21 marzo, 2024

20 de Marzo del 23

Corte Constitucional

 

Sentencia T 065 de 2024

CORTE RECUERDA QUE EPS VULNERAN DERECHOS DEL PACIENTE CUANDO DEMORAN AUTORIZAR EVALUACIONES POR JUNTAS INTERDISCIPLINARIAS.

En sede de revisión, correspondió a la Sala Cuarta conocer de la acción de tutela instaurada por la señora NSB, actuando en representación de LMLB en contra de Compensar Entidad Promotora de Salud EPS con el propósito de obtener la protección del derecho fundamental a la salud de su hija. En particular, solicitó que se le practique la evaluación de salud mental por parte de un equipo interdisciplinario infantil, para así, poder contar con un diagnóstico efectivo sobre su condición de salud mental.En el análisis de procedibilidad de la acción de tutela, la Sala encontró cumplidos los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva, inmediatez y subsidiariedad. Previo a proceder con el análisis de fondo, esta Sala se pronunció sobre la carencia actual de objeto por hecho superado y concluyó, a diferencia de lo decidido por el Juzgado Quince Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, que no operó tal fenómeno.  Para resolver el problema jurídico de fondo, la Sala Cuarta de Revisión: (i) reiteró la jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la salud de los niños, niñas y adolescentes en su fase de diagnóstico; (ii) hizo mención del principio de continuidad en el servicio de salud; (iii) se refirió al derecho a la salud mental como componente del derecho fundamental a la salud y finalmente (iv) analizó y decidió sobre el caso concreto.        La Sala Cuarta de Revisión concluyó que Compensar Entidad Promotora de Salud EPS le vulneró los derechos fundamentales a la salud de LMLB, sujeto de especial protección constitucional, pues no le brindó un diagnóstico efectivo que le permitiera conocer, con certeza, su condición de salud mental. Concretamente, observó que: (i) un diagnóstico efectivo de la situación de salud mental de la accionante demanda que se surtan todos los servicios de salud prescritos por el médico tratante, incluyendo la evaluación por el equipo interdisciplinario, servicio médico que no se ha realizado; (ii) la hija de la accionante es un sujeto de especial protección constitucional cuyo derecho fundamental a la salud demanda una protección constitucional reforzada y (iii) Compensar no fue diligente ni oportuna en la autorización del servicio médico de evaluación por junta interdisciplinaria, lo que impidió brindarle a la niña un diagnóstico efectivo desde sus inicios.

Mensajes entrantes

 Sentencia T 534 de 2023

CORTE ACLARA QUE PLATAFORMAS DE DOMICILIO DEBEN RESPETAR EL DEBIDO PROCESO CUANDO PRETENDAN EXCLUIR A SUS REPARTIDORES.

 En esta ocasión la Corte conoció de la acción de tutela promovida por John Maynard Ayala Pérez en contra de Rappi S.A.S. El actor acudió al juez constitucional al estimar que el ente demandado vulneró sus derechos fundamentales de petición y debido proceso, pues el 22 de noviembre de 2022 resolvió inhabilitar su cuenta sin permitirle ejercer el derecho a la defensa y a la contradicción. En medio del proceso, la empresa demandada aseguró que la decisión de revocar el uso de la plataforma tecnológica estuvo amparada en lo previsto en los términos y condiciones de uso de la aplicación “Soy Rappi.”.     La Corte concluyó que en este caso se cumplían los requisitos de procedencia de la acción constitucional. Por un lado, tanto el actor como la entidad demandada se encontraban legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente. En este caso se acreditó igualmente el requisito de inmediatez y, finalmente, también se encontró satisfecho el de subsidiaridad, especialmente porque la acción de tutela era el único mecanismo idóneo y efectivo para hacer frente a la controversia constitucional planteada.       Una vez se acreditó el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción constitucional, la Sala continuó con la formulación del problema jurídico, esto es, determinar si la empresa Rappi S.A.S. transgredió el derecho fundamental al debido proceso (art. 29 superior) del señor John Maynard Ayala Pérez, al bloquear su usuario y excluirlo de los servicios de la plataforma tecnológica, con fundamento en una presunta desatención de los términos y condiciones de uso de la aplicación. Igualmente, si las respuestas otorgadas por dicha empresa al actor frente a la petición por él presentada el 22 de noviembre de 2022 transgredieron o no su derecho fundamental de petición (art. 23 superior).      Con el objeto de resolver estos problemas constitucionales, la Corte profundizó en la garantía de los derechos fundamental al debido proceso y petición en las relaciones entre particulares y, posteriormente, en la garantía del derecho fundamental al debido proceso en el marco de las plataformas digitales de reparto, con especial acento en Rappi S.A.S. Por lo que refiere a lo primero, la Sala estableció que el derecho al debido proceso debe hacerse exigible en las relaciones entre particulares, ya que ello evita el ejercicio abusivo y arbitrario de las potestades normativas en cabeza de algunos sujetos de derecho privado, y permite hacer efectivos los mandatos constitucionales (buena fesolidaridad social) en las relaciones entre los particulares. De otra parte, destacó que, además de la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y los particulares, gran parte de la relevancia del derecho fundamental de petición se concentra en operar como un derecho instrumental para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como ocurren en este caso con el debido proceso.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 98430 de 2024

