22 agosto, 2023

17 y 18 de agosto del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 240 de 2023

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR DEBE ABSTENERSE DE ADOPTAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE CONLLEVEN A UNA VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS NIÑOS A TENER UNA FAMILIA Y NO SER SEPARADOS DE ELLA

“En aras de dar prevalencia al interés superior de los niños, se debe procurar por mantener el vínculo recíproco entre los padres biológicos y sus hijos y por preservar la unidad familiar. Lo anterior, en virtud del derecho fundamental de los niños a tener una familia y no ser separados de ella”. Así lo concluyó la Corte tras el estudio de una tutela en la que se amparó el derecho a la unidad familiar de una mujer y de su hijo recién nacido, quien entró en un proceso de restablecimiento de derechos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Corte advirtió que la decisión de adoptar la medida de restablecimiento en la modalidad de hogar sustituto y permanencia de un menor de edad en dicho hogar sustituto no estuvo precedida y soportada por la verificación de las circunstancias que permitieran determinar la verdadera existencia de una situación de riesgo, peligro o abandono y que vulnerara los derechos fundamentales del menor de edad. En este sentido, señaló que en el caso no se comprobó que el menor carezca de una red familiar que permita su cuidado y por tanto que sea posible brindarle los cuidados y atenciones que requiere mientras se resuelve de forma definitiva sobre su situación jurídica. En el caso concreto, la Corte encontró que el ICBF incurrió en la vulneración del derecho de la mujer a la unidad familiar y en consecuencia en un claro desconocimiento del derecho del menor de edad a una unidad familiar y en este sentido a tener una familia y no ser separado de ella.

 

Sentencia T 241 de 2023

EL ESCRACHE ES UN EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, UN MEDIO PARA PROTEGER LAS DENUNCIAS ANÓNIMAS Y UNA RESPUESTA A LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL: CORTE CONSTITUCIONAL

El alto tribunal lo reiteró a través de un fallo de tutela en el que el accionante pedía retractación de una publicación en la red social Facebook.  En esta oportunidad, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional estudió el caso de un hombre que pretendía que una publicación efectuada de manera anónima en la red social Facebook en la que se le atribuían actos de violencia sexual contra mujeres fuera eliminada y que la denunciante anónima se retractara. En el trámite en sede de revisión se constató que la persona que hizo la publicación de manera anónima acudió a las vías institucionales para denunciar los actos de violencia sexual y física de los que presuntamente fue víctia. En la decisión, la Corte negó la pretensión del accionante e instó a la Fiscalía General de la Nación a que avance con el trámite de la denuncia presentada por la presunta víctima de actos de violencia sexual. El alto tribunal también instó a la Defensoría del Pueblo que acompañe jurídicamente a la denunciante.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 102637 de 2023

DERECHO INTERNACIONAL – CONVENIO DE LA HAYA SOBRE ASPECTOS CIVILES DEL SECUESTRO INTERNACIONAL DE NIÑOS: OBJETO Y FINALIDAD.

Proceso de restitución internacional de menores: defecto fáctico en la decisión del Tribunal Superior de Sincelejo al no caracterizar la retención ilícita, porque al momento de radicarse la solitud de restitución, aún no se había vencido el término acordado por los padres para el retorno del niño, desconociendo que de las pruebas recaudadas se evidenciaba que cuando el ICBF activó el mecanismo judicial, el plazo ya había vencido y que el incumplimiento que el padre quería evitar, se había materializado. DERECHO AL DEBIDO PROCESO – Proceso de restitución internacional de menores: defecto sustantivo por indebida interpretación del Convenio de la Haya de 1980, al desestimar la caracterización de la retención ilícita, bajo un argumento meramente formal, sin analizar el desconocimiento del bien jurídico protegido por la convención

 

Expediente 92235 de 2023

INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR NO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES > PROCEDENCIA EN CASO DE SOLIDARIDAD

