14 septiembre, 2023

14 de Septiembre del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 057 de 2023

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. IMPROCEDENCIA POR CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE TRANSACCIÓN.

Miguel Antonio Arévalo acudió ante al juez constitucional, alegando que su empleador -Load Cargo S.A.S.- lo despidió, pese a que gozaba de estabilidad laboral reforzada, no solo por su avanzada edad, sino porque sufrió un accidente laboral cuyas secuelas le impedían desempeñarse laboralmente. Pidió, en consecuencia, se ordenara su reintegro al cargo que ocupaba y el pago de los salarios y prestaciones a que hubiere lugar.  Durante el trámite de revisión, no obstante, se verificó que, con posterioridad a la interposición de la demanda, las partes suscribieron contrato de transacción mediante el que buscaron poner fin a dicha controversia.   Con fundamento en lo anterior, la Sala evaluó si la acción de tutela es procedente, propósito con el cual, expuso el contenido de los presupuestos de legitimación, inmediatez y subsidiariedad, así como describió el fenómeno de la carencia actual de objeto como causal de improcedencia de la acción de tutela e hizo algunas reflexiones sobre la transacción en materia laboral, precisando el alcance de los derechos laborales ciertos e indiscutibles y las condiciones que deben reunirse para que adquieran esa categoría.    A partir de allí, la Corte encontró acreditados los requisitos de legitimación (activa y pasiva) e inmediatez. Empero, concluyó que la solicitud de amparo es improcedente, en tanto: (i) según el contrato de transacción celebrado entre las partes, el señor Arévalo declinó cualquier reclamación relativa a la citada relación laboral; (ii) dicho acuerdo no versó sobre derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, dado el debate que surgió en torno a los móviles que dieron lugar a su desvinculación, por ello; (iii) tiene el potencial de permitir entender superada la vulneración iusfundamental alegada y, por tanto, configurar el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, tomando en consideración que en la cesación de la transgresión intervino la accionada y; (iv) finalmente, a partir de esta situación, se constató que el requisito de subsidiariedad se encuentra insatisfecho, en razón a que mutó el contexto en el que se solicitó el amparo y, por tanto, el accionante cuenta con la posibilidad de acudir a un proceso ejecutivo que le permita el cobro de lo pactado, o a un proceso laboral a efectos de controvertir la transacción suscrita, si considera que su voluntad se encontraba viciada o existen derechos ciertos e indiscutibles que no estaban cubiertos por el contrato.

 

Sentencia T 232 de 2023

CORTE RECUERDA QUE EN TRÁMITES QUE INVOLUCREN DERECHOS DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD SE DEBEN ADOPTAR AJUSTES RAZONABLES.

El 29 de julio de 2022, la señora Esther, en calidad de agente oficiosa de su hijo Juan, un jóven de 27 años de edad en situación de discapacidad, con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, presentó acción de tutela contra el Director de la Institución K (en la que Juan está matriculado como estudiante desde el 2 de septiembre de 2012) y el Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la misma Institución, con el objeto de que se protejan sus derechos fundamentales “a la dignidad humana, al derecho a la igualdad, el derecho a la Educación e inclusión, el libre desarrollo de la personalidad en conexidad con el derecho al trabajo, al debido proceso, a la protección especial de personas con discapacidad mental, el derecho a la salud.” Esto, pues consideró que la accionada vulneró esos derechos del agenciado al llevar a cabo el proceso disciplinario en su contra, PDE-13-40-22-40, a causa de la denuncia de seis mujeres que lo acusaron de actos constitutivos de acoso sexual y hostigamiento.   Dicho proceso culminó en la imposición de una sanción de ocho períodos de suspensión de la matrícula después de que la Institución K encontró a Juan responsable de la comisión de una falta gravísima durante el período de prueba que ya cursaba por haber sido declarado responsable también de actos de acoso en un proceso disciplinario previo (PDE-17-010-29-25). En criterio de la accionante, en esta segunda investigación adelantada contra su hijo, la Institución K vulneró sus derechos pues i) no tuvo en cuenta ni realizó ningún ajuste razonable para que este pudiera comparecer al proceso en igualdad de condiciones, considerando que es una persona en situación de discapacidad; y ii) rechazó el recurso de apelación que ella interpuso contra la decisión sancionatoria por decidir que no estaba legitimada en la causa para actuar en el proceso.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 02085 de 2023

