22 enero, 2024

19 de Enero del 23

 Corte Constitucional 

 

Sentencia T 530 de 2023

RECUERDAN DERECHOS A LA LIBERTAD RELIGIOSA Y ORDENAN A UNA ENTIDAD PÚBLICA RETIRAR IMAGEN DE UN SITIO COMÚN

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional revisó los fallos que resolvieron la acción de tutela interpuesta por Ana Josefina Lastra Colobon contra la DTTF por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a “la libertad de conciencia, a la libertad de cultos, a la igualdad y al principio de neutralidad del Estado en materia religiosa”, al considerar que la Dirección accionada ha manifestado una preferencia en asuntos religiosos hacia la religión católica por la celebración de ritos y la ubicación de simbología religiosa en un espacio común de la entidad. En el examen de procedencia de la presente acción de tutela, este tribunal constató que la accionante estaba legitimada en la causa por activa y verificó el cumplimiento del requisito de inmediatez en la interposición de la acción de tutela. En cuanto al requisito de legitimación en la causa por pasiva, la Sala lo encontró acreditado respecto a la DTTF, al ser una entidad de naturaleza pública, empleadora de la accionante, quien expidió la circular que modificó el horario y la atención al usuario con el fin de realizar una eucaristía y en cuyo físico, de frecuente afluencia ciudadana, está ubicada la simbología de carácter religioso que reprocha la accionante. Frente a los funcionarios de la DTTF la Sala precisó que, quienes fueron enlistados por la DTTF e intervinieron a lo largo del presente proceso de tutela, concurren efectivamente al presente proceso en calidad de terceros con interés en la decisión. En relación con el requisito de subsidiariedad, la Sala abordó su análisis a partir de dos perspectivas teniendo en consideración los hechos narrados en la acción de tutela y el principio iura novit curiaPrimero, estableció que la acción de tutela era procedente en relación a la presunta violación del principio de laicidad y el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto de la accionante, en razón a que, la DTTF emitió la Circular No 22 del 14 de julio de 2022 que modificó el horario laboral y de atención a los usuarios de la entidad con el fin de celebrar una eucaristía en honor a la Virgen del Carmen, dado que, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que cuando se persigue la protección del derecho a la libertad religiosa dentro del ámbito de una relación laboral, la acción de tutela resulta ser el mecanismo idóneo para hacerlo efectivo.

 

Sentencia Su 471 de 2023

CORTE ORDENA A FONDOS DE PENSIONES Y A LAS ENTIDADES ASEGURADORAS QUE FINANCIAN LAS PENSIONES DE SOBREVIVIENTES A AJUSTAR LOS PROCEDIMIENTOS EN SU CONCESIÓN QUE GARANTICE EL RESPETO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DEFENSA, INTIMIDAD Y CONTRADICCIÓN