– La responsabilidad solidaria prevista en el artículo 34 del CST es una garantía en favor de los trabajadores en aquellos escenarios en los que los empleadores contratistas no cuentan con los recursos suficientes para respaldar el pago de sus acreencias laborales, razón por la cual engloba también el pago de la deuda por concepto de sanción moratoria, sin embargo la buena o mala fe se determina por la conducta del verdadero empleador y no por la del obligado solidario. SOLIDARIDAD DEL BENEFICIARIO O DUEÑO DE LA OBRA – La responsabilidad solidaria no es contraria al principio constitucional de buena fe ni impone cargas exageradas a los empresarios, pues, tiene unos propósitos razonables que se ajustan a las necesidades de garantizar el trabajo decente a lo largo de las cadenas productivas, procurando porque las empresas líderes o principales celebren acuerdos con empresas socialmente responsables -las empresas contratantes sí tienen a su alcance mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral a lo largo y ancho de las cadenas productivas-

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00194 de 2023

APRECIACIÓN CONJUNTA DE LA PRUEBA

 De los contratos de arrendamiento de bienes rurales, del otrosí firmado por las partes, de los interrogatorios de parte y las pruebas testimoniales que acreditan que la construcción del distrito de riego era una condición suspensiva de las obligaciones de entrega del fundo y pago de los cánones de arrendamiento. Demostración del incumplimiento del arrendador en aportar el saldo restante al que se comprometió para finalizar las mejoras útiles.

 

Expediente 00200 DE 2023

CONTRATO DE COMPRAVENTA – CELEBRADO EN EL DESARROLLO DE PROCESO REIVINDICATORIO.

Distinción entre la relación jurídica procesal reivindicante vs poseedor, y la relación jurídica sustancial enajenante vs adquirente. La calidad de comprador del bien inmueble objeto de la lid no afecta el presupuesto esencial de la legitimación en la causa por activa de la acción reivindicatoria, por cuanto su antecesor detentó al momento de presentar la demanda su calidad de propietario.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 63985 de 2023

SISTEMA PENAL ACUSATORIO – JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS AMBULANTE: COMPETENCIA FRENTE A MIEMBROS DE GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS (GDO) Y GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS (GAO), EVOLUCIÓN NORMATIVA, MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA.

La Sala de Casación Penal definió que, la autoridad judicial competente para conocer el recurso de apelación instaurado por la defensa de C.A.G.O. contra la decisión emitida por el Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Guadalajara de Buga, a través de la cual negó la libertad por vencimiento de términos, es el Juzgado 4º Penal del Circuito de Cali. Dicha decisión se fundamentó en que: i) es el superior del Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante que profirió la decisión recurrida; ii) el juzgamiento se desarrolla en la ciudad de Cali, ante el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado, en etapa de audiencia preparatoria; y, iii) la sede judicial de Cali está incluida en el Acuerdo PSAA10-7495, para la resolución de los asuntos de control de garantías de primera instancia, designados al juez ambulante de Buga.

 

Expediente 60332 de 2023

DELITO – ELEMENTOS SUBJETIVOS DISTINTOS DEL DOLO, ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO O ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL INJUSTO: CONCEPTO

} La Sala de Casación Penal, resolvió el recurso de casación promovido por el defensor de L.C.I.G. en contra de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante la cual confirmó -con modificaciones- el fallo emitido por el Juzgado 27 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esa ciudad, condenando a la mencionada procesada como autora del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Lo anterior, al considerar que, la Fiscalía no logró desvirtuar la presunción de inocencia de la acusada, generándose una duda sobre su responsabilidad. Para el efecto, la Sala, reiteró su jurisprudencia relativa al porte de estupefacientes con fines de suministro, sin intención de distribución ni comercialización, en el que la conducta resulta atípica debido a la ausencia del elemento subjetivo diverso al dolo exigido para su tipicidad. Al respecto, sostuvo que, el suministro a la persona con quien se posee una estrecha relación vital o el suministro para consumo compartido, son equiparables al consumo individual, debido al carácter autónomo y espontáneo de los consumidores y a la relación horizontal existente entre ellos. Ello por cuanto, el peligro generado para la salud es meramente individual, y por consiguiente, no alcanza el carácter público que caracteriza al bien jurídico protegido por el artículo 376 del Código Penal.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

Expediente 11001 03 15 000 2023 00546 de 2023

CONSEJO DE ESTADO ACLARA QUE ESCRITOS SE ENTIENDEN RADICADOS DESDE LA HORA DE ENVÍO Y NO DESDE SU RECEPCIÓN.