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, DECRETO 758 DE 1990 » REQUISITOS » CONVIVENCIA

× De conformidad con el artículo 29 del Acuerdo 049 de 1990, la procreación de hijos comunes permite suplir el requisito de temporalidad de los tres años  de  convivencia,  cuando  se hubiere procreado uno o más hijos entre quien pretende el reconocimiento del beneficio y el causante, sin que aquella circunstancia, por sí sola, baste para acceder al derecho -es imprescindible demostrar la convivencia efectiva al momento del deceso-. Tratándose de cónyuges o compañeros o  compañeras  permanentes,  la  convivencia constituye un elemento fundamental para el acceso a la pensión de sobrevivientes, por cuanto permite establecer la existencia de una comunidad de vida estable, donde los involucrados crean relaciones de afecto, respeto y ayuda mutua.

 

Expediente 02105 de 2023

PENSIONES LEGALES » CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE  COLOMBIA Y  ESPAÑA, LEY 1112 DE 2006 » BENEFICIARIOS

× Conforme al artículo 2 de la Ley 1112 de 2006, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y el Reino de España, sus beneficios se extienden a las personas que trabajen o hayan trabajado en el otro país y se aplica en Colombia a las prestaciones económicas dispuestas en el sistema general de pensiones – prima media con prestación definida y ahorro individual con solidaridad-, en cuanto a vejez, invalidez y sobrevivientes, de origen común, permitiendo la sumatoria de períodos de cotizaciones en ambos Estados para el reconocimiento de pensiones y regular la forma en que se liquidan y reconocen.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00276 de 2023

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL – DEL FIDUCIARIO EN LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO INMOBILIARIO.

Determinada por la relación material pactada en el contrato. Se exige la diligencia de un buen hombre de negocios. Acreditación del incumplimiento, el daño y el nexo causal. La certeza del daño causado admite reparación..

 

 

Expediente 00119 de 2023

PRUEBA DE OFICIO – FACULTAD DE DECRETAR PRUEBAS DE OFICIO.

Esta herramienta procesal tiene por objeto superar grados de incertidumbre frente a los hechos que interesen al proceso y para evitar nulidades procesales o providencias inhibitorias, no frente a la incuria del actor que no puede convertirse en un ataque contra el juzgador.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 62772 de 2023

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD – APLICACIÓN: ES INDISPENSABLE RESPETAR LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL DEL SISTEMA LLAMADO A GOBERNAR LA RESPECTIVA ACTUACIÓN, CUANDO SE COMPARAN NORMAS DE LA LEY 600 DE 2000 Y LA LEY 906 DE 2004 / APLICACIÓN: DE LA LEY 906 DE 2004, A LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS BAJO LA LEY 600 DE 2000, PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES, ANÁLISIS

La Sala de Casación Penal decidió el recurso de apelación interpuesto por la defensa del excongresista ECMM, contra el auto de la Sala Especial de Primera Instancia AEP125-2022, rad. 39408, mediante el cual negó la solicitud de control de legalidad de un preacuerdo que suscribió el  procesado  con  el  Magistrado HÉCTOR   JAVIER   ALARCÓN   GRANOBLES   de   la Sala Especial de Instrucción de esta Corporación. En esta ocasión, la Corte confirmó la providencia impugnada, al considerar que la aplicación de la figura de los acuerdos y negociaciones, al amparo del principio de favorabilidad, resulta improcedente, por no tener equivalente en el procedimiento de la  Ley  600  de 2000 que lo rige y comprometer la estructura del sistema procesal en el que pretende ser aplicado. Lo anterior, por cuanto la Ley 600 de 2000 regula la sentencia anticipada por aceptación de cargos, que resulta ser similar a la figura de la aceptación o allanamiento de cargos contemplada en la Ley 906 de 2004; pero que difiere de los preacuerdos y negociaciones, los cuales se rigen por unas finalidades específicas, unas regulaciones propias y unos beneficios punitivos de naturaleza diversa.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

Expediente 05001 23 33 000 2018 02219 de 2023

RECUERDAN QUE INTERROGATORIO DE PARTE NO PROCEDE PARA DECLARAR SOBRE HECHOS NARRADOS EN LA DEMANDA.