La Sala Plena de la Corte Constitucional estudió la acción de tutela presentada contra la Sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral Nº 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 30 de julio de 2019 en la que se casó la Sentencia de segunda instancia de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira del 13 de noviembre de 2014 que le había reconocido la pensión solicitada. . Fijó los problemas jurídicos en establecer si dicha autoridad judicial vulneró los derechos fundamentales a la intimidad, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso de la accionante, por haber incurrido en defecto fáctico producto de una valoración probatoria desprovista de un enfoque diferencial con perspectiva de género, y si además incurrió en defecto por desconocimiento del precedente, al no advertir que las decisiones de la Sala de Casación Laboral Permanente de la Corte Suprema de Justicia han establecido que el trabajo informal debe ser tenido en cuenta al momento de valorar la dependencia económica. . Para resolver este caso, la Corte reiteró las reglas de la acción de tutela contra providencias judiciales; luego se pronunció sobre la necesidad de aplicar enfoque de género en las decisiones judiciales y cómo debe tenerse en cuenta este enfoque en la valoración probatoria en asuntos pensionales. Estableció un estándar de valoración del trabajo formal e informal y se ocupó de reiterar las reglas de pensión de sobrevivientes y el precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre dependencia económica. Así mismo, decantó las reglas sobre el derecho a la intimidad y el alcance de la facultad de investigación de las aseguradoras. partir de allí encontró acreditados los defectos fáctico y de desconocimiento del procedente. De un lado, estimó que la providencia impugnada incurrió en defecto fáctico al atribuirle la calidad de “confesión” a documentos suscritos por la señora Marleny, pese a que de su valoración en conjunto carecían de dicha connotación. Sobre esa base reprochó que no se apreciaran integralmente los medios probatorios de los que se deducía la dependencia económica en relación con su hija Cristina.  Evidenció que la ausencia en la aplicación del enfoque de género al valorar las pruebas condujo al juzgador a negar el derecho pensional. A su vez, también se configuró un defecto por desconocimiento del precedente sobre dependencia económica, al no atender la valía del trabajo informal al momento de analizar la exigencia normativa y al desatender las reglas de la Sentencia C-111 de 2006, así como el precedente horizontal de la Sala de Casación Laboral sobre el alcance de dicho requisito.

 

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 02834 de 2023

 ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Es legítima la cancelación del contrato de una persona en situación de discapacidad cuando el empleador aduce una causal objetiva o una justa causa, pues si la finalidad de la garantía de estabilidad laboral reforzada prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 está dada en prevenir y remediar los actos discriminatorios, todo acto objetivo del empleador, que se desligue de ese cuestionable propósito, no tiene por qué recibir el reproche y quedar bajo los efectos de la norma. × Los deberes especiales del empleador, afines a la especial protección de las personas con discapacidad de garantizar el mantenimiento de la relación laboral, con determinados ajustes, mientras sean razonables y proporcionales, solo se pueden hacer exigibles mientras el sistema de seguridad social no brinda otro tipo de amparo, a través del reconocimiento de la pensión de invalidez -a partir de allí la especial protección constitucional de los trabajadores, en su mínimo vital y cobertura del sistema de salud, se logra no en el marco de la relación laboral, sino en el sistema de seguridad social-

» TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA » RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN, VEJEZ O INVALIDEZ . 

El reconocimiento de la pensión de invalidez, como justa causa de terminación del contrato no puede considerarse ejecutado por razón de la  discapacidad, o que  el  mismo  oculte  un trato discriminatorio por las siguientes razones: i) El reconocimiento de la prestación es el resultado natural del procedimiento de definición legal  de  la  capacidad  laboral  del trabajador, ii) Existe una complementariedad entre el sistema de relaciones laborales y el sistema de seguridad social, para que el trabajador con discapacidad no quede desprotegido y iii) Con el reconocimiento de la pensión, se puede admitir que termina razonablemente el deber de solidaridad del empleador

 

Expediente 03070 de 2023

CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATO REALIDAD » ELEMENTOS ESENCIALES » SUBORDINACIÓN

× Los trabajadores cualificados, como los de las profesiones liberales, gozan de una independencia técnica en la ejecución de su trabajo -médico-, lo cual no significa que se constituya una regla general en la que siempre se consideren independientes o autónomos. » ANÁLISIS DE PRUEBAS: × Ausencia de error de hecho del ad quem al declarar el contrato de trabajo entre las partes y establecer que la demandante estaba integrada en la estructura organizacional de la institución prestadora de servicios, en tanto ejercía funciones continuas de coordinación de actividades en un área especializada, de lo cual la entidad disponía ampliamente a fin de garantizar la productividad y cubrimiento cabal de su servicio, y se beneficiaba en gran medida, pues la trabajadora laboraba de tiempo completo, en tanto debía cubrir todo el servicio asignado siendo, además, clave en la implementación de los protocolos que ayudó a diseñar -la disponibilidad era indicativo de subordinación-

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00442 de 2023

SENTENCIA SUSTITUTIVA

× En acción de protección al consumidor financiero para que se declare la responsabilidad civil contractual contra la fiduciaria en lo relativo a la condena de la aseguradora.