[Observa la Sala] que la solicitud de llamamiento en garantía elevada por el accionante ante el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Tunja, fue remitida a través de electrónico día 17 de junio de 2021 a las 4:59 p.m.; esto es, dentro del horario laboral hábil de dicha oficina judicial; tal como se puede apreciar del siguiente pantallazo aportado al presente proceso de tutela. (…) Asimismo, en la providencia judicial objeto de esta acción constitucional, tal como se puso de relieve en párrafos atrás, la Sala Unitaria del Tribunal Administrativo de Boyacá reconoció que, en efecto, el mensaje de datos que contenía la solicitud de llamamiento en garantía, aunque fue remitida a las 4:59 P.M., fue recibida a las 5:01 P.M. en el correo institucional, motivo por el cual debía entenderse como radicada el día 18 de junio de 2021, y para este momento solicitud era extemporánea. En criterio de la Sala, y de conformidad con los precedentes citados con anterioridad, la interpretación y aplicación del [inciso] 4° del artículo 109 del CGP en el caso objeto de estudio no resulta razonable. Ello es así porque en el presente caso está acreditado que la parte actora remitió dentro del horario judicial y con destino al correo de la autoridad judicial accionada el escrito contentivo del llamamiento en garantía, y la lectura de la precitada norma permite advertir que los memoriales que se presenten “antes del cierre del despacho”, deben considerarse entregados oportunamente. Cabe poner de relieve que, como bien lo señala la parte actora, los escritos allegados por los sujetos procesales debían entenderse radicados desde la hora de envío y no desde momento de recepción del mensaje de datos, en tanto que nadie puede controlar la hora de recepción de estos, habida cuenta de que ello depende de factores externos y ajenos a la voluntad de las partes. En este mismo sentido, es preciso resaltar que es común que entre la hora de envío y la de recepción de un mensaje de datos existan diferencias temporales. Ello depende de muchos factores, entre los que se encuentran la capacidad de red del remitente o del destinatario del mensaje de datos, así como la utilización de plataformas de correo electrónico diferentes entre ambos usuarios. De allí que se hable de comunicación síncrona y asíncrona. La primera expresa la idea de que dos acciones están conectadas simultáneamente. La segunda, hace referencia a la comunicación diferida producto de que dos acciones no se conectan de forma simultánea. En el caso que ocupa la atención de la Sala nos hallamos en presencia de una comunicación asíncrona, teniendo en cuenta que, entre la emisión del mensaje y su recepción, transcurrieron dos minutos. En el anterior contexto, resultaba razonable que el juez de lo contencioso administrativo efectuara una interpretación del [inciso] 4° del artículo 109 del CGP que fuese consecuente con los principios de justicia material y de prevalencia del derecho sustancial, habida cuenta que la solicitud de llamamiento en garantía fue enviada antes del cierre del Despacho y su recepción se produjo un minuto después del citado cierre. (…) En ese orden de ideas, y comoquiera que la Sala encuentra acreditada la configuración del defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, se revocará el fallo de primera instancia proferido el 27 de abril de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar, se ampararán amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la sociedad [accionante].