 SALARIOS > PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO

Por regla general todos los pagos que recibe el trabajador por su actividad subordinada son salario a menos que se trate de los siguientes: i) Prestaciones sociales, ii) Sumas recibidas en dinero o en especie para desempeñar a cabalidad sus funciones, iii) Sumas ocasionales y entregadas por mera liberalidad del empleador, iv) Pagos laborales que por disposición legal no son salario o que no poseen una propósito remunerativo y v) Beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario.

 

 ANÁLISIS DEL CASO – Error de hecho del ad quem al estimar que el incentivo de productividad y la bonificación de asistencia no tenían connotación salarial, pese a que dichas sumas retribuían directamente la prestación personal del servicio del demandante, por lo que debían tenerse en cuenta en la base para la reliquidación de sus prestaciones sociales y vacaciones.

 

Expediente 98581 de 2024

TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL > INEFICACIA

Si el afiliado desconoce la incidencia que el traslado de régimen pensional puede tener frente a sus derechos prestacionales, no puede argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria, y por tanto, es ineficaz,  La firma del formulario al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones es insuficiente para dar por demostrado el deber de información, pues además de ello, la entidad administradora de pensiones tiene el deber ineludible de obtener del afiliado un consentimiento informado -comprensión de haber recibido información clara, cierta y oportuna-

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00492 de 2024

VIOLACIÓN DIRECTA DE LA NORMA SUSTANCIAL – POR PRESUNTA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY 472 DE 1998, QUE LLEVÓ A QUEBRANTAR, POR APLICACIÓN INDEBIDA, EL NUMERAL TERCERO DEL ARTÍCULO 2060 DEL CÓDIGO CIVIL.

Responsabilidad por vicios en la construcción. Obligación del recurrente de justificar la forma en que se evidencia el dislate.

 

Expediente 00388 de 2024

POSESIÓN – DEFINICIÓN. NATURALEZA JURÍDICA. DIFERENCIA CON LA MERA TENENCIA.

Interversión de la mera tenencia en posesión. Es intransferible. Permite agregar el tiempo del antecesor. Objeto sobre el cual se puede ejercer. Clasificación del Código Civil. Viciosa o inútil es una circunstancia que impide que se configure el derecho y se divide en violenta y clandestina.

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 65793 de 2024

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN PARA CUESTIONAR TANTO LAS PROVIDENCIAS QUE NIEGAN LAS SOLICITUDES DE PRUEBA COMO AQUELLAS QUE ACCEDEN A SU DECRETO

Sobre el particular, el artículo 179B del Código de Procedimiento Penal establece que el recurso de queja procede “cuando el funcionario de primera instancia deniegue el recurso de apelación» y conforme lo prevé el artículo 179D «dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de las copias deberá sustentarse el recurso, con la expresión de los fundamentos (…) Si el recurso no se sustenta dentro del término indicado, se desechará”. En los términos de la aludida normatividad, para que el recurso sea viable se requiere la concurrencia de varios presupuestos, así: (i) que la decisión sea susceptible de impugnación, (ii) que el recurso se proponga antes del vencimiento de los términos legalmente destinados para ello, (iii) que al recurrente le asista interés y (iv) que la inconformidad esté sustentada. Frente a la decisión que resuelve las solicitudes probatorias elevadas por las partes, el Código de Procedimiento Penal diferencia entre el auto que accede a su práctica y aquel que la niega, por tanto, contra el primero solamente procede el recurso de reposición, de conformidad con lo establecido por el canon 176. Además, contra el que excluya, rechace o inadmita una prueba, proceden el de reposición y/o el de apelación, tal como lo consagra el inciso 3° del artículo 359, en concordancia con el numeral 4º del artículo 177 ibídem.

 

CONSEJO DE ESTADO SECCION PRIMERA

 

 Expediente 11001 03 24 000 2013 00009 de 2024

RECUERDAN QUE SIGNOS DE FANTASÍA NO SON DESCRIPTIVOS DEL PRODUCTO CUYA MARCA SE PRETENDE PROTEGER.

