18 noviembre, 2022

18 de Noviembre del 2022

Corte Constitucional 

 

Sentencia C 049 de 2022

RIESGOS LABORALES. PAGO DE LAS COMISIONES A INTERMEDIARIOS CONTRATADOS POR LAS ARL PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, CON CARGO A LAS COTIZACIONES Y PRIMAS, INCLUIDAS LAS DE RIESGOS LABORALES, COMO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, CUYO VALOR MÁXIMO ESTABLECERÁ EL GOBIERNO NACIONAL.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 203 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. El actor considera que la disposición cuestionada vulnera las disposiciones constitucionales relacionadas con: (i) la destinación específica de los recursos del Sistema General de Seguridad Social; (ii) el principio de eficiencia del sistema, (iii) la regla relacionada con la creación de normas de intervención económica, (iv) el principio de competencia, así como el de unidad de materia; (v) la prohibición de donaciones y, (vi) la violación de los principios que guían el sistema tributario. Tras estudiar la aptitud sustantiva de la demanda, la Sala Plena limitó el análisis al inciso quinto del artículo 48 de la Constitución, relacionado con una violación al mandato de destinación específica, y la posible proyección de dicha situación respecto de lo establecido en el inciso 1° del artículo 48 de la Constitución (eficiencia del sistema tributario) y al presunto desconocimiento del principio de unidad de materia, al haberse integrado esta disposición en el Plan Nacional de Desarrollo lo que, a juicio del demandante, pudo implicar el desconocimiento del artículo 158 Superior. Se declaró INEXEQUIBLE con efectos retroactivos, el pago de las comisiones derivadas de servicios de promoción prestado por intermediarios a las A.R.L., con cargo a las cotizaciones o primas, incluidas las de riesgos laborales, o con los rendimientos financieros de las inversiones de las reservas técnicas. La anterior declaratoria surte efectos a partir de la publicación de la Ley 1955 de 2018, es decir, desde el 25 de mayo de 2019

 

Sentencia C 056 de 2022

MATRIMONIO. EDAD MÍNIMA PARA CONTRAER MATRIMONIO.

Acción pública de inconstitucionalidad en contra de los artículos 117, 140 y 143 (parciales) de la Ley 84 de 1873, Código Civil, y del artículo 53 (parcial) de la Ley 1306 de 2009, por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados. El actor considera que los apartes demandados son incompatibles con lo previsto en el Preámbulo y, entre otros, con los artículos 1, 2, 4, 5, 25, 26, 44, 45, 48 y 93 de la Constitución Política, así como con lo dispuesto en algunos tratados internacionales integrados al bloque de constitucionalidad. Para el demandante, el matrimonio entre menores de edad vulnera las normas nacionales e internacionales sobre protección de la niñez, toda vez que, al no ser su consentimiento pleno, libre e informado, este vínculo deviene en una unión forzosa y, por ende, contraria a su voluntad. Ante la existencia de falencias argumentativas y, en particular, la no acreditación de los requisitos de claridad, especificidad y certeza, lo cual afecta la posibilidad de generar una mínima duda de inconstitucionalidad de las normas demandadas, la Sala Plena de la Corporación se declaró INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo, por la ineptitud sustantiva de la demanda.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 87037 de 2022

PENSIONES > PRINCIPIOS > PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

Entender que el requisito de convivencia del literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 es exigible solo para quien pretenda ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes causada por el pensionado fallecido y no para quien solicite tal prestación respecto del causante afiliado sin un derecho pensional consolidado, no comporta una vulneración del principio de igualdad ni es contrario al principio de no discriminación, pues está fundado en un elemento diferenciador, cual es la condición en la que se encuentre el asegurado causante de la prestación

 

Expediente 85192 de 2022

 PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, LEY 797 DE 2003, SUSTITUCIÓN PENSIONAL > REQUISITOS > CONVIVENCIA – Para acceder a la pensión de sobrevivientes la cónyuge que previamente convivió con el causante en calidad de compañera puede acumular los períodos de convivencia en esas dos condiciones, siempre y cuando haya continuidad entre uno y otro vínculo, y la convivencia esté debidamente acreditada para cada interregno

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 02850 de 2022

DERECHO DEL CONSUMIDOR INMOBILIARIO: EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA LEGAL.

Derecho del consumidor inmobiliario.  Efectividad de la garantía legal por la calidad, idoneidad y buen funcionamiento de áreas o zonas comunes de edificio de copropiedad.   Exoneración de responsabilidad del productor y proveedor, ante el hecho de un tercero: la demandante decidió a motu proprio impedir los ajustes programados y, por su cuenta y riesgo, asumió su realización con un tercero, sin contar con la autorización del responsable de la garantía legal.   Confusión entre la obligación de garantía legal y las causales eximentes de responsabilidad: si bien existe solidaridad respecto al cumplimiento de la garantía, cuando la víctima decide que los arreglos sean realizados por alguien que no ha sido autorizado, asume los riesgos de su actuar y elimina esta carga del productor y comercializador.   La ley obliga al consumidor a «obrar de buena fe frente a los productores y proveedores y frente a las autoridades públicas».

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 52207 de 2022

ACCESO O ACTO SEXUAL ABUSIVO CON INCAPAZ DE RESISTIR.

Determinación de responsabilidad, opinión pericial de médico general, reglas de la experiencia, determinación alternativa u optativa y tentativa de actos sexuales.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 05001 23 31 000 2009 01413 de 2022

SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE NEGÓ LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR LA AFECTACIÓN DE UNA ACTIVIDAD AGROPECUARIA LÍCITA, OCASIONADA POR LA ASPERSIÓN CON EL HERBICIDA GLIFOSATO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS.

