20 marzo, 2024

19 de Marzo del 2024

Corte Constitucional

 

Sentencia T 420 de 2023

CORTE AMPARA DERECHOS DE UNA MUJER QUE INFORMÓ SOBRE SU ESTADO DE EMBARAZO POR WHATSAPP Y FUE DESPEDIDA

La Corte reiteró que el fuero de maternidad se estableció para garantizar la estabilidad en el trabajo y posibilitar la permanencia en el ejercicio laboral durante el embarazo, en condiciones de igualdad. La Sala Segunda de Revisión reiteró la jurisprudencia acerca de la estabilidad laboral y la especial protección por parte del Estado para las personas gestantes. El pronunciamiento se dio al estudiar una tutela que presentó una ciudadana en estado de embarazo, cuyo empleador dio por terminada la relación contractual bajo la modalidad de prestación de servicios. La accionante indicó que fue retirada, no obstante que había informado su estado de embarazo vía WhatsApp a una directiva de la empresa. La Sala conoció el caso y amparó los derechos a la estabilidad laboral reforzada, la seguridad social, la igualdad y el mínimo vital de la demandante. Consideró que la empresa empleadora los vulneró al terminar el contrato sin considerar su embarazo, del cual tenía pleno conocimiento y sin acudir previamente al inspector de trabajo para obtener su autorización. La Corte, ante las pruebas consignadas en el expediente, estableció que, por cuenta del proceso de liquidación de la sociedad empleadora, no era posible disponer el reintegro de la accionante a su empleo. Así las cosas, ordenó medidas sustitutivas de protección. En tal sentido, revocó la decisión de instancia y le ordenó a la demandada pagar: i) los salarios y las prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de la desvinculación hasta el 10 de febrero de 2023, fecha en que fue inscrito, en la Cámara de Comercio, el trámite liquidatario de la empresa. Del mismo modo, dispuso el pago de ii) la indemnización por despido y, iii) en caso de que no se hubiere cancelado por alguna EPS, la licencia de maternidad, conforme a los numerales 3 y 4 del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo.

 

Sentencia T 065 de 2024

CORTE AMPARA EL DERECHO A LA SALUD DE JOVEN A QUIEN LE DEMORARON AUTORIZAR LA VALORACIÓN POR JUNTA MÉDICA INTERDISCIPLINARIA EN SU PROCESO DE DIAGNÓSTICO DE SALUD MENTAL

La falta de diligencia y oportunidad de una EPS para autorizar el procedimiento de evaluación por junta médica interdisciplinaria, conllevó a que una adolescente no contara con un diagnóstico claro y efectivo desde sus inicios, lo que entorpeció el goce efectivo de su a la salud. La Sala Cuarta de Revisión amparó el derecho a la salud en su faceta de diagnóstico de una adolescente de 14 años a quien Compensar EPS no le brindó la debida diligencia para acceder a un diagnóstico efectivo que le permitiera conocer con certeza su condición de salud mental. La joven padece de trastorno afectivo bipolar, no obstante, presentó ciertos comportamientos de agitación y agresividad, por lo que se le ordenó una evaluación por junta médica, a fin de descartar otros trastornos mentales de mayor gravedad como autismo y/o asperger. La joven, en compañía de su madre, invocó el amparo y solicitó que se ordenara la evaluación de salud mental de la adolescente por parte de un equipo interdisciplinario infantil. En única instancia, se declaró improcedente la tutela. La Sala revocó la decisión y concluyó que la EPS vulneró su derecho a la salud. La Corte evidenció que un diagnóstico efectivo de la situación de salud mental de la joven requiere que se surtan todos los servicios de salud prescritos por el médico tratante, incluyendo la evaluación por el equipo interdisciplinario que no se ha realizado. Asimismo, señaló que la adolescente es un sujeto de especial protección constitucional cuyo derecho a la salud demanda una protección constitucional reforzada. Además, resaltó que Compensar incurrió en una falta de diligencia y oportunidad al momento de autorizar la evaluación por junta interdisciplinaria. La Sala evidenció que al demorar u obstaculizar la autorización de la evaluación por junta interdisciplinaria, además de que constituye una barrera administrativa para el acceso a un diagnóstico efectivo, también vulneró los principios de integridad y continuidad que garantizan goce del derecho a la salud.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 98531 de 2024

EL CÓNYUGE SUPÉRSTITE CON VÍNCULO MATRIMONIAL VIGENTE, SEPARADO O NO DE HECHO, TIENE DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, SIEMPRE QUE ACREDITE CONVIVENCIA CON EL CAUSANTE POR UN LAPSO NO INFERIOR A CINCO AÑOS EN CUALQUIER TIEMPO