 

Expediente 00426 de 2023

VIOLACIÓN DIRECTA DE LA NORMA SUSTANCIAL – FRENTE A LA DESESTIMACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA, POR UNA ERRADA INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE LA CAUSA PETENDI, AL CONFUNDIRLO CON LA PRUEBA.

Cargo incompleto ante la falta de cuestionamiento de los pilares del fallo de segunda instancia permeados por una visión ius fundamental diferente. Los yeros relacionados con la naturaleza, procedencia y valoración de la prueba de ADN son ajenos a la causal primera de casación. entremezclamiento de causal primera y segunda de casación.

 

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 134111 de 2023

DERECHO AL HÁBEAS DATA – ANOTACIONES EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE PROCESOS SIJUF Y SPOA NO VULNERAN LOS DERECHOS AL BUEN NOMBRE, HONRA Y HÁBEAS DATA

La información registrada en los sistemas misionales de la Fiscalía General de la Nación no constituye antecedente penal porque no se derivan de sentencias condenatorias en firme.

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente 11001 03 15 000 2023 01705 de 2023

NO SE CONFIGURARON LAS CAUSALES DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA POR INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN CABEZA DEL CONGRESISTA DEMANDADO, AL HABERLE ENCOMENDADO A UN MIEMBRO DE SU UTL LA GESTIÓN DE UNA NOTIFICACIÓN PERSONAL DE UN AUTO DE APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, PUES DICHA ACTUACIÓN NO CORRESPONDE A UNA LABOR DE DEFENSA DEL CONGRESISTA.

 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo resuelve en segunda instancia la demanda de pérdida de investidura en contra del senador Jairo Alberto Castellanos Serrano por una presunta violación del régimen de inhabilidades, específicamente por haber incurrido en indebida destinación de dineros públicos y tráfico de influencias, al conferirle poder especial a una asesora de su Unidad de Trabajo Legislativo dentro de un proceso disciplinario que se le adelantaba ante la Procuraduría General de la Nación.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

 Expediente 66001 23 33 000 2018 00099 de 2023

RECUERDAN COMO PRESCRIBEN LOS DERECHOS PROVENIENTES DEL RECONOCIMIENTO DE UNA RELACIÓN LABORAL CON EL ESTADO

En el presente asunto, no corresponde estudiar la configuración de la relación laboral ni los extremos temporales en que se presentó aquella, pues la entidad nada dijo sobre esos aspectos. Lo anterior, en procura de las garantías propias del debido proceso y del principio de congruencia de la sentencia. […] Así, la Sala deberá determinar si hay lugar a declarar la prescripción de los derechos laborales reconocidos a la demandante y si el restablecimiento ordenado en el ordinal cuarto de la sentencia da lugar a equipar a la señora (…) a una funcionaria de planta del SENA, en los términos planteados por la entidad apelante […] Esta corporación unificó los criterios acerca de la manera en la que debe analizarse la prescripción de los derechos laborales derivados del reconocimiento de una relación laboral con el Estado […] Posteriormente, en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, esta Sección adoptó el término de treinta días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este constituya una ´camisa de fuerza´ para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la solución de continuidad del vínculo laboral. […] Según lo determinó el a quo y, al ser un aspecto que no discutió la entidad en el recurso de apelación, se tiene que la señora (…) estuvo vinculada al SENA como instructora en el área de confecciones, en un primer momento, como trabajadora en misión contratada a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado COTRASER y, luego, de manera directa con la entidad

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 52001 23 33 000 2017 00614 de 2023

¿DEBEN RECONOCERSE PERJUICIOS MORALES POR LESIONES EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN FAVOR DEL AFECTADO DIRECTO, SUS PADRES, HERMANOS Y ABUELOS PERO REDUCIDA EN LA MITAD PARA CADA UNO POR LA CONCURRENCIAS DE CAUSAS?

