlo penalmente responsable del delito de tentativa de feminicidio que le había sido imputado. La Sala casó parcialmente la sentencia impugnada, para fijar en 125 meses tanto la pena de prisión como la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, impuestas a LACP. Las demás determinaciones adoptadas permanecen sin modificación. Al respecto, encontró demostrado que, no fue posible ubicar a la víctima para ser citada a declarar al juicio oral, por encontrarse amenazada y sometida a su absoluto dominio físico y emocional por parte de su pareja; lo cual se adecua en la hipótesis exceptiva residual del art. 438 del C.P.P., por lo que, su declaración podía ingresar como prueba de referencia, a través de los testimonios rendidos por los policiales HYRP y JAA. De igual manera, consideró que, no corresponde a la realidad procesal y probatoria, que el único elemento de conocimiento en el que se sustentó la sentencia, haya sido la prueba de referencia; en tanto, se suma copiosa prueba indiciaria, a través de cual se produce el convencimiento, más allá de toda duda razonable, acerca del delito de feminicidio y de la responsabilidad del acusado, sobre la base de que el atentado a la vida de DCCL exacerba un evidente ciclo de violencia física y psíquica en su contra, como expresión inequívoca de violencia de género propia de esta modalidad delictiva.

 

 

Expediente 63783 de 2023

ACOSO SEXUAL – SUJETO ACTIVO: ES UN DELITO ESPECIAL PROPIO EN EL QUE SOLO PODRÁ SER AUTOR QUIEN OSTENTE CONDICIÓN DE SUPERIORIDAD MANIFIESTA HACIA LA VÍCTIMA

La Sala de Casación Penal al resolver la impugnación especial promovida por el defensor, confirmó la sentencia proferida por la misma Sala -integrada por 6 magistrados-, que condenó, por primera vez, a MFRA como autor del delito de acoso sexual, en concurso homogéneo y sucesivo. Esto por cuanto, consideró que, las características descritas por las víctimas en sus respectivos testimonios permiten establecer, que MFRA utilizó la autoridad que tenía al interior de la empresa Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. -ESSA- para discriminar y violentar sexualmente a las trabajadoras SMCJ y CMTH. Para el efecto, recordó las características típicas fundamentales del delito objeto de juzgamiento y descartó que, en sede de casación, se haya vulnerado el debido proceso del impugnante, por la declaratoria «oficiosa» de un falso raciocinio. Además, ratificó la existencia de prueba suficiente que demuestra el abuso del poder o superioridad del sujeto activo.

 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

 

 

Expediente 11001 03 06 000 2023 00647 de 2023

¿EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO PARAR CONTINUAR EL PROCESO DE COBRO COACTIVO DERIVADO DE UNA PENA MULTA IMPUESTA EN UNA SENTENCIA CONDENATORIA PROFERIDA POR UN JUEZ PENAL?

Si, De conformidad con (…) los artículos 2 y 5 de la Ley 1066 de 2006, y 98 a 100 de la Ley 1437 de 2011, se desprende que el cobro coactivo es una prerrogativa constituida a favor de las entidades públicas para lograr el cumplimiento de obligaciones insolutas, que consten en un documento con merito ejecutivo, como sucede con «[l]as sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas […]». Por consiguiente, es una herramienta útil que pueden utilizar las entidades públicas para obtener liquidez y cumplir con sus funciones. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que en virtud de estas tengan que recaudar caudales públicos «tienen jurisdicción coactiva» o, en todo caso, «podrán acudir ante los jueces competentes» para lograr el pago. Bajo esta regla general, la facultad de cobro coactivo tiende a estar en cabeza de la autoridad «a favor» de la cual se encuentra pendiente de pago de una obligación insoluta, salvo disposición legal en contrario. Actualmente, en virtud del artículo 42 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 6º de la Ley 2197 de 2022, esta última vigente a partir del 25 de enero de 2022, las multas en materia penal deben consignarse a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho, con imputación a rubros destinados a la prevención del delito y al fortalecimiento de la estructura carcelaria. Además, con estos recursos se puede cofinanciar la infraestructura y dotación de centros penitenciarios y carcelarios en todo el territorio nacional.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

 

 Expediente 11001 03 15 000 2023 04795 de 2023

RECUERDAN QUE EN SENTENCIA DE UNIFICACIÓN SOBRE CADUCIDAD DE REPARACIÓN DIRECTA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD NO SE APLICA SIEMPRE

En el sub examine debe tomarse en cuenta además que para el año 2019, cuando se procedió a accionar al Estado para efectos de obtener la reparación por responsabilidad patrimonial de la administración, el criterio mayoritario de la Sección Tercera del Consejo de Estado apuntaba a que no era procedente aplicar el fenómeno jurídico de la caducidad de las acciones de reparación directa con pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de crímenes de lesa humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los derechos humanos, en atención a su naturaleza imprescriptible. De igual forma, estudiaron para el caso específico del desplazamiento forzado, la incidencia de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU-254 de 2013 y sus efectos respecto de la caducidad de dicho medio de control. En el caso que se analiza se advierte, además, que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la providencia de primera instancia, proferida el 26 de marzo de 2021 por el Juzgado Tercero Administrativo de Sincelejo que rechazó la demanda por caducidad del medio de control reparación directa, se dirigió a reforzar los argumentos y pruebas que, en su sentir, daban cuenta de que los hechos que fundamentan la demanda están relacionados con delitos de lesa humanidad cometidos por grupo al margen de la ley -AUC-, circunstancia que por las particularidades de la situación provocada por la masacre perpetuada en el municipio de Chengue, declarada como delito de lesa humanidad por la Fiscalía de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,20 hacía necesario el agotamiento de la etapa probatoria con la finalidad de concretar el punto de partida para el cómputo del término de caducidad.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 41001 23 31 000 2007 00099 de 2023

¿LAS LESIONES SUFRIDAS POR EL DEMANDANTE SON IMPUTABLES A LA CLÍNICA MEDILASER, POR AUSENCIA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE?