La normatividad que rige la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del deceso del causante afiliado o pensionado.  El cónyuge supérstite separado de hecho, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, sin que para ello se requiera sociedad conyugal vigente, siempre que acredite convivencia con el causante por un lapso no inferior a cinco años en cualquier época -diferencia entre contrato matrimonial y sociedad conyugal-. ANÁLISIS DEL CASO – Procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la cónyuge supérstite pues convivió con el causante durante 10 años, a pesar de que no fue dentro de los últimos 5 años anteriores a la muerte, por lo tanto la pensión se distribuirá en un 50% para el hijo y el restante para la demandante, desde la fecha del deceso del pensionado -18 de abril de 2015- con derecho a acrecer, cuando se extinga el derecho de uno de los beneficiaries

 

Expediente 96801 de 2024

INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL > PROCEDENCIA

La indexación de la primera mesada es viable cuando ha transcurrido un tiempo considerable entre la fecha de terminación de la relación laboral y el disfrute de la pensión, que desmejora el ingreso base de liquidación.  La indexación de la primera mesada no es viable de forma automática en todas las pensiones reconocidas en vigencia de la Constitución Política de 1991, se requiere la existencia de un considerable lapso entre el retiro del servicio y el disfrute de la prestación.

 

ANÁLISIS DEL CASO– Ausencia de error de hecho del ad quem al considerar improcedente la indexación de la primera mesada del actor dado que la prestación fue reconocida al día siguiente en que finalizó la relación laboral, por lo tanto, no transcurrió un lapso considerable entre el retiro del servicio y el disfrute de la prestación que devaluara la mesada pensional

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00436 de 2024

DERECHOS FUNDAMENTALES – REQUISITOS DE LA SELECCIÓN DE OFICIO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

Correspondía a la Sala verificar el propósito particular que condujo a continuar de oficio con el trámite, como eje de la sentencia de casación.

 

Expediente 00446 de 2024

TECNICA DE CASACIÓN – LOS CARGOS PROPUESTOS DEBEN SER FORMULADOS DE FORMA CLARA, PRECISA Y COMPLETA.

Error de la casacionista al no señalar la norma probatoria vulnerada. Los cargos propuestos son desenfocados. Los cargos deben trascender de la enunciación a la demostración.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 00185 de 2024

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA – CONTRATOS ESPECIALES: CONVENIOS DE INTERÉS PÚBLICO, PARA ACTIVIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MODALIDAD DE TRANSFERENCIA, NO SE PUEDE ENTENDER CUMPLIDA CON LA SOLA APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

La Sala Penal dictó sentencia de casación, en respuesta a la demanda formulada en nombre de MGGS, contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que confirmó la declaratoria de responsabilidad de aquélla, a título de autora del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La Sala no casó la sentencia impugnada por los cargos formulados, pero casó oficiosa y parcialmente el fallo de segunda instancia, para suprimir la condena a inhabilidad intemporal prevista en el art. 122 inc. 5° de la Constitución, ya que el tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales no concierne a la protección del patrimonio público. Ahora bien, respecto de la configuración del delito por el que fue condenada la recurrente, la Sala concluyó que, en el trámite contractual bajo investigación no había justificación para seleccionar directamente al contratista, por no tratarse la prestación a convenir de transferencia tecnológica, sino de un típico contrato de obra pública. Aunado a lo anterior, considero que, la falta de análisis y verificación seria de la idoneidad del proponente bajo la óptica de la capacidad financiera y la experiencia para la ejecución del objeto contractual, implicó el quebranto de los principios de transparencia y selección objetiva, esenciales a la fase precontractual. Por último, indicó que, el dolo se infiere de la participación directa y activa de la acusada en el trámite contractual, especialmente en el comité de contratación, en el que pudo evidenciar la falta de idoneidad del proponente, así como las múltiples razones fácticas y jurídicas que impedían considerar el objeto a contratar como una transferencia tecnológica.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 13001 23 31 000 2005 00139 de 2024

