22 junio, 2023

20 de junio del 2023

Corte Constitucional 

 

SENTENCIA T 160 de 2023

VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES A LA DIGNIDAD HUMANA, SEGURIDAD SOCIAL, TRABAJO, MÍNIMO VITAL Y A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, CON OCASIÓN DE  DESVINCULACIÓN PESE A ESTAR PROTEGIDA POR EL FUERO DE MATERNIDAD.

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional examinó el proceso de tutela promovido por la señora Ana Gabriela contra ABC IPS SAS, entidad a la que acusó de vulnerar sus derechos fundamentales, al haber terminado el contrato de prestación de servicios justo después de haber dado a luz y tener un hijo recién nacido. Sin embargo, luego de realizar el respectivo trámite en sede de revisión, esta Sala concluyó que la presente acción de tutela es improcedente debido a que no se satisface el requisito de subsidiariedad. En consecuencia, las acciones judiciales ante la jurisdicción ordinaria laboral, resulta idóneas y eficaces para dirimir el conflicto planteado por la actora.

 

SENTENCIA T-169 de 2023

ACCIÓN DE TUTELA DE ….… CONTRA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional examinó el proceso de tutela promovido por el apoderado de la señora Cecilia Ramírez Laíno contra la UGPP, entidad a la que acusó de vulnerar los derechos fundamentales de esta última, al haber declarado el decaimiento del acto administrativo que le reconoció la sustitución pensional. Tras constatar la satisfacción de los requisitos de procedencia del amparo, la Sala delimitó el alcance de su decisión a verificar la ocurrencia de una potencial vulneración al derecho al debido proceso administrativo, para lo cual reiteró la jurisprudencia de este tribunal acerca del contenido y alcance de dicho derecho, e hizo una breve caracterización de las figuras de: (i) el decaimiento del acto administrativo, destacando que este se configura a partir de situaciones de hecho y de derecho sobrevinientes al acto; y (ii) la revocatoria de los actos administrativos de carácter particular que reconocen derechos, señalando que, por regla general, esta requiere el consentimiento previo, expreso y escrito del afectado.Al analizar el caso concreto, la Sala concluyó que la UGPP vulneró el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la accionante porque, desconociendo la obligación legal de respetar su propio acto, se sustrajo a su cumplimiento con fundamento en un supuesto decaimiento que no se configuraba, y pretermitiendo con ello el trámite legal que debía agotar, bien sea de revocar el acto con consentimiento previo, expreso y escrito del afectado o en su defecto acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 97 del CPACA. En consecuencia, la Sala resolverá amparar el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, y en consecuencia dejará sin efectos la Resolución RDP 023645 de 2021 que declaró el decaimiento de la Resolución RDP 015846 del mismo año, y en su lugar dejará en firme esta última. Lo anterior, no obsta para que la entidad accionada pueda instaurar las acciones legales que considere pertinentes, siempre que se siga el debido proceso de la tutelante, con estricto apego a lo dispuesto en el artículo 97 del CPACA y a las demás normas aplicables a la revocatoria directa de actos administrativos de carácter particular.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 01175 de 2023

 COMPETENCIA > CONFLICTOS DE COMPETENCIA.

Corresponde a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dirimir el conflicto de competencia surgido entre tribunales de dos o más distritos judiciales, entre un tribunal y un juzgado de otro distrito judicial y entre juzgados de diferente distrito judicial. CONTROVERSIAS DERIVADAS DEL CONTRATO DE TRABAJO – El juez competente para conocer de las controversias derivadas del contrato de trabajo es el del último lugar donde se haya prestado el servicio o el del domicilio del demandado, a elección del demandante -fuero electivo-.  El juez no puede desprenderse del conocimiento del proceso por iniciativa propia y declarar de oficio la nulidad de todo lo actuado desde la admisión de la demanda, estando pendiente de resolver la excepción previa de falta de competencia, pues pretermite el trámite establecido por la ley para el asunto -no puede alegar un supuesto control de legalidad-

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00972 de 2023

CONFLICTO DE COMPETENCIA PREMATURO – EN ACCIÓN MONITORIA PARA EL REEMBOLSO DE CUOTA DE INICIAL DE PROYECTO HABITACIONAL.

Deber del juez de indagar sobre el factor determinante que quería hacer valer el actor o sobre las circunstancias de considerable incertidumbre para dilucidar la competencia. Reiteración del auto CSJ AC5187-2021. Corresponde al actor escoger la regla de competencia aplicable cuando concurren varias de ellas. Conflicto de competencia entre los Juzgados Segundo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Cartagena y Quince Civil Municipal de Bogotá, para conocer de acción monitoria para el reembolso de cuota de inicial de proyecto habitacional. El primero de los despachos rechazó el libelo y dispuso enviarlo a sus pares de Bogotá, por ser el lugar de domicilio de la demandada. El juzgado destinatario igualmente repelió el pleito con el argumento de que el mismo se fundamenta en un negocio jurídico por lo que debe aplicarse el precepto del numeral 3° del artículo 28 del Código General del Proceso. El Magistrado Sustanciador declara prematuro el conflicto al considerar que antes de trabar el conflicto, debieron establecerse algunas condiciones especiales que permitieran determinar con claridad la competencia de uno u otro, por lo que se ordenó devolver el asunto al Juez de Cartagena.

 

Expediente 00954 de 2023

RECURSO DE REPOSICIÓN – NO REVOCA EL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ADMITE EL RECONOCIMIENTO DE LAUDO ARBITRAL INTERNACIONAL. IMPROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL SOBRE MOTIVOS, REQUISITOS Y TRÁMITES PARA DENEGAR EL RECONOCIMIENTO.