Si , Se declarará la responsabilidad Clínica Medilaser (…). [L]a Sala deduce que, tal y como se indicó en la demanda, la amputación (…) que se le practicó al paciente no tuvo ningún tipo de justificación. (…) [L]a Clínica incumplió el deber de advertir este riesgo al paciente: el paciente fue sometido a una uretroplastia a y en el consentimiento firmado por éste de ninguna manera se advirtió que la amputación de su pene podría ser una de las posibles consecuencias de la intervención. (…) Las complicaciones indispensables que deben advertirse al paciente son aquellas que resulten previsibles y que sean relevantes para que este adopte la decisión de someterse a la intervención. Si este era un riesgo previsible porque se presentaba en una proporción considerable al practicar tal intervención, el mismo ha debido ser advertido señalándole si existían procedimientos alternativos e indicándole cuáles eran las consecuencias de no someterse a dicho riesgo. La obligación de conocer al paciente de lo que va a hacerle para que consienta la intervención fue incumplida: no se le dijo que esto podía pasar y no se le explicó por qué había pasado.

 

 Expediente 11001 03 15 000 2023 00622 de 2023

SETENCIA SOBRE PROTECCION DE DERECHOS A MAGISTRADA VULNERADOS POR CNDJ AL NEGAR SU TRASLADO POR RAZONES DE SALUD

La demandante, en su condición de servidora judicial de carrera, alegó la vulneración de sus derechos fundamentales, con ocasión de la decisión que negó su solicitud de traslado al cargo de magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño. (…) [L]a Sala encuentra que el acto enjuiciado no tuvo una motivación/ justificación objetiva, no indagó sobre el cumplimiento o no de los requisitos para el traslado solicitado por la señora [A.P.], es decir, no valoró, como lo determinó la primera instancia, que: 1) la accionante es una funcionaria de carrera, 2) el cargo respecto del cual solicitó el traslado – magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño- tiene categoría, funciones y requisitos afines con el cargo que desempeña – magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico-, 3) tanto la historia clínica como los conceptos médicos dieron cuenta de las condiciones de salud de la accionante y recomendaron su traslado, y 4) la petición de traslado se presentó el 7 de septiembre de 2022, esto es, en los 5 días hábiles siguientes del mes en que se publicó la vacante. Es más, la Sala advirtió que la autoridad demandada tampoco tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del citado acuerdo, a saber, el diagnóstico médico sobre las condiciones de salud de la señora [A.P.] ni el parentesco, dadas las enfermedades invocadas respecto de su ascendiente (hijo) y descendiente (madre). Omisión que, ahora, en la contestación o impugnación presentada no puede subsanar. Pues, aunque en dichas actuaciones informó las razones por las cuales negó el traslado, lo cierto es que eso no reposa en el Oficio SJ-JAGF-00041 de 11 de enero de 2023.

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 25000 23 37 000 2018 00597 de 2024

ACLARAN CÓMO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA EN MATERIA TRIBUTARIA

Esta Judicatura ha entendido el principio de congruencia como la armonía que debe existir entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia (congruencia interna, artículo 187 del CPACA), así como la correlación entre la litis planteada por las partes, en su demanda y contestación, y lo decidido por el juez (congruencia externa, artículo 281 del Código General del Proceso). Este principio tiene como objetivo que «los extremos procesales obtengan una decisión acorde con el debido proceso y que resuelva acertadamente la controversia que le plantearon al juzgador sin incurrir en órdenes que excedan o menoscaben las pretensiones o desatiendan las excepciones formuladas por el extremo pasivo (sentencias del 29 de abril de 2020, exp. 22085, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto, y exp. 24915, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez)». De lo anterior, se desprende entonces que una sentencia resulta incongruente cuando excede lo solicitado en la demanda (ultrapetita), reconoce algo que no se solicitó (extrapetita) o deja de pronunciarse sobre alguno de los extremos de la litis (mínima o infrapetita). En el caso concreto, la compañía demandante alega que la sentencia de primera instancia es incongruente, en la medida en que se pronunció sobre la procedencia del impuesto descontable por concepto del arancel pagado en un proceso de importación, pese a que, en la oposición a la demanda, la entidad demandada no presentó excepciones de fondo o argumentos de defensa sobre ese asunto. Pues bien, la Sala considera que el cargo de apelación no está llamado a prosperar, porque el Tribunal con el pronunciamiento que realizó sobre la glosa del impuesto descontable, no excedió lo solicitado en la demanda, ni reconoció algo que no se solicitó, y en últimas, tampoco se alejó del objeto del debate litigioso. De ahí que no sea incongruente.