Si, Perjuicios morales El tribunal de primera instancia reconoció las sumas transcritas al inicio de esta providencia, en favor del afectado directo, sus padres, hermanos y abuelos la cual partió de una indemnización plena menos la reducción del 20% por el aporte causal de la víctima directa, en consideración al parentesco y al porcentaje de disminución de la capacidad laboral del joven (…). Sobre el particular, la Sala constata el parentesco de los demandantes con la víctima directa y la disminución de la capacidad laboral del joven (…) en un porcentaje superior al 50% (66.95%), de conformidad con el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño que fue incorporado en el expediente de la referencia (…) En consecuencia, de acuerdo con el criterio jurisprudencial acogido en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, la Sala confirmará el reconocimiento de la indemnización por perjuicios morales en favor de los demandantes, sin embargo, en consideración a la reducción de la condena por concurrencia de causas en un cincuenta por ciento (50%) reconocerá por este concepto las sumas que se detallan a continuación en favor de cada uno de los demandantes que se relacionan a continuación. a) Se reconocerá indemnización por perjuicios morales en favor de (…) en condición de víctima directa y (…) madre del afectado en la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. b) Se reconocerá indemnización por perjuicios morales en favor de (…) hermanos de la víctima directa, (…) abuelos del afectado directo por el valor equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. c) El tribunal de primera instancia reconoció al señor (…), padre de la víctima directa, la suma equivalente a cincuenta (50) smlmv a pesar de que el criterio jurisprudencial aplicable en estos casos sugiere el reconocimiento de una suma equivalente a cien (100) smlmv, no obstante, se mantendrá esta indemnización para no perjudicar la situación de la entidad apelante y en consideración a la concurrencia de causas se reducirá esta indemnización en un cincuenta por ciento (50%), en consecuencia se reconocerá indemnización por perjuicios morales en favor de (…) por la suma equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los parámetros para la indemnización del perjuicio moral, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 31170, C.P. Enrique Gil Botero.

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 1001 03 24 000 2022 00093 de 2023

LA NO SUJECIÓN AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS PREVISTA EN EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 23-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO SOLO SE APLICA A LOS FONDOS PARAFISCALES AGROPECUARIOS Y PESQUEROS Y AL FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA.

 Se negó la nulidad de los Oficios 513 del 20 de abril y 2259 del 19 de diciembre, ambos de 2018 y en los que la DIAN determinó que los fondos parafiscales que no están previstos en el artículo 23-1 del Estatuto Tributario son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, salvo que, por norma especial y según su naturaleza jurídica, la ley les dé una calidad o connotación diferente. Para la Sala, los Oficios acusados no infringieron las normas en que han debido fundarse ni su expedición fue irregular, dado que la interpretación efectuada por la DIAN en tales Oficios es acertada en el sentido de limitar la no sujeción del inciso 6 del artículo 23-1 del Estatuto Tributario, vigente para el 2018, únicamente a los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros del capítulo V de la Ley 101 de 1993 y al Fondo de Promoción Turística de que trata la Ley 300 de 1996. Así, la Sala estimó que la Administración no se alejó de la ley ni de los motivos de la misma, de modo que no es cierto que los citados Oficios produjeron una exclusión errónea de la no sujeción a los fondos parafiscales diferentes de los mencionados. Finalmente, la Sala explicó que tampoco procedía el cargo de falsa motivación, toda vez que la DIAN precisó en los oficios demandados el alcance del referido inciso 6 del artículo 23-1 ib., con sustento en las razones de derecho que permiten concluir a cuáles fondos se refiere esa norma. Ello, precisó la Sala, sin perjuicio de que otras disposiciones prevean tratamientos tributarios específicos para fondos parafiscales diferentes a los ya indicados.