14 octubre, 2022

15 de Octubre del 22

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 293 de 2022

LA CORTE REITERA QUE EL DESPIDO DE UN TRABAJADOR CON PROBLEMAS DE SALUD ES DISCRIMINATORIO CUANDO OCURRE SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO.

La Corte Constitucional estudió una tutela que presentó un ciudadano de 49 años. Este fue informado de su retiro de la empresa para la que laboraba después de que ocurriera un accidente de trabajo que le ocasionó una pérdida de capacidad laboral del 24.5% debido a la ruptura traumática del disco intervertebral lumbar. La empresa informó que la relación laboral había terminado un día antes del accidente. El accionante negó esa circunstancia y afirmó que fue discriminado por su situación de discapacidad. Además, expuso que su empleo era la única fuente de ingresos para su familia. Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, la Sala Octava de Revisión afirmó que, cuando la capacidad laboral de un trabajador disminuye debido a su estado de salud, en principio, aquel tiene el derecho a conservar su puesto de trabajo o a ser reubicado de manera compatible con sus condiciones. Sin embargo, de no ser posible dicha reubicación, el empleador debe solicitarle al Ministerio de Trabajo la autorización para el despido. De lo contrario, se presume que la terminación del vínculo contractual obedeció a las condiciones de salud de la persona. De manera que tal decisión es ineficaz. En la sentencia se indicó: “Es evidente que en el presente caso se cumplen los presupuestos para conceder el amparo de los derechos al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada del ciudadano transgredido por la empresa al terminar el contrato de trabajo, pese a sus condiciones limitantes de salud. Lo anterior porque no solicitó la correspondiente autorización de la autoridad laboral competente para tal fin”.

 

Sentencia T 296 de 2022

CONTROLES PRENATALES Y ASISTENCIA DEL PARTO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS SERVICIOS QUE EL ESTADO COLOMBIANO DEBE BRINDAR A LAS MUJERES GESTANTES EN CONDICIÓN MIGRATORIA IRREGULAR.

La Corte Constitucional afirmó que la atención urgente que por razones humanitarias les brinda el Estado colombiano a las mujeres gestantes extranjeras que se encuentran en el país de manera irregular, puede incluir servicios asistenciales específicos como controles prenatales y asistencia del parto. La decisión fue adoptada al estudiar la tutela que presentó una menor de edad en estado de embarazo, debido a que un hospital en Fortul, Arauca, le negó la realización de los controles médicos, pese a su estado, por su condición migratoria irregular. La Sala Tercera de Revisión, con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, aseguró que el centro asistencial debió tener en cuenta que la accionante era una persona destinataria de especial protección constitucional, no solo por tratarse de una adolescente, sino por su estado de embarazo. “El hospital fundamentó su negativa en las exigencias legales sobre permanencia en el país y afiliación al régimen de seguridad social; no obstante, dada la particular situación de la solicitante del servicio -adolescente en estado de embarazo-, los principios constitucionales de solidaridad y de interés superior del menor obligaban al mencionado hospital a prestar la atención en salud requerida por esta”, indicó la sentencia. El Alto Tribunal recordó que el respeto por los principios constitucionales de solidaridad, dignidad humana, interés superior y protección especial de los menores de edad, impide a las instituciones

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 87164 de 2022

CÓMPUTO DE TIEMPO DE SERVICIO O SEMANAS DE COTIZACIÓN > PENSIÓN DE VEJEZ, DECRETO 758 DE 1990 – La pensión de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990 aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, puede consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS y los tiempos laborados a entidades públicas -procedencia de la suma de tiempos-

Expediente 87149 de 2022

ACCIDENTE DE TRABAJO > CULPA PATRONAL > INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD > ANÁLISIS DE PRUEBAS.

Ausencia de error de hecho del ad quem al considerar acreditada la culpa del empleador en el accidente laboral por incumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, pues la maquinaria de perforación de suelos no se encontraba en óptimas condiciones, para ser utilizada por el trabajador

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 4434 de 2022

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN PROCESO EJECUTIVO – PARA HACER EFECTIVA OBLIGACIÓN DINERARIA POR CÁNONES CONVENIDOS EN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL.

Si bien el domicilio del ejecutado es el fuero general de atribución de competencia territorial, en este caso también concurre el lugar de cumplimiento de la deuda o fuero negocial y la facultad de escogencia recae en la parte ejecutante, cuando hay concurrencia de fueros dentro del factor territorial de competencia, lo cual vincula al juez elegido para tramitar la demanda correspondiente. Fuero concurrente a prevención, por el factor territorial. Diferencia entre los conceptos de domicilio y residencia. Artículo 28 numeral 1º CGP.

 

Expediente 4384 de 2022

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN PROCESO EJECUTIVO – PARA HACER EFECTIVA LA OBLIGACIÓN DINERARIA CONTENIDA EN PAGARÉ.

La regla general de atribución de competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos está asignada al juez del domicilio del demandado, salvo cuando se trate de juicios originados en un negocio jurídico, o, en los que se involucren títulos ejecutivos, pues, en tales eventos, será competente, además, el juez del lugar del cumplimiento de la obligación allí contenida. Cuando concurran los factores de asignación territorial, el promotor está facultado para optar por cualquiera de los dos eventos mencionados, dado que no existe competencia privativa. Ejercitada la respectiva elección por el convocante «la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales. Artículo 28 numeral 3º CGP.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 58663 de 2022

MODIFICACIÓN DE UNA AGRAVANTE POR OTRA CON LA MISMA PENA.

