2 septiembre, 2022

2 de Septiembre

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 168 de 2022


DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.VULNERACION AL BUEN NOMBRE Y LA HONRA DE ESTUDIANTE POR INSTITUCION EDUCATIVA.

La accionante, actuando en representación de una hija menor de edad, alega que la institución educativa accionada vulneró derechos fundamentales al no respetar las garantías establecidas en el Manual de Convivencia de la institución y en la Constitución para llevar a cabo el proceso disciplinario adelantado en su contra por el extravío de una suma de dinero, generando graves afectaciones en la salud mental de la menor. Así mismo, por negarse a entregar el boletín académico por mora en el pago de la pensión, lo cual le impidió continuar con el proceso de matrícula en otra institución. Por su parte, la entidad aseguró haber actuado conforme a los procesos establecidos para el efecto y argumento que no existía prueba suficiente que demostrara que la agresión de la menor contra sí misma respondiera a los hechos investigados. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. El debido proceso en el marco de procesos disciplinarios adelantados por instituciones educativas. 2º. Los derechos a la honra y el buen nombre en el desarrollo de los precitados procesos. 3º. El manejo del acoso o matoneo (“bullying”) en instituciones académicas y, 4º. La retención de boletines de notas y/u otras certificaciones académicas por la mora en el pago de la pensión. La Corte declaró que el colegió accionado vulneró los derechos al debido proceso, la dignidad humana, la honra y buen nombre de la menor representada, a pesar de que en la actualidad se estructuró una carencia actual de objeto por daño consumado. A pesar de lo anterior, se ordenó al colegio modificar protocolos de atención en casos de matoneo o acoso escolar, incluyendo la capacitación de los docentes y directivas, para así detectar de manera temprana los posibles casos, al igual que, en futuras ocasiones, respete las garantías del debido proceso en los procesos disciplinarios contra sus estudiantes. Igualmente, se le ordenó coordinar un acto de disculpas y así retractar públicamente el buen nombre e imagen de la menor ante sus excompañeros de clase. Así mismo concluyó la Sala, que la accionada vulneró el derecho a la educación y ordenó entregar las notas que no entregó y se le hizo una advertencia para que, en futuras ocasiones, acceda a la entrega de los boletines académicos luego de la firma de acuerdos de pago, a efectos de garantizar el derecho a la educación

 

Sentencia T 182 de 2022

DERECHO AL PAGO OPORTUNO DE SALARIOS, PRESTACIONES Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL.

El actor aduce que la clínica accionada vulneró sus derechos fundamentales, debido al incumplimiento en el pago oportuno de sus salarios y prestaciones sociales, así como de los aportes de seguridad social, a pesar de p restar sus servicios como médico general en la unidad de cuidados intensivos durante la pandemia por COVID-19 y de ser la fuente de ingresos para él y su grupo familiar. La entidad solicitó negar las pretensiones por considerar que se trata de derechos de orden legal que pueden ser resueltos a través de otra vía judicial como es el proceso ordinario laboral. Se reitera jurisprudencia relacionada con la obligación del empleador de pagar oportunamente salarios, prestaciones y aportes de seguridad social. La Sala Primera de Revisión concluyó que, se vulneran los derechos fundamentales a la vida, la seguridad social, la igualdad, el mínimo vital, y el debido proceso de un trabajador que se desempeña como médico calificado de primera línea durante la pandemia, cuando el empleador incumple en el pago oportuno de sus salarios, prestaciones sociales y cotizaciones a la seguridad social. Se confirma la decisión de instancia que CONCEDIÓ el amparo invocado.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 01011 de 2022

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN » ANÁLISIS DE PRUEBAS.

Declaratoria parcial de la excepción de prescripción respecto a las mesadas causadas con anterioridad al mes de enero de 2004 debido a que la actora presentó reclamación a la entidad el 15 de enero de 2007 y la demanda el 31 de enero de 2008, sin que se afecte la mesada pensional de enero de 2004 de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo 049 de 1990 -pago de pensión por mensualidades vencidas, exigibilidad a fin de mes.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00090 de 2022

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN PROCESO DE EXPROPIACIÓN

Se determina la competencia por el domicilio del Instituto Nacional de Vías – establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio y adscrito al Ministerio de Transporte-. Factores y prevalencia entre foros privativos cuando una de las partes es una persona jurídica de derecho público. Improcedencia de la “renuncia al fuero subjetivo”. Artículo 28 numeral 10 CGP.