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 03 25 000 2018 00480 00 de 2023

SECCION SEGUNDA ACLARA QUE EN CADA CASO SE DETERMINA SI HAY EXIGENCIAS CAPRICHOSAS PARA EVALUAR EXPERIENCIA EN CONCURSO DE MÉRITOS

La Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el servicio público. […] De acuerdo con el anterior lineamiento, el sistema de carrera administrativa ha sido entendido como el mecanismo prevalente para garantizar que las personas más idóneas accedan a la función pública, así como otorgar estabilidad e igualdad de oportunidades para desempeñar los empleos oficiales. […] Bajo este contexto, las certificaciones que se aporten para demostrar los presupuestos de acceso a la función pública deben contener unos elementos mínimos que le permitan al evaluador determinar con certeza si el candidato se ajusta al perfil del cargo para el cual se inscribió en el marco de un proceso de selección. De ahí que dichos documentos deben cumplir con unos presupuestos mínimos de veracidad y claridad para que únicamente los candidatos idóneos sean designados en los empleos oficiales. […] el participante dentro de un concurso de méritos tiene la carga de acreditar en forma fehaciente su experiencia. De manera correlativa, la entidad administradora del concurso está llamada a velar por el correcto desarrollo del certamen y garantizar que los interesados aporten documentación veraz y suficiente para demostrar que cumplen con los requisitos mínimos de acceso al empleo al que se inscribieron.

 

Expediente 11001 03 15 000 2023 00506 de 2023

RECUERDAN QUE ES POSIBLE CONDONAR CRÉDITOS EDUCATIVOS ADQUIRIDOS POR ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

[A]l ser la actora beneficiaria del crédito educativo en los términos del Acuerdo No. 76 del 30 de diciembre de 2021, “Por el cual se adopta el Reglamento de Recuperación de Cartera del ICETEX”, podía solicitar la condonación por graduación justo después de obtener el título académico, esto es, desde el pasado 29 de julio de 2021. (…) Vale la pena destacar que, aun cuando en la respuesta aludida se indicó que al momento de graduación la estudiante no registraba puntaje con la metodología actual Sisbén IV, ello no se acompasa con la realidad pues, de la documentación aportada por la misma accionante en la impugnación se encuentra que esta tiene encuesta vigente en tal sistema desde el 09 de diciembre de 2019, con actualización el 12 de julio de 2022. (…) Por lo anterior, toda vez que los requisitos de condonación por graduación se validan al momento de la graduación del beneficiario y dado que la accionante acreditó dentro del presente trámite que se encuentra registrada en la base de datos del SISBEN IV y que de allí es posible extraer la información sobre el subgrupo al que pertenece y el punto de corte en el que se encuentra, se torna necesario amparar el derecho de la accionante de petición y debido proceso administrativo.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 11001 03 26 000 2019 00138 de 2023

¿DEBE DECLARASE LA NULIDAD DE LA CIRCULAR EXTERNA DEMANDADA, CONSIDERANDO QUE COLJUEGOS NO TIENE LA FACULTAD DE INTERPRETAR LA LEY MEDIANTE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER GENERAL?.

Si, [E]l demandante presentó acción de nulidad contra Coljuegos con la siguiente pretensión: «Se declare la nulidad de la Circular No. 20191000000066 del 28 de junio de 2019 sobre “Liquidación de derechos de explotación de juegos localizados” expedida por el Presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar – COLJUEGOS». (…) Coljuegos no tiene competencia para proferir actos administrativos de contenido general en los que interprete una ley, so pretexto de impartir lineamientos y criterios para el ejercicio de una actividad propia de su objeto. Esta facultad corresponde al legislador, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 150 de la Constitución. Esta norma establece que corresponde al Congreso de la República «Interpretar, reformar y derogar las leyes». (…) Lo anterior no significa que la entidad no pueda interpretar las normas legales propias de su actividad. Al resolver situaciones particulares, Coljuegos podía determinar cómo aplicaba las Leyes 643 de 2001 —modificada por la Ley 1393 de 2010— y 1955 de 2019. Pero la entidad no puede escudarse en esa posibilidad para expedir actos administrativos generales que interpreten de determinada manera una norma legal.