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA FRENTE A DAÑOS CAUSADOS POR MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Para efectos de establecer la acción procedente en este caso, resulta necesario analizar el régimen jurídico vigente de la prestación de los servicios de telecomunicaciones en el momento en que se llevó a cabo el decomiso de los bienes, ello con el fin de determinar el contenido y alcance del “acta de incautación” causante del daño alegado y, una vez establecido ello, analizar el fondo del asunto. (…) En ese contexto[normativo y jurisprudencial], se infiere que el MINTIC es la autoridad competente para ejercer las funciones de inspección y vigilancia sobre las redes y servicios de telecomunicaciones y, por tanto, está facultado para investigar, decretar medidas preventivas, iniciar procesos administrativos y sancionar a quienes incurran en infracciones al ordenamiento de telecomunicaciones, de conformidad con lo regulado en el Título IV del Decreto Ley 1900 de 1990. (…) La actuación administrativa que originó el daño que alega la parte demandante se derivó de un hecho -en el cual no medió acto administrativo alguno-, cuyo registro -prueba del hecho- quedó consignado en el acta de incautación 005 del 21 de noviembre de 2002, constitutiva de una medida cautelar consagrada en la normativa de telecomunicaciones, específicamente, el artículo 10 de la Ley 72 de 1989 y el artículo 50 del Decreto Ley 1900 de 1990, normas por medio de la cuales se facultó al entonces Ministerio de Comunicaciones y a las autoridades de policía para que, de manera preventiva, suspendieran los servicios y decomisaran los equipos de aquellas personas -naturales o jurídicas- que estuviesen operando o haciendo uso de las frecuencias radioeléctricas sin la correspondiente autorización de la autoridad competente -Ministerio de Comunicaciones-. (…) En estas condiciones, contrario a lo decidido por el Tribunal a quo, no era procedente cuestionar la legalidad del acta de incautación, en tanto que ésta se erige como un hecho de la Administración, de carácter preparatorio, que tenía como propósito fijar los elementos de juicio necesarios para establecer si se iniciaba o no con el procedimiento administrativo, pero no tenía la calidad de un acto administrativo que creara, modificara ni extinguiera una situación de contenido particular y concreto; en cambio, constituía una actuación administrativa previa a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio.

 

Expediente 05001 23 33 000 2016 00163 de 2024

ABSUELVEN A EXPATRULLERO QUE PADECÍA TRASTORNO MENTAL DE PAGAR PERJUICIOS POR MUERTE DE CIVIL

[L]os medios de prueba documentales y técnicos dieron cuenta de que el trastorno mental que padece [el demandado] sufrió un agravamiento en la época en que ocurrió el hecho dañoso por causa de factores externos, como el traslado de lugar de trabajo, la falta de medicamentos y la ausencia de controles psiquiátricos, que le generaron descontrol, irritabilidad y depresión […], lo que lleva a inferir válidamente que [al momento de los hechos] padecía una merma de su capacidad de comprensión y autodeterminación. [S]e encuentra plenamente acreditado que [el demandado], padecía un agravamiento del trastorno afectivo bipolar que le había sido diagnosticado en mayo de 2008, por causa de factores externos que mermaron su capacidad de autodeterminación cuando accionó el arma de dotación. [L]a Subsección confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, por la improcedencia del juicio de culpabilidad derivada de una circunstancia de inimputabilidad consistente en trastorno mental.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 11001 03 27 000 2022 00041 de 2024,

ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA / ¿ES PROCEDENTE LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA SEGÚN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO?

No, La solicitud de adición y/o aclaración de la sentencia debe ser presentada dentro del término de ejecutoria de la sentencia de la cual se solicita adición o aclaración, según lo dispone el artículo 302 del Código General del Proceso. (…) Sobre la aclaración de providencias, el artículo 285 del Código General del Proceso, aplicable según la remisión hecha en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, dispone lo siguiente: “Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. (…) De acuerdo con la norma transcrita, las sentencias no pueden ser modificadas por el juez que las profirió. Sin embargo, podrán aclararse conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre y cuando estos se encuentren en la parte resolutiva del fallo o influyan en la decisión. Para la Sala, tanto las consideraciones como la parte resolutiva de la sentencia fueron suficientemente claras en torno al alcance de la decisión, por lo que no hay lugar a aclarar el alcance de dicha providencia, como se consigna en la solicitud presentada por los demandantes. (…) Por otra parte, no le corresponde a esta Sala pronunciarse sobre los puntos que hayan de ser objeto de prueba en casos particulares, en tanto tales consideraciones escapan al objeto de análisis de la providencia cuya aclaración se solicita, por lo que se negará la solicitud de aclaración presentada.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta

 

Expediente 11001 03 28 000 2022 00030 de 2024

SE NEGÓ LA NULIDAD DEL REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR EL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA, EN TANTO NO ADMINISTRÓ TRIBUTOS O CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DESDE SU CONDICIÓN DE GOBERNADOR DEL RESGUARDO INDÍGENA, EL PAUJÍL.

Se demandó la nulidad de la elección representante a la Cámara por el departamento del Guainía, alegando, entre otras cosas, que en su condición de gobernador del resguardo indígena el Paujil, administró tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de las elecciones, configurándose con ello la inhabilidad prevista en el ordinal 3º del artículo 179 de la C.P. la Sala negó las pretensiones de la demanda y en punto del cargo de nulidad en mención, concluyó que los resguardos indígenas no tienen el carácter de entidades estatales y no gozan de la prerrogativa de ser representadas legalmente por una persona, de tal manera que, no puede incurrir en la causal de nulidad alegada.