20 junio, 2023

16 de junio del 23

Corte Constitucional 

 

SENTENCIA T-187 DE 2023

REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SOBRE LA PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA RESPECTO DE CONTROVERSIAS PENSIONALES, EL RECONOCIMIENTO EN LA HISTORIA LABORAL DE LOS PERIODOS EN QUE EL BENEFICIARIO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL NO PAGÓ EL PORCENTAJE DEL APORTE A SU CARGO Y LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA Y LA PENSIÓN DE VEJEZ.

A la Sala Novena de Revisión le correspondió resolver la acción de tutela presentada por la señora Nuris Romero Vital contra Colpensiones y Fiduagraria S.A., en calidad de administradora del Fondo de Solidaridad Pensional. La accionante estimó vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna y solicitó que se ordenara a Colpensiones (i) permitirle continuar cotizando hasta obtener el número mínimo de semanas exigido para acceder a una pensión de vejez, pues consideraba que tenía 1.112 semanas cotizadas; (ii) incluir en su historia laboral las semanas cotizadas ante el Fondo de Solidaridad Pensional; (iii) declarar la nulidad del acto administrativo que reliquidó la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y (iv) que dicha indemnización se descontara de las mesadas pensionales que ella empezara a recibir cuando se reconociera su pensión de vejez.  Para comenzar, la Sala señaló que no se habían configurado los fenómenos de la temeridad y la cosa juzgada constitucional respecto de una acción de tutela presentada con anterioridad por la señora Nuris Romero Vital. Posteriormente, se reiteró la jurisprudencia de la Corte sobre la procedibilidad de la acción de tutela respecto de controversias pensionales, el reconocimiento en la historia laboral de los periodos en que el beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional no pagó el porcentaje del aporte a su cargo y la incompatibilidad entre la indemnización sustitutiva y la pensión de vejez. Con base en dichas consideraciones, la Sala concluyó que la acción de tutela cumplía con el requisito de subsidiariedad porque, debido a las condiciones particulares de la accionante, los medios ordinarios de defensa judicial eran ineficaces para otorgar una protección oportuna e integral a los derechos fundamentales de la actora. Al resolver de fondo el caso concreto, la Sala estimó que Colpensiones debía corregir la historia laboral de la accionante e incluir el periodo de diciembre del año 2000 que ella cotizó ante el Fondo de Solidaridad Pensional. Además, se afirmó que Colpensiones debía permitirle a la accionante continuar cotizando al sistema general de pensiones a pesar de haber recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Finalmente, se resaltó que la accionante no cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, pero que, si así lo desea, ella podría ingresar al mecanismo BEPS para tener un ingreso periódico que la ampare durante la vejez.

 

Sentencia T-159 de 2023

JURISPRUDENCIA RELATIVA AL DERECHO AL MÍNIMO VITAL Y A LA IGUALDAD MATERIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA. 

En el caso de la referencia, la Sala Novena de Revisión analizó si la Presidencia de la República, el DNP, el DPS y las entidades territoriales vinculadas vulneraron los derechos fundamentales al mínimo vital y a la igualdad material de las accionantes (i) al omitir incluirlas como beneficiarias del PIS, a pesar de sus especiales condiciones de vulnerabilidad aumentadas en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID 19, (ii) al usar el Sisbén como instrumento exclusivo de focalización de los hogares y no aplicar un enfoque diferencial de género, y (iii) al no publicar los criterios de selección para acceder a dicho programa.    Con el propósito de abordar el problema jurídico, se reiteró jurisprudencia relativa al derecho al mínimo vital y a la igualdad material de las personas en situación de vulnerabilidad económica. Luego, se señalaron los parámetros constitucionales mínimos que deben cumplir las políticas públicas. Después, se describió el PIS y se expuso jurisprudencia constitucional que lo abordó.   En el análisis del caso concreto, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos de procedencia, se concluyó la configuración de una carencia actual de objeto en tres supuestos: (i) por hecho superado, frente a las accionantes que fueron incluidas como beneficiarias del PIS luego de los fallos de tutela de instancia; (ii) por daño consumado, respecto de las accionantes que solicitaron ante la Alcaldía de Cali la práctica de la encuesta Sisbén y que a la fecha de este pronunciamiento no se ha llevado a cabo, ello por cuanto la negligencia del mencionado ente territorial anuló toda posibilidad de que ellas fueran tenidas como potenciales beneficiarias del PIS; y (iii) por sustracción de materia, dado que el PIS perdió vigencia el pasado 31 de diciembre de 2022, en los términos dispuestos por el artículo 20 de la Ley 2155 de 2021.