En tratándose del régimen probatorio en los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el artículo 211 del CPACA, prevé que se aplicarán las normas del Código de Procedimiento Civil hoy CGP. Por su parte, el CGP en materia de pruebas establece como disposiciones generales la necesidad de la prueba, los medios de prueba, la carga de la prueba y el rechazo in limine de las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles […]. La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; la pertinencia se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con el litigio; y la utilidad, en que el hecho a demostrar con la prueba no esté suficientemente acreditado con otra. Además de lo anterior, deben estar permitidas por la ley. […]

 

Ahora bien, en lo que concierne al interrogatorio de parte, el artículo 198 del CGP […] establece que el Juez, de oficio o a solicitud de parte, puede ordenar la citación de las partes para que se les interrogue sobre los hechos relacionados con el proceso. En efecto, la referida disposición, que concierne al interrogatorio de parte como prueba a decretar en el curso del proceso judicial, no prevé que dicha prueba deba solicitarse por la parte interesada respecto de su contraria, como sí lo señalaba de forma expresa el artículo 203 del Código de Procedimiento Civil. Ahora, lo anterior no significa que el solo hecho de que la actual legislación procesal no restrinja la posibilidad de que una parte solicite el decreto de su propio interrogatorio, implique que en todos los casos deba decretarse dicha prueba, dado que esto estará sometido a la verificación de la conducencia, la pertinencia y la utilidad de esta. En el presente asunto, en la medida en que la finalidad del actor es declarar sobre los hechos que narró en su demanda, las irregularidades que le atribuye a los actos demandados y los perjuicios que se le causaron, el Despacho advierte que la prueba que solicita es inútil, dado que las manifestaciones que efectuó al respecto en el escrito introductorio son suficientes para ilustrar tales aspectos.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

 

Expediente 76001 23 31 000 2009 00300 01 de 2023

CONSEJO DE ESTADO ACLARA QUE RECONOCIMIENTO ILEGAL DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN TAMBIÉN SE DA POR ACTUACIÓN DEL CIUDADANO.

De conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, ´[l]as actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas´. […] En relación con el contenido del principio de buena fe, ´[l]a jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una ‘persona correcta (vir bonus)’. Así, la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada´.

 

En ese escenario, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido que ´ (…) no habrá lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, salvo que se pruebe por la entidad Estatal que el demandado incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que actuó de mala fe con el fin de obtener un beneficio al cual no tenía derecho´. […] El 27 de octubre de 2005, mediante la Resolución 017927 el ISS – Seccional Valle reconoció una pensión de vejez a la señora (…) a partir del 6 de octubre de 2002. […] Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala confirmará la decisión del a quo que accedió a las pretensiones de la demanda de lesividad y ordenó el reintegro de los valores percibidos por la señora (…) por concepto de la pensión de jubilación que le fuera reconocida mediante la Resolución 017927 del 27 de octubre de 2005. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos. […] Al revisar el contenido de la Resolución 12782 de octubre de 2007, mediante la cual se revocó la Resolución 017927 de 2005, bajo el amparo del artículo 19 de la Ley 797 de 2003, se determinó con claridad que la señora (…) solo tenía 132 semanas cotizadas al sistema de seguridad social en pensiones, monto que evidentemente resulta menor al exigido en las normas que regulan el régimen pensional al que se hizo referencia en el acto de reconocimiento, esto es, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 70001 23 31 000 2005 02904 de 2023

¿LA EXISTENCIA DE UN DAÑO ANTIJURÍDICO Y LA IMPUTACIÓN DE ÉSTE AL ESTADO, SON CONDICIONES PARA DECLARAR LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO?

Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho , que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique , resultado que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre.

 

Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo integralmente. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2000, exp. 11945, C. P. María Elena Giraldo Gómez, sentencia de 11 de noviembre de 1999, exp. 11499, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, sentencia de 27 de enero de 2000, exp. 10867, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, sentencia de 18 de mayo de 2017, exp.36386, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.