Al respecto la Sala advierte que, en el caso sub examine, las expresiones “ICE” y “BLAST” no corresponden al idioma castellano, sino que pertenecen al inglés, con los significados de “[…] hielo […]” y “[…] explosión […]”. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, el significado de las expresiones mencionadas supra no es de conocimiento generalizado para el consumidor promedio. Asimismo, las expresiones “ICE” y “BLAST” no son claras y fácilmente reconocibles para el consumidor de habla español, pues: i) no poseen una semejanza con su traducción; ii) no son expresiones que sirven de raíz equivalente en el castellano; y, iii) no poseen gran similitud fonética con la correspondiente traducción en español. En ese sentido, la Sala considera que las expresiones ICE BLAST en el signo mixto MARLBORO ICE BLAST, no corresponden a expresiones descriptivas, genéricas o evocativas, del producto reivindicado, en la medida en que, al ser expresiones de fantasía, no informan al consumidor de las calidades y propiedades del producto que pretende identificar.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 62515 de 2024

EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, NO PROCEDE EL JUICIO DE CULPABILIDAD SI EL AGENTE ESTATAL SE ENCONTRABA EN ESTADO DE INIMPUTABILIDAD POR TRASTORNO MENTAL AL MOMENTO DE COMETER EL HECHO.

[L]os medios de prueba documentales y técnicos dieron cuenta de que el trastorno mental que padece [el demandado] sufrió un agravamiento en la época en que ocurrió el hecho dañoso por causa de factores externos, como el traslado de lugar de trabajo, la falta de medicamentos y la ausencia de controles psiquiátricos, que le generaron descontrol, irritabilidad y depresión […], lo que lleva a inferir válidamente que [al momento de los hechos] padecía una merma de su capacidad de comprensión y autodeterminación. [S]e encuentra plenamente acreditado que [el demandado], padecía un agravamiento del trastorno afectivo bipolar que le había sido diagnosticado en mayo de 2008, por causa de factores externos que mermaron su capacidad de autodeterminación cuando accionó el arma de dotación. [L]a Subsección confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, por la improcedencia del juicio de culpabilidad derivada de una circunstancia de inimputabilidad consistente en trastorno mental.

 

Expediente 63001 23 33 000 2017 00359 de 2024

¿Variación de cotización de la TRM durante ejecución del contrato causa desequilibrio económico?

S]i bien una variación de la TRM tuvo injerencia en las negociaciones que realizó la demandante, no fue una circunstancia que hubiera afectado gravemente la economía del contrato en perjuicio del demandante, pues no causó que las obligaciones a su cargo salieran del alea normal del negocio, como tampoco se observa que se hubiese afectado la utilidad esperada al momento de la celebración del negocio, y mucho menos, que hubiese incurrido en pérdidas por esa circunstancia. Por lo tanto, en atención a que: la variación de la TRM fue previsible, la exposición del contrato a esta variable fue por culpa de la parte que la alega y, en todo caso,) no se acreditó que tal variación hubiese generado una excesiva onerosidad en las prestaciones a cargo del demandante, no caben los reproches de la apelación y, en su lugar, se impone con razonado juicio confirmar la sentencia de primera instancia.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta

 

Expediente 25000 23 37 000 2019 00570 de 2024

¿LA ACTIVIDAD DE MARCACIÓN CONFIGURA UN SERVICIO GRAVABLE PARA EFECTOS DE IVA?

No, Del total de ingresos declarados por operaciones excluidas ($2.681.579.773.000), la apelante estima improcedentes $2.987.447.000, correspondientes a la actividad de marcación de hidrocarburos, por reunir las condiciones para considerarse un «servicio gravado con IVA», en cuanto involucra una prestación de hacer a cambio de una remuneración integrada al precio del combustible, con la cual se recuperan los costos de la actividad. Así, el impuesto se causa al momento de prestarse el servicio, independientemente de que el IVA no esté incluido en la estructura de precios dispuesta por el Ministerio de Minas y Energía, y de que la marcación tenga fuente normativa, pues esta última circunstancia tampoco fue prevista como causal de exclusión. Por su parte, la actora desconoce la naturaleza de «servicio gravado» de esa actividad, porque la marcación del combustible se ejecuta por mandato legal y se limita a la venta al cliente que acepta comprarlo marcado, sin contraprestación acordada entre partes inexistentes. Además, el cobro del impuesto tiene reserva normativa y, por tanto, debe encontrarse incluido en la estructura de precios mencionada; sin embargo, ésta sólo contempló la tarifa de la marcación como mayor valor a cargo del consumidor final del combustible adquirido, para reintegrar los costos de dicha actividad.