21 septiembre, 2022

20 de Septiembre del 22

Corte Constitucional 

 

Sentencia T 275 de 2022

CORTE EXHORTA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA QUE LEGISLE SOBRE LA MATERNIDAD SUBROGADA

La Corte Constitucional afirmó que, a pesar de que ha advertido por lo menos en tres ocasiones la necesidad de legislar, no solamente sobre la maternidad subrogada, sino también sobre los aspectos que están directamente relacionados con esta figura, el Congreso de la República se ha rehusado sistemáticamente a hacerlo. Este vacío legislativo ha generado una situación jurídica que, de paso, ha obligado al juez de tutela a resolver asuntos concretos sin que las reglas puedan hacerse extensivas a otros casos, al no existir una regulación de por medio. En el caso del accionante, la ausencia de regulación de la maternidad subrogada repercutió en la imposibilidad de la EPS para definir cómo debía actuar. Es decir, la negativa de la EPS no fue caprichosa, sino que obedeció a la aplicación de las reglas vigentes que regulan los supuestos en que es dable extender la licencia de maternidad al padre. Sin embargo, la imposibilidad de extender la licencia de maternidad al accionante desconoció el interés superior de la niña.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral

 

Expediente 91825 de 2022

LABORAL COLECTIVO » PRINCIPIOS » PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

La inclusión de una cláusula en la que genere un trato diferencial económico respecto a trabajadores con contrato a término indefinido y, excluya sin justificación razonable a los demás empleados vinculados bajo otras modalidades de trabajo, riñe con el principio de igualdad, al no existir justificación previa y objetiva para establecerla.

 

Expediente 57431 de 2022

REGÍMENES PENSIONALES » RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD » BENEFICIOS ADICIONALES » EXCEDENTES DE LIBRE DISPONIBILIDAD.

Para realizar el cálculo del excedente de libre disponibilidad es necesario establecer el saldo de pensión mínima, como un referente para determinar si el afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad, cuenta con el capital suficiente para cubrir de manera vitalicia el valor correspondiente a ella, equivalente al salario mínimo para él y sus posibles beneficiarios.

 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil

 

Expediente 00592 de 2022

CADUCIDAD / DISCREPANCIA DE UNA DE LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS EN LA SENTENCIA DE REEMPLAZO.

Motiva la divergencia la argumentación contenida en la parte final del numeral 4.2. relativa a la caducidad de la impugnación de la paternidad, al restringir la aplicación del artículo 219 del código civil a la impugnación de la paternidad surgida del enlace nupcial de los progenitores y de la unión marital de hecho de aquellos, cuando en la actualidad la diferenciación entre los efectos jurídicos de la filiación legítima y de la ilegítima o extramatrimonial se extinguió con la constitucionalización de las disposiciones regulatorias de estas instituciones, derivada de la aplicación de la Constitución Política como norma de normas, que posteriormente se afianzó con la promulgación de la Ley 1060 de 2006, la cual reformó los preceptos atinentes a la impugnación de la paternidad y de la maternidad. El texto mismo del artículo 219 no contiene la restricción afirmada por la Sala, pues no alude a que las pautas allí establecidas operen únicamente cuando quiera que se dispute la paternidad o la maternidad matrimonial o de la unión marital de hecho de los progenitores. De ahí dimana que la teleología apoyada por la mayoría, amén de su destierro de cara a los mandatos contenidos en el Ordenamiento Superior, quedó erradicada con la reforma de que fue objeto la norma en virtud de la Ley 1060 3 de 2006. Aclaración de voto Magistrada Hilda González Neira.

 

Expediente 00949 de 2022

CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / LA INDEMNIZACIÓN EQUITATIVA PREVISTA EN LOS INCISOS 2º Y 3º DEL ARTÍCULO 1324 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PUEDE DESCOMPONERSE EN DOS ELEMENTOS CON FISONOMÍA PROPIA.

Los perjuicios derivados de la terminación abrupta e injustificada del contrato de agencia y el detrimento derivado para el agente, por razón de las actividades de promoción que realizó en beneficio del agenciado, cuando es por culpa de éste que finaliza anticipadamente la convención. Por disposición del artículo 1613 del Código Civil, cada uno de los componentes precisados, a su turno, está integrado por estos dos factores -daño emergente y lucro cesante-, derivados, para el primero, de la terminación antelada y arbitraria de la agencia y, para el segundo, de las labores promocionales que, en desarrollo del acuerdo de voluntades, el intermediario realizó en favor del empresario. Ninguna razón le asiste a la recurrente al sostener que la obligada al pago de las prestaciones -cesantía comercial, indemnización efectiva y comisiones pendientes de pago-, incurrió en mora, pues tratándose de un derecho incierto y de créditos indeterminados en la demanda, ello no tuvo ocurrencia. El incumplimiento atribuido, lo fue respecto a la agencia comercial, mientras que el impago de facturas, constitutivo de la desatención denunciada en la reconvención, en relación con el contrato de distribución. Por tanto, mal podía el ad quem hacer actuar el artículo 1609 del Código Civil frente de la acción ejercida en la demanda de mutua petición, en torno al contrato de distribución. Contratos coligados: de agencia comercial, cuyo objeto fue la comercialización de la maquinaria producida por ella, y de distribución, encaminada a la venta de los repuestos necesarios para el funcionamiento de esos equipos. (SC949-2022; 22/04/2022)

