20 diciembre, 2023

18 de Diciembre del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 528 de 2023

CORTE ADVIERTE QUE CORRESPONDE A LOS ALCALDES ADELANTAR PROGRAMAS DE REUBICACIÓN DE QUIENES ESTÉN EN ZONAS DE ALTO RIESGO.

La Sala Tercera de Revisión conoció la acción de tutela formulada por el señor Rafael Alonso Ortiz Pérez. Un ciudadano de 58 años de edad, diagnosticado con una enfermedad pulmonar crónica, y padre cabeza de hogar, cuyo núcleo familiar lo conforma con sus dos hijos de 12 y 14 años, quien acudió al mecanismo constitucional con el fin de lograr del derecho a la vivienda digna que estaría siendo afectado a él y los dos menores de edad. Al revisar el asunto, la Sala concluyó que, en efecto, la Alcaldía municipal de San José de Cúcuta vulneró la garantía constitucional mencionada, al no brindar una respuesta institucional de fondo y dirigida a solucionar el alto riesgo en el que se encontraba la integridad de este grupo familiar, producto de la amenaza de colapso de la vivienda habitada a la orilla inmediata de un afluente de aguas residuales.    Además, el municipio había desconocido la situación de extrema vulnerabilidad que enfrentaba este núcleo familiar, al estar en condición de pobreza, y en el que el único adulto que lo conforma (el accionante) presenta una enfermedad crónica, y está desempleado u ocasionalmente se dedica a labores de la construcción, por lo cual ha sobrevivido con el apoyo de sus vecinos. Por esa vía, se dejó de lado que de por medio también estaban en juego las garantías constitucionales de dos niños, lo cual agravaba la falta de atención institucional.

 

 

Sentencia T 457 de 2023

RECUERDAN QUE COLEGIOS DEBEN ADOPTAR PROTOCOLO DE ATENCIÓN FRENTE A SEÑALES, INDICIOS, REPORTES O QUEJAS DE RACISMO Y DISCRIMINACIÓN

En esta oportunidad, al revisar el fallo proferido dentro del proceso de tutela de la referencia promovido por el señor Camilo, en representación de su hijo menor de edad, con el objeto de que le fueran protegidos sus derechos fundamentales a la educación y al debido proceso como consecuencia del tratamiento que le dieron a las quejas presentadas por el padre en contra de un profesor de la institución educativa porque presuntamente incurrió en actos de racismo y discriminación racial y, además, si la mencionada secretaría vulneró su derecho de petición en relación con la respuesta a la solicitud presentada el 18 de enero de 2023, la Sala Sexta de Revisión evidenció que el reporte de la situación que fue realizado por el padre de familia permitía identificar uno de los tres escenarios en que se debe activar el Protocolo de Atención para Situaciones de Presunto Racismo y Discriminación Étnico-Racial, adoptado por la Secretaría de Educación.   Seguido a ello, verificó que el colegio le dio un tratamiento al caso que muestra el incumplimiento del deber de debida diligencia en el abordaje de los hechos reportados, lo cual tuvo consecuencias en la afectación de la garantía efectiva del derecho al debido proceso de la víctima porque no se siguió el protocolo diseñado para su correcta atención y, por el contrario, en lugar de garantizar la recolección objetiva de información para generar las alertas necesarias y notificar a las entidades competentes de esclarecer los hechos y atribuir responsabilidades, la institución educativa se limitó a descartar preliminarmente el escenario de racismo y revictimizar al adolescente. Adicionalmente, el colegio vulneró el derecho a la educación del estudiante porque ante la existencia de una queja por presuntos actos de racismo no dirigió sus esfuerzos a adoptar los ajustes razonables que fueran necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de la educación por medio de espacios de tolerancia y respeto, más aún cuando el presunto agresor es un docente y, además, ha dificultado el regreso a clases del adolescente.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

 

Expediente 95596 de 2023

TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL > INEFICACIA > EFECTOS .

Por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallaban de no haber existido el acto de traslado; sin embargo, la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico que no es razonable revertir cuando se acredita la ineficacia del traslado, pues ello daría lugar a disfuncionalidades que afectarían a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto, generando un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones -improcedencia de la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado-.  Los afiliados al sistema general de pensiones tienen el derecho de movilidad no sólo de regímenes pensionales, sino también de administradoras dentro del mismo régimen, en las condiciones y con los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993

Expediente 96771 de 2023

DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL > INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN > DETERMINACIÓN > ANÁLISIS DE PRUEBAS