El envío simultáneo de la demanda a la contraparte no aplica a la solicitud de reconocimiento del laudo por no ser una demanda en sí. Aplicación complementaria de las normas relacionadas con la notificación electrónica. NOTIFICACIÓN – Electrónica respecto de la admisión de reconocimiento de laudo arbitral. Aplicación complementaria del artículo 23 de la ley 1563 de 2012 y artículo 8 de la Ley 2213 de 2022.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

 

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expediente 11001 03 25 000 2017 00433 00 de 2023

¿ PROCEDE SUGERIR A LAS PARTES DEL PROCESO QUE SOLICITEN SE PROFIERA SENTENCIA ANTICIPADA ?
Si, debe entenderse que el juez cuenta con la posibilidad de dictar sentencia anticipada en cualquier estado del proceso siempre y cuando i) las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten o ii) encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva . Atendiendo a lo anterior, y con el propósito de brindar una solución pronta y célere11 al sub examine, el despacho considera pertinente sugerir a las partes para que, de común acuerdo, soliciten a este despacho dictar sentencia anticipada en el caso que compete o manifiesten si están de acuerdo con ello.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expedient 25000 23 36 000 2015 02490 01 de 2023  

PRECISAN LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL JURISDICCIONAL.

[S]e encuentra que en relación con el plazo se fijó como “fecha de terminación el día treinta (30) de abril de 2013” (cláusula segunda (…)). Las partes acordaron la liquidación bilateral dentro los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución (cláusula décima primera (…)), por ende, este término corrió entre el 1º de mayo y el 1º de septiembre de 2013, término luego del cual las partes nada más acordaron por lo cual, desde ese momento, inició la posibilidad de acudir a la jurisdicción y con ello el cómputo de la caducidad de las eventuales pretensiones pues, no se considera el plazo de dos (2) meses, porque la entidad contratante “no estaba facultada ni legal ni contractualmente para liquidar unilateralmente el negocio jurídico”. (…) Por consiguiente, de conformidad con el artículo 164 (numeral 2, literal j) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) las partes podían pretender el incumplimiento, la liquidación judicial y demás declaraciones y condenas, a más tardar, al cabo de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar, esto es, hasta el 2 de septiembre de 2015; no obstante, Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP presentó su demanda (…) y la Universidad Nacional de Colombia (…), cuando ya había operado la caducidad. (…) La anterior conclusión no varía por el trámite conciliatorio que adelantó la universidad, porque lo inició el 19 de octubre de 2015 (…), es decir, cuando ya había operado la caducidad, vale aclarar que la prestadora –como entidad pública– indicó en su demanda (…) que optó por no intentar la conciliación con fundamento en lo previsto en el artículo 613 del Código General del Proceso (CGP). (…) Así las cosas, se revocará la sentencia impugnada para en su lugar declarar de oficio la caducidad frente a todas las pretensiones promovidas por ambas entidades en sus respectivas demandas.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la entidad contratante no cuenta con la facultad para liquidar unilateralmente el contrato, consultar providencia de 14 de septiembre de 2022, Exp. 66875, C.P. Alberto Montaña Plata.

 

Expediente 52001 23 31 000 2010 00025 de 2023  

AUSENCIA DE PRUEBAS EVITA IMPUTACIÓN DEL DAÑO POR MUERTE DE ERRADICADOR MANUAL DE CULTIVOS ILÍCITOS.

En criterio de la parte actora, el escrito de acusación da cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la muerte del señor […]; sin embargo, de esas anotaciones tampoco es posible derivar con el grado de certeza que requiere el juicio de atribución que así sucedieron los hechos. […] [E]n la acusación es necesario que el fiscal a quien le correspondió el caso enuncie los hechos jurídicamente relevantes y las circunstancias que rodearon el hecho delictivo que se investiga, a partir de lo cual se estructura la teoría del caso, la cual debe ser probada en juicio. Con el proceso penal se demostró que el acusado resultó absuelto porque la fiscalía no logró sostener, por la falta de pruebas, su teoría del caso y, por tanto, “la materialidad de las conductas punibles endilgadas al [actor], de ahí que no puede hablarse de que se haya probado a cabalidad la ocurrencia de los delitos investigados”. El hecho de que en esa actuación el ente acusador hubiera visto “frustrada la teoría del caso”, agrega más dudas a la forma cómo ocurrió el suceso, pues a ello se le debe sumar las constantes contradicciones en las que incurrió la parte actora al explicar la forma como sucedió la muerte del señor […]. Así, pues, la falta de medios de convicción no le permiten tener por acreditada a la Sala las circunstancias de modo que rodearon la muerte de la víctima y, en este sentido, se estima que se presenta una clara ausencia o imposibilidad de imputación, puesto que no hay prueba que lleve a la convicción de que el daño resulta atribuible a la entidad demandada, carga que le correspondía a la parte actora, en los términos del artículo 177 del C.P.C. Inclusive, si se llegase a aceptar que en este caso se demostraron de manera clara la forma como ocurrieron los hechos, la Sala tampoco encuentra que en cabeza de la demandada se hubiera incurrido en un incumplimiento que hubiera determinado la configuración del daño, pues la insuficiencia probatoria tampoco permitiría analizar la responsabilidad de la entidad, pues, se desconoce, por ejemplo: (a) si el suceso ocurrió en una zona que hacía parte del plan de erradicación; (ii) la actitud previa, concomitante y posterior de los miembros de la fuerza pública; (iii) los protocolos y manuales de seguridad; (iv) si se trató de un ataque dirigido, de munición abandonada, minas antipersonales o de una trampa; (v) si fue un hecho previsible y resistible. Todo lo cual impide efectuar una atribución de responsabilidad que genere la obligación de indemnizar.