 

 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 91543 de 2023

 PROVIDENCIAS JUDICIALES > ADICIÓN

La sentencia cuando omite resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento debe adicionarse por medio de sentencia complementaria dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.  La solicitud de adición, es improcedente ya no aflora ninguna de las características propias de la solicitud incoada

 

Expediente  01302 de 2023

RECURSO DE CASACIÓN > REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD – La viabilidad del recurso extraordinario de casación se produce cuando se reúnen los siguientes requisitos: i) Que el recurso haya sido interpuesto dentro del término legal, ii) Que se trate de una sentencia proferida en proceso ordinario, iii) Que el recurrente esté legitimado y iv) Que la sentencia recurrida agravie a la parte recurrente en el valor equivalente al interés jurídico económico para recurrir. INTERÉS JURÍDICO ECONÓMICO PARA RECURRIR – La cuantía para recurrir en casación debe ser superior a ciento veinte SMLMV, estimación que debe efectuarse teniendo en cuenta el monto del salario mínimo aplicable al tiempo en que se profiere la sentencia que se pretende acusar. DETERMINACIÓN – El interés jurídico económico para recurrir se determina por el agravio o perjuicio que la sentencia le ocasiona al recurrente, que para el demandado es la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen; y para el demandante, el monto de las pretensions

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00970 de 2023

RECURSO DE QUEJA – SIMULACIÓN RELATIVA. CUANTÍA DEL INTERÉS PARA RECURRIR EN CASACIÓN: AL TRATARSE DE UN PROCESO DE SIMULACIÓN RELATIVA, EN EL CUAL LA LEGITIMACIÓN ES “IURE HEREDITATIS” PARA PEDIR LA RECOMPOSICIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA MASA SUCESORAL,

Debe establecerse inicialmente por el valor de las pretensiones principales, cuando ninguna de ellas prospera en las instancias, y no únicamente por el valor de la cuota hereditaria que les correspondería a los demandantes.Recurso de queja interpuesto por la parte demandante frente al auto de 2 de febrero de 2023, a través del cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, negó la concesión del recurso de casación formulado contra la sentencia emitida dentro de proceso de simulación relativa. El juez a quo despachó desfavorablemente las súplicas de la demanda. El ad quem confirmó la decisión de primera instancia. Se declara mal denegado el recurso de casación.

 

Expediente 00723 de 2023

 DEMANDA DE CASACIÓN – INADMISIÓN RESPECTO A SENTENCIA DICTADA EN PROCESO DE UNIÓN MARITAL DE HECHO.

Inobservancia de reglas técnicas en los dos cargos formulado con soporte en la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso, el primero por error de hecho en la apreciación de las pruebas y el segundo por error de derecho derivado del desconocimiento de los artículos 164, 166, 167, 176, 221 y 240 del Código General del Proceso: 1) Omisión en la confrontación de lo que emerge materialmente de cada una de las pruebas que se estiman indebidamente apreciadas con las conclusiones que de ellas extrajo o debió extraer el juzgador de segunda instancia, 2) Cargo desenfocado respecto a la apreciación de escritura pública, 3) Reproche contraevidente por error de derecho, al contar el fallo acusado con un profuso análisis de los medios de persuasión valorados.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 63497 de 2023

DEFINICIÓN DE COMPETENCIA: POR LA SALA DE CASACIÓN PENAL, CUANDO INVOLUCRA JUZGADOS DE DIFERENTES DISTRITOS JUDICIALES

Impugnación de competencia: para la habilitación del trámite requiere la existencia de controversia respecto del funcionario judicial que debe asumir el conocimiento de la actuación  Definición de competencia: es improcedente cuando no existe oposición de las partes frente a la declaración de incompetencia /  Definición de competencia: trámite, se debe correr traslado a las partes de la manifestación de incompetencia Definición de competencia: trámite, si no hay reparo de las partes debe remitirse la actuación al funcionario que se considera competente.