Se presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para que se declare la nulidad del: i) auto de decisión de fondo núm. 3753/ARECI-GRAQA de 6 de noviembre de 2008, por medio del cual se declara la no procedencia de una compensación económica; y ii) auto de decisión núm. 0698/ARECI-GRAQA de 12 de marzo de 2009, por el cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el auto núm. 3753/ARECI-GRAQA de 6 de noviembre de 2008, expedidos por el Jefe del “Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos” de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. También para que, como consecuencia de la nulidad, se condene, a título de restablecimiento del derecho, a la reparación del daño, ocasionado por el envenenamiento de los cultivos lícitos, por vía de la indemnización integral.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 66001 23 33 000 2017 00331 01 de 2022

RELACIÓN LABORAL ENCUBIERTA / ¿SE CONFIGURARON LOS ELEMENTOS DE PRESTACIÓN PERSONAL Y REMUNERACIÓN, CONSTITUTIVOS DE UNA RELACIÓN LABORAL, ENTRE LA VIGILANTE Y MUNICIPIO DE PEREIRA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN VIRTUD DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITOS ENTRE ESTOS?

Si, Para efectos de demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere que la parte demandante pruebe los elementos esenciales de la misma, esto es, que su actividad en la entidad haya sido personal y que por dicha labor haya recibido una remuneración o pago y, además, debe probar que en la relación con el empleador exista subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo. Además de las exigencias legales citadas, le corresponde a la parte demandante demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios, una verdadera relación laboral. Adicional a lo anterior, y sin perjuicio de que pueda declararse la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, por este sólo hecho de estar vinculado no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es necesario que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión. (…) Ahora bien, debido a que la contratación es una actividad reglada del Estado, reiteramos, que los contratos de prestación de servicios con personas naturales han sido autorizados por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en aquellos eventos en que el personal de planta no es suficiente o no está capacitado, profesional, científica o técnicamente para desarrollar la labor requerida, bien sea administrativa o funcional de la entidad contratante. En concordancia con esto, el contratista debería estar investido de autonomía e independencia para desarrollar las actividades o funciones que se encuentran debidamente señaladas en el pacto realizado, y que deben desarrollarse dentro de un tiempo previamente delimitado, pues dichas funciones no pueden convertirse en permanentes.

 

NOTA DE RELATORÍA: En relación con los elementos y características propias del contrato de prestación de servicios y su distinción con las relaciones de carácter laboral, ver: C. de E, Sección Segunda, sentencia del 16 de julio de 2009, Rad. 85001-23-31-000-2003-00478-01 (1258-07). Respecto a la carga probatoria que tiene quien pretenda obtener a su favor los beneficios del contrato de trabajo, ver: Corte Suprema de Justicia, sentencia del 1º de junio de 2004, Rad. 21554. Frente a las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-154 de 19 de marzo de 1997, Exp. D-1430, M.P Hernando Herrera Vergara. Sobre la permanencia como un elemento más que indica la existencia de una verdadera relación laboral, ver: la Corte Constitucional, sentencia C-614 de 2009. Sobre la figura del contrato realidad de cara a la protección del derecho fundamental a la seguridad social en pensiones, ver: C. de E, Sección Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. En relación con la no afiliación a las contingencias de salud y riesgos laborales por parte de la Administración, la improcedente del reembolso de los aportes que el contratista hubiese realizado de más por constituir estos aportes obligatorios de naturaleza parafiscal y la no solución de continuidad y la improcedencia de devoluciones de los aportes en salud, riesgos profesionales y parafiscales al contratista,ver: C. de E, Sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016). En relación con que el sólo hecho de estar vinculado a una entidad pública no otorga la calidad de empleado público, ver: C. de E, sentencia del 28 de julio de 2005, Rad. 5212-03, M.P. Tarcisio Cáceres Toro.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 25000 23 36 000 2017 00442 de 2022

HABIÉNDOSE ESTIPULADO UN TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA, HABRÁ DE ESTARSE A LO PACTADO POR LOS CONTRATANTES, QUIENES, EN EL MARCO DE SU AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, PODRÁN CONVENIR QUE LA FASE DE LIQUIDACIÓN INICIE AL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O CON POSTERIORIDAD, Y DICHA ESTIPULACIÓN NEGOCIAL CONSTITUYE LEY PARA LOS CONTRATANTES.

 “En virtud de contrato de obra suscrito con Secretaría de Educación, cuyo objeto era la culminación de colegio el precio se pactó bajo la modalidad de precios unitarios fijos. Asimismo, se acordó que el 90% del valor sería pagado mediante actas mensuales de obra ejecutada y que el saldo se pagaría dentro de los 30 días hábiles siguientes a la firma del acta de liquidación.  El contrato finalizó en diciembre de 2014 y no ha sido liquidado. Durante su ejecución las partes acordaron la adición de nuevos ítems de obra con sus respectivos precios unitarios.  El acta No. 12 o acta final de obra suscrita por el contratista y la interventoría fue objetada por la entidad, al considerar que el valor de las obras adicionales reflejado en dicha acta no correspondía a los precios unitarios estipulados y que, además, incluye algunos ítems de obra nuevos que no fueron pactados en el mismo. El contratista alega el incumplimiento del contrato por no liquidarlo dentro del plazo pactado, no pagar el valor del acta de obra No. 12 y no pagar el monto de la retención en garantía equivalente al 10% de su valor. En forma subsidiaria pretende que se declare la responsabilidad contractual de la entidad y se condene al reconocimiento y pago de los perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento.”