Ausencia de error de hecho del ad quem al considerar que aun cuando la prima de antigüedad devengada en el último año de servicios debía incluirse como factor salarial para determinar el promedio correspondiente y así establecer el monto de la pensión, no ocurría lo mismo con aquella prima de antigüedad que proporcionalmente devengara el trabajador, pues expresamente ésta última por mandato del artículo 77 de dicho instrumento colectivo, se excluía del salario promedio para liquidar la pensión; asimismo, que la suma por concepto de prima de antigüedad de 1998 que recibió el causante, no se causó en el último año de prestación de servicios y, la que en realidad sí correspondía al periodo 1997-1998 que se canceló en febrero y marzo de 1999, sí se tuvo en cuenta para la liquidación de la pension.  > NEGOCIACIÓN COLECTIVA – El derecho de asociarse libremente, tanto empleadores como trabajadores en defensa de sus intereses, se despliega mediante la negociación colectiva garantizada por la CN y, además, reglada por ley en el evento de los conflictos colectivos de trabajo, pues en desarrollo del principio de la autonomía de la libertad privada, las partes pueden fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia, siempre y cuando no se menoscaben las garantías mínimas reconocidas a los trabajadores y no contradigan las leyes

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00388 de 2023

DOCTRINA PROBABLE

Prueba de exclusividad de la posesión que se le exige al comunero que pretende usucapir respecto de las cuotas de los condueños.

 

Expediente 00405 de 2023

PRUEBA PÉRICIAL – INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA.

El Tribunal valoró de manera  parcializada los elementos de convicción, y por ello ignoró o tergiversó lo que real y materialmente emergía de la prueba pericial, documental y testimonial, dándole plena credibilidad a algunas de las conclusiones o expresiones aisladas de los expertos, sin reparar en el contenido completo de sus exposiciones, en especial, en lo referente a si en la vigilancia del trabajo de parto de la demandante se aplicó adecuadamente la lex artis.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 54837 de 2023

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL – ANTIJURIDICIDAD: EN EL CASO DE VERTIMIENTO DE MERCURIO EN LA RIBERA Y EL CORRIENTE FLUVIAL /  COMERCIALIZACIÓN Y USO DEL MERCURIO: NORMATIVA APLICABLE

La Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación interpuesto por la defensa de JIMP, contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, que revocó el fallo absolutorio emitido por el Juzgado Promiscuo del Circuito con Función de Conocimiento de El Bagre y, en su lugar, lo declaró penalmente responsable del punible de contaminación ambiental agravada, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La Sala casó parcialmente la sentencia condenatoria y, en consecuencia, recobró vigencia la providencia de primer grado que absolvió al recurrente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; decisión que se hizo extensiva al procesado no recurrente VAB. De otro lado, revocó parcialmente el fallo impugnado, por lo que recobró vigencia la sentencia de primer grado que absolvió a 8 de los procesados por el delito de contaminación ambiental culposa agravada.
Por último, confirmó parcialmente la providencia que, por primera vez, condenó al recurrente, en el sentido de declarar que la condena se profería por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales; decisión que se hizo extensiva al procesado no recurrente VAB. Para el efecto, la Sala de casación Penal estudió los elementos estructurales del delito de contaminación ambiental, advirtiendo que, la calificación jurídica sobre la cual versaría la decisión sería la del artículo 332 del Código Penal, modificado por el artículo 34 de la Ley 1453 de 2011; vigente para la fecha de los hechos; pues, en la actualidad, ese canon 332 establece el punible de explotación ilícita de yacimiento minero y otros minerales. Al respecto, sostuvo que, la aplicación del artículo 332 del Código Penal a la conducta endilgada fue indebida, pues, por un problema de insuficiencia probatoria atribuible al ente instructor, no se acreditaron la totalidad de los requisitos típicos del delito de contaminación ambiental.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

 

Expediente 11001 03 24 000 2016 00164 de 2023

EXHORTAN AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA QUE REGULE ASUNTOS DE CONSULTA PREVIA

En el presente caso, esta Sala de Sección, mediante sentencia de 24 de noviembre de 2022, declaró la nulidad de los capítulos 2 y 3 de la directiva presidencial 1 de 2010, así como del segundo párrafo del capítulo 4 y de las reglas b), c) y d) del capítulo 5 del mismo acto administrativo. Para arribar a tal determinación, esta Sección consideró que los citados apartes normativos fueron expedidos por el Presidente de la República con claro desbordamiento de la potestad reglamentaria, en la medida de que se ocupó de regular materias del resorte exclusivo del legislador, a través de una ley estatutaria, por tratarse del ejercicio del derecho fundamental a la consulta previa. La Sala también encontró que el primer mandatario omitió el deber de agotar el mecanismo de consulta previsto en el literal a) del artículo 6° del Convenio 169 de la OIT, como requisito previo y concomitante a la expedición de la citada directiva, por cuanto regula materias susceptibles de afectar directamente a las comunidades a la luz de los criterios expuestos tanto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estad

 

 