 

CORTE SUPREMA SALA PENAL

 

Expediente 58477 de 2022

ENFOQUE DE GÉNERO – EN LA VALORACIÓN PROBATORIA: IMPLICA QUE LA APRECIACIÓN DE LOS MEDIOS SUASORIOS SE AGOTE SIN LA INVOCACIÓN DE ARGUMENTOS O INFERENCIAS ESTEREOTIPADAS /  SE VULNERA: AL IMPONER A LA MUJER PATRONES DE COMPORTAMIENTO SEXUAL ADECUADOS O PATRIARCALMENTE ACEPTADOS, PARA DAR CREDIBILIDAD A SU ACUSACIÓN

La Corte decidió el recurso de casación interpuesto por la defensora de D.D.A.G. contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual confirmó la dictada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de esta misma ciudad que lo condenó por el delito de acceso carnal violento. La Sala no casó la providencia impugnada, al encontrar que, como lo exige el artículo 381 del estatuto procesal penal, está demostrada, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de DDAG en la conducta punible de acceso carnal violento sobre YBM y que no se configuran los errores de apreciación probatoria atribuidos en la demanda. En tal sentido, sostuvo que la estructuración de los cargos de la demanda de casación resulta abiertamente contraria al enfoque diferencial de género, al pretender constituir reglas de la experiencia sobre prejuicios patriarcales y machistas proscritos para resolver este tipo de casos de violencia sobre las mujeres.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera

 

Expediente 11001 03 24 000 2007 00092 de 2022

LOS ARTÍCULOS 2° Y 4° DEL DECRETO 4500 DE 2006 NO VULNERAN LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE RELIGIÓN Y CULTOS.

Se presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad, contra los artículos 2°. y 4°. del Decreto núm. 4500 de 19 de diciembre de 2006, “Por el cual se establecen normas sobre la educación religiosa en los establecimientos oficiales y privados de educación preescolar, básica y media de acuerdo con la Ley 115 de 1994 y la Ley 133 de 1994.”, expedido por el Presidente de la República y la Ministra de Educación Nacional.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda

 

Expedeinte 63001 23 33 000 2018 00184 01 de 2022

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR / ¿EL ENTE DE PREVISIÓN TIENE EL DERECHO DE REPETIR CONTRA LA ADMINISTRACIÓN EMPLEADORA QUE OMITIERE EL PAGO DE APORTES A PENSIÓN POR ENCUBRIMIENTO DE UNA RELACIÓN LABORAL?

Si, Si bien el municipio de Armenia se encontraba obligado al pago de los aportes derivados de la relación laboral encubierta, debe tenerse en cuenta que estos implican una carga compartida entre el empleador y el trabajador, por lo que efectivamente tendrá que seguirse la regla prevista en la jurisprudencia aludida, en el sentido de que el FNPSM deberá verificar mensualmente si se presenta alguna diferencia entre los aportes efectuados por la entonces contratista durante el tiempo en el cual se presentó la relación laboral encubierta dentro de sus respectivos intervalos o duración de los contratos, ello con base en el reporte de semanas cotizadas emitido por Colpensiones. De esta manera, en atención a que el ente territorial aludido no se encuentra vinculado a la actuación, pero debe primar el principio de sostenibilidad financiera del sistema en razón de los aportes a los que aquel estaba obligado, se ordenará al FNPSM, ejecutar las actuaciones interadministrativas pertinentes y necesarias para que se adelante el cobro al municipio de Armenia, únicamente de las sumas faltantes por concepto de cotizaciones a pensión pendientes de la señora Alba Lucía García Buitrago (si existieren), y en todo caso solo en el porcentaje que le habría correspondido a la referida autoridad como empleador de aquella, esto por los períodos durante los cuales se evidenció una relación laboral subrepticia basada en sendas relaciones contractuales. Por último, en cuanto a la doble cotización comprobada a la que se hizo mención anteriormente, la Subsección estima que no es procedente emitirpronunciamiento relativo a la posible devolución del mayor valor descontado a la demandante en razón de aquel concepto, habida cuenta de que lo propio no fue objeto de solicitud o discusión en sede administrativa, ni fue planteado específicamente como pretensión en el libelo para haber constituido materia de controversia, así como tampoco se formuló en clave de reparo impugnativo en la apelación bajo examen.

 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera

 

Expediente 11001 03 15 000 20222 01804 de 2022

SE VULNERA EL DERECHO DE PETICIÓN DE UN SERVIDOR JUDICIAL A QUIEN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NO LE EXPIDIÓ EL CERTIFICADO LABORAL SOLICITADO

A pesar de que transcurrieron más de cuatro meses desde la radicación del derecho de petición, el Consejo Superior de la Judicatura no dio respuesta sobre la solicitud de la certificación laboral de la tutelante. Por lo tanto, el juez constitucional concluyó que se vulnera el derecho fundamental de petición.