3 noviembre, 2023

2 de Nov del 23

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 272 de 2023

CORTE AMPARA DERECHO DE PETICIÓN DE LÍDER INDÍGENA A QUIEN EL MINISTERIO DE AMBIENTE OMITIÓ RESPONDER SOBRE CUESTIONAMIENTOS AMBIENTALES EN SU TERRITORIO.

La Corte ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial dar respuesta de fondo, clara, precisa y coherente con lo solicitado en los puntos de las peticiones que aún no han sido resueltos. Mauricio Rojas, gobernador del Resguardo Caño Ovejas de la comunidad indígena Sikuani de Mapiripán (Meta), a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela con la que buscaba la protección del derecho de petición, toda vez que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio del Interior no dieron respuesta a dos solicitudes que elevó con ocasión de la situación que padece su comunidad, relacionadas con problemáticas ambientales y territoriales.  En dichas peticiones se solicitó información, entre otros asuntos, sobre: (i) el estado de las investigaciones adelantadas por las presuntas afectaciones ambientales provocadas por Poligrow; (ii) las gestiones realizadas en el marco de las funciones de inspección y vigilancia a cargo de Cormacarena; (iii) los conceptos emitidos sobre procesos de licenciamiento ambiental para la implementación de proyectos agroindustriales de palma de aceite en el municipio de Mapiripán.  Además, solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que se coordinara una mesa de trabajo con autoridades del orden nacional, departamental y municipal, para abordar en ella las problemáticas mencionadas y se verificaran las condiciones del pueblo Sikuani.

 

 

Sentencia T 366 de 2023

CORTE PROTEGE DERECHOS A AUXILIAR DE ENFERMERÍA, A QUIEN SE LE DESCONOCIÓ LA EXISTENCIA DE CONTRATO LABORAL, TODA VEZ QUE FIRMÓ CONVENIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

La Corte revocó las decisiones de instancia y amparó los derechos reiterando la importancia de reconocer la necesidad de garantizar el trabajo digno de las auxiliares de enfermería.  La Sala Séptima de Revisión amparó los derechos al debido proceso, al trabajo y a la seguridad social de una auxiliar de enfermería a quien se le desconoció la existencia de un contrato laboral con el Hospital Militar Central toda vez que los cinco convenios que firmó fue bajo la modalidad de prestación de servicios.  La accionante invocó el amparo en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que fue el que, bajo una decisión judicial, no declaró fundada la relación laboral. En el amparo reprochó que el Tribunal omitió analizar los apartes de los contratos que constituían indicios relevantes para demostrar la existencia de una subordinación y dependencia por parte de la contratista.  Para la accionante existió cumplimiento de un horario, la obligación de prestar el servicio en las instalaciones del hospital, respetar los protocolos internos, rendir informes constantes sobre las funciones ejercidas, además del sometimiento de las órdenes, supervisión, control y evaluación de sus superiores. En el análisis de la tutela a cargo del despacho de la magistrada Paola Andrea Meneses, reposa que el Tribunal no se pronunció sobre la existencia de elementos que desvirtuaran el contrato de prestación de servicios como la permanencia de la prestación durante varios años y la relación de la misma con el objeto social de la entidad de salud. La Sala reprochó que la decisión del Tribunal se apartó de la jurisprudencia constitucional relacionada con las presunciones de subordinación y la inversión de la carga de la prueba en los casos en los que se discute una relación laboral entre un auxiliar de enfermería y una entidad pública prestadora del servicio de salud.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

 

Expediente 95199 de 2023

 DEBERES, PODERES Y RESPONSABILIDAD DEL JUEZ > DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Es deber del juez resolver el litigio con base en las peticiones de la demanda en armonía con los hechos que le sirven de fundamento > MEDIO NUEVO – En el recurso de casación la alteración del petitum o de la causa petendi de la demanda inicial desconoce el derecho de defensa y contradicción. En el recurso de casación es necesario atacar y desvirtuar todos los verdaderos y esenciales argumentos en los que se funda la sentencia acusada

 

Expediente 94026 de 2023

RECURSO DE CASACIÓN > SUCESIÓN PROCESAL

Cuando ocurre la extinción de una persona jurídica no opera su desvinculación, sino que el proceso continúa su curso normal con la posibilidad de que intervengan terceros interesados en calidad de sucesores procesales.  – Se niega la solicitud de desvinculación, toda vez que: i) la entidad parte de un hecho conjetural o hipopético, en la medida en que asume que existirá una condena en el presente proceso, y ii) No hay norma procesal que establezca que la falta de recursos de una de las partes sea una causal de desvinculación. > TÉRMINOS JUDICIALES – Como quiera que el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022 autoriza el uso de las tecnologías de la información en la gestión y trámite de los procesos judiciales a fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, y en este asunto las partes pueden acceder al expediente digital de forma simultánea, córrase traslado al mismo tiempo a cada uno de los opositores

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00205 de 2023

DICTAMEN PERICIAL

× Que carece de fundamentación e imparcialidad en tanto que solo se tuvo en cuenta la información suministrada por Bavaria, dando como resultado datos inferiores a la real cantidad de exclusividades acordadas por la empresa distribuidora. Error de hecho en la valoración probatoria. Cargo intrascendente.

 

Expediente 00350 de 2023

ESTIPULACIÓN PARA OTRO –  ES AJENA A LA REPRESENTACIÓN.

Diferente a la estipulación por otro. Excepción al principio de relatividad de los contratos.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

 

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA

 

Expediente 11001 03 15 000 2022 06714 de 2023

LA CAUSAL DE DESINVESTIDURA POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES POR DESEMPEÑAR UN CARGO O EMPLEO DISTINTO AL DE CONGRESISTA DE MANERA SIMULTÁNEA, NO COMPRENDE LA FIGURACIÓN NOMINAL EN CARGOS DE REPRESENTACIÓN LEGAL, POR LO TANTO, SE DEBE ACREDITAR EL EJERCICIO EFECTIVO DE DICHO CARGO.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo resuelve en segunda instancia la demanda de pérdida de investidura en contra de la representante a la cámara Elizabeth Jay- Pang Díaz donde se alega una presunta violación del régimen de inhabilidades, específicamente por desempeñar simultáneamente un cargo o empleo distinto al de congresista y por violación al régimen de conflicto de intereses.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 25000 23 42 000 2013 00545 de 2023

LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO PROFIRIÓ SENTENCIA DE UNIFICACIÓN EN RELACIÓN A LA PENSIÓN MÍNIMA DEL DESMOVILIZADO.

La demandante cuenta con más de 62 años de edad y laboró como docente al servicio del Distrito Capital de Bogotá durante el periodo comprendido entre el 2 de febrero de 1970 y el 11 de abril de 1983, esto es durante 13 años, 2 meses y 10 días. Perteneció al grupo armado «Movimiento 19 de abril», del cual se desmovilizó el 31 de octubre de 1990, como resultado de un proceso de paz. El 28 de mayo de 2012 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación que fue negada por medio de la Resolución 4107 del 19 de julio de 2012, suscrita por el director de talento humano (e) de la Secretaría de Educación de Bogotá, en nombre y representación del FOMAG

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 47001 23 31 000 2012 00287 de 2023

LA POLICÍA NACIONAL DEBE RESPONDER POR USO EXCESIVO DE LA FUERZA EN EL DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO DE PATRULLAJE, REGISTRO, CONTROL E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS, SIN SEÑALIZAR, EN EL QUE SE LESIONÓ A UNA PERSONA CON UN DISPARO, JUSTO CUANDO SE REHUSABA A ATENDER UNA ORDEN DE PARE, ACTO QUE LE OCASIONÓ SECUELAS PERMANENTES.

 “[La víctima], el 25 de febrero de 2010, se movilizaba en una motocicleta -como copiloto. – por el centro de la ciudad de Ciénaga (Magdalena). Al pasar por un puesto de patrullaje, registro, control e identificación de personas y motocicletas -sin señalizar- conformado por dos miembros de la Policía Nacional, los ocupantes de la motocicleta hicieron caso omiso a la señal de pare y se dieron a la huida, razón por la que fueron perseguidos por los uniformados. En el curso de la persecución, la motocicleta perdió el control. No obstante, el conductor se repuso y logró salir en dirección distinta y escapar, mientras que el aquí demandante quedó en la vía, pudiendo ser alcanzado por uno de los agentes, quien le propinó un disparo con su arma de dotación oficial en su glúteo izquierdo, acto que le ocasionó secuelas permanentes e incapacidad laboral del 44.50%.”

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 11001 03 27 000 2022 0008 de 2023

EN EL RÉGIMEN SANCIONATORIO DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SE PRECISAN LOS SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDEN LAS SANCIONES POR EXTEMPORANEIDAD Y POR OMISIÓN TOTAL O PARCIAL DE INFORMACIÓN PREVISTAS EN EL LITERAL A DEL ARTÍCULO 260-11 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

Se anularon los Conceptos 100208221-784 del 2 de julio de 2020 y 100208221- 1152 del 28 de julio de 2021 y el Numeral II del Concepto 100202208-338 del 24 de septiembre de 2021, en los que la DIAN concluyó que si el contribuyente sujeto al régimen de precios de transferencia presenta oportunamente uno de los informes que integran la documentación comprobatoria (local o maestro) y allega el otro de forma tardía, procede la imposición de la sanción por omisión de información establecida en el numeral 4 del literal A del artículo 260-11 del Estatuto Tributario. Para la Sala, dicha conclusión es violatoria del principio de legalidad en materia sancionatoria, en cuanto atañe a la tipicidad del hecho sancionable, que exige la existencia de correlación entre la conducta y la sanción, de modo que las circunstancias de hecho de la conducta se deben enmarcar indiscutible e indisolublemente en el precepto sancionatorio, para que se pueda establecer un nexo que justifique la aplicación de la sanción; aunado a los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, la cual debe estar acorde con la naturaleza de la conducta punible, con el fin de prevenir castigos arbitrarios o que excedan el límite de lo razonable y moderado. En ese sentido, la Sala consideró desproporcionado imponer al contribuyente la sanción por omisión de información respecto de la documentación comprobatoria, contemplada en los actos acusados, pues este ha cumplido el deber al remitir el informe maestro, solo que tardíamente, de manera que, bajo ese escenario, la Administración Tributaria contará con la información solicitada, que le permite desplegar sus funciones de manera diferente a como lo haría en caso de no contar con la misma, por lo que señaló que es la sanción por extemporaneidad la que guarda razonabilidad con la conducta objeto de censura.