No es procedente atribuir la causal 2° de agravación del artículo 211 con fundamento exclusivo en el vínculo de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, dada la naturaleza personal del sentimiento de confianza.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 11001 03 24 000 2020 00431 de 2022

SE DECRETA DE URGENCIA LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE UNOS ARTÍCULOS DEL ACTO POR MEDIO DEL CUAL LA ANLA MODIFICÓ UNA LICENCIA AMBIENTAL.

Se presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad, cuestionando la legalidad de los artículos 2, 4 y 12, en lo que respecta a las especies Andinobates fulguritus, Andinobates bombetes, Oophaga histriónica, Chlorochrysa nitidissima, Rupicola peruvianus, que fueron referidas en los numerales 5, 6, 13, 23, y 24 de la tabla de localidades de la Resolución número 02370 del 3 de diciembre de 2019, “Por medio de la cual se modifica una licencia ambiental”, las cuales habitan en el departamento de Risaralda y son competencia de la CARDER; licencia que fue otorgada a la sociedad Tesoros de Colombia Sustainable Farm S.A.S., y proferida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 18001 23 33 000 2017 00040 de 2022

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES A LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA. LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LA REMUNERACIÓN A QUE TIENEN DERECHO EL TRABAJADOR DESAPARECIDO SE EXTIENDE HASTA TANTO SE PRODUZCA LA LIBERTAD, SE COMPRUEBE LA MUERTE, O SE DECLARE LA MUERTE PRESUNTA.

La accionante, actuando por conducto de apoderada y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo demandó al Departamento del Caquetá, con el fin de obtener la nulidad del Oficio 007399 del 8 de septiembre de 2016, suscrito por el asesor jurídico del despacho del gobernador del departamento del Caquetá, a través del cual se le fue negada su solicitud de «declaración de que (sic) el señor (…) (sic) laboraba al servicio del Departamento como Secretario de la Inspección de Policía de El Recreo de los Llanos del Yarí, Caquetá, para el 6 de octubre de 1990», así como el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales causados desde el 1.° de enero de 1990 hasta el momento de su aparición o la declaración de su muerte presunta.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 25000 23 36 000 2013 01580 de 2022

UN CONTRATO SUSCRITO PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA ADOLECE DE NULIDAD ABSOLUTA POR OBJETO ILÍCITO, AL ENTREGAR EN CONCESIÓN UN ÁREA QUE SUPERPONE CON LAS RESERVAS FORESTALES DE LA LAGUNA DEL CACIQUE GUATAVITA Y CUCHILLA DE PEÑA BLANCA Y DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ, DECLARADAS CON ANTERIORIDAD A LA FIRMA DEL MENTADO CONTRATO

“La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- pretende la declaración de nulidad absoluta, por objeto ilícito, del contrato de concesión minera identificado con la placa No. ICQ-083715, celebrado entre el INGEOMINAS y el señor Pedro Araque Pinzón para la explotación de un yacimiento de carbón mineral en los municipios de Sesquilé y Guatavita, Cundinamarca, por desconocimiento de la prohibición prevista en el artículo 34 del Código de Minas, esto es, porque la zona objeto de exploración y explotación minera se superpone con las áreas de reserva forestal de la “Laguna del Cacique de Guatavita y Cuchilla de la Peña Blanca” y de la “Cuenca Alta del Río Bogotá”, en las que no se permite el adelantamiento de actividades mineras.”

 

Expediente 76001 23 31 000 2008 00185 01 de 2022

¿EN VIRTUD DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO ANTE PERJUICIOS INMATERIALES, EL JUEZ PUEDE ORDENAR INDEMNIZACIONES PECUNIARIAS Y NO PECUNIARIAS?
Si, La afectación a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados es un daño inmaterial autónomo que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario, pero que también puede incluir dicha indemnización pecuniaria, incluso, aun cuando no se hubiere pedido en la demanda. En tal virtud, las sentencias de unificación del Consejo de Estado sobre el daño inmaterial han establecido que ante la imposibilidad de garantizar la restitutio in integrum del daño, el juez de lo contencioso administrativo, atendiendo las particularidades de cada caso en concreto, puede decretar las medidas pecuniarias necesarias para la consecución de la reparación integral del daño, por manera que, en el caso concreto, se está ante la imposibilidad de reparar los derechos de la víctima madre del menor- no solo por la muerte de su hijo, sino la angustia y dolor que padeció ante la demora injustificada en la autorización de la referida cirugía, por lo que la forma más adecuada para reparar dicho perjuicio debió consistir en reconocer una indemnización a su favor.

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre las medidas de reparación de perjuicios, ver sentencia del 28 de agosto del 2014, Exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, sentencia del 23 de marzo de 2017, Exp. 48887, C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia del 24 de octubre de 2013, Exp. 25981, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Igualmente ver fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso la Cantuta vs. Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, sentencia del 25 de noviembre de 2006, Caso de la Masacre de Mapiripán v. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005.