 

Expediente 00074 de 2022

CONFESIÓN ⋅ ENCONTRÁNDOSE QUE EL TEXTO GENITOR DE LA ACCIÓN CONTIENE UNA IMBRICACIÓN DE CAUSA PETENDI Y PETITUM QUE ROMPE CON LAS PAUTAS DE EQUILIBRIO, PRECISIÓN Y CLARIDAD IMPUESTAS POR EL ORDENAMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE ESA TRASCENDENTAL PIEZA DEL JUICIO.

la falta de respuesta detallada a cada uno de los supuestos fácticos que la convocante fue entremezclando en cada petición principal y subsidiaria no puede representarle la consecuencia sumamente gravosa de la confesión de esa serie de hechos mal presentados por la demandante, ni tampoco un indicio en su contra a tono con lo dispuesto por el artículo 241 del CGP, pues no es admisible que la demandante obtenga provecho de su propio incumplimiento de la regla instrumental.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 51288 de 2022

PECULADO POR APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.

El acusado dispuso la utilización de unos recursos públicos a un fin diverso al legalmente establecido, pero no se acreditó que se haya generado un perjuicio a la inversión social o los salarios o prestaciones sociales de los servidores.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 66001 23 33 000 2017 00023 01 de 2022

SE CONFIGURARON LOS ELEMENTOS DE PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO Y DE REMUNERACIÓN, CONSTITUTIVOS DE UNA RELACIÓN LABORAL, ENTRE LA BIBLIOTECARIA Y TESORERA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES Y EL MUNICIPIO DE PEREIRA, PRODUCTO DE LOS CONTRATOS ESTATALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITOS ENTRE ESTOS?

Si, [E]l contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende hacia la garantía de los derechos mínimos de las personas, preceptuados en normas respecto de la materia. De acuerdo con lo anterior, para acreditar la existencia de una relación laboral es necesario probar los tres elementos referidos, especialmente que el contratista desempeñó una actividad de la entidad en condiciones de subordinación y dependencia continuada. Contrario sensu, se constituye una relación contractual, que se rige por la Ley 80 de 1993, cuando se pacta la prestación de servicios relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad pública, caso en el cual el contratista es autónomo en el cumplimiento de la labor contratada, recibe el pago de honorarios por los servicios prestados por una labor convenida que no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados.(…) La prestación personal del servicio: En ese sentido, se observa que el objeto común de los contratos consistió en que la contratista, en virtud de sus condiciones personales, se comprometió para con el Municipio de Pereira a prestar sus servicios de: secretaria, bibliotecaria y tesorera, atendiendo las directrices del rector de la institución educativa.(…) dichas actividades, no podían se r ejercidas por otra persona distinta a la señora (…), pues en ella recaía dichas funciones, probándose de esta manera uno de los requisitos de la relación laboral, como lo es la prestación personal.(…) Remuneración por el servicio prestado En lo que se refiere a este elemento de la relación laboral no es objeto debate, toda vez que las partes coinciden en que durante el tiempo en que la señora (…) prestó sus servicios en las distintas instituciones educativas asignadas para ello, por parte del Municipio de Pereira, percibió las sumas pactadas en los contratos por concepto de honorarios .

 

NOTA DE RELATORÍA: Referente a los elementos de la relación laboral, ver: C. de E, sentencia de 4 de febrero de 2016, Rad. 0316-14, M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Frente a las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-154 de 19 de marzo de 1997, Exp. D-1430, M.P Hernando Herrera Vergara. Sobre la figura del contrato realidad de cara a la protección del derecho fundamental a la seguridad social en pensiones, ver: C. de E, Sección Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, Rad.: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

 

 

Expediente 08001 23 33 000 2017 00076 01 de 2022

¿LA PARTE QUE RESULTE VENCIDA EN EL PROCESO HA DE CORRER CON LA CONDENA EN COSTAS SI LA DECISIÓN DESFAVORABLE ES FRUTO DE CAMBIO DE LA JURISPRUDENCIA?
No, En lo que respecta a la condena en costas, pese a la posición adoptada por esta subsección en providencias del 7 de abril de 2016 , en esta oportunidad resulta necesario tener presente que la reclamación que se adelantó por la parte demandante es anterior a la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, aclarada mediante la sentencia, también de unificación, del 6 de agosto de 2020, en la que se precisaron las reglas de prescripción frente a la pretensión de reconocimiento de sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas, razón por la cual se estima que, al haber actuado de buena fe y al amparo de la confianza legítima surgida con ocasión del planteamiento de las reglas que jurisprudencialmente se trazaron por el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no se debe imponer condena en costas a la parte demandante, pues ello sería consecuencia del cambio de jurisprudencia de la Sala Plena.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el criterio objetivo valorativo de condena en costas en la Ley 1437 de 2011, ver: C. de E., Sección Segunda, sentencia de 7 de abril de 2016, radicación: 1291-14.