Expediente 11001 03 24 000 2019 00326 de 2023

RECUERDAN COMO SE DETERMINA EL CONCEPTO DE FAMILIA DE MARCAS

El artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 prevé las causales de irregistrabilidad absoluta de un signo, con el fin de proteger el interés general en lo que se refiere a que todo signo cumpla con las funciones atribuidas a las marcas, velar por el orden público, la moral y las buenas costumbres y por un sistema de competencia transparente en el mercado. Dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el citado artículo, se encuentra la prevista en el literal b) ibidem, la cual se configura cuando el signo carece de distintividad. […] La Sala precisa que, en el caso sub examine, la marca mixta ZOO, concedida mediante el acto administrativo acusado, se encuentra compuesta por un elemento nominativo que consiste en la palabra ZOO y unos elementos figurativos que corresponden a un “[…] escudo con tres aristas en la parte superior y con forma ovalada en la parte inferior. En el centro del escudo se encuentra en letra especial y de forma transversal en sentido inferior izquierdo a superior derecho la palabra ZOO, donde las letras ‘O’ se encuentran entrelazadas

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 05001 23 31 000 2011 01201 01 de 2023

¿SE CONFIGURÓ LA FALLA EN EL SERVICIO POR NO HABERSE EVITADO EL INGRESO DE LAS ARMAS CON LAS QUE SE PERPETRÓ EL HOMICIDIO DEL RECLUSO EN EL HOSPITAL?

[N]o se conoce la manera en que ingresaron las armas al establecimiento público de salud, […] quienes perpetraron el homicidio lograron burlar el sistema de seguridad que debía tener implementado el Hospital para evitar el ingreso de armas de fuego, lo cual da cuenta de la configuración de una falla que tuvo incidencia en la producción del daño. [A]unque el Hospital General de Medellín afirmó haber adoptado los protocolos de seguridad exigidos por la ley, lo cierto es que no demostró su cumplimiento, en tanto la muerte de [la víctima] fue provocada con armas de fuego al interior del establecimiento público, sin que exista registro sobre el control de su ingreso. [C]omo las medidas de seguridad implementadas por el Hospital resultaron insuficientes para detener la entrada de las armas que causaron la muerte […], el daño por el que reclaman indemnización de perjuicios los actores, consistente en la muerte de [la víctima], a manos de civiles armados, al interior del Hospital General de Medellín, es imputable a la falla en el servicio en la que incurrió dicha institución prestadora de servicios de salud, al no conseguir evitar el ingreso de las armas con las que se perpetró el homicidio. [E]l daño es atribuible de forma solidaria tanto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, como al Hospital General de Medellín E.S.E.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 25000 23 37 000 2018 00624 de 2023

¿PARA DETERMINAR EL IBC DE LOS APORTES AL SISTEMA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y DE LOS APORTES PARAFISCALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE PUEDEN ADICIONAR RUBROS DISTINTOS A LOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 1158 DE 1994?

 

Según el artículo 123 de la Constitución Política, son servidores públicos «los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios» que «están al servicio del Estado y de la comunidad» y que ejercen «sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento». Dentro de los servidores públicos están los empleados públicos y los trabajadores oficiales. Los primeros se vinculan a la administración mediante una relación legal y reglamentaria, esto es, a través de un acto administrativo de nombramiento y los segundos, lo hacen a través de contrato de trabajo. En lo referente al sistema de seguridad social integral, la distinción entre empleados públicos y trabajadores oficiales no tiene efectos. Lo anterior, por cuanto según los artículos 15 numeral 1 de la Ley 100 de 1993 y 2 numeral 1 del Decreto 1772 de 1994 , que reglamenta la afiliación y las cotizaciones al sistema general de riesgos profesionales, los servidores públicos están obligados a afiliarse a los subsistemas de pensión, salud y riesgos laborales. Respecto de la base gravable de los aportes, los artículos 204 de la Ley 100 de 1993 y 11 del Decreto 1772 de 1994 señalan que la base de cotización a salud y ARL es la misma que se determine para pensión. Por tanto, el análisis a partir de lo regulado para el subsistema de pensión se extiende a los otros dos subsistemas. El artículo 18 de la Ley 100 de 1993 dispuso que la base para calcular las cotizaciones a pensión es «el salario mensual», y para los servidores del sector público, es el que «señale el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4a. de 1992». En consonancia con lo anterior, el artículo 65 del Decreto 806 de 1998 señaló que «[p]ara los servidores públicos las cotizaciones se calcularán con base en lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 691 de 1994 y las demás normas que lo modifiquen o adicionen». El artículo 1 literal a) del Decreto 691 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993 incorporó al sistema general de pensiones, previsto en dicha ley, entre otros servidores públicos, a los de la rama ejecutiva de los órdenes nacional, departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas. De acuerdo con el artículo 6 del Decreto 691 de 1994, el salario mensual base para calcular las cotizaciones al sistema general de pensiones de los servidores públicos está constituido por los siguientes factores: la asignación básica mensual, los gastos de representación, la prima técnica, cuando ésta sea factor del salario, la remuneración por trabajo dominical o festivo, la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras o realizado en jornada nocturna y la